Liliana Rivera Galvan
Expediente 379/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Liliana Rivera Galvan
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, once de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por Liliana Rivera Galván y otra, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por las quejosas - ambas de apellidos - por propio derecho, que promueven contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, y otras autoridades; en consecuencia, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número I-379/2018-C. Del análisis de la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO. Se reclama de la autoridad responsable la Sentencia de Primera Instancia con fecha 23 de noviembre del año 2017 y Resolución de segunda instancia de fecha 29 de enero del 2018, dictada en el número de toca I-4/2018 relativo al juicio de ACCIÓN REIVINDICATORIA DE INMUEBLE CON EL EXPEDIENTE NÚMERO 1480/2016 Reivindicatorio que promovió el señor - de primera instancia en materia Civil de la ciudad de Zacapu, Michoacán, frente a los señores -, y por el que dicha autoridad Judicial va a señalar días y horas hábiles de despacho a efecto de que el personal de ese Tribunal se constituya en legal y debida forma en el inmueble materia de este Juicio, que se ubica en la calle Rubén Darío Oriente número 95 de la población de Botello municipio de Panindícuaro, y proceda a poner en posesión real y material del citado inmueble al accionante. Acuerdo que desde luego considero violatorio de mis derechos y más de mi menor hija, fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, toda vez que a partir de la fecha en que mi menor hija y las SUSCRITA, tenemos el tiempo de 39 treinta y nueve años viviendo en el domicilio mencionado, en razón que el propietario el señor padre de nombre -, y como hijas de él estamos viviendo en el domicilio toda nuestra vida, así mismo nosotros fuimos construyendo lo que es el total de la casa, y desde esta fecha estamos en posesión real y material del mismo. Por lo que considero que de llevarse a cabo la diligencia Judicial de poner en posesión real y material al actor del presente Juicio, es lo claro que se me despojaría de nuestros derechos adquiridos por Ley en cuanto hijas del señor - ya quienes son poseedores también del inmueble, sin antes haber sido oída y vencida en Juicio, consecuentemente, se me causarían daños y perjuicios de difícil reparación, máxime que quienes se ostentan como dueños y piden se les ponga en posesión material de ese inmueble, es persona totalmente ajeno, y por lo mismo la suscrita y mi hijo también somos completamente ajenos al procedimiento del cual emanan los actos reclamados.(sic)" Ahora, respecto de los actos antes referidos, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Se hace necesario invocar de manera breve los antecedentes del acto reclamado. 1.- - quienes eran los únicos posesionarios del inmueble materia del presente asunto. 2.- -- promovió juicio reivindicatorio frente a los señores -, ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, registrándolo con el número 1480/2016. 3.- Por resolución de segunda instancia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca I-4/2018, se confirmó la de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del expediente 1480/2016, en la cual se condenó a la parte demandada- -- a poner en posesión real y material el inmueble en cuestión en favor del ahora tercero interesado - Ahora, -, promovieron el presente Juicio de amparo y señalan como acto reclamado la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del Juicio Civil sobre reivindicación de inmueble número 1480/2016 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, donde resultó condenados sus progenitores a la desocupación del mismo, Juicio al cual aducen no fueron llamadas. En ese tenor, -, padres de las aquí quejosas fueron oídos y vencidos en el juicio 1480/2016 del índice del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, tanto en primera como segunda instancia, por lo que se estima que a las quejosas les resulta el carácter de causahabientes de la parte demandada en el juicio de origen. Para explicar lo anterior, se establece que la causahabiencia es una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, que es la persona a quien se transmite el bien. Esta relación (causahabiencia) se da siempre que se transmite un bien o un derecho, y consiste en que la persona que lo recibe soporta sus cargas. La figura de la causahabiencia y la responsabilidad respecto de las cargas que implica la adquisición de ciertos bienes y derechos también pueden darse dentro de juicio. Asimismo, puede decirse que existen dos clases de causahabiencia: 1) La que se da fuera de los juicios o de orden sustantivo, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las causas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga un gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Ello puede darse cuando se transmite un bien que tiene como carga un derecho real (como sucede cuando se transmite un bien hipotecado, caso en el cual si en el juicio se quisiera hacer efectiva la carga que reporta el bien transmitido, existe el derecho del acreedor de demandar al nuevo propietario haciendo efectiva la carga que pesa sobre el bien), o bien, cuando se transmite y sobre él existe otro tipo de cargas no reales (como sucede en los casos en que se adquiere un bien sobre el cual existe un contrato de arrendamiento, contrato que por disposición legal no termina con la transmisión de la propiedad). 2) La segunda, de orden adjetivo o procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro de un juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como tercero extraño en el juicio de amparo. Entonces, ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, solo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra del causante, precisamente porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional. Así, en el caso concreto, se estima que se actualiza la causahabiencia precisada en el número 2), esto es, la "causahabienica de orden adjetivo o procesal", ya que las aquí quejosas por medio de -) obtuvieron derecho fundamental de audiencia tal y como lo contempla el artículo 14 constitucional. Entonces, al tener la parte quejosa el carácter de causahabientes, excluye la posibilidad de que puedan ser consideradas como terceras extrañas al juicio natural en los que es parte demandada sus causantes - que es con quien las aquí quejosas habitan el inmueble del que se requiera la entrega material. Ello es así, al tomar en cuenta que se consideran personas extrañas a juicio a aquéllas que no ha figurado como parte en sentido material en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pero sufre algún perjuicio dentro de éste o en la ejecución de su resolución, sin haber tenido oportunidad de ser oída en su defensa. De ahí que, si las quejosas se ostentan con dicho carácter, pero se demuestra plenamente que son causahabientes de quienes son parte demandada en el juicio natural, su situación jurídica es idéntica a la del demandado, por lo que se encuentra sujeta a lo resuelto en contra de su causante. En ese sentido y no obstante que las quejosas aducen que tuvieron conocimiento de la existencia del juicio el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, lo cierto es que sus progenitores tuvieron conocimiento del acto reclamado desde el inicio del juicio de origen, lo que no impide que se actualice la causahabiencia. Máxime, que como se puede apreciar del escrito de demanda no existe motivo alguno para concluir que tales quejosas tienen intereses contrarios a sus progenitores ya que lo que ambas partes buscan obtener derechos de propiedad del inmueble donde habitan. En ese sentido, y luego de hacer un análisis integral de la demanda se concluye que no se ha coartado en perjuicio de las aquí quejosas el derecho fundamental de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional, ya que por conducto de sus causantes (parte demandada en el juicio natural), fueron defendidos sus derechos, por lo que la suerte que ahora corren los causantes en aquel juicio también perjudicará a los causahabientes, en tanto que ambos están sujetos a la misma situación jurídica. Es aplicable, la jurisprudencia 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 56, que a la letra dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". De igual manera, la Jurisprudencia 34/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 189, de rubro y texto siguiente: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado". En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 62 y 107, fracción VI, de ese propio ordenamiento, el último de los preceptos interpretado a su contrario sensu, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Finalmente, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese.
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