Lilia Colmenares Vega

Expediente 1481/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1481/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/01/2018

Partes del expediente

  • Lilia Colmenares Vega
  • Salustia Martinez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación del Secretario, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese interpuesto el recurso de queja en contra del auto dictado el veintiséis de diciembre del dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho auto; quedando firme para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente asunto se desechó de plano la demanda de amparo; el presente expediente es destruible dentro de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Comuníquese a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por LILIA COLMENARES VEGA LILIA COLMENARES VEGA, SANICTE DEL CARMEN BAILON SÁNCHEZ, SALUSTIA MARTÍNEZ REYES, INOCENCIA MARICELA MARTÍNEZ CASTELLANOS E IRMA SANDRA LUIS LÓPEZ, contra actos de los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1481/2017. Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, permite conocer, en síntesis que las quejosas hacen consistir el acto reclamado en la validación, reconocimiento o acto jurídico similar del comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de lo Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) o el nombre que legalmente tenga registrado ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, para el trienio 2018-2021, como también la toma de nota y su ejecución a favor de JUAN IGNACIO CRUZ VILLAVICENCIO, JULIO CESAR BURGUETE TOLEDO, SANDRA LEYVA ARREORTÚA, CARLOS ALFREDO GARCÍA AGUIRRE, LILIA DEL CARMEN PÉREZ BAUTISTA, PATRICIA GONZÁLEZ PERALTE, LORD DE JESÚS CASTILLO GUTIÉRREZ, CONCEPCIÓN MAGDALENA AMBROSIO SANZ, ISAAC GERMÁN QUIROZ REYES y/o Planilla Verde como integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca y/o Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal en el Estado. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5° y 6° de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Lo anterior es así, en la consideración de que los promoventes acuden en demanda de amparo, por su propio derecho, y no hay constancia de que tengan la representación sindical o bien constituyan la mayoría de la directiva o bien de los socios sindicalizados que los legitime para defender el derecho que estiman ha sido transgredido en su perjuicio. Es cierto, debe decirse que los referidos numerales 5 ° y 6° de la Ley de Amparo, en su conjunto, revelan que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley,; y que los promoventes, podrán instarlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Por otro lado, el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 376. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos". En ese entendido, bajo la circunstancia, no desconocida, de que los trabajadores individualmente considerados tienen expeditos sus derechos sindicales, como son, entre otros, los de votar y ser votado, no debe perderse de vista que los demandantes del amparo, carecen de legitimación para instar la demanda de manera individual, por no tener la representación colectiva del sindicato, lo que resulta necesario porque el acto reclamado que entraña el Registro de una toma de nota -sin haberse satisfecho las exigencias legales para el efecto, según se cuestiona- no afecta derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical, que, se repite, no encuentra su representación con los promoventes, que, por supuesto no reflejan, como ya se dijo, en todo caso, al cuestionarse la representación sindical la mayoría de la directiva o de los trabajadores que lo conforman. En cuya circunstancia, no satisfecho el apuntado presupuesto procesal, ello conduce, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, a desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 252/2009 de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la nación, consultable en la página 317 del tomo XXXI enero de 2010, Novena Época del : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto literal siguiente: TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO. Aunque el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la representación del sindicato puede ejercerla la persona que se designe en los estatutos, del artículo 49, fracción I, de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al establecer que son obligaciones de los socios en general, "conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva y los presentes Estatutos, así como los Reglamentos Interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga nuestras disposiciones estatutarias.", no deriva que los trabajadores en lo individual estén legitimados para promover juicio de amparo contra la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues dicha disposición estatutaria es insuficiente para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 356, 357, 359, 364 a 366, 368, 371, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones, de ahí la importancia del registro y la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales, de manera que la mencionada norma estatutaria no otorga la representación del ente colectivo, sino más bien impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, en tanto sólo refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia que les permite ejercer acciones entre ellos ante las instancias ordinarias para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar, pero no confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo o significa que pueda oponerse a actos de autoridad. En consecuencia, los trabajadores individualmente considerados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana carecen de legitimación para reclamar un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, como lo es la toma de nota del cambio de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una de sus Secciones, pues dicho acto no afecta derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato reconocidos por la ley están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro. Asimismo, resulta aplicable la diversa tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 700 del tomo III, mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto que sigue: SINDICATOS. TOMA DE NOTA DE NUEVO COMITE DIRECTIVO. LEGITIMACION PARA PROMOVER AMPARO EN CONTRA DE DICHA DETERMINACION. Cuando la minoría de los miembros de un comité directivo destituido de un sindicato, promueve juicio de amparo biinstancial contra la toma de nota de la nueva directiva y, conforme a los estatutos que rigen su vida interna, los acuerdos de aquel órgano de gobierno sindical deben ser tomados por mayoría de votos; al no satisfacerse tal presupuesto, ello determina la falta de legitimación para ejercitar la acción constitucional, lo cual ineludiblemente hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo; de ahí que deba confirmarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de ese mismo ordenamiento legal. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y en atención a la certificación realizada por el secretario de este juzgado, se le tiene autorizando con las facultades que confiere el artículo 12 de la ley de Amparo, únicamente a José Antonio Ramos Hernández, no así a las restantes personas que cita, toda vez que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco, a quienes se les tiene autorizando solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte promovente designando como representante común de la parte quejosa a LILIA COLMENARES VEGA. Ahora, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente para utilizar medios electrónicos, que le permita obtener copia de las constancias y documentos que obren en el presente asunto. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las demás partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las demás partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5789/2017 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante el licenciado Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe.

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