Lilua Godinez Aviña

Expediente 441/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
441/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Lilua Godinez Aviña

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo III-441/2018-1 del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de veinte de junio del presente año se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, signado por -apoderado jurídico del quejoso - mediante el cual interpone recurso de queja y adjunta cuatro copias del escrito de expresión de agravios, en contra del proveído de veintidós de mayo pasado, dentro del juicio en que se actúa, en tal virtud, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase el expediente en que se actúa, dentro de los tres días siguientes, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios e informe sobre la materia de la queja. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondientes y fórmese cuaderno de antecedentes con las copias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Agréguese a los autos, el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el juicio de amparo directo 428/2018, promovido por -, por conducto de su apoderado jurídico -, carácter que se les reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerlo reconocido ante la autoridad responsable, contra actos de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y otra autoridad; así como la determinación de dieciocho de mayo del año en curso, por medio de la cual el citado Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del libelo constitucional, ordenando remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito para su turno, correspondiendo conocer de la misma a este Órgano Constitucional. Acúsese recibo de estilo al Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto. Anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-441/2018-1. Ahora del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reclamo la sentencia dictada con fecha 19 diecinueve de Abril del año 2018 dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca de apelación I-114/2018 formado con motivo del recurso de apelación propuesto en contra del auto de 20 veinte de Febrero del año 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario 185/2015 a bienes de -, tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Del C. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, la ejecución del acto reclamado." Para una mejor óptica del reclamo se procede hacer una narración de antecedentes. En fecha doce de febrero de dos mil quince, se promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto -, mismo que se admitió el diecisiete del mismo mes y año antes señalados, registrado con el número 185/2015. Seguido por sus trámites y etapas procesales del juicio, en fecha dieciséis de enero de la presente anualidad, se pusieron a la vista los autos para resolver la sentencia definitiva en la cuarta sección. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en fecha de veinte de febrero de dos mil dieciocho, ordenó dejar sin efecto el auto de citación para sentencia definitiva de fecha del pasado dieciséis de enero, para regularizar el procedimiento, y se cumpliera con lo ordenado en la ejecutoria dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso a través de su apoderado jurídico, interpusieron recurso de apelación contra dicha determinación. Mediante auto de diecinueve de abril del año en curso, dentro del toca de apelación I-114/2018, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, dejando firme el auto impugnado. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. Cabe señalar que de lo narrado, se aprecia que el juicio sucesorio en cuestión, se encuentra en trámite en la cuarta sección, se dejó sin efectos el auto que había citado para sentencia, por lo que no se ha dejado resolución que determinen lo conducente a la aprobación a la partida de los bienes que conforman la masa hereditaria. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV , por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Numerales que establecen como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es no afectan la vida, la libertad, la propiedad. El artículo 172 de la Ley de Amparo, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento, y que afectan las defensas del quejoso cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. El acto reclamado en la demanda de cuenta, lo es la resolución diecinueve de abril de dos mil dieciocho dentro del toca de apelación I-114/2018 del índice de la autoridad responsable que declaro infundada el recurso de apelación, en el cual se confirmó el auto impugnado. Así queda de manifiesto que no se trata del procedimiento que ponga fin a la cuarta sección de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo. Es así ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, posesión, entre otros; pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Será hasta el dictado de la sentencia definitiva, que resuelva en cuarta sección, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, si la sentencia es adversa a los intereses legales de las peticionarias, pues de momento; sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas, cuestión que como se dijo no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Y, la tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Por último, tampoco puede considerarse que el acto reclamado obstaculice la culminación de la cuarta fase del procedimiento sucesorio de origen, pues la reposición recurrida en apelación, fue únicamente ara el efecto de que, un perito determine sí el bien que conforma la masa hereditaria admite o no cómoda división, ello previo a su partición y adjudicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 25, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." [El énfasis es añadido]. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con su apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Materia, se desecha la demanda de garantías. Por lo antes expuesto y fundado, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultados por el público en general, y se harán del conocimiento de terceros en términos de lo dispuesto en el ordinal 9 del reglamento modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil siete, que a la letra dice: "Artículo 9. Las Comisiones de Transparencia adoptarán en conjunto las medidas adecuadas para difundir en Internet las sentencias ejecutorias y las resoluciones que pongan fin a cualquier procedimiento administrativo, emitidas por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los Órganos Jurisdiccionales; debiendo tomarse en cuenta que al generar la versión pública respectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento. En las resoluciones publicadas que se difundan por medios electrónicos en todos los casos se suprimirán los nombres de las partes. En las listas de notificación que se publiquen por la misma vía, sólo se suprimirán cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la Ley." Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las profesionistas que refiere, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias consistentes en el toca de apelación número I-114/2018, se ordenan formar un tomo de prueba por separado para facilitar su manejo.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán; veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el juicio de amparo directo 428/2018, promovido por -, por conducto de su apoderado jurídico -, carácter que se les reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerlo reconocido ante la autoridad responsable, contra actos de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y otra autoridad; así como la determinación de dieciocho de mayo del año en curso, por medio de la cual el citado Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del libelo constitucional, ordenando remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito para su turno, correspondiendo conocer de la misma a este Órgano Constitucional. Acúsese recibo de estilo al Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto. Anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-441/2018-1. Ahora del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reclamo la sentencia dictada con fecha 19 diecinueve de Abril del año 2018 dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca de apelación I-114/2018 formado con motivo del recurso de apelación propuesto en contra del auto de 20 veinte de Febrero del año 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario 185/2015 a bienes de -, tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Del C. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, la ejecución del acto reclamado." Para una mejor óptica del reclamo se procede hacer una narración de antecedentes. En fecha doce de febrero de dos mil quince, se promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto -, mismo que se admitió el diecisiete del mismo mes y año antes señalados, registrado con el número 185/2015. Seguido por sus trámites y etapas procesales del juicio, en fecha dieciséis de enero de la presente anualidad, se pusieron a la vista los autos para resolver la sentencia definitiva en la cuarta sección. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en fecha de veinte de febrero de dos mil dieciocho, ordenó dejar sin efecto el auto de citación para sentencia definitiva de fecha del pasado dieciséis de enero, para regularizar el procedimiento, y se cumpliera con lo ordenado en la ejecutoria dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso a través de su apoderado jurídico, interpusieron recurso de apelación contra dicha determinación. Mediante auto de diecinueve de abril del año en curso, dentro del toca de apelación I-114/2018, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, dejando firme el auto impugnado. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. Cabe señalar que de lo narrado, se aprecia que el juicio sucesorio en cuestión, se encuentra en trámite en la cuarta sección, se dejó sin efectos el auto que había citado para sentencia, por lo que no se ha dejado resolución que determinen lo conducente a la aprobación a la partida de los bienes que conforman la masa hereditaria. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV , por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Numerales que establecen como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es no afectan la vida, la libertad, la propiedad. El artículo 172 de la Ley de Amparo, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento, y que afectan las defensas del quejoso cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. El acto reclamado en la demanda de cuenta, lo es la resolución diecinueve de abril de dos mil dieciocho dentro del toca de apelación I-114/2018 del índice de la autoridad responsable que declaro infundada el recurso de apelación, en el cual se confirmó el auto impugnado. Así queda de manifiesto que no se trata del procedimiento que ponga fin a la cuarta sección de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo. Es así ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, posesión, entre otros; pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Será hasta el dictado de la sentencia definitiva, que resuelva en cuarta sección, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, si la sentencia es adversa a los intereses legales de las peticionarias, pues de momento; sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas, cuestión que como se dijo no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Y, la tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Por último, tampoco puede considerarse que el acto reclamado obstaculice la culminación de la cuarta fase del procedimiento sucesorio de origen, pues la reposición recurrida en apelación, fue únicamente ara el efecto de que, un perito determine sí el bien que conforma la masa hereditaria admite o no cómoda división, ello previo a su partición y adjudicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 25, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." [El énfasis es añadido]. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con su apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Materia, se desecha la demanda de garantías. Por lo antes expuesto y fundado, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultados por el público en general, y se harán del conocimiento de terceros en términos de lo dispuesto en el ordinal 9 del reglamento modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil siete, que a la letra dice: "Artículo 9. Las Comisiones de Transparencia adoptarán en conjunto las medidas adecuadas para difundir en Internet las sentencias ejecutorias y las resoluciones que pongan fin a cualquier procedimiento administrativo, emitidas por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los Órganos Jurisdiccionales; debiendo tomarse en cuenta que al generar la versión pública respectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento. En las resoluciones publicadas que se difundan por medios electrónicos en todos los casos se suprimirán los nombres de las partes. En las listas de notificación que se publiquen por la misma vía, sólo se suprimirán cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la Ley." Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las profesionistas que refiere, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias consistentes en el toca de apelación número I-114/2018, se ordenan formar un tomo de prueba por separado para facilitar su manejo. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano