Lorenzo Lavariega Arista
Expediente 294/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorenzo Lavariega Arista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
CA-PRAL.294/2019-5B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Acusa recibo y acepta competencia declinada. Agréguese el oficio de la secretaria encargada por licencia del titular del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual acusa recibo de la comunicación 18200/2019 de este órgano jurisdiccional, por el que se le remitió el a) expediente del juicio de amparo 294/2019, así como b) los cuadernos del incidente de suspensión que deriva de dicho juicio y c) cuatro copias del escrito de ampliación de demanda de Lorenzo Lavariega Arista. De la comunicación de cuenta se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en acuerdo de veintinueve de mayo de este año -fojas 83 a 90-, y se avocó al conocimiento de la demanda promovida por Lorenzo Lavariega Arista. Archivo del cuaderno de antecedentes. En virtud de lo anterior, tomando en consideración que en la caja de valores no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar: Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción I del punto Vigésimo del referido Acuerdo, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su desincorporación y destrucción. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Cuaderno de antecedentes del incidente de suspensión. Finalmente, advirtiéndose de la certificación de cuenta que en esta Secretaría obra un cuaderno de antecedentes deducido del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, formado con motivo del envío del original y duplicado de dicho incidente al Juzgado competente, se ordena acordar en dicho expediente lo relativo a su destino. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
CR-INC.294/2019-5B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Archivo del cuaderno de antecedentes. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que en auto de esta fecha dictado en el cuaderno de antecedentes del expediente principal, se ordenó su archivo como totalmente concluido, toda vez que la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, comunicó que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para seguir conociendo del juicio de amparo 294/2019. En esas condiciones, y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar en este cuaderno de antecedentes deducido del expediente incidental, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción I del punto Vigésimo del referido Acuerdo, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
CA-PRAL.294/2019-5B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual expone los motivos que le impiden pronunciarse sobre la competencia que se le declinó en acuerdo de veintinueve de mayo de este año -fojas 169 a 176-; por lo cual, devuelve el 1) expediente original del juicio de amparo 294/2019, 2) el original y duplicado del incidente de suspensión relativo a dicho juicio y 3) cuatro copias simples del escrito de aclaración de ampliación de demanda del quejoso Lorenzo Lavariega Arista; acúsese el recibo correspondiente. En esas condiciones, se ordena atender en sus términos la inconsistencia precisada por la autoridad oficiante y, mediante oficio que se envíe por mensajería acelerada (ESTAFETA), remítase nuevamente el juicio de amparo 294/2019 al juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, así como los cuadernos del incidente de suspensión que deriva del referido juicio y las cuatro copias del escrito del quejoso Lorenzo Lavariega Arista, para que esté en aptitud de pronunciarse sobre la competencia declinada el veintinueve de mayo de este año -fojas 169 a 176-, solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo. Cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Del estado procesal que guarda este juicio de amparo se advierte que Lorenzo Lavariega Arista, por propio derecho, mediante escrito recibido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado a este Juzgado Décimo de Distrito el uno de abril del año en curso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes -fojas 2 a 16-: Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca (antes Auditoría Superior del Estado): La falta de emplazamiento al procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria, radicado con el expediente ASE/UAJ/P.R/010/2015, y como consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. La falta de notificación de la resolución determinante de once de enero de dos mil dieciocho, así como de las demás actuaciones del expediente ASE/UAJ/P.R/010/2015. Coordinadora de Cobro Coactivo dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El mandamiento de ejecución 331922021901057, de veintidós de febrero de dos mil diecinueve -fojas 129 a 133-. La falta de notificación de la resolución de once de enero de dos mil dieciocho dictada en el expediente ASE/UAJ/P.R/010/2015. Notificador-Ejecutor de la Delegación Fiscal 19 Pochutla, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. La notificación y requerimiento de pago en cumplimiento al mandamiento de ejecución 331922021901057. El inminente requerimiento de entrega o secuestro material de bienes derivado de la diligencia de requerimiento de pago. Por lo que en acuerdo de dos de abril de dos mil diecinueve se radicó la demanda de amparo bajo el registro 294/2019, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción -fojas 28 a 32-. Seguido el trámite, en proveídos de dieciséis y veinticuatro de abril de este año se tuvo a las autoridades responsables 1) titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, 2) coordinadora de Cobro Coactivo dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación y 3) notificador-ejecutor de la Delegación Fiscal 19 Pochutla, ambos dependientes de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través de la directora de lo Contencioso dependiente de la Procuraduría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, rindiendo informe justificado -fojas 85 y 141 a 142-. Antecedentes. Ahora, de lo expuesto por las autoridades responsables en los informes justificados y lo advertido en las constancias que remitieron como prueba, se aprecia lo siguiente: 1.- El veintitrés de enero de dos mil quince, derivado de la auditoría ASE/SAF/2068/2013 realizada a la cuenta pública municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, la otrora Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (hoy Órgano Superior de Fiscalización) determinó iniciar el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria contra el quejoso Lorenzo Lavariega Arista; razón por la cual ordenó notificar el inicio de procedimiento y correr traslado en su domicilio ubicado en: Calle Sierra de Tlaxiaco, manzana once (11), lote sesenta y cuatro (64), sector H2, Santa María Huatulco, Oaxaca. Además, ordenó requerir al aquí quejoso para que contestara y señalara domicilio para oír y recibir notificaciones. El procedimiento en cita quedó registrado con el expediente ASE/UAJ/P.R/010/2015 -fojas 43 a 44-. 2.- La referida determinación se insertó al oficio ASE/UAJ/00226/2015, de veintitrés de enero de dos mil quince -fojas 43 a 44-. 3.- En cumplimiento a la notificación ordenada, se dejó cita de espera al quejoso el dieciséis de febrero de dos mil quince y, en la misma data, se entregó cédula de notificación a Pedro Lavariega Ramírez, por no haberse localizado a Lorenzo Lavariega Arista; lo anterior, en el domicilio ubicado en calle Sierra de Tlaxiaco, manzana once (11), lote sesenta y cuatro (64), sector H2, Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca -fojas 45 a 46-. 4.- El once de enero de dos mil dieciocho se dictó resolución en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad administrativa resarcitoria ASE/UAJ/P.R/ 010/2015 -fojas 56 a 70-, en la que: Se fincó pliego definitivo de responsabilidad al quejoso, a título de indemnización por la cantidad de $1,285,786.59, por los daños causados a la hacienda pública municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca. Se precisó que, una vez que causara ejecutoria la determinación, y para el caso de que Lorenzo Lavariega Arista y otros no hubieran resarcido el daño causado a la hacienda pública municipal de Santa María Huatulco, se remitiría copia certificada de la resolución dictada en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de que procediera al embargo precautorio de bienes del aquí quejoso, a fin de garantizar el cobro de las sanciones impuestas -foja 70-. 5.- El veinte de febrero de dos mil dieciocho causó ejecutoria la resolución de once de enero de ese año, dictada en el expediente ASE/UAJ/P.R/010/2015 -fojas 75 a 76-. 6.- Mediante oficio OSFE/OT/UAJ/0288/2018 de once de junio de dos mil dieciocho -fojas 99 y 100-, el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca solicitó al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca que procediera a hacer efectivo el cobro de la sanción impuesta, remitiendo, entre otras constancias, copia de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a nombre de Lorenzo Lavariega Arista, con domicilio en calle Sierra de Tlaxiaco, manzana once (11), lote sesenta y cuatro (64), sector H2, Santa María Huatulco, Oaxaca -foja 124-. 7.- El veintidós de febrero de dos mil diecinueve se dictó el mandamiento de ejecución 331922021901057 -fojas 129 a 133-, relativo a los datos de crédito siguientes: - Crédito número: 41739. - Resolución determinante: ASE/UAJ/P.R/010/2015. -Fecha de resolución: 11 de enero de 2018. Mandamiento cuya ejecución correspondió a la Delegación Fiscal 19 "Pochutla", por ser el distrito al que pertenece el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. 8.- El quince de marzo de dos mil diecinueve, en el domicilio del quejoso, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo ordenada en el mandamiento de ejecución, sin que se cubriera el crédito ni se embargaran bienes, pues únicamente se requirió de pago a la persona con quien se entendió la diligencia -fojas 137 a 140-. En ese tenor, es inconcuso que se tramita contra el quejoso un procedimiento administrativo de ejecución, razón por la que se llevó a cabo el requerimiento de pago en su domicilio ubicado en Santa María Huatulco, Oaxaca, respecto del crédito fiscal 41739 derivado de la resolución determinante dictada en el expediente ASE/UAJ/P.R/010/2015; lo anterior, tal como lo precisó la directora de lo Contencioso dependiente de la Procuraduría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en representación del notificador-ejecutor de la Delegación Fiscal 19 Pochutla -fojas 87 y 90-. Marco legal. En los términos apuntados, se advierte que este Juzgado carece de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de amparo; para evidenciarlo, cabe precisar que a fin de determinar la competencia es necesario atender la naturaleza de los actos reclamados y sus consecuencias. Al respecto, este Juzgado de Distrito comparte la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, agosto de 2001, página 1299, registro 189167, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, al señalar expresamente que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De conformidad con lo dispuesto, cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia, por razón de territorio, se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. De tal forma que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo parte de la apreciación del acto reclamado de conformidad con las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material, y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que establecen que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la (s) autoridad (es) responsable (s) del dictado y de la ejecución del acto reclamado, será (n) la (s) encargada (s) de afectar la esfera de derechos del gobernado. Con ello, el legislador pretendió determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, criterios relacionados, entre otros, con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos; por eso, tratándose de la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias, y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En tales términos, la competencia de un juez de distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Caso concreto. Como ya quedó evidenciado en los antecedentes de este asunto, en el caso, esencialmente, se reclama de las autoridades responsables todo lo actuado en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria ASE/UAJ/P.R/010/2015, derivado de la falta de emplazamiento; así como la resolución determinante de once de enero de dos mil dieciocho y su notificación; el mandamiento de ejecución 331922021901057, de veintidós de febrero de dos mil diecinueve; y el requerimiento de pago y eventual embargo en cumplimiento de dicho mandamiento de ejecución (atendiendo a la causa de pedir de la parte quejosa). Asimismo, de las constancias de autos se advierte que se tramita contra el quejoso un procedimiento administrativo de ejecución, razón por la que el quince de marzo de dos mil diecinueve el notificador-ejecutor de la Delegación Fiscal 19 Pochutla, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca llevó a cabo el requerimiento de pago del crédito fiscal 41739 en el domicilio del quejoso ubicado en la calle Sierra de Tlaxiaco, manzana once (11), lote sesenta y cuatro (64), sector H2, Santa María Huatulco, Oaxaca; además, previamente, el dieciséis de febrero de dos mil quince dejó cédula de notificación en el mismo domicilio para la notificación del inicio del procedimiento ASE/UAJ/P.R/010/2015. De igual manera, del apartado de conceptos de violación se aprecia que la parte quejosa precisa no tener conocimiento del procedimiento económico coactivo llevado en su contra, por lo que aduce que aquél es violatorio del derecho fundamental de audiencia previa por no haber sido emplazado. Bajo el contexto referido, este Juzgado considera que la competencia para conocer del juicio de amparo se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, toda vez que se reclama en esencia la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo seguido por las autoridades responsables en contra del quejoso, y todo lo actuado en el mismo, en tanto que aquél tiene su residencia en Santa María Huatulco, Oaxaca. Se precisa que en Santa María Huatulco ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." (Lo resaltado es propio) En efecto, como el procedimiento administrativo de ejecución seguido por las autoridades contra el quejoso se ha ejecutado y debe continuar su ejecución en Santa María Huatulco, Oaxaca, por conducto de la Delegación Fiscal 19, en Pochutla, a través del notificador-ejecutor de dicha Delegación Fiscal, el juez de Distrito que debe conocer de la demanda de amparo, promovida contra tales actos, es aquél en cuya jurisdicción tuvo ejecución el acto reclamado; mientras que respecto de los diversos actos, consistentes en el requerimiento de pago en cumplimiento al mandamiento de ejecución 331922021901057, así como el requerimiento de entrega o secuestro material de bienes derivado de la diligencia de requerimiento de pago, los mismos también tendrán ejecución en Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. En este sentido, la determinación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca que dio inicio al procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria contra el quejoso Lorenzo Lavariega Arista, la consecuente resolución de once de enero de dos mil dieciocho que fincó pliego definitivo de responsabilidad al quejoso, y la posterior orden de hacer efectivo el cobro de la sanción impuesta en el procedimiento administrativo de ejecución, mediante el requerimiento de pago y embargo, evidentemente tienen ejecución material en la medida en que determinan la cantidad que deberá pagar el quejoso a título de indemnización por los daños causados a la hacienda pública municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca. Así, dicha ejecución corresponderá al notificador-ejecutor de la Delegación Fiscal 19 Pochutla, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Los aspectos precisados resultan relevantes, si se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia entre jueces de distrito, alude a aquella ejecución que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, pues precisamente dichos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio constitucional. Así, se insiste que si el quejoso reclama todo lo actuado en un procedimiento administrativo de ejecución, ostentándose como tercero extraño al estimar que debió ser llamado a participar en el mismo; es juez competente para conocer del amparo, aquél que ejerce jurisdicción en el lugar en que habrá de tener ejecución lo resuelto, de acuerdo al mencionado artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que el Juzgado de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, es legalmente competente para conocer del asunto, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 51, febrero de 2018, tomo III, página 1525, registro 2016261, cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE TRAMITÓ Y HABRÁ DE EJECUTARSE, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO INSTAURADA EN SU CONTRA POR UN TERCERO EXTRAÑO. Si el quejoso reclama lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución seguido contra otras personas a quienes la resolución vinculó a su acatamiento, ostentándose como tercero extraño, porque estima que debió ser llamado a participar en aquél, es Juez competente para conocer del amparo, el que ejerce jurisdicción en el lugar en que se siguió el procedimiento y habrá de ejecutarse lo resuelto. Es así, porque conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer del asunto, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado y, en la especie, los vicios atribuidos a las actuaciones del procedimiento se efectuaron en el lugar en que éste se tramitó y la ejecución de la resolución en perjuicio de los administrados en contra de quien se instruyó se efectuará en el mismo lugar. No se opone a lo anterior que en la demanda de amparo el quejoso señale un domicilio en un lugar distinto, pues para determinar la competencia por razón de territorio debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, toda vez que, al ser una cuestión de orden público, deben aplicarse las reglas específicas sobre competencia por razón de territorio previstas en la Ley de Amparo, y no la voluntad de las partes". Además, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 395560, de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Por las consideraciones expuestas y los citados fundamentos legales, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por Lorenzo Lavariega Arista y, en consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, envíese este juicio de amparo 294/2019, así como los cuadernos incidentales, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, para que remita los mismos al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, a fin de que determine si acepta o no el conocimiento del asunto, solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo. Audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es, diez horas con veinticinco minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve (foja 158 reverso). Cuaderno de antecedentes. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes del juicio de amparo 294/2019, así como del incidente de suspensión relativo. Se agrega escrito aclaratorio. Finalmente, agréguese el escrito del quejoso Lorenzo Lavariega Arista, mediante el cual refiere cumplir con la prevención formulada en auto de dieciséis de este mes -fojas 155 a 158- en relación a la aclaración del escrito de ampliación de demanda; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que este juzgado se declaró incompetente para seguir conociendo de este juicio, en términos de la presente determinación. Por lo anterior, se ordena remitir al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, las cuatro copias del escrito de cuenta, para que, de ser procedente, determine lo que en derecho corresponda respecto a su contenido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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