Liliana Maria Vazquez Ruiz
Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Liliana Maria Vazquez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintidós. Como se desprende de la certificación que antecede, y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de treinta y uno de agosto del presente año, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a -, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de depuración, pues por un parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa; asimismo, no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 18, fracción I, inciso (b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: .Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. De igual forma, toda vez que resulta innecesario que obren en autos las copias certificadas del expediente administrativo que la autoridad responsable Director de Recaudación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, se ordena devolverlas, en el entendido que de no acusar recibo de dichas documentales, en el término de tres días legalmente computados, se dará por hecho que las recibió a entera satisfacción. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós... V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo VI-176/2022-1; y... Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 61, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por -, respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando segundo y cuarto, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia Federal No Ampara ni Protege a -, contra los actos analizados en el considerando quinto por los motivos precisados en el mismo considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firman el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy Fe... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo VI-176/2022-1; y... Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 61, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por -, respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando segundo y cuarto, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia Federal No Ampara ni Protege a -, contra los actos analizados en el considerando quinto por los motivos precisados en el mismo considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firman el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy Fe.
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Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, con sede en esta ciudad, hace las manifestaciones que indica respecto del informe justificado de las autoridades que indica; toda vez que como se advierte de la constancia secretarial que antecede, en auto de veinticinco de marzo del presente año, este órgano jurisdiccional tuvo al Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, por rendido su informe justificado en el presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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