Lorenzo Antonio Castro Martinez
Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Lorenzo Antonio Castro Martinez
- Secretario de Seguridad Pública del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
V. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 825/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, contra actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Director Jurídico de dicha secretaría, del Director de la Policía Estatal de Investigación y del Fiscal General del Estado, todos con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, se recibió vía electrónica la demanda de amparo promovida por Gabriel Enrique Cañizares Gamboa, en favor de Lorenzo Antonio Castro Martínez, en la que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Director Jurídico de dicha secretaría, del Director de la Policía Estatal de Investigación y del Fiscal General del Estado, todos con sede en esta ciudad, la detención, incomunicación y tortura y malos tratos del directo quejoso. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado e indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de guardia, la demanda fue recibida en este juzgado por el Secretario habilitado para ello. Previa ratificación de la demanda, en providencia de veintiocho de febrero de este año, se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien presentó el pedimento correspondiente. Se recibieron los informes con justificación de las responsables. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos de una autoridad distinta de la judicial cuyas consecuencias son de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado Las responsables Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por sí y en representación de esa dependencia (foja 55), Director de la Policía Estatal de Investigación (foja 13) y Fiscal General del Estado (fojas 60 a 62), al rendir sus informes justificados negaron la existencia de la incomunicación y tortura y malos tratos que se les atribuyó, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido prueba en contrario. Por el contrario, el propio quejoso *** en la diligencia de ratificación de su demanda, expresó que: "no fue objeto de tortura ni algún acto prohibido por el artículo 15 de la ley de amparo.", lo que corrobora la negativa expresada por las autoridades responsables. No es obstáculo a lo anterior que, respecto al Director de la Policía Estatal de Investigación, esa negativa haya sido formulada en su informe sobre la suspensión de plano, pues al reunir los requisitos requeridos para el informe justificado, es dable tomarlo en consideración como tal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.25 K (10a.) Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, visible a página 1933, del rubro siguiente: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO." Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el diverso acto atribuido al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por sí y en representación de esa dependencia (foja 55), al Director de la Policía Estatal de Investigación (foja 58) y al Fiscal General del Estado (fojas 60 a 62), todas con residencia en esta ciudad, pues al rendir sus informes justificados así lo indicó. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitieron dichas responsables; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ejercerse en cualquier momento, pues la parte quejosa señaló que los actos reclamados se encontraban relacionados con la privación de la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación, por ende, la demanda no está sujeta al termino de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. SEXTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, de las constancias que adjuntaron las responsables se advierte que mediante acuerdo de veintisiete de febrero de este año, el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito con Detenido de la Fiscalía General del Estado de Yucatán ordenó dejar en libertad con las reservas de ley al quejoso Lorenzo Antonio Castro Martínez, porque no pretende solicitar la prisión preventiva como medida cautelar (foja 42); lo que notificó a la parte quejosa en la misma fecha (foja 48). En consecuencia, si los actos combatidos en esta vía constitucional se hicieron consistir en la detención del quejoso y, con posterioridad, se le dejó en libertad, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Sin que sea obstáculo para que se actualice la cesación de efectos del acto reclamado que, en su caso, la autoridad ministerial señalada en párrafos precedentes se encuentre integrando una carpeta de investigación en contra del quejoso, pues dicho acto no lesiona directamente derechos fundamentales del quejoso, entendiéndose como tales la libertad, la vida, la salud, la educación, etcétera, por lo cual el amparo es improcedente. Esto, porque respecto a la integración de la carpeta de investigación, se trata de la obligación del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXVII.3o.48 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, visible a página 1947, del rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Además, no es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de los informes justificados agregados el veintisiete de marzo pasado, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra actos de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina de que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá destruirse, tal como lo establece inciso c), del artículo 21, Capítulo Octavo del aludido Acuerdo General. Finalmente, devuélvase a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el legajo de copias certificadas que remitió como apoyo a su informe justificado, al no existir necesidad de que continúen en este Juzgado, sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación de la Dirección en Jefe y la Dirección General de Registro y Control Documental, con residencia en la Ciudad de México, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el señalado su informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo. NOTIFÍQUESE. [...]
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