Linda Monserrat Ruiz Sanchez
Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Linda Monserrat Ruiz Sanchez
Actuaciones
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por LINDA MONSERRAT RUIZ SANCHEZ, contra actos de la Directora de la Unidad Médica Familiar No. 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 886/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado lo siguiente: "UNICO.- La negativa autorizar a la quejosa el dictamen de vulnerabilidad dado el estado de gravidez, como otorgar las facilidades para el resguardo domiciliario, ya que curso con 16 semanas de gestación, por lo que al laborar en una Unidad Médica Familiar del IMSS, a donde acuden personas con síntomas de COVID, se pone en riesgo y compromete la vida del binomio madre-hijo; toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 04 tercer párrafo y 123 fracciones XIV y XV de la Constitución Federal, es responsabilidad del estado garantizar la salud y vida de sus ciudadanos, como lo señalado en el acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2 de fecha treinta de julio de 2021, específicamente lo indicado en el artículo primero fracción II, publicado en el diario oficial de la federación". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al efecto, de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que provengan de entidades no consideradas como "autoridades" por carecer de facultades para incidir en la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, la Directora de la Unidad Médica Familiar No. 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, carece del carácter de autoridad en los actos reclamados, para los efectos del juicio de amparo, toda vez que no asume una determinación unilateral con facultades decisorias y ejecutoras, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, esto es, en una situación de supra a subordinación respecto del gobernado, sino como se verá, en el caso, se trata de un conflicto obrero-patronal respecto de relaciones laborales entre el ente empleador que se refiere como autoridad responsable y la quejosa. Resulta ilustrativa para esclarecer las características del ente autoritario, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página mil novecientos cincuenta y seis del tomo III, abril de dos mil dieciséis, Décima Época, materia común, Laboral de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación.". Así como la tesis III.4o.T. J/3 (10a.), sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada a página mil seiscientos treinta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, marzo de dos mil dieciseis, materias común y laboral, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. En efecto, la Directora de la Unidad Médica Familiar No. 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. De ahí que si en la especie se pretende reclamar por la trabajadora de una Unidad Médica Familiar del IMSS, como acto de autoridad de la Directora de la Unidad Médica Familiar No. 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como ente empleador, la negativa autorizar a la quejosa el dictamen de vulnerabilidad dado el estado de gravidez, como otorgar las facilidades para el resguardo domiciliario, ya que curso con 16 semanas de gestación, es inconcuso que se constituyen actos de autoridad que en un plano de actuación del IMSS de supra-subordinación, sino que en su caso, se trata de un posible conflicto en la relación de derecho laboral existente entre la Directora de la Unidad Médica Familiar del IMSS y la quejosa, lo que acontece en una relación establecida en un plano de coordinación, que en dado caso corresponde dirimirse en otra instancia distinta al juicio de amparo. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Como así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los autos de la contradicción de tesis 127/2020. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, autorizando únicamente para recibirlas e imponerse de autos a las personas que menciona. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del mismo Pleno, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección . Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por LINDA MONSERRAT RUIZ SANCHEZ, contra actos de la Directora de la Unidad Médica Familiar No. 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 886/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado lo siguiente: "UNICO.- La negativa autorizar a la quejosa el dictamen de vulnerabilidad dado el estado de gravidez, como otorgar las facilidades para el resguardo domiciliario, ya que curso con 16 semanas de gestación, por lo que al laborar en una Unidad Médica Familiar del IMSS, a donde acuden personas con síntomas de COVID, se pone en riesgo y compromete la vida del binomio madre-hijo; toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 04 tercer párrafo y 123 fracciones XIV y XV de la Constitución Federal, es responsabilidad del estado garantizar la salud y vida de sus ciudadanos, como lo señalado en el acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2 de fecha treinta de julio de 2021, específicamente lo indicado en el artículo primero fracción II, publicado en el diario oficial de la federación". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al efecto, de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que provengan de entidades no consideradas como "autoridades" por carecer de facultades para incidir en la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, la Directora de la Unidad Médica Familiar No. 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, carece del carácter de autoridad en los actos reclamados, para los efectos del juicio de amparo, toda vez que no asume una determinación unilateral con facultades decisorias y ejecutoras, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, esto es, en una situación de supra a subordinación respecto del gobernado, sino como se verá, en el caso, se trata de un conflicto obrero-patronal respecto de relaciones laborales entre el ente empleador que se refiere como autoridad responsable y la quejosa. Resulta ilustrativa para esclarecer las características del ente autoritario, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página mil novecientos cincuenta y seis del tomo III, abril de dos mil dieciséis, Décima Época, materia común, Laboral de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación.". Así como la tesis III.4o.T. J/3 (10a.), sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada a página mil seiscientos treinta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, marzo de dos mil dieciseis, materias común y laboral, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. En efecto, la Directora de la Unidad Médica Familiar No. 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. De ahí que si en la especie se pretende reclamar por la trabajadora de una Unidad Médica Familiar del IMSS, como acto de autoridad de la Directora de la Unidad Médica Familiar No. 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como ente empleador, la negativa autorizar a la quejosa el dictamen de vulnerabilidad dado el estado de gravidez, como otorgar las facilidades para el resguardo domiciliario, ya que curso con 16 semanas de gestación, es inconcuso que se constituyen actos de autoridad que en un plano de actuación del IMSS de supra-subordinación, sino que en su caso, se trata de un posible conflicto en la relación de derecho laboral existente entre la Directora de la Unidad Médica Familiar del IMSS y la quejosa, lo que acontece en una relación establecida en un plano de coordinación, que en dado caso corresponde dirimirse en otra instancia distinta al juicio de amparo. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Como así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los autos de la contradicción de tesis 127/2020. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, autorizando únicamente para recibirlas e imponerse de autos a las personas que menciona. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del mismo Pleno, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección . Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO.
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