Lina Nuñez Quiroz
Expediente 433/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lina Nuñez Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Como de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Por último, como en proveído del pasado cuatro de junio, se reservó acordar la devolución de la carta poder que exhibió la quejosa - hasta en tanto quedará firme el autor que desechó de plano la demanda de garantías interpuesta, y como ello ya aconteció, como lo solicita la ocursante, hágase la devolución del mismo, lo anterior con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de ésta, previa firma de recibido y copia certificada que de este se deje en autos.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa -, mediante el cual solicita la devolución de la carta poder que exhibió a su escrito inicial de demanda; sin embargo, resérvese proveer sobre el mismo, hasta en tanto quede firme el auto que desecho de plano la demanda de garantías. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Agréguese el escrito de cuenta dignado por -, al que anexa la carta poder simple expedida en fecha veintitrés de mayo del presente año a su favor por - Ahora bien, haciendo un análisis integral de la demanda de garantías que se estudia, se evidencia que procede desechar la misma por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese orden de ideas, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama a la autoridad señalada como la responsable los acuerdos de fecha 2 dos de junio del 2017 y 24 veinticuatro de enero del 2018 dos mil dieciocho, mediante la cual la responsable, manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento a lo solicitado, ocasionando graves perjuicios a mi apoderada... " Acto respecto del cual el suscrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo. Numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Articulo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Ahora bien, existen dos tipos de legitimación, ad causam y ad procesum. La legitimación procesal que es la que se interesa al presente caso, deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho controvertido. En tanto, que la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hacen los actores, los quejosos, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.". De lo antes señalado, se advierte que la legitimación ad procesum sí es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, indispensable para el ejercicio de la acción constitucional. En tanto, que de los artículos antes transcritos, se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que sientan prejudicial; cuando se reclamen, entre otros, actos provenientes de tribunales judiciales, debe acreditarse la legitimación para iniciar y seguir el juicio de amparo, la cual debe fundarse en que el acto reclamado causa un agravio personal y directo; agravio el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el artículo 6° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I, artículo 107, de la Constitución General, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se promueve válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión del acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Ahora, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por -, apoderada jurídica de -, quien al momento de la presentación de la demanda dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dijo tener carácter dentro del Juicio Laboral 5A-658/2014, lo que no acreditó de ninguna manera ante este Tribunal, empero, en el escrito que se acuerda señaló que tenía el carácter de apoderada legal de la mencionada Núñez Quiroz, lo que dijo sustentaba con la carta poder simple que anexó al de cuenta, sin embargo, como de la misma se advierte, dicho poder fue expedido hasta el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, de lo que se concluye que al momento de presentar la misma, la apoderada no se encontraba facultada para tal efecto. En ese orden, debe concluirse que - carece de interés jurídico para ejercer la acción de amparo contra los actos que ahora reclama. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta aplicable la tesis 91/200 con número de registro 191109 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2000, sustentada por los Tribunales Colegiados Noveno y Octavo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." En virtud de lo anterior, es inconcuso que - carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo a favor de Lina Núñez Quiroz, en contra de los actos que reclama; por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, ambos del ordenamiento legal en cita; por lo que se ordena hacer las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente y archivar este expediente como asunto concluido.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta dignado por -, al que anexa la carta poder simple expedida en fecha veintitrés de mayo del presente año a su favor por - Ahora bien, haciendo un análisis integral de la demanda de garantías que se estudia, se evidencia que procede desechar la misma por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese orden de ideas, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama a la autoridad señalada como la responsable los acuerdos de fecha 2 dos de junio del 2017 y 24 veinticuatro de enero del 2018 dos mil dieciocho, mediante la cual la responsable, manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento a lo solicitado, ocasionando graves perjuicios a mi apoderada... " Acto respecto del cual el suscrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo. Numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Articulo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Ahora bien, existen dos tipos de legitimación, ad causam y ad procesum. La legitimación procesal que es la que se interesa al presente caso, deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho controvertido. En tanto, que la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hacen los actores, los quejosos, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.". De lo antes señalado, se advierte que la legitimación ad procesum sí es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, indispensable para el ejercicio de la acción constitucional. En tanto, que de los artículos antes transcritos, se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que sientan prejudicial; cuando se reclamen, entre otros, actos provenientes de tribunales judiciales, debe acreditarse la legitimación para iniciar y seguir el juicio de amparo, la cual debe fundarse en que el acto reclamado causa un agravio personal y directo; agravio el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el artículo 6° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I, artículo 107, de la Constitución General, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se promueve válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión del acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Ahora, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por -, apoderada jurídica de -, quien al momento de la presentación de la demanda dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dijo tener carácter dentro del Juicio Laboral 5A-658/2014, lo que no acreditó de ninguna manera ante este Tribunal, empero, en el escrito que se acuerda señaló que tenía el carácter de apoderada legal de la mencionada Núñez Quiroz, lo que dijo sustentaba con la carta poder simple que anexó al de cuenta, sin embargo, como de la misma se advierte, dicho poder fue expedido hasta el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, de lo que se concluye que al momento de presentar la misma, la apoderada no se encontraba facultada para tal efecto. En ese orden, debe concluirse que - carece de interés jurídico para ejercer la acción de amparo contra los actos que ahora reclama. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta aplicable la tesis 91/200 con número de registro 191109 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2000, sustentada por los Tribunales Colegiados Noveno y Octavo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." En virtud de lo anterior, es inconcuso que - carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo a favor de Lina Núñez Quiroz, en contra de los actos que reclama; por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, ambos del ordenamiento legal en cita; por lo que se ordena hacer las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente y archivar este expediente como asunto concluido.
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