Lorenza Alejandra Torres Amaya y Otros.
Expediente 179/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorenza Alejandra Torres Amaya y Otros.
- Lorenza Alejandra Torres Amaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
INC 179/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1° Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha, en el juicio de amparo principal del que deriva este incidente, causó ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó su archivo; de modo que es procedente ordenar lo relativo al archivo de este incidente de suspensión. Por tanto, se provee: 2° Archivo. Ante ello, como en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existe asunto pendiente por diligenciar, ni documentos originales exhibidos por las partes, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3° Destino (destruible). Y por haberse negado la suspensión definitiva, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el cuaderno de este expediente incidental será DESTRUIBLE una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, una vez destruido, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4° Instrucción a Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del expediente incidental obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 179/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1° Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2° Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3° Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las a) autoridades responsables y b) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4° Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 20 y 23 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción I, y 23 del acuerdo en cita se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional, una vez al año, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7° Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que como se precisó en el auto inicial, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 8° Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es DESTRUIBLE. 9° Incidente de suspensión. Como este asunto se tramitó con incidente de suspensión, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
P 179/2023, mesa 4 SENTENCIA: Visto para resolver el juicio de amparo número ***; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, los quejosos *** y ***, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto que atribuyeron al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y otra autoridad, que se precisarán en apartados siguientes. 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda de amparo. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número *** y se desechó la demanda de amparo, por las razones ahí expuestas. TERCERO. Recurso de queja. Mediante proveído de siete de marzo del año en curso se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo. CUARTO. Trámite del recurso de queja. Por oficio número ***, el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito informó que el citado tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto, registrándolo con el número ***. Al resolver ese recurso el citado Tribunal Colegiado revocó el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y ordenó que se admitiera a trámite dicha demanda. QUINTO. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tramite de demanda y citación a audiencia. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito en el recurso de queja ***, en auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Inexistencia de autoridad responsable. En auto admisorio se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable juez Penal del Distrito Judicial de Etla. SÉPTIMO. Citación a audiencia. Previo diferimiento, en acuerdo de dieciocho de agosto del presente año se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto se reclama a una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto reclamado materia de la litis, atendiendo la integridad de la demanda para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que los quejosos *** y *** reclaman: 1) Del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: a) El acuerdo general 4/2023 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, relativo al cierre del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Etla y cambio de denominación de los Juzgados Penales del Centro. 2) Del secretario Ejecutivo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: b) La ejecución de dicho acuerdo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables a) secretario Ejecutivo y b) presidente, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. En el caso, se estima que, respecto de los actos consistentes en la publicación y ejecución del acuerdo general 4/2023 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, relativo al cierre del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Etla y cambio de denominación de los Juzgados Penales del Centro, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En tanto que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen, respectivamente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." La improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto, o porque no queda demostrada, de manera fehaciente, tal afectación, ya que hay actos de autoridad de carácter general, abstracto e impersonal, que crean hipótesis o supuestos jurídicos en los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situación ya sea de hecho o de derecho. En relación con el tema del interés jurídico en el juicio de amparo, existe la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que, en el caso en estudio, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados infrinjan derechos humanos. La noción de afectación jurídica, para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por un ordenamiento general, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. En el caso de determinaciones provenientes de autoridades administrativas, para que sea procedente el juicio de amparo, no basta que la parte quejosa funde sus pretensiones en un simple interés, sino se requiere que acredite la titularidad del derecho reclamado que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama. La afectación a dicho derecho subjetivo debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones; como así lo ilustra la jurisprudencia 321, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216 del Tomo VI Parte Octava Época, Apéndice de 1995 de que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico, debe acreditarse en forma fehaciente, y no inferirse con base en presunciones". En este asunto la parte quejosa ofreció como pruebas documentales 1) copia simple del escrito de treinta de enero de dos mil veintitrés, suscrito por ***, dirigido al juez en Materia Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca y 2) copia simple del oficio de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, signado por el agente de Policía Municipal de Yucuxina, San Juan Tamazola, Nochixtlán, Oaxaca. Con el primero de los escritos mencionados, se solicita a nombre del procesado ***, que se modifique sus días de firma para establecerlos los días sábado de cada mes, en ese sentido. Mientras que el segundo, es un escrito signado por un agente de policía de Yucuxina, San Juan Tamazola, Nochixtlán, Oaxaca, en donde hace constar que ***, aquí quejoso, se encuentra comisionado en la comunidad mencionada como profesor de educación básica, y que no puede dejar de asistir a dar clases de lunes a viernes en un horario de las ocho a las catorce horas; ello, debido a que para dicha comunidad la autoridad máxima de gobierno es la asamblea comunitaria. Sin embargo, dichos documentos son copias simples que carecen de eficacia jurídica. Asimismo, al rendir informe justificado la autoridad responsable, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, remitió varios oficios, entre ellos, el oficio ***, signado por dicha autoridad, dirigido al titular del Juzgado Tercero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, a través del cual, en cumplimiento al Acuerdo General 04/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, remitió a dicho juzgado, entre otros, la causa penal ***, en la que se advierte que los quejosos son procesados en esa causa penal. Sin embargo, para efectos de este juicio de amparo los quejosos no acreditaron que con el cierre del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, se vea transgredido alguno de los derechos fundamentales tutelados en nuestra Carta Magna, tales como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, acceso a la justicia; por tanto, se estima que el acto reclamado no afecta de manera directa sus derechos sustantivos. Máxime que de las constancias de autos se advierte que su proceso penal lo llevan en libertad, y no exhibieron pruebas que acreditara una afectación a su esfera jurídica o acceso a la justicia; además, su proceso lo continúa conociendo otro Juzgado con nueva denominación, a saber, Juzgado Tercero para la conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, el que substanciará el procedimiento conforme a la legislación penal aplicable, en el que tendrán la oportunidad de litigar sus derechos en el juicio, defenderse y hacer valer los medios ordinarios de defensa que consideren pertinentes; esto es, se les seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Por ello, como los quejosos no aportaron medios de convicción alguno que demostrara la afectación a su interés jurídico con la emisión del acuerdo reclamado, no puede sostenerse que se haya generado un perjuicio en su esfera jurídica. Decisión. En esas condiciones, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por *** y ***, contra las autoridades responsables y actos precisados en el considerando segundo, en términos del diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.
- Principal
P 179/2023, mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. 1° Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los dos oficios del secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, signados por sí mismo y en representación del presidente de dicho Consejo, mediante los que rinde informe justificado; con los mismos dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. 2° Delegados. Con fundamento en el artículo 9° de la Ley Amparo se tiene a dichas autoridades señalando como sus delegados a las personas que mencionan. 3° Comunicación no procesal. Se tiene a las autoridades responsables señalando correos electrónico y número telefónico, como medio de comunicación para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el referido Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 4° Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como de las autoridades oficiantes la documental consistente en copia certificada de constancias relacionada con el acto reclamado; misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser valorada en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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