Lizbeth Guadalupe Collins López

Expediente 2269/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2269/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
  • Lizbeth Guadalupe Collins López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 2269/2023, promovido por******************** contra actos del JUEZ TERCERO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. (...) SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las resolución que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Ahora, en el capítulo de acto de acto reclamado, la parte peticionaria de amparo destacó como acto reclamado: El emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil ********************del índice de la responsable, todo lo actuado en dicho juicio, así como sus consecuencias, como la relativa al remate de inmueble de un predio que alega ser de su propiedad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles, y Familiares adscrita al juzgado responsable, en su informe previo negó los actos que se le reclaman. Ahora bien, del diverso informe de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, se advierte que la aquí quejosa, fue emplazada por medio de exhorto por conducto de la Actuaria Interina de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, lo cual corrobora, que en efecto, el acto que se atribuye a dicha responsable es inexistente. Por ello, es que al no desvirtuarse dicha negativa procede negar la suspensión definitiva por lo que respecta a la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles, y Familiares. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe previo negó el acto reclamado, sin embargo esa negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el acto atribuido a la citada autoridad, en atención a las manifestaciones que señala, en el sentido de la existencia del juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, seguido en contra de la aquí quejosa ******************** y otro. Lo anterior se corrobora en razón de que de su informe se advierte que la aquí quejosa, fue emplazada por medio de exhorto por conducto de la Actuaria Interina de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, derivado del juicio mercantil antes indicado, razones por las que se tiene por cierto el acto que se le reclama para los efectos de resolver el presente incidente. QUINTO. Estudio de la suspensión definitiva. Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales son: I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, ya que para decidir sobre la suspensión provisional debe atenderse a las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por lo que el Juez debe partir del supuesto de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, porque el acto reclamado proviene de un conflicto judicial entre particulares. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente caso el suscrito considera que no se afectaría el interés social, pues por el contrario, de no concederse la suspensión del acto reclamado se podrían transgredir derechos de la parte quejosa. En efecto, la quejosa señala en su demanda que no fue debidamente emplazada al juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por lo que se ostenta como tercera extraña por equiparación, al ser la parte demandada en el juicio de origen; lo que resulta suficiente para acreditar su interés suspensional. En consecuencia, como la medida suspensional solicitada, no contraviene ninguna disposición de orden público ni puede causar una afectación al interés social con la misma; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138, 150 y 151 de la referida ley de la materia, PROCEDE CONCEDERLA para que el Juez responsable, sin paralizar el procedimiento de remate, se abstenga de escriturar o entregar de manera definitiva a terceros el predio embargado en dicho juicio ejecutivo mercantil de origen, y en caso de que la parte quejosa lo tenga bajo su posesión, no sea desposeída del mismo. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que ponga fin al juicio principal del que derivan estos autos incidentales. GARANTÍA. La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero toda vez que la suspensión otorgada podría ocasionar daños y perjuicios a terceros, la misma dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, por la cantidad de ********************, para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el monto establecido en el párrafo anterior se fijó con base en lo estipulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante será inserta, de la que se desprende que por concepto de "daños" debe entenderse la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad liquida de la que podría disponer la parte tercero interesada, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, lo que a criterio del Tribunal Constitucional se obtiene de multiplicar el porcentaje inflacionario correspondiente (que puede advertirse y cuantificarse mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de forma mensual) por la cantidad líquida por la que se pretenda establecer la garantía. Asimismo, el máximo Tribunal del País, estimó que por concepto de "perjuicios" debe entenderse a la pérdida de las ganancias lícitas que obtendría la parte tercero interesada de tener bajo su dominio el monto de la condena, durante el tiempo estimado para la resolución del juicio constitucional, lo que equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, la cual, a fin de evitar arbitrariedad al establecerse, deberá ser la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que hace el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 71/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Tomo I, Enero de 2015, con número de registro 2008219, con el rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". En primer término, debe señalarse que se tomará como cantidad base para contabilizar la garantía fijada, el monto de ******************** el cual constituye la cuantía del negocio en concepto de suerte principal, en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************. En ese tenor, la cantidad de ciento veintiún mil ciento cuarenta y ocho pesos, 89/100 moneda nacional ($121,148.89, M.N.), se obtuvo de las operaciones aritméticas siguientes: Se multiplico la cantidad base antes referida, por la tasa de inflación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (0.38%), que se multiplicó nuevamente por seis (número de meses que se estima podría durar el juicio principal). Cabe señalar que el porcentaje inflacionario nacional es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su página electrónica http://www.inegi.org.mx; tales operaciones, dan como resultado la cantidad ********************, por concepto de daños. A ello se suma el diverso monto, que corresponde al resultado de la multiplicación de la cantidad base, por la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días (11.5040%), entre doce (para obtener la cantidad mensual), y por los seis meses que se estima que podría durar este juicio de amparo, y que corresponde a los perjuicios que podrían causarse con la aludida concesión, ya que ocasionaría la privación de las ganancias lícitas que obtendría la parte actora de tener bajo su dominio los inmuebles que en esta vía se defienden, dando como resultado la cantidad de ******************** Es necesario precisar que el TIIE referido, se obtuvo de la página electrónica del Banco de México http://www.bancxico.org.mx. En la inteligencia de que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Bienestar, antes, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este órgano jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: 1. Nombre de la parte quejosa (depositante), 2. Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía, 3. Juzgado ante el que se otorga la garantía, 4. Concepto para el cual se exhibe la garantía, 5. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y 6. Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega suspensión definitiva a******************** contra el acto atribuidos a la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles, y Familiares adscrita a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a******************** contra el acto atribuido a la responsable Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe previo rendido por la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares adscrita al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia incidental relativa. Ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que no obra en autos el informe previo solicitado al Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, solicitado mediante oficio 32612/2023, de fecha ocho de noviembre del presente año, el cual se le notificó el nueve de noviembre del presente año; asimismo, que mediante dicho oficio se le solicitó que manifestara la cuantía del negocio, el estado procesal del expediente natural y las partes que intervienen en él, con el fin de resolver sobre la suspensión definitiva correspondiente. En consecuencia, y toda vez que este órgano jurisdiccional estima que para poder resolver el presente incidente, son necesarias dichas constancias. En tal virtud, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes a la notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional la cuantía del negocio, el estado procesal del expediente natural y las partes que intervienen en él. Apercibida dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá, por desacato a un mandato de autoridad judicial, una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 de la misma norma. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida físicamente por ********************, contra actos del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y el Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2269/2023. PERSONALIDAD. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la parte quejosa promueve por su propio derecho. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y el Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, lo siguiente: - El emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil ********************del índice de la responsable, todo lo actuado en dicho juicio, así como sus consecuencias, como la relativa al remate de inmueble de un predio que alega ser de su propiedad. HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme a la precisión del acto reclamado, la hipótesis de procedencia se ubica en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto que afecta a una persona que se ostenta tercera extraña a un procedimiento de remate. ADMISIÓN. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; se admite la demanda. SOLICITUD DE INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades responsables, los que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en los cuales, las responsables, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dichos informes. APERCIBIMIENTO. De no rendir sus informes dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con la demanda de amparo que se recibe. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a ********************como endosatario en procuración de la persona jurídica "********************", ********************. Por ende, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya en el predio señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo y emplace a la citada tercera interesada, entregándole copia simple de la demanda de amparo y copia autorizada del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con tal carácter, si así conviniere a sus intereses. Lo anterior, debiendo prevenirle para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin previo acuerdo, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. PRUEBAS. Se hace constar que el promovente no las ofreció. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como sus autorizados en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************,********************y********************, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO.

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