Lol-Be Maridel Ake Pat
Expediente 970/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Lol-Be Maridel Ake Pat
- Christian Andres Ake Pat
Actuaciones
- Principal
V. Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, del Capítulo Octavo, del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Cumplimiento de prevención. Téngase por recibido el escrito aclaratorio presentado físicamente por Christian Andrés Ake Pat y Lol-Be Maridel Ake Pat, mediante el cual cumplen la prevención realizada en proveído de veintidós de marzo cursante. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que la parte promovente reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, lo siguiente: [...] Desechamiento. En ese sentido, procédase al análisis de la demanda de amparo, y determínese lo correspondiente a su admisión o desechamiento. En principio, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Congruente con lo anterior, se estima que en el caso se debe DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Como se adelantó, en el caso se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, atento a que el acto reclamado, por su naturaleza y efectos, se considera no es de imposible reparación para la procedencia del juicio que nos ocupa. Los numerales citados establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquéllos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. Luego, conviene tener en consideración que el derecho sustantivo, consiste en el conjunto de normas jurídicas que establecen los derechos y obligaciones de las personas, mientras que el derecho adjetivo regula el ejercicio de esos derechos y obligaciones, mediante el establecimiento de instrumentos que permiten poner en actividad al órgano jurisdiccional. Si se analiza el desenvolvimiento de la relación jurídica procesal es factible observar que las partes la incentivan mediante una serie de actos jurídicos que están regulados por un conjunto de normas que posibilitan y hacen efectivo el que se resuelvan sus pretensiones. En ese sentido, la infracción a normas procedimentales, en realidad lo que cuestiona no es la inobservancia de un derecho, sino el del instrumento o instrumentos que se tienen para lograr la obtención de una sentencia favorable en la que no necesariamente tendrán trascendencia y, por ende, carecen de afectación material en la esfera jurídica del quejoso. Luego, el juicio de amparo indirecto procede, de conformidad con el artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en el citado numeral, es concreta al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su numeral 107 ofrece en dos de sus fracciones las precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Ese precepto de la ley de la materia, ofrece también precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos con efectos de imposible reparación, al establecer que se entienden como tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó en igual sentido que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y precisó que sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo se producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, estableció dos condiciones: Se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, II) Esos derechos revistan la calidad de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Dicho criterio dio origen a la Jurisprudencia 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 2006589, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página: 39. Materia(s): Común, Décima Época con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." De igual forma, sustenta lo anterior, por identidad jurídicas en lo sustancial, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes dos de mayo del presente año, Décima Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).". Bajo esa óptica, para que los actos sean calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho (como pudiera ser, la vida, la libertad, las propiedades o posesiones, entre otros), y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva cuya actualización dependa de que lleguen o no a trascender al resultado del fallo definitivo. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, como el de apelación, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Se estima, en el caso, el auto reclamado a la responsable, porque no afecta por sí materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, en razón de que no produce una afectación que impida en forma actual el ejercicio de un derecho ni lesiona algún bien jurídico cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas aplicables. En efecto, se reitera, el responsable mediante resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictada en autos del juicio ordinario oral familiar de cesación de pensión alimenticia 90/2022, del índice de la responsable, mediante el cual se resolvió no admitir el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos, en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por cual se dejó sin efectos la prevención hecha el treinta de septiembre de dos mil veintidós a la parte actora en el juicio de origen, en el sentido de que en caso de no exhibir copias certificadas con número de expediente 3181/2010 y 7688/2012, ambos del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se declararía por concluido el expediente y se procedería al archivo. De lo anterior se advierte que, el juzgado responsable no pronunció un fallo en el cual hubiera decidido una cuestión que trajera consigo un acto de ejecución irreparable que trascienda a la defensa de la parte quejosa y que con ello, se le causara un gravamen que afectara sus derechos sustantivos, que ya no podría repararse, pues no debe olvidarse que el amparo indirecto, como se apuntó, tiene como razón de ser, velar por el respeto de los derechos humanos vulnerados directamente con el acto reclamado y, en la especie, hasta este momento se advierte que el auto combatido, no atenta contra algún derecho sustantivo, pues no se advierten consecuencias de imposible reparación que hagan mérito para la procedencia del presente amparo indirecto. Es decir, no deja a la parte quejosa sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable, ya que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. Ilustra a lo anterior, por identidad y analogía, la jurisprudencia P./J.6/94, registro 205484, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/90, consultable en la página 13, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." (Lo resaltado es de este Juzgado). Asimismo, se cita por identidad, la jurisprudencia número 244, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Página 164 que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por Christian Andrés Ake Pat y Lol-Be Maridel Ake Pat, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Autorización electrónica y notificaciones electrónicas. Como solicita la parte promovente, y toda vez que el usuario "Luisapachecov" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea y recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta y notificaciones en comento. NOTIFÍQUESE; y personalmente a la parte tercero interesada. [...]
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio suscrito por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, mediante el cual atiende el requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el veintisiete de febrero último y remite las constancias que le fueron requeridas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicha documentación, y hágase relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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