Lorenzo de Jesus Aviles Perez

Expediente 189/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
189/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Lorenzo de Jesus Aviles Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, atendiendo a que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio se negó la suspensión definitiva, de conformidad con lo previsto en el inciso c) del numeral 21, capítulo Octavo del acuerdo antes mencionado, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, en términos del numeral citado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 189/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************, contra el acto del Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y del propio Instituto, ambos con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El seis de diciembre de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por********************, en la que señaló como autoridad responsable al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y del propio Instituto, ambos con sede en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito al juzgado antes indicado y al de esta adscripción, quienes presentaron sus alegatos correspondientes. Se recibió el informe de la jueza responsable. Por auto de veintidós de marzo pasado, al no haber desahogado la prevención formulada a la parte quejosa el trece de febrero del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y, se determinó que el presente juicio se resolvería únicamente respecto del acto y autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de diecinueve de enero de este año, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos de autoridades distintas de las judiciales, cuya ejecución es de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS a) Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán b) Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán Mérida, Yucatán El cierre de los registros sobre los folios electrónicos *****, ****, ***, ****y **** y, en consecuencia, la imposibilidad de disponer de los inmuebles relacionados con dichos folios. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y al propio Instituto, ambos con sede en esta ciudad, pues si bien en su informe justificado señalan lo contrario, a continuación refieren los antecedentes de los folios electrónicos ****, ***, ****, ***** y ****, y las inscripciones de los cierres de registros reclamados (fojas 21 a 25). Manifestaciones que evidencian la certeza de la omisión que se les reclama y, por ende, desvirtúa la negativa expresada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, julio de 1994, visible a página 391, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por dichas responsables, a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, en la presente instancia se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)." De los artículos antes transcritos se advierte que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es decir, le recae el carácter de responsable a la autoridad que de manera unilateral ordena o lleva a cabo la ejecución del acto privativo o de molestia u omita realizar alguna actuación que transgreda la esfera jurídica de la parte quejosa. Sin embargo, es improcedente el juicio de amparo cuando una autoridad no fue considerada como responsable en términos de los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, para que compareciera a ser oída y vencida, pues se incumple con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, es decir, jurídicamente no es posible analizar la constitucionalidad de su actuar. En el caso concreto, como se anunció, la parte quejosa no formuló pronunciamiento respecto a la ampliación de la demanda en lo tocante al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, que fue la última autoridad que ordenó la anotación del cierre de los registros sobre los folios electrónicos 1271918, 1251151, 1045063, 629877 y 629876 el veintidós de diciembre de dos mil veintidós y, en consecuencia, ocasionó la imposibilidad de disponer de los inmuebles relacionados con dichos folios. Por ende, se continuó el trámite respecto del presente juicio de amparo, únicamente con las autoridades precisadas en el auto admisorio. Ante ello, no es posible realizar el estudio de un acto ordenado por una autoridad que no fue llamada al juicio, ya que si no fue considerada como responsable para ser oída y vencida, como lo dispone el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de su actuar, pues se transgrediría el principio constitucional de audiencia previa, aunado a que de conformidad con el ordinal 108, fracción III de la legislación de la materia, se constituye el incumplimiento de un presupuesto procesal de procedencia de la demanda. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/205, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Octubre de 1995, a página 468, que señala en su rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Así como la diversa jurisprudencia 108 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, a página 69, del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Y la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia(s): Común, Tesis 2a. CLXIV/98, en la página 113, con número de Registro: 194684, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. L(...)." En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Diego Jezreel Nieto Bianchi, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que se le concedió a la parte quejosa en proveído de trece de febrero del presente año, en el sentido de manifestar si desea ampliar su demanda de amparo y señalar como nueva autoridad responsable y actos reclamados los cierres de registro y notas al margen ordenadas por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en autos de los expedientillos 543/2022, 384/2022 y 289/2022, sobre los predios con folios electrónicos 1271918, 1251151, 1045063, 629877 y 629876, el cual se le notificó previo citatorio, por medio de lista de estrados de diecisiete de febrero del presente año, surtiendo sus efectos el día hábil siguiente, transcurriendo dicho término del veintitrés de febrero al quince de marzo del presente año, sin que se haya pronunciado al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado auto de trece de febrero del presente año, y resuélvase el presente juicio únicamente respecto del acto y autoridades responsables señaladas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se concedió a la parte quejosa, en proveído de trece de febrero del año en curso, para que manifieste si es su deseo señalar como nueva autoridad responsable y actos reclamados los cierres de registro y notas al margen ordenadas por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en autos de los expedientillos 543/2022, 384/2022 y 289/2022, sobre los predios con folios electrónicos 1271918, 1251151, 1045063, 629877 y 629876, pues dicho auto fue notificado al quejoso el diecisiete de febrero del presente año, sin que a la presente fecha hubiese realizado manifestación al respecto. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

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