Liliana Denisse Castellanos Velasco
Expediente 475/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Liliana Denisse Castellanos Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
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MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y dado que obran las constancias de notificación a las partes de la resolución dictada en este juicio de amparo y del auto en donde se proveyó en relación al recurso de revisión interpuesto por Víctor Manuel Cartas Martínez autorizado de la quejosa LILIANA DENISSE CASTELLANOS VELASCO, contra la resolución dictada por este juzgado; en tales circunstancias, con fundamento en el artículo 90, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito de agravios al Tribunal de Alzada, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. De conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para la tramitación del recurso, para la tramitación del recurso, instrúyase a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el ad quem tenga a su disposición las constancias necesarias. CÚMPLASE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Víctor Manuel Cartas Martínez autorizado de la quejosa LILIANA DENISSE CASTELLANOS VELASCO; visto su contenido, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 82, 83, 85, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y una vez que el expediente de que se trata se encuentre debidamente integrado, esto es, que obren en autos las constancias de notificación a las partes, de la sentencia recurrida y del presente auto; remítanse éstos al órgano colegiado correspondiente para la substanciación del recurso de revisión que hace valer el promovente, para lo cual se ordena al secretario vigilar el cumplimiento del mandato; fórmese cuaderno de antecedentes y distribúyanse copia del escrito de expresión de agravios para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante JOSÉ ERNESTO SALINAS PÉREZ, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Víctor Manuel Cartas Martínez autorizado de la quejosa LILIANA DENISSE CASTELLANOS VELASCO; visto su contenido, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 82, 83, 85, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y una vez que el expediente de que se trata se encuentre debidamente integrado, esto es, que obren en autos las constancias de notificación a las partes, de la sentencia recurrida y del presente auto; remítanse éstos al órgano colegiado correspondiente para la substanciación del recurso de revisión que hace valer el promovente, para lo cual se ordena al secretario vigilar el cumplimiento del mandato; fórmese cuaderno de antecedentes y distribúyanse copia del escrito de expresión de agravios para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. el presente acuerdo se notifica a la parte quejosa, previo aviso, en terminos de la ley de amparo
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MESA VI ".. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 475/2022, promovido por Liliana Denisse Castellanos Velasco, contra actos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otras autoridades; y, R(..) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Penal JOTP/150/2021, que revocó el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de la quejosa el tres de junio de dos mil veintiuno en la causa penal 97/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; y en su lugar, emitió auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley califica como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de la menor de iniciales R.S.C.; y su ejecución. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. SON CIERTOS los actos reclamados, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo las autoridades responsables, consistentes en: Original del toca penal ...(con el que se formó un tomo de pruebas). Un disco en formato DVD que contiene los registros de audio y video de las audiencias de formulación de imputación y de ampliación de término constitucional celebradas en la causa penal 97/2021; así como las constancias en formato PDF de la causa penal en mención. Constancias en formato pdf deducidas de la causa penal 97/2021. A las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictó el acto reclamado. ... CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: En audiencia de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno celebrada dentro de la causa penal 97/2021, consta, entre otras cosas, que la Agente del Ministerio Público formuló imputación a la quejosa, en su calidad de imputada (... minutos del archivo ... Enseguida, la representación social dio a conocer los datos de prueba que sustentaron la imputación, consistentes en: Denuncia realizada por Concepción Matías Hernández, Agente del Ministerio Público de la Mesa XII adscrita al Sector Metropolitano, quien remitió a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, copia cotejada de las declaraciones de las menores R.S.C. y M.L.S.C. y escrito de su representante legal (.... Comparecencia de Luis Armando Santibañez Villanueva, representante legal de la menor víctima, de cuatro de noviembre de dos mil veinte, con la finalidad de ratificar su escrito de veintiuno de octubre de dos mil veinte, presentado dentro de la diversa carpeta de investigación ..., y presenta denuncia contra la imputada, por la comisión del hecho calificado por la ley como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la sus menores hijas R.S.C. y M.L.S.C. (... Audio proporcionado por el representante legal de las menores recibido en su teléfono celular y enviado por la menor R.S.C., relativo al momento en que fue agredida verbalmente por la imputada, de diez de octubre de dos mil veinte, el cual fue obtenido del teléfono indicado, por un perito en extracción de datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con el que rindió el dictamen correspondiente, con el cual además exhibió capturas de pantalla de la forma en que realizó la aludida extracción (...minutos del archivo ... Declaración de la menor víctima R.S.C., de doce de octubre de dos mil veinte, en presencia de su representante legal y la psicóloga de acompañamiento Alejandra Garnica Cruz (00:29:47 a 00:35:48 minutos del archivo ...), de cuyo contenido se advierte que, previo conocimiento que se le hace en relación a la facultad que tiene de abstenerse de declarar por tratarse la imputada de su madre, manifestó que vive en la calle Emiliano Zapata, Ex Hacienda Candiani sin número, frente a "Laminados Alonso"; señaló que el nombre de su padre es Luis Armando Santibáñez Villanueva y su madre Liliana Denisse Castellanos Velasco; asimismo indicó que tiene una hermana. La menor refirió que denunció a su mamá porque es muy grosera con ella pues le pega, le grita, le dice groserías. Dijo que un día grabó un audio; y a pregunta expresa de la psicóloga en relación a la fecha en que lo hizo, respondió que "la semana pasada", por lo que la psicóloga le mostró un calendario y la menor señaló el siete de octubre de dos mil veinte, fecha en que refirió que su mamá le dijo "ya Renata"; que a su mamá no le gusta que hable con su papá. Refirió que su papá le marcó y corrió a contestarle, pero su mamá le quitó el teléfono y le dijo a su papá que le marcara otro día y enseguida desconectó el teléfono para que no hablara con él. Después escondió el celular negro que tenía atrás del sillón que está en la sala y se puso a jugar con él, pues su mamá es muy grosera y le da miedo. Señaló que su mamá le dijo que era una estúpida, que su papá era un flojo, no trabajaba y era un mantenido de su abuela y que era una malagradecida, a lo que mencionó no encontrarle sentido, pues sólo quería hablar con su papá. Indicó no recordar que más le dijo su mamá, pero que lo grabó y se lo mandó a su papá para que lo escuchara; y estuvieron enojadas tres días. Narró que el viernes nueve de octubre de dos mil veinte su mamá le dijo que si no acababa sus tareas no iría con su papá; y es que un día se le olvidaron sus tareas; y ya tenía tiempo que decía que quería vivir con su papá, no con su mamá. Refirió que el viernes nueve de octubre de dos mil veinte, se iría con su papá y su mamá le dijo que no, que era tarde, pero apenas íbamos a comer y le pidió dinero para ir a jugar, a lo que respondió que no, por lo que la menor le comentó que era una grosera y su mamá le pegó en la boca con su mano. Señaló que su mamá les pegó a ella y a su hermana, pues en una ocasión le pidieron agua y les respondió que se fueran y les pegó con sus manos; la víctima señala que le pegó en su brazo izquierdo y le dejó marcadas sus uñas, y le tomó unas fotos con su reloj inteligente. Dijo que su mamá siempre les pega cuando regresan de ver a su papá, quien sólo les llama la atención; que con su mamá no puede dormir y se siente insegura. Que le da miedo decir cosas frente a ella pues le pueda pegar. Declaración de la menor M.L.S.C., de doce de octubre de dos mil veinte, en presencia de su representante legal y la psicóloga de acompañamiento Alejandra Garnica Cruz (... minutos del archivo ...), quien previa información sobre su derecho de abstenerse de declarar, lo que se le hizo saber con palabras acordes a su edad, decidió hacerlo. Al preguntarle su nombre refirió el mismo de forma completa; a pregunta expresa sobre su edad dijo tener seis años, sin recordar cuándo es su cumpleaños; asimismo que su mamá es Liliana Santibañez Castellanos, y que su hermana vive con su papá en otra casa; asimismo mencionó el nombre completo de su hermana; y señaló saber leer y escribir poco. En relación a los hechos la menor señaló que su hermana y ella quieren estar con su papá; al preguntarle la razón respondió que prefiere a su papá, pues su mamá las regaña mucho; que les escondió un secreto y al cuestionarle sobre cuál dijo que su mamá dijo que jamás iba a tener novio; que su abogado le gusta a su mamá y que siempre que le llama su abogado a su mamá siempre se va con el a su cuarto o a su carro de su mamá; que todos los días casi siempre las deja con su abuela. Se le preguntó cómo se llama su abuela, respondiendo Chepi Castellanos; que su mamá va a hablar con el abogado y que a veces va muchas cosas que casi no les dice. Le piden a la niña que cuenten cómo le pega su mamá y responde que le pega en los brazos; se le cuestiona con qué le pega y señala que con su mano. Al preguntarle por qué le pega su mamá responde por que se van a su cuarto y les dice que se salgan de su cuarto; que la señora de la limpieza a mi mamá le da todo y van a su cuarto a buscar juguetes y su mamá dice no saber donde están. Refiere que no le gusta que su mamá hable por teléfono en su cuarto. Se le preguntó en qué otra parte de su cuerpo le pega su mamá y responde que en su pierna, dándose un golpe en su pierna derecha, y al preguntarle con qué le pega su mamá dijo que con su mano. Enseguida la menor manifestó que su mamá no la deja hablar con su papá y les dice "apúrense niñas, dile que te llame en la noche, vámonos" y nos despedimos rápido porque iban a un curso. Le preguntaron a la menor quién le daba de comer, respondiendo que a veces su abuela la mamá de su mamá, quien dijo se llama Chepina; y en otras ocasiones su mamá. También dijo que su mamá le pega mucho a su hermana Renata; quien al preguntarle en dónde le pega dijo que en el brazo y a veces le deja rojo. Se le preguntó por qué su mamá le pega a su hermanita y refiere no saberlo. Y se le preguntó si deseaba contar algo más, respondiendo que era todo. Valoración médica de la víctima R.S.C., por parte del perito médico César Santiago Médico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de doce de octubre de dos mil veinte ....), en el que concluyó que, previa valoración física y consentimiento para la realización de la valoración en presencia de su representante legal, no presentar en ese momento lesión física reciente y visible. Valoraciones psicológicas realizadas a la víctima R.S.C. y a su hermana M.L.S.C., las cuales fueron video grabadas por un perito fotógrafo del Instituto de Servicios Periciales, de las que fueron reproducidos fragmentos seleccionados por la representación social y con base en las cuales se emitieron los respectivos dictámenes psicológicos...minutos del archivo ...del archivo ... del archivo ...). Respecto de la menor M.L.S.C., concluyó que no presentó alteraciones de la consciencia, psicomotoras o de la percepción; así como ilusiones, alucinaciones o ideas delirantes que comprometa su capacidad de juicio; que presenta un problema psicosocial relacionado con el sistema legal y el crimen; cursó con un estado de estrés agudo al cumplir con los criterios diagnósticos por experiencia directa del suceso traumático, presencia de recuerdos angustiosos recurrentes del suceso, esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos y sentimientos angustiosos relacionados con el suceso traumático; la alteración causa malestar significativo, por lo que la perito sugirió seguimiento psicológico en la modalidad de terapia de juego. Y en torno a la valoración de la menor víctima R.S.C., la perito concluyó la existencia de exposición a un suceso estresante experimentado de manera directa, con recuerdos recurrentes intrusivos del suceso traumático que generan malestar persistente; además de estigmas y síntomas que describe que en la niña prevalece exposición a violencia entre las figuras parentales y hacia sí misma por parte de la figura materna; existe malestar psicológico intenso y prolongado en respuesta a factores internos o externos que se parecen a un aspecto del suceso estresante; existe un estado de ánimo negativo, tristeza, miedo, infelicidad posterior a los hechos vividos; que los síntomas han cumplido con un umbral clínico superior al esperable, y disfunción psico emocional en el área escolar, personal, social y emocional; que el factor de estrés inicial deriva en diversos sucesos estresantes, por lo que el cursor de los síntomas se encuentra presente y continuo; descartando origen orgánico de los síntomas ni son la exacerbación de algún problema psiquiátrico persistente, por lo que cumplió con criterios de estrés agudo. No presenta trastorno psicótico ni alteración mental que comprometan los procesos cognitivos superiores; además no presenta conductas que aporten indicios asociados a problemas de conducta; no cumple con criterios clínicos que retraso mental; cumple con criterios clínicos de estrés agudo a causa de la conflictiva familiar que ha vivenciado; y de las manifestaciones de violencia de la figura materna; que debe recibir atención psicológica en la modalidad de psicoterapia de corte humanista por especialista en población infantil. Inspección ocular realizado por la Agente Estatal de Investigaciones Luvia Areli Santos Cruz, en compañía del representante legal de la víctima, de ocho de diciembre de dos mil veinte aproximadamente a las diecisiete horas (00:028:00 a 00:30:34 del archivo 007240_2021_P04), respecto del domicilio de la imputada, el cual fijó en fotografías sólo en su exterior, ubicado en la colonia Ex Hacienda Candiani, a la altura de la calle Emiliano Zapata. Atestados del registro civil entregados por el representante legal de la menor víctima y la menor testigo al Agente Estatal de Investigaciones (00:030:39 a 00:33:00 del archivo 007240_2021_P04), correspondientes a su nacimiento, de cuyo contenido se aprecia, entre otras cosas, como progenitor a Luis Armando Santibañez Villanueva; y como progenitora a Liliana Denisse Castellanos Velasco. Entrevista realizada por una Agente Estatal de Investigaciones a Pedro José Santibáñez Brul (00:033:01 a 00:35:08 del archivo 007240_2021_P04), quien dijo ser padre del progenitor de la menor víctima; refiere el domicilio en donde vivieron su hijo y la imputada, lugar en el que convivió con ellos y sus nietas; que su nuera no es tolerante con sus nietas pues no les llamó la atención y se iba directamente a los pellizcos, ya que observó las marcas de los dedos; asimismo relata que observó escenas de celos que la imputada hacía a su hijo, al grado de manipular a sus hijas. Señala que pasó el tiempo y la relación de su hijo con la imputado no funcionó; y por la situación de violencia hacia sus nietas se fue a vivir a su casa acompañados de ellas, conviviendo más con la madre del progenitor, Sandra Patricia Villanueva; que cuando les tocaba la visita con su madre, la noche anterior, las niñas se inquietaban y lloraban y al ir a dejarla lloraban y se resistían a ir con ellas. Entrevista realizada a Sandra Patricia Villanueva, por una Agente Estatal de Investigaciones el uno de diciembre de dos mil veinte (00:035:09 a 00:39:20 del archivo 007240_2021_P04), madre del progenitor de la menor víctima, quien señaló que la imputada empezó una relación con su hijo y era muy celosa. Manifestó que su hijo se casó cuando estaba embarazada su pareja; además dijo que la imputada reaccionaba de manera agresiva por pequeñeces de las bebés; que en un principio su esposo apoyó a su hijo con una cafetería por el Tule, pero la imputada era obsesiva con sus celos y no dejaba a su hijo trabajar. Refirió que la imputada se llevaba a su domicilio a sus hijas, donde negaba la convivencia a su hijo; que ella ha ingresado a ese lugar porque desde el nacimiento de las menores las ha cuidado y su esposo se ha hecho cargo de los gastos que necesitan. Narra que su hijo empezó a trabajar de chef en los Chavales, donde la imputada lo esperaba para que no se fuera con unas mujeres; y se llevaba a las menores, quienes por eso no iban a la escuela. Dijo que la imputada metía a las niñas al coche y se iba a las veintitrés horas a recoger a su hijo al trabajo; y que lo manipula diciéndole que le va a quitar a las niñas si se entera de alguna relación. Refiere que la imputada es muy explosiva y grosera, pues por detalles o conflictos de la relación, frente a las menores insulta a su hijo y ha observado que las pellizca y les grita hasta por el tráfico en la calle, por lo que le temen por su conducta. Que incluso en una ocasión acudió con policías porque la menor víctima no quería irse con ella; y en una ocasión observaron como, en complicidad con el abogado de la imputado, corrieron a su hijo con unas patrullas, por lo que a su nieta la mayor le generan miedo las patrullas e ir al domicilio de su madre. Señala que su nieta mayor le ha comentado que tiene miedo a su mamá, pues si se entera que la denunció la puede lastimar o gritas; y la obliga a convivir con personas que no conoce, en específico con el abogado que lleva el asunto familiar de nombre Cartas. Y con base a dichos datos de prueba, la autoridad ministerial propuso como hechos acreditados, los siguientes (00:07:09 a 00:09:11 minutos del archivo 007240_2021_P01): Que la imputada Liliana Denisse Castellanos Velasco y el denunciante Luis Armanto Santiabañes Villanueva, sostuvieron una relación de concubinato y establecieron su domicilio en la calle Abelardo de la Torre número ciento uno, FOVISSSTE, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De dicha relación procrearon a dos hijas, de nombres R.S.C. y M.L.S.C. Derivado de la celotípia que la imputada ejercía sobre el denunciante, decidió abandonar el domicilio con sus menores hijas, y establecerlo en el diverso ubicado en la calle Emiliano Zapata sin número, colonia Ex Hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En la mañana del siete de octubre de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata sin número, colonia Ex Hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, le dijo a la niña víctima que era una estúpida; que su papá era un flojo que no trabajaba, era un mantenido de la abuela de la menor, quien era una malagradecida; y desconectó el teléfono de la casa, pues la menor víctima había recibido una llamada telefónica de su progenitor. El nueve de octubre de dos mil veinte, la menor víctima le dijo a la imputada que se iría con su papá, contestándole que no, y la víctima le dijo que era una grosera; enseguida la imputada golpeó con una mano en la boca a la pasivo, por lo que la menor víctima se puso a llorar; y a consecuencia de estos hechos, la menor cursa un estrés agudo. Hechos que la Agente del Ministerio Público estimó constituían el delito de violencia familiar, previsto en los artículos 404 y 404 BIS, fracciones I y II; y sancionado por el numeral 405, primer y tercer párrafo, del Código Penal del Estado de Oaxaca (00:09:13 a 00:09:44 minutos del archivo 007240_2021_P01). Enseguida, después de que la representación social y el asesor jurídico de la víctima solicitaran la vinculación a proceso de la imputada, el Juez de Control le preguntó si haría uso del plazo constitucional y su ampliación, o en su caso, si quería que su situación jurídica fuera resuelta en ese momento; contestando que haría uso del plazo constitucional ampliado (01:07:06 a 01:08:27 minutos del archivo 007240_2021_P04). Así, la defensa aportó diversos datos de prueba para sustentar su teoría del caso, consistentes en: Oficio sin número emitido dentro de la carpeta de investigación 20891/FVCE/OAX/2020, signado por María Eugenia Castañón Osorio, de doce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual solicitó la intervención de peritos médicos y psicológicos para que valoraran a la menor testigo y la menor víctima (00:13:16 a 00:14:09 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:16:20 minutos 009016_2021_P02). Oficio 988 de veintiséis de octubre de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación 20981/FVCE/OAXACA/2020, firmado por Concepción Matías Hernández, Agente del Ministerio Público de la mesa XII del Sector Metropolitano, por el que remite copia cotejada de las declaraciones de las menores en cuestión, recibidas en dicha carpeta de investigación, a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género, en donde señala que dicha carpeta se inició por hechos supuestamente de violencia, cometidos contra el representante de la víctima; esto el nueve de julio de dos mil veinte (00:14:10 a 00:15:10 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:17:52 minutos 009016_2021_P02). El acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, derivado del expediente 164/2020, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, relacionado con la guardia y custodia provisional establecida por el Juez Civil, a través del cual las partes acordaron, entre otras cosas, la guardia provisional a favor de la quejosa; así como el régimen de convivencia con el progenitor no custodio (00:15:13 a 00:16:40 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:19:29 minutos 009016_2021_P02). Acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno dictado en el expediente 164/2020, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el que el Juez relata la conducta del progenitor custodio, y acuerda un escrito de éste mediante el cual manifiesta que la menor víctima se niega a quedarse con su madre, lo que relaciona con diversas conductas de ésta; aseveraciones que el Juez tuvo por no justificadas, en virtud de la importancia que debe darse a las convivencias de la menor con su progenitora; y al no acreditarse que se hubiera dado la convivencia, ordenó al progenitor presentar a la menor en las instalaciones del DIF, los días que correspondan a la convivencia de la menor con su madre, debiendo ésta regresarla en ese lugar; y apercibió al contumaz con la imposición de arresto por cuatro horas (00:20:59 minutos 009016_2021_P02). Dictamen psicológico de nueve de julio de dos mil veinte, emitido dentro de la carpeta de investigación 20983/FMUJ/UDVF/2020, derivado de la valoración psicológica a la que fue sometida la quejosa con motivo de la denuncia que presentó contra el representante de la víctima el nueve de julio de dos mil veinte, por hechos suscitados el ocho de julio del mismo año (00:16:41 a 00:17:25 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:25:54 minutos 009016_2021_P02). Declaración de la menor M.L.S.C., de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, emitida ante el Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, en la carpeta de investigación 31637/FMUJ/UDVF/2020, en compañía de su progenitora, con motivo de la denuncia que presentó contra el representante de la víctima, de la que dice se advierte fue llevada de manera obligatoria a declarar contra su madre los días doce y trece de octubre de dos mil veinte; declaraciones que en copia certificada dieron origen a la causa penal (00:17:26 a 00:18:30 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:31:05 minutos 009016_2021_P02). Dictamen psicológico de la menor M.L.S.C., de ocho de febrero de dos mil veintiuno, derivado de la declaración de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación 31637/FMUJ/UDVF/2020, de cuyo contenido se aprecian las declaraciones relativas al trato recibido por la quejosa y la forma en que fue llevada a declarar por su progenitor (00:18:32 a 00:19:12 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:38:22 minutos 009016_2021_P02). Sentencia de amparo dictada en el juicio 757/2020 del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, de treinta de abril de dos mli veintiuno, mediante la cual se concedió el amparo a la imputada, aquí quejosa, para que el Juez Familiar realizara los actos necesarios dirigidos al cumplimiento del régimen de convivencia entre ella y su menor hija R.S.C. (00:19:13 a 00:19:53 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:45:17 minutos 009016_2021_P02). Disco compacto que contiene siete audios, derivados de la entrevista realizada por el auxiliar de la defensa, de los que se advierte la forma en que la menor víctima hace reclamos contra la representada, y en algunos de ellos la menor M.L.S.C., le reclama que fue llevada mediante engaños a declarar contra su madre (00:19:54 a 00:20:33 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:47:56 minutos 009016_2021_P02). Disco compacto que contiene un video, derivado de la audiencia de escucha de menores, celebrada el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el Juzgado Segundo Familiar, con la Juez, el Secretario, Agente del Ministerio Público y una Psicóloga, en la que se advierten las verdaderas razones por las cuales la víctima R.S.C. denunció a su madre, apreciándose que ello obedeció a la manipulación por parte de su progenitor; en donde además se modificó la custodia provisional y se decretó un régimen de convivencia con la quejosa, mismo que a decir de la defensa no se ha cumplido (00:20:34 a 00:21:43 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:57:10 a 01:04:26 minutos 009016_2021_P02; 00:00:00 a 00: 20:09 9016_2021_P03; y 00:00:00 00:17:18 9016_2021_P04). Datos de prueba con base en los que la defensa pretendió sustentar su teoría del caso, misma que hizo consistir en que no existió ninguna situación de violencia por parte de la imputada hacia su menor hija, pues el hecho derivó de un conflicto de naturaleza familiar trmaitado ante el Juzgado Segundo Familiar, en el que se tramitan cuestiones relativas a la guardia y custodia de la menor agraviada y su hermana; y que el progenitor de la menor, ha utilizado a la menor pasivo como instrumento para impedir que conviva con su madre (quien es imputada en la causa penal de origen); y ha obligado a sus hijas a declarar contra su madre ante la Agente del Ministerio Público (00:08:04 a 00:12:02 minutos del archivo 009016_2021_P01). Así, el tres de junio de dos mil veintiuno, el Juez de Control responsable procedió a resolver la situación jurídica de la imputada y dictó auto de no vinculación a proceso en su favor (00:00:00 a 00:40:25 minutos del archivo 009016_2021_P05). Contra dicha determinación, el representante legal de la menor víctima, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, misma que mediante resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTP/150/2021, declaró fundado el recurso y dictó auto de vinculación a proceso contra la quejosa Liliana Denisse Castellanos Velasco, por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de la menor R.S.C. (fojas 85 a 97 del toca penal JOTP/150/2021). Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Refiere la quejosa que se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, así como el de seguridad jurídica y legalidad, previstos en los artículos 4, 14, 16 y 17, de la Constitución Federal, pues la responsable no resolvió con perspectiva de género, dado que erróneamente justifica la existencia de un hecho con apariencia del delito de violencia familiar, argumentando que la situación de vulnerabilidad es frente al padre de sus hijas y no frente a la menor víctima R.S.C. Aduce que la Sala limita el estado de vulnerabilidad en que se encuentra frente a las conductas del padre de sus hijas, a una aparente asimetría únicamente respecto del tercero interesado, sin tomar en cuenta que siendo éste el representante legal de su hija, quien llevó a la menor a que presentara denuncia en su contra, pasa por alto el contexto en que se suscitaron los hechos materia de la imputación, las circunstancias en las que se obtiene la grabación del audio y el motivo por el cual la menor víctima realizó sus manifestaciones ante diversas autoridades, lo que se traduce en su deseo de vivir con su papá, pero evidencia que se encuentra influenciada por éste y la causa que lo origina es el conflicto familiar, dada la violencia ejercida por el tercero interesado. Señala que la Sala se limitó a enfatizar diversas frases expresadas en el audio comunicado por la Fiscalía, pero pasó por alto que al inicio de la grabación, se apreció que la molestia de la menor víctima era porque en ese momento no la dejó hablar con su papá pues estaba conectada a sus clases y luego debía ingerir sus alimentos, lo que motivó que su hija se exaltara y tuviera que corregirla; sin que pretendiera causarle daño alguno, ni emocional ni físico, pues jamás les ha pegado; y si en la fecha indicada le negó hablar con su padre, fue porque estaba cansada de que en cualquier momento las vigilara a través de la menor víctima, a pesar de que eran días que no le correspondían las convivencias. Aduce que la Sala responsable no realizó un análisis con perspectiva de género respecto de sus menores hijas, al menospreciar el estado de vulnerabilidad en el que se encontraban frente al tercero interesado, quien abusó de su inocencia para que depusieran en su contra. Señala la quejosa que la resolución reclamada violentó su derecho de audiencia, seguridad jurídica y legalidad previstos por los artículos 14 y 16 Constitucionales, al valorarse indebidamente los datos de prueba que fueron aportados en la audiencia inicial, causando un desequilibrio entre las partes, pues no lo hizo con base en los principios del sistema penal acusatorio. Lo anterior, pues contrario a lo indicado por la Sala en la resolución combatida, debió contrastar la información vertida por su defensa mediante la cual se corrobora su condición de vulnerabilidad frente al tercero interesado. Asevera la quejosa que la Sala, no obstante advertir la influencia que ejerce el padre sobre su hija, da credibilidad a su dicho sin detenerse a realizar una valoración en el contexto del conflicto familiar en el que se suscitaron los hechos en la audiencia de la escucha de menor, en la que la propia psicóloga apreció lenguaje no propio de ella, si no de influencias de otra persona. Dice la quejosa que la Sala responsable pasó por alto que en la audiencia de vinculación solicitó no se tomaran en cuenta las declaraciones de sus menores hijas, pues fueron recepcionadas por Agentes del Ministerio Público que no estaban a cargo de la carpeta de investigación que había iniciado el padre de sus hijas por supuesta violencia familiar en su contra; y no obstante que no tenían relación con los hechos, fueron tomadas en dicha carpeta de investigación sin cuidar las formalidades, puesto que el consentimiento que se dice otorgó el padre no se hizo dentro de la carpeta de investigación; y a pesar de ello la Sala les concedió valor probatorio, aduciendo que se pudo haber solicitado la exclusión probatoria, lo que se pidió en el momento procesal oportuno. Dice la quejosa que la Sala responsable violenta en su perjuicio lo establecido en el artículo 19 y 20, apartado B, de la Constitución Federal, pues al analizar la violencia física incurrió en un error, ya que contrario a lo que sostuvo, el ambiente familiar en el que refiere se desarrolla la menor víctima, no es su domicilio, dado que el audio ofrecido por su defensa es de meses posteriores en los que el tercero interesado tuvo la custodia de su hija. Así, señala que la responsable resolvió sin analizar las circunstancias que rodearon el hecho materia de imputación, ya que al no darle estimación probatoria a las documentales que evidenciaron la existencia de un conflicto de naturaleza familiar, en el que el demandado ha influenciado a sus hijas para que depusieran en su contra, implicó que no realizara una valoración conjunta de los datos de prueba aportados en la audiencia inicial; y al no contrastar la declaración de su diversa menor hija, impide a la responsable percatarse que los hechos que se le atribuyeron no son penalmente relevantes. Dice la quejosa que se turna subjetivo lo que aduce la Sala, en el sentido de que, en grado de probabilidad, se actualizó el delito de violencia familiar previsto en el artículo 404 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, al presumir que ejerció violencia sobre su hija que le provocó alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima; o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica, entre ellas depresión, aislamiento, devaluación o incluso el suicidio. Apreciación subjetiva que refiere hizo la Sala responsable, dado que no existe dato de prueba que así lo determine, menos el dictamen psicológico realizado respecto de su menor hija, porque en sus conclusiones se aprecia que se encuentra afectada no sólo por la presuntiva violencia, si no en mayor medida por el conflicto de naturaleza familiar en la que se encuentra inmersa; y que las alteraciones emocionales derivaron de un hecho aislado, concreto y diferente, que la menor hizo consistir en el día en que la policía sacó a su papá de su casa, por lo que el dictamen psicológico en mención no es suficiente para establecer que la afectación deriva de la supuesta violencia familiar que se le atribuye; además en dicho dictamen no se aprecia que la violencia sea atribuible a la quejosa o al ambiente en el que se desarrolló al lado de su padre. Dice la quejosa que no se actualiza la violencia física aludida por la responsable, pues contrario a lo que sostiene en la resolución reclamada en el sentido de que ello se deduce de la declaración de la víctima y del testimonio rendido por su hermana; omitió valorar la declaración y el dictamen psicológico aportado por su defensa, de donde se advierte que dicho testimonio fue obtenido de manera obligada y que es el padre de las menores quien le mete ideas en la cabeza a su hermana, razón por la que fue denunciada por la menor víctima. En relación a lo anterior, aduce que no existe diverso dato de prueba que corrobore la violencia física; menos las declaraciones de los padres del tercero interesado, quienes narraron hechos que no fueron materia de la imputación y la Sala erróneamente los tomó en cuenta para corroborar esa violencia, cuando de su contenido sólo se aprecia señalan el supuesto carácter de la imputada, lo que se torna subjetivo. Señala la quejosa que la Sala no analizó los datos de prueba que aportó, pues al ocuparse del hecho que la ley señala como delito, estableció: ". Así las cosas, al advertirse de los datos de pruebas citados, la existencia del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, resulta innecesario el análisis de los restantes agravios así como de los datos de prueba que no se hayan relatado pues a nada práctico conduciría, si con lo aquí considerado se advierte la existencia del hecho.". Que con lo anterior se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues de haber valorado de manera conjunta los datos de prueba, la Sala habría resuelto la prevalencia de la proposición fáctica de la defensa. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9 son INFUNDADOS, porque contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa, la Sala responsable realizó un análisis con perspectiva de género al determinar revocar la resolución recurrida y dictar en su contra auto de vinculación a proceso, por la probabilidad de que intervino en la comisión del hecho calificado por la ley como delito de violencia familiar, en agravio de su menor hija R.S.C. En efecto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, ratificada por México el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, cuya publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; asimismo, establece que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, lo cual revela la preocupación del conglomerado de organismos internacionales, porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. De esta manera, la adopción de la convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. Al respecto, el numeral 2° del aludido instrumento internacional, establece que la violencia contra la mujer incluye la denigración física, sexual y psicológica a que generalmente son sometidas en diversos ámbitos, entre ellos incluso en las relaciones con el Poder Estatal. En congruencia con ello, el precepto 4° de la instrumentación internacional en consulta, establece el derecho de las mujeres al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, y el derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley, así como el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. Asimismo, jurisprudencialmente se ha sostenido que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método dirigido a detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como las mujeres, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación. Lo... ... Ahora, en los motivos de disenso en análisis, la quejosa esencialmente asevera que la Sala responsable omitió estudiar el auto de no vinculación a proceso dictado en su favor por el Juez de Control, con perspectiva de género, a efecto de establecer su situación de vulnerabilidad frente al tercero interesado; así como el contexto familiar en el que la menor víctima R.S.C. acudió a denunciarla, a su decir, influenciada por su progenitor. Sin embargo ello no es así, pues la Sala responsable sí llevó a cabo un estudio de la resolución puesta a su consideración, con perspectiva de género, pues en la determinación reclamada, se aprecia el apartado denominado "b) Análisis con perspectiva de género" , señaló que la obligcación de los órganos jurisdiccionales de realizar dicho estudio, es identificar alguna situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestión de género impida impartir justicia de forma completa e igualitaria. Dijo la autoridad responsable, citando las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia plasmadas en la tesis 1a. XXIII/2014 (10a) de la Primera Sala, que dicho análisis permite identificar si existen situaciones de poder, las cuales, por cuestiones de género, den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas en virtud de condiciones de sexo o género. Así, advirtió que la víctima se encontraba en estado de vulnerabilidad en relación con su padre, no respecto de la quejosa. Y tuvo por acreditado que si bien el progenitor impidió la convivencia; y generó una posible influencia hacia sus hijas, que derivó en conductas por las cuales no permitieron a la quejosa una relación de noviazgo y sí a su padre; lo que implica un estereotipo por razón de género. Además, la Sala responsable concluyó que a pesar de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la quejosa, no le era permisible descargar sus rencores en su menor hija R.S.C.; y en consecuencia, no podía excluir la existencia del delito; aunado a que la situación de desventaja era respecto al progenitor y no con la menor víctima. Conforme lo expuesto por la Sala Penal, es evidente que si bien la quejosa podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad, ello debe entenderse dentro del contexto familiar en que vive, derivado del conflicto de intereses surgido de los procesos de naturaleza familiar en los que se pretende establecer un régimen de convivencia y la guardia y custodia de sus menores hijas; esto como se desprende de las documentales que la quejosa ofreció como datos de prueba dentro del plazo constitucional ampliado ante el Juez de Control responsable, de cuyo contenido se advierte: El acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, derivado del expediente 164/2020, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el cual las partes acordaron, entre otras cosas, la guardia provisional a favor de la quejosa; así como el régimen de convivencia con el progenitor no custodio (00:15:13 a 00:16:40 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:19:29 a 00:20:57 minutos del archivo 009016_2021_P02). Acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno dictado en el expediente 164/2020, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el que el Juez relata la conducta del progenitor custodio, y acuerda un escrito de éste mediante el cual manifiesta que la menor víctima se niega a quedarse con su madre, lo que relaciona con diversas conductas de ésta; aseveraciones que el Juez tuvo por no justificadas, en virtud de la importancia que debe darse a las convivencias de la menor con su progenitora; y al no acreditarse que se hubiera dado la convivencia, ordenó al progenitor presentar a la menor en las instalaciones del DIF, los días que correspondan a la convivencia de la menor con su madre, debiendo ésta regresarla en ese lugar; y apercibió al contumaz con la imposición de arresto por cuatro horas. (00:20:59 a 00:25:52 minutos del archivo 009016_2021_P02). Así, como lo expresó la autoridad responsable, la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la quejosa no es un obstáculo para verificar si la quejosa materializó la conducta que la Fiscalía le imputó como constitutivo del hecho calificado por la ley como delito de violencia familiar, cometido en agravio de su menor hija R.S.C. Esto, pues a pesar de que aduzca la omisión de la Sala responsable de analizar el contexto familiar en el que la menor víctima emitió la declaración en la que manifestó el hecho imputado, del cual afirma se deduce que el progenitor (tercero interesado) influenció a la pasivo y a la menor testigo para que declararan en su contra; que omitió tomar en cuenta las circunstancias en las que se obtuvo la grabación ofrecida por la representació social; que enfatizó diversas frases expresadas en dicho audio, cuando de ella se apreció que la corrección realizada a su hija fue con motivo de su exaltación al no dejarla hablar por teléfono con su papá pues se encontraba conectada a sus clases y enseguida debía ingerir sus alimentos; que se encontraba cansada de que el progenitor utilizara a la menor víctima para vigilarla; y que no analizó las documentales que evidencian la existencia de un conflicto de naturaleza familiar del que surgió la influencia del progenitor hacia las menores para que declararan en su contra. Tales aseveraciones no tiene el alcance para establecer que en virtud de esa influencia, las menores no tuvieron la capacidad de expresarse libremente al momento de narrar los hechos motivo de la denuncia y que dieron lugar al proceso penal en el que la quejosa tiene el carácter de imputada. Por el contrario, la menor víctima R.S.C., declaró ante la representació social el doce de octubre de dos mil veinte, en presencia de su representante legal y la psicóloga de acompañamiento Alejandra Garnica Cruz (00:29:47 a 00:35:48 minutos del archivo 007240_2021_P02), de cuyo contenido se advierte que, previo conocimiento que se le hace en relación a la facultad que tiene de abstenerse de declarar por tratarse la imputada de su madre, manifestó que vive en la calle Emiliano Zapata, Ex Hacienda Candiani sin número, frente a "Laminados Alonso"; señaló que el nombre de su padre es Luis Armando Santibáñez Villanueva y su madre Liliana Denisse Castellanos Velasco; asimismo indicó que tiene una hermana. La menor refirió que denunció a su mamá porque es muy grosera con ella pues le pega, le grita, le dice groserías. Dijo que un día grabó un audio; y a pregunta expresa de la psicóloga en relación a la fecha en que lo hizo, respondió que "la semana pasada", por lo que la psicóloga le mostró un calendario y la menor señaló el siete de octubre de dos mil veinte, fecha en que refirió que su mamá le dijo "ya Renata"; que a su mamá no le gusta que hable con su papá. Refirió que su papá le marcó y corrió a contestarle, pero su mamá le quitó el teléfono y le dijo a su papá que le marcara otro día y enseguida desconectó el teléfono para que no hablara con él. Después escondió el celular negro que tenía atrás del sillón que está en la sala y se puso a jugar con él, pues su mamá es muy grosera y le da miedo. Señaló que su mamá le dijo que era una estúpida, que su papá era un flojo, no trabajaba y era un mantenido de su abuela y que era una malagradecida, a lo que mencionó no encontrarle sentido, pues sólo quería hablar con su papá. Indicó no recordar que más le dijo su mamá, pero que lo grabó y se lo mandó a su papá para que lo escuchara; y estuvieron enojadas tres días. Narró que el viernes nueve de octubre de dos mil veinte su mamá le dijo que si no acababa sus tareas no iría con su papá; y es que un día se le olvidaron sus tareas; y ya tenía tiempo que decía que quería vivir con su papá, no con su mamá. Refirió que el viernes nueve de octubre de dos mil veinte, se iría con su papá y su mamá le dijo que no, que era tarde, pero apenas íbamos a comer y le pidió dinero para ir a jugar, a lo que respondió que no, por lo que la menor le comentó que era una grosera y su mamá le pegó en la boca con su mano. Señaló que su mamá les pegó a ella y a su hermana, pues en una ocasión le pidieron agua y les respondió que se fueran y les pegó con sus manos; la víctima señala que le pegó en su brazo izquierdo y le dejó marcadas sus uñas, y le tomó unas fotos con su reloj inteligente. Dijo que su mamá siempre les pega cuando regresan de ver a su papá, quien sólo les llama la atención; que con su mamá no puede dormir y se siente insegura. Que le da miedo decir cosas frente a ella pues le pueda pegar. Por su parte la menor testigo M.L.S.C., declaró el doce de octubre de dos mil veinte, en presencia de su representante legal y la psicóloga de acompañamiento Alejandra Garnica Cruz (00:35:48 a 00:40:11 minutos del archivo 007240_2021_P02), quien previa información sobre su derecho de abstenerse de declarar, lo que se le hizo saber con palabras acordes a su edad, decidió hacerlo. Al preguntarle su nombre refirió el mismo de forma completa; al cuestionarla sobre su edad dijo tener seis años, sin recordar cuándo es su cumpleaños; asimismo que su mamá es Liliana Santibañez Castellanos y que su hermana vive con su papá en otra casa; asimismo mencionó el nombre completo de su hermana; y señaló saber leer y escribir poco. En relación a los hechos la menor señaló que su hermana y ella quieren estar con su papá; al preguntarle la razón respondió que prefiere a su papá, pues su mamá las regaña mucho; que les escondió un secreto y al cuestionarle sobre cuál dijo que su mamá dijo que jamás iba a tener novio; que su abogado le gusta a su mamá y que siempre que le llama su abogado a su mamá siempre se va con el a su cuarto o a su carro de su mamá; que todos los días casi siempre las deja con su abuela. Se le preguntó cómo se llama su abuela, respondiendo Chepi Castellanos; que su mamá va a hablar con el abogado y que a veces va muchas cosas que casi no les dice. Le piden a la niña que cuenten cómo le pega su mamá y responde que le pega en los brazos; se le cuestiona con qué le pega y señala que con su mano. Al preguntarle por qué le pega su mamá responde por que se van a su cuarto y les dice que se salgan de su cuarto; que la señora de la limpieza a mi mamá le da todo y van a su cuarto a buscar juguetes y su mamá dice no saber donde están. Refiere que no le gusta que su mamá hable por teléfono en su cuarto. Se le preguntó en qué otra parte de su cuerpo le pega su mamá y responde que en su pierna, dándose un golpe en su pierna derecha, y al preguntarle con qué le pega su mamá dijo que con su mano. Enseguida la menor manifestó que su mamá no la deja hablar con su papá y les dice "apúrense niñas, dile que te llame en la noche, vámonos" y nos despedimos rápido porque iban a un curso. Le preguntaron a la menor quién le daba de comer, respondiendo que a veces su abuela la mamá de su mamá, quien dijo se llama Chepina; y en otras ocasiones su mamá. También dijo que su mamá le pega mucho a su hermana Renata; quien al preguntarle en dónde le pega dijo que en el brazo y a veces le deja rojo. Se le preguntó por qué su mamá le pega a su hermanita y refiere no saberlo. Y se le preguntó si deseaba contar algo más, respondiendo que era todo. Con base en lo declarado por las menores, es evidente que sus testimonios tienen el alcance de acreditar, en grado de probabilidad, el hecho imputado a la quejosa, pues se consideran pertinentes para demostrar los hechos cuya comisión se le imputaron, ya que emanan de la persona que resintió personal y directamente la conducta ilícita, así como de una diversa que lo presenció, esto es, la violencia tanto física como psicoemocional, pues al haber vivido los hechos narrados a través de sus sentidos, fueron coincidentes en señalar, de manera lógica y coherente, y acorde a su minoría de edad, las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la que se llevaron a cabo; máxime que no fue ofertado en la carpeta de investigación dato de prueba que ponga de relieve algún vicio que reste valor a lo manifestado por las menores. Además, no debe pasarse por alto que las conductas y acciones reprochadas a la progenitora, consistentes en las agresiones físicas y acciones verbales insultantes hacia su menor hija R.S.C., configuran el hecho que la ley califica como delito de violencia familiar; conducta que generalmente ocurre en ausencia de testigos. Por ello, la narrativa criminal expuesta en las entrevistas resulta creíble, en razón de que no se contradicen, sino que se complementan en sus aspectos esenciales en el modo, tiempo y lugar, al ser coincidentes en cuanto a las discusiones, golpes y malos tratos que existían dentro del seno familiar ocasionados por la imputada en la fecha en que se suscitó el hecho cuya comisión se le atribuye. Debe añadirse que, debido a los hechos de maltrato denunciados por la menor víctima y corroborados por la menor testigo, pudiera resultar lógica la existencia de un posible grado de aversión de ellos hacia la quejosa, a pesar de ello, lo declarado por ellas merece confiabilidad, porque hasta ese momento no se demostró que las entrevistadas hubieran sido aleccionadas, sobornadas u obligadas a declarar en los términos en que lo hicieron, dado que no se trata de datos de prueba aislados o singulares, sino que están adminiculados con otros datos de prueba, con base en los cuales se demostró no sólo el hecho delictuoso de violencia familiar, sino que también resultaron aptos y suficientes para tener por acreditada la probable participación de la quejosa en su comisión. En efecto, corroboran el dicho de la menor víctima y la ateste, las valoraciones psicológicas realizadas a la víctima R.S.C. y a su hermana M.L.S.C., las cuales fueron video grabadas por un perito fotógrafo del Instituto de Servicios Periciales, de las que fueron reproducidos fragmentos seleccionados por la representación social y con base en las cuales se emitieron los respectivos dictámenes psicológicos (00:42:10 a 00:44:12 minutos del archivo ... Respecto de la menor M.L.S.C., concluyó que no presentó alteraciones de la consciencia, psicomotoras o de la percepción; así como ilusiones, alucinaciones o ideas delirantes que comprometa su capacidad de juicio; que presenta un problema psicosocial relacionado con el sistema legal y el crimen; cursó con un estado de estrés agudo al cumplir con los criterios diagnósticos por experiencia directa del suceso traumático, presencia de recuerdos angustiosos recurrentes del suceso, esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos y sentimientos angustiosos relacionados con el suceso traumático; la alteración causa malestar significativo, por lo que la perito sugirió seguimiento psicológico en la modalidad de terapia de juego. Y en torno a la valoración de la menor víctima R.S.C., la perito concluyó la existencia de exposición a un suceso estresante experimentado de manera directa, con recuerdos recurrentes intrusivos del suceso traumático que generan malestar persistente; además de estigmas y síntomas que describe que en la niña prevalece exposición a violencia entre las figuras parentales y hacia sí misma por parte de la figura materna; existe malestar psicológico intenso y prolongado en respuesta a factores internos o externos que se parecen a un aspecto del suceso estresante; existe un estado de ánimo negativo, tristeza, miedo, infelicidad posterior a los hechos vividos; que los síntomas han cumplido con un umbral clínico superior al esperable, y disfunción psico emocional en el área escolar, personal, social y emocional; que el factor de estrés inicial deriva en diversos sucesos estresantes, por lo que el cursor de los síntomas se encuentra presente y continuo; descartando origen orgánico de los síntomas ni son la exacerbación de algún problema psiquiátrico persistente, por lo que cumplió con criterios de estrés agudo. También concluyó la perito que no presentó trastorno psicótico ni alteración mental que comprometan los procesos cognitivos superiores; además no evidenció conductas que aportaran indicios asociados a problemas de conducta; no cumplió con criterios clínicos de retraso mental; cumplió con criterios clínicos de estrés agudo a causa de la conflictiva familiar que ha vivenciado; y de las manifestaciones de violencia de la figura materna; que debe recibir atención psicológica en la modalidad de psicoterapia de corte humanista por especialista en población infantil. Con las opiniones técnicas se tiene por demostrado que en la fecha en que fueron practicadas, se advirtió una afectación emocional en la ofendida y que ello fue derivado de las agresiones ocasionadas por la aquí quejosa; aspecto que guarda relación con lo declarado por la víctima y la testigo en sus entrevistas, pues ambas coinciden en exponer las conductas de las que fue objeto la pasivo en la temporalidad precisada. Máxime que que la pericial en materia de psicología, dada su naturaleza, es una prueba idónea para acreditar la violencia familiar, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos. En abono a lo anterior, se resalta que cualquier tipo de maltrato o castigo tendente a causar cierto grado de dolor o malestar, así como a menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, atenta contra su dignidad personal, en razón que constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante; aspecto que no encuentra justificación como método correctivo o de disciplina para la niñez y que por ello no puede ser tolerado en una sociedad democrática como la nuestra. Sobre el particular, se invoca, en lo conducente, la tesis 1a. XLIX/2020 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal del país 27 , que textualmente dice: "CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.- Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre.- Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en ningún ámbito.- Justificación: En nuestro derecho interno, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a un sano desarrollo integral, y en consonancia con ello, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones VII y VIII, reconoce los derechos de los menores de edad a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal; mientras que el precepto 103 de la misma ley obliga a quienes ejercen la patria potestad, a protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. De igual manera, en el corpus iuris internacional, entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece el derecho del infante a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales No. 8 y No. 13, definió al castigo corporal o físico como "todo castigo en el que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve". Lo anterior da cuenta de que los menores de edad deben gozar de una protección reforzada respecto de su integridad personal (psico-física) en orden a su sano desarrollo integral, que exige no justificar como método de corrección o disciplina, el uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra forma violenta, cruel o degradante con ese fin. Asimismo, "la frecuencia", "la gravedad del daño" y "la intención de causar daño", no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Ello no significa rechazar el concepto positivo de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no violentas y participativas. Esta Primera Sala es consciente de esta problemática sobre el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de asimilar la violencia que se vive en este país. Por lo que, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como apremiante la necesidad de erradicación de esas formas de disciplina." ... Igualmente abonó a demostrar la realización del hecho por parte de la quejosa, el audio proporcionado por el representante legal de las menores recibido en su teléfono celular y enviado por la menor R.S.C., relativo al momento en que fue agredida verbalmente por la imputada, de diez de octubre de dos mil veinte, el cual fue obtenido del teléfono indicado, por un perito en extracción de datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con el que rindió el dictamen correspondiente, con el cual además exhibió capturas de pantalla de la forma en que realizó la aludida extracción (00:22:15 a 00:25:59 minutos del archivo 007240_2021_P01; y 00:00: a 00: 29:40 minutos del archivo 007240_2021_P02). Así, se insiste, aún y cuando la quejosa aduzca que vive en situación de vulnerabilidad, por lo que la Sala debió realizar un análisis con perspectiva de género, cuestión que asegura omitió; contrario a ello y como se evidenció en párrafos anteriores, la referida responsable realizó el estudio correspondiente, advirtiendo la existencia de dicha situación de vulnerabilidad, pero respecto del progenitor, no de la menor víctima; aunado a que como también lo indicó la responsable, ello no tiene el alcance para excluir la comisión del hecho de naturaleza delictiva atribuido a la quejosa, el cual quedó corroborado, en grado de probabilidad, principalmente con las declaraciones de la menor víctima, la ateste y las valoraciones psicológicas de que fueron objeto. Por ello, también como se precisó, el concepto de violación 9 es infundado, puesto que contrario a lo que afirma la quejosa, de los datos de prueba relacionados en párrafos anteriores (declaración de las menores víctima y testigo; dictamenes psicológicos practicado respecto de dichas menores; y audio aportado por la víctima), corroboran la existencia de la violencia física. Asimismo, la Sala sí se ocupó de analizar la declaración y dictamen psicológico, ambos obtenidos respecto de la menor testigo y ofrecidos por la defensa, a los cuales otorgó valor probatorio; sin embargo, concluyó que si bien podrían generar la posible existencia de una influencia por parte del progenitor hacia la niña víctima, ello no implicaba que los hechos denunciados resultaran falsos. Apreciación que se estima acertada, pues esencialmente del contenido del dictamen de la menor, realizado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, derivado de la declaración de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación 31637/FMUJ/UDVF/2020, se aprecian manifestaciones relativas al trato recibido por la quejosa y la forma en que fue llevada a declarar por su progenitor (00:18:32 a 00:19:12 minutos del archivo 009016_2021_P01; y 00:38:22 minutos 009016_2021_P02). Y de la declaración de la menor M.L.S.C., de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, emitida ante el Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, en la carpeta de investigación 31637/FMUJ/UDVF/2020, se aprecia que acudió en compañía de su progenitora, con motivo de la denuncia que presentó contra el representante de la víctima, de la que dice se advierte fue llevada de manera obligatoria a declarar contra su madre los días doce y trece de octubre de dos mil veinte (00:17:26 a 00:18:30 minutos del archivo 009016_2021_P01; 00:31:05 minutos 009016_2021_P02). Datos de prueba que si bien constituyen indicios dirigidos a evidenciar que la menor ateste pudo haber sido llevada a declarar por su progenitor contra su madre con engaños; no tienen el alcance para desvirtuar el señalamiento y narrativa de hechos realizado respecto de la quejosa por parte de la víctima y la testigo; ni tampoco que al declarar ante la representación social, no se condujera con verdad, como lo pretendió hacer notar la quejosa, pues esencialmente la testigo sí declaró que su madre les pega a ella y a su hermana (víctima) en los brazos con su mano; aspecto en el que coincidió con la menor víctima. Es INFUNDADO el motivo de disenso 6, mediante el cual alega que la Sala responsable pasó por alto que en la audiencia de vinculación solicitó no se tomaran en cuenta las declaraciones de sus menores hijas, pues fueron recepcionadas por Agentes del Ministerio Público que no estaban a cargo de la carpeta de investigación que habí iniciado el padre de sus hijas por supuesta violencia familiar en su contra; y no obstante que no tenían relación con los hechos, fueron tomadas en dicha carpeta de investigación sin cuidar las formalidades, puesto que el consentimiento que se dice otorgó el padre no se hizo dentro de la carpeta de investigación; y a pesar de ello la Sala les concedió valor probatorio, aduciendo que se pudo haber solicitado la exclusión probatoria, lo que se pidió en el momento procesal oportuno. Lo anterior se estima así,dado que contrario a lo aseverado por la quejosa, la Sala responsable atendió ese misma inconformidad en la resolución reclamada, pues en relación a tal argumento precisó que, de acuerdo al artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; así como el numeral 4, segundo párrafo, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, permiten obtener las declaraciones y dictámenes de la carpeta o juicio donde ya obren, a efecto de no revictimizar a los menores. Aunado a ello, el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Arti´culo 221. Formas de inicio La investigacio´n de los hechos que revistan caracteri´sticas de un delito podra´ iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Pu´blico y la Polici´a esta´n obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigacio´n de los hechos de los que tengan noticia. Trata´ndose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastara´ para el inicio de la investigacio´n la comunicacio´n que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. [.]." Conforme al precepto invocado, se deduce que es también obligación del Ministerio Público investigar los hechos delictivos de los que tenga conocimiento. Por tanto, si como se aprecia de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, la carpeta de investigación origen del proceso penal del que derivó el acto reclamado, inició mediante la denuncia realizada por Concepción Matías Hernández, Agente del Ministerio Público de la Mesa XII adscrita al Sector Metropolitano, quien remitió a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, copia cotejada de las declaraciones de las menores R.S.C. y M.L.S.C. y escrito de su representante legal (00:18:06 a 00:19:08 minutos del archivo 007240_2021_P01). Entonces, con base en el numeral invocado, la representación social se encontraba legitimada y obligada a realizar la denuncia correspondiente, si en el caso, de las declaraciones realizadas por las aludidas menores se percató de la probable comisión de un hecho calificado por la ley como delito. La cual además, con posterioridad, fue respaldado por la denuncia realizada por el representante legal de la menor víctima (aquí tercero interesado), quien compareció ante la Agente del Ministerio Público cuatro de noviembre de dos mil veinte, con la finalidad de ratificar su escrito de veintiuno de octubre de dos mil veinte, presentado dentro de la diversa carpeta de investigación 20981/FVCE/OAXACA/2020, por el que formuló denuncia contra la quejosa, por la comisión del hecho calificado por la ley como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la sus menores hijas R.S.C. y M.L.S.C. (00:19:08 a 00:20:38 minutos del archivo 007240_2021_P01). En ese sentido, es infundado el argumento en estudio, pues a pesar haberse iniciado la carpeta de investigación origen del acto reclamado por una Agente del Ministerio Público distinta a la que recibió las declaraciones de la menor víctima y la menor testigo, ello obedeció a la obligación que legalmente tienen de comunicar el hecho delictivo para proceder al inicio de la indagatoria correspondiente. También es INFUNDADO lo que aduce la quejosa en el concepto de violación 8, por el cual refirió se torna subjetivo lo que aduce la Sala, en el sentido de que, en grado de probabilidad, se actualizó el delito de violencia familiar previsto en el artículo 404 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, al presumir que ejerció violencia sobre su hija que le provocó alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima; o alteraciones en alguna esfera o área de la estructur apsíquica, entre ellas depresión, aislamiento, devaluación o incluso el suicidio. Apreciación subjetiva que refiere hizo la Sala responsable, dado que no existe dato de prueba que así lo determine, menos el dictamen psicológico realizado respecto de su menor hija, porque en sus conclusiones se aprecia que se encuentra afectada no sólo por la presuntiva violencia, si no en mayor medida por el conflicto de naturaleza familiar en la que se encuentr ai nmersa; y que las alteraciones emocionales derivaron de un hecho aislado, concreto y diferente, que la menor hizo consistir en el día en que la policía sacó a su papá de su casa, por lo que el dictamen psicológico en mención no es suficiente para establecer que la afectación deriva de la supuesta violencia familiar que se le atribuye; además en dicho dictamen no se aprecia que la violencia sea atribuible a la quejosa o al ambiente en el que se desarrolló al lado de su padre. Lo anterior, como se dijo es infundado, pues diverso a la apreciación de la quejosa, del dictamen psicológico efectuado respecto de la menor víctima por la perito de la Fiscalía, se deduce que la perito concluyó que no presentó alteraciones de la consciencia, psicomotoras o de la percepción; así como ilusiones, alucinaciones o ideas delirantes que comprometa su capacidad de juicio; que presenta un problema psicosocial relacionado con el sistema legal y el crimen; cursó con un estado de estrés agudo al cumplir con los criterios diagnósticos por experiencia directa del suceso traumático, presencia de recuerdos angustiosos recurrentes del suceso, esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos y sentimientos angustiosos relacionados con el suceso traumático; la alteración causa malestar significativo, por lo que la perito sugirió seguimiento psicológico en la modalidad de terapia de juego. Además, sí existen datos de prueba que adminiculados con el dictamen psicológico realizado respecto de la menor víctima, pueden corroborar el hecho atribuido a la quejosa, tales como las declaraciones de la agraviada y de la menor testigo, pues conforme a lo que narraron, es posible establecer que el estado emocional diagnosticado por la perito psicóloga, guarda relación con el hecho vivido, ya que la exposición directa al evento en el que, conforme a los aludidos testimonios en concordancia con el audio grabado por la menor ofendida, la quejosa ejerció violencia física y psicológica sobre la pasivo, derivó en un estado de estrés agudo, el cual, si bien como lo indica la promovente de este juicio podría estar relacionado con el contexto social en el que se desenvuelve la menor, cierto es que también tiene su origen, como lo indicó la experta, en el evento delictivo que se dice cometido por la quejosa; opinión que no fue demeritada por dato de prueba alguno aportado por la imputada. Resulta INFUNDADO el motivo de disenso 10, mediante el cual dice que la Sala no analizó los datos de prueba que aportó; apreciación errónea, pues de la resolución reclamada se aprecia que analizó la teoría del caso de la defensa y los datos de prueba que aportó para ello. Esto es así, pues señaló que para corroborar su teoría del caso incorporó la declaración de la hermana de la víctima y el dictámen psicológico que se le practicó; en torno a los cuales dijo que, por lo que hace al dictamen, le otorgó valor probatorio al haber sido emitido por una experta en la materia; y que conforme los métodos que estimó idóneos, obtuvo sus conclusiones, acordes con el dicho de la niña; y respecto a la declaración, le generó credibilidad, dado que si bien su razonamiento fue concreto en virtud de su edad (seis años), resultó racional pues narró aspectos relacionados al desarrollo de su núcleo familiar. Aunado a ello de dichas pruebas podría advertirse una posible influencia por parte del progenitor hacia la menor víctima; sin embargo, ello no significó que los hechos denunciaddos resultaran falsos. Además dijo que las diversas documentales aportadas por la quejosa, tienen como finalidad justificar la existencia de un conflicto familiar; y que el padre de la menor víctima no ha permitido las convivencias, ello estimó resultó irrelevante, dado que lo relativo al conflicto familiar y la convivencia, no modificaba el sentido la resolución al constituir eventos ajenos a la violencia atribuida a la quejosa; cuestión que en realidad era lo que debió desvirtuar. Apreciación que se considera acertada, puesto que en efecto, con independencia de que la responsable no se hubiera ocupado de valorar en particular, cada uno de los datos de prueba aportados por la quejosa, ello no modificaría que tales medios de convicción no tuvieran el alcance para desvirtuar la veracidad de los datos de prueba aportados por la representación social, ni que dado el contexto familiar en que la menor fue llevada a denunciar en su contra y la diversa menor testigo a declarar al respecto, a decir de la impetrante influenciadas por su progenitor, sus declaraciones resultaran ilegales, pues como se ha precisado en párrafos anteriores, las manifestaciones de la pasivo y la testigo se corroboran entre sí y principalmente con los dictamenes psicológicos de que fueron objetos; así como con el audio aportado por la directa agraviada, de los que se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la quejosa, probablemente, ejecutó el hecho que se le imputó. Máxime que del contenido datos de prueba aportados por la defensa (los cuales fueron relacionados y relatados en el considerando cuarto), no se logra establecer la existencia de alguna causa excluyente del delito, pues con ellos sólo pretendió establecer que el contexto familiar en el que se realizaron las declaraciones de las menores, fue derivado de la manipulación que aseguró realizó el progenitor sobre ellas, obligandolas a deponer en su contra. Sin embargo, los alcances que la quejosa pretendió dar a sus datos de prueba, no ponen en duda lo narrado por la víctima y la testigo, pues dichos testimonios, reforzados principalmente por los correspondientes dictamenes psicológicos y el audio del que se advierte el momento en que la quejosa ejerció violencia psicológica respecto de la menor víctima, permiten concluir que a nada práctico conduciría una eventual concesión de amparo dirigida a que la Sala responsable valore, en lo particular cada uno de los datos de prueba aportados por la defensa, si con ello no se desvirtúa la existencia del hecho y la probable intervención de la quejosa en su comisión, lo cual se corrobora con los datos de prueba ofrecidos por la representación social. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 4, 14, 16, 17 y 20 apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, pues no se encuentra dentro de los supuestos para tal efecto, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Liliana Denisse Castellanos Velasco, contra actos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otras autoridades. La negativa de mérito debe hacerse extensiva al acto que se reclama al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, toda vez que su actuar se hace depender del acto ordenador y no fue impugnado por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 105, consultable en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 68 del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ...contra actos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y personalmente a las demás partes.
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