Liliana Cruz Ocotoxtle
Expediente 426/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Liliana Cruz Ocotoxtle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el capítulo 7, del Manual de Organización de los Archivos Judiciales, resguardado por el Consejo de la Judicatura, y atendiendo a que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. De igual forma, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando tercero de la interlocutoria de dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación del Secretario, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que en parte sobreseyó y en parte negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto en parte sobreseyó y en parte negó el amparo y protección de la Justicia Federal es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el escrito de la quejosa ********************, en atención a su contenido y como lo solicita, con apoyo en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvasele las documentales que refiere, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos, teniéndose por autorizado para recibirlos a la persona que menciona; por tanto, dígase que dichos documentos serán entregados de manera personal previa cita que realice con la debida anticipación, debiendo comparecer debidamente identificado con documento oficial vigente. En esa tesitura, indíqueseles que atendiendo a las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la contingencia sanitaria imperante, derivado del virus Covid-19, que se encuentran contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno de dicho Consejo, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, así como en lo establecido en los artículos 35 y 36 del diverso Acuerdo General 12/2020, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que para el ingreso a este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo General 21/2020, que prevé que el modelo de atención presencial será basado en citas, por lo que deberá generar un código QR desde la modalidad del programa "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Y con fundamento en el artículo 7 del acuerdo ante citado, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en los espacios destinados al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Deberá acudir puntualmente a la cita y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Por lo tanto, la cita que generen deberán hacerla del conocimiento de este Juzgado de Distrito, con quince días de anticipación, a fin de adoptar las medidas necesarias para que en la fecha en que genere la misma, le sea entregado el documento señalado en líneas que antecede. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico y el número de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 426/2020; y, (.)C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se reclaman actos emitidos cuya ejecución se llevó a cabo en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y su ejecución por la dirección de Regulación y Fomento Sanitario: 1.-La orden de verificación sanitaria número 20-AF-3320-01221-MD, de cuatro de marzo de dos mil veinte; 2. El acta de visita de verificación sanitaria número 20-AF-3320-01221-MD, llevada a cabo los días cuatro y cinco de marzo de dos mil veinte y, 3. El sello de suspensión de trabajos y servicios. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados, remitiendo copia certificada de las actuaciones conducentes. Po su parte, la autoridad señalada como ejecutora, dirección de Regulación y Fomento Sanitario, fue omisa de rendir su informe justificado, por lo cual, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos de ejecución a su cargo. Cuarto. Improcedencia del amparo. De conformidad con lo previsto en el numeral 62, de la Ley de Amparo, resulta obligatorio ocuparse de las causas de improcedencia que hicieren valer las partes o de las que se adviertan de oficio, en atención al carácter de orden público que les asiste. En la especie, como señala la autoridad responsable, es improcedente el juicio de amparo respecto del primer acto reclamado, consistente la orden de verificación sanitaria número 20-AF-3320-01221-MD, de cuatro de marzo de dos mil veinte, al tratarse de un acto dentro del procedimiento que no es de imposible reparación, en términos de los numerales 61, fracción XXII, en relación al 107, III, inciso b), de la Ley de Amparo. Es así porque efectivamente, la orden de verificación sanitaria, acorde con los numerales 396, 432 y 434 de la Ley General de Salud, la orden de visita conlleva a citar al destinatario para que comparezca ante la autoridad sanitaria, ofrezca pruebas y se emita una resolución, la cual será notificada al administrado; de manera que la simple orden de verificación constituye una actuación que no es definitiva ni por sí, causa una afectación de imposible reparación al gobernado, pues en todo caso, será la resolución que emita la autoridad, seguido ese procedimiento, la que determine en forma definitiva los alcances sobre los aspectos verificados; sobre todo que en la especie, dicha orden ya fue ejecutada. De ahí que si la orden de verificación es un acto procedimental que por sí no afecta derechos sustantivos de la quejosa y ya está ejecutada, el juicio de amparo deviene improcedente, por ende, debe sobreseerse respecto de tal acto. Lo cual no afecta el análisis de constitucionalidad que pueda hacerse respecto de los restantes actos reclamados, consistentes en el acta de visita de verificación sanitaria llevada a cabo los días cuatro y cinco de marzo de dos mil veinte y, la suspensión de trabajos y servicios, ya que por cuanto a estos actos, el juicio de amparo sí es procedente ya que a pesar de tratarse de actos dentro de ese procedimiento administrativo, la suspensión temporal total de trabajos o servicios, como medida de seguridad y la colocación del respectivo sello, es un acto de imposible reparación impugnable en la acción constitucional, desde su acontecimiento, no condicionado a impugnación ordinaria. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.9o.A.20 A (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2003599, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, materia Administrativa, página 1834: "INFORME DE VERIFICACIÓN PUBLICITARIA Y ORDEN DE SUSPENSIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. NO SON ACTOS DEFINITIVOS IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. De los artículos 396, 396 Bis, 432 y 434 de la Ley General de Salud, se advierte que cuando la autoridad sanitaria detecte alguna publicidad que no reúna los requisitos exigidos por la propia ley, elaborará un informe de verificación detallado donde expresará, entre otras cosas, las irregularidades detectadas en que se hubiere incurrido y que, derivado de ese informe, citará al interesado para que dentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime procedentes en relación con los hechos asentados en el informe, y que, una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas, procederá dentro de los cinco días hábiles siguientes a dictar, por escrito, la resolución que proceda para poner fin al procedimiento. Por su parte, los preceptos 402, 404, fracción VIII y 413 del mencionado ordenamiento establecen la procedencia de la suspensión de mensajes publicitarios como medida de seguridad dentro del señalado procedimiento para proteger la salud pública. Por ende, el informe de verificación publicitaria y la orden de suspensión de mensajes publicitarios emitidos por la autoridad sanitaria no son actos que gocen del principio de definitividad, ya que son intraprocesales y de seguridad sanitaria preventiva que no ponen fin a un expediente, procedimiento o instancia, por lo que no son impugnables mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la ley orgánica de dicho órgano jurisdiccional.". Quinto. Estudio de los actos reclamados. Los conceptos de violación de la quejosa son infundados. A fin de explicar lo anterior, es pertinente precisar que de las copias certificadas que remitió la autoridad ordenadora, derivadas de la orden de verificación sanitaria número 20-AF-3320-01221-MD, de cuatro de marzo de dos mil veinte, el acta de visita de verificación sanitaria llevada a cabo los días cuatro y cinco de marzo de dos mil veinte y la colocación del sello de suspensión de trabajos y servicios, las cuales tienen pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, se advierte que con motivo de la orden de visita de verificación cuyos alcances se expresan: "VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA QUE AMPARE EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. SOLICITAR Y ANEXAR COPIA DE LA ACREDITACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO QUE AHÍ LABORA (MÉDICO, NUTRIOLOGO, PSICOLOGO, ETC) INCLUIR A LA C. LILIANA CRUZ OCOTOXTLE. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN, ASI MISMO, EL MANEJO PARA EL TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. SOLICITAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, VERIFICAR CONDICIONES FISICO SANITARIAS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DEL MISMO. ANEXAR 3 EXPEDIENTES CLÍINICOS DE PACIENTES TRATADOS POR SOBREPESO Y OBESIDAD. REVISAR QUE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ESTABLECIMIENTO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE, EN CASO ENCONTRAR VACUNA ANTI-OBESIDAD, EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PROCEDER A SU ASEGURAMIENTO. ANEXAR FOLLETOS DE PUBLICIDAD. LO ANTERIOR CONFORME A LA LEY GENERAL DE SALUD EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA3-2017, PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD, LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-SSA-3-2012, QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y CONSULTORIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA, NO NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA3-2010, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE PACIENTES AMBULATORIOS, Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 004-SSA3-2012 DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. CONSIGNAR ANOMALÍAS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 402, 404, 411, 412, Y 414 DE LA LEY GENERAL DE SALUD", el cuatro de marzo de dos mil veinte, la verificadora adscrita a esa unidad, se constituyó en el establecimiento denominado Liliana Cruz Ocotoxtle, ubicado en calle C. Leandro Valle no. Exterior 501-A col Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 68000; y entendió la diligencia con Frida Vásquez Cuevas quien manifestó estar de encargada del establecimiento, sin que designara testigos, y solo se encontraba presente en el área de recepción una persona que dijo llamarse Elvia Guerrero, que manifestó no querer tener problemas en su trabajo. Que al ingresar al establecimiento cuenta con un área de recepción y sobre este observa algunas tarjetas de presentación, dentro de las que observa las tarjetas de Liliana Cruz Ocotoxtle en la que refiere ser nutrióloga, números de teléfono y el domicilio del establecimiento, tomando una de las tarjetas para anexarla al acta. Que la persona con quien entendió la diligencia le refirió que no se encontraba y la visitadora le explicó el motivo de la visita si no se encontraba la nutrióloga ella podía atender la visita o la persona de recepción. Que la misma persona con quien realizó la actuación, se metió a uno de los cubículos y luego le dijo que Liliana Cruz Ocotoxtle estaba fuera de la ciudad y que regresara al día siguiente para que ella le atendiera, y fijó entre las diez horas y diez horas con treinta minutos del cinco de marzo para ser atendida por Liliana Cruz Ocotoxtle o a quien ella designe y en caso de no presentarse ninguna persona para atenderla, tendría que aplicar una medida de suspensión de actividades debido a que no le permiten constatar condiciones físico sanitarias y documentación de la nutrióloga. Que el cinco de marzo a las diez horas, la visitadora se presentó y le abrió la puerta Elvia Guerrero y en el área de recepción ya no se encontraban las tarjetas de presentación de Liliana Cruz Ocotoxtle; a los pocos minutos se presenta Frida Vásquez Cuevas quien menciona que la nutrióloga Liliana Cruz Ocotoxtle no se va a presentar porque continua fuera de la ciudad, comunicándole la visitadora que ellas pueden permitir el acceso al consultorio, a lo que se niega una vez más. Que la visitadora le hizo saber que el artículo 400 de la Ley General de Salud deberá permitir a los verificadores el acceso y darle todo género de facilidades e informes para la verificación y ante la negativa el artículo 431 de la Ley General de Salud podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. Que después de hacerle saber eso, la persona con quien entiende la diligencia se comunica con una persona a quien llama licenciado que refiere que para ingresar al consultorio debe llevar una orden judicial y si no la presenta no le permitan el acceso; y después de colgar la llamada nuevamente le menciona que no le va a permitir el acceso porque no cuenta con una orden judicial, por lo que la visitadora le explicó la entrega de la orden de visita y los propietarios, representantes legales, responsables, encargados u ocupantes, están obligados a permitir el acceso y dar todas las facilidades e informes a los visitadores para el ejercicio de sus funciones, por lo que debe permitir el acceso atendiendo ellas la visita únicamente en el consultorio de Liliana Cruz Ocotoxtle, por lo que nuevamente se niegan. Que la visitadora nuevamente le menciona que al no permitir el acceso al consultorio, será acreedora a una multa y colocar el sello de suspensión de actividades por no permitirle constatar las condiciones físico sanitarias del lugar. Que nuevamente le fue negado el acceso. Que debido a las anomalías identificadas, al no permitirle constatar las condiciones físico sanitarias y no mostrar acreditación académica de Liliana Cruz Ocotoxtle como lo refieren sus tarjetas de presentación, con fundamento en los artículos 402, 404 fracción VII, 411 y 412 de la Ley General de Salud, por considerar que se pone en peligro la salud de las personas y para proteger la salud de la población, aplica la medida de seguridad consistente en la suspensión temporal, total de trabajos y servicios sin perjuicio de las sanciones que correspondan; colocando el sello número 910 con folio de autorización 20MSF000106A, en la pared del área de recepción. Que hace saber a la persona con quien entendió la actuación que no firmarla no invalida su validez; deja una copia del acta de visita sobre el mueble de recepción; con la mención que al inicio de la visita entregó el original de la orden. Dando por concluida el acta. Al respecto, la quejosa aduce que la orden de clausura en la modalidad de acto de molestia o actos privativos de manera temporal, no está fundada ni motivada. Argumenta que la medida de seguridad es irracional porque no existe conexión entre las consideraciones de la autoridad y el hecho de no permitirle el acceso a su oficina, porque en ningún momento se pone en riesgo la salud de las personas y dicha restricción impide que se pueda realizar cualquier tipo de trabajos o servicios a pesar de contar actualmente con la documentación legal para el desempeño profesional. Agrega que la autoridad excedió sus facultades discrecionales al no hacer valer el principio de proporcionalidad e imponerle la restricción, porque los hechos asentados en la visita de verificación no encuadran en el artículo 411 de la Ley General de Salud. Como se puntualizó al inicio, los motivos de inconformidad son infundados. Es así porque en principio, los actos reclamados, la visita en que se impuso la medida de seguridad de suspensión temporal, total de trabajos o servicios y, la colocación de un sello, son actos de molestia de orden temporal, mientras se tramita la instancia administrativa prevista en los numerales 396, 432 y 434 de la Ley General de Salud, no actos privativos, que atienden en forma inmediata y provisional a la protección de la salud de las personas, como en lo conducente se expresa en la tesis 1a. CCI/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001684, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, materias Constitucional y Administrativa, página 515: "MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA. LA SUSPENSIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS EN MATERIA DE SALUD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 404, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, RESTRINGE PROVISIONALMENTE UN DERECHO CON EL FIN DE PROTEGER EL RELATIVO A LA SALUD. Los artículos 402 y 404 de la Ley General de Salud, establecen que se consideran medidas de seguridad las disposiciones que, conforme a la propia ley y demás ordenamientos aplicables, dicte la autoridad sanitaria para proteger la salud de la población, entre otras, la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud prevista en el artículo 404, fracción VIII, del citado ordenamiento; lo cual significa que el bien jurídico tutelado por aquéllos es la salud de la población, como cuestión de orden público e interés social, pues según el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas tienen derecho a su protección. En ese sentido, la medida indicada sólo restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger un bien jurídico de mayor entidad como el derecho a la salud, por ser una prioridad de orden público y de naturaleza urgente e inaplazable.". Así como la diversa tesis 1a. CCV/2012 (10a.) de la misma Sala del Alto Tribunal, visible en el mismo medio oficial, Décima Época, registro 2001682, libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, página 513: "MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA. LA SUSPENSIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS EN MATERIA DE SALUD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 404, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, NO SE RIGE POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. La indicada medida de seguridad ordenada previamente al procedimiento administrativo correspondiente, al ser provisional, no entraña propiamente un acto privativo de carácter definitivo, pues es hasta que se dicte la resolución respectiva cuando se decide si se ordena o no la suspensión en definitiva, y considerando que es accesoria porque no constituye un fin, sino que su objetivo es preventivo, resulta claro que esta medida de seguridad no se rige por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la protección a la salud de las personas no puede sujetarse a las resultas de un juicio o procedimiento administrativo en el que previamente se respete la garantía de audiencia del gobernado afectado con la medida cautelar, sino que es preciso garantizar inmediatamente el derecho que se estima puede resultar afectado y cuya protección, en el caso concreto, es de orden público y de interés social." En esa directriz, al no permitirse a la verificadora el acceso al consultorio de la quejosa para poder constatar los diversos puntos de verificación contenidos en la orden de visita, ni aportarle aquellos de acreditación, en protección de la salud de las personas, el numeral 402 y 404, fracción VII, en relación al 411 y 412, de la Ley General de Salud, facultan a la autoridad administrativa a imponer como medida de seguridad sanitaria la suspensión de trabajo o servicio, total o parcialmente, por el tiempo necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas; de manera que al no poder realizar las verificaciones de los alcances señalados en la orden de visita, tanto en documentación, normatividad y las condiciones físico sanitarias del lugar, a pesar de haber otorgada una cita e informado de los objetivos y posibilidades para realizar la visita, si se encuentra fundada, motivada y justificada la medida de seguridad que como se precisa, atiende a la protección de la salud, que es orden público y de interés social. No es óbice a esta conclusión, que la quejosa refiera, sin demostrarlo con documento auténtico, que actualmente cuente con la documentación que ampara su desempeño profesional y que dio contestación a la orden de visita sin que la autoridad le haya dado respuesta, ya que los actos reclamados en el juicio de amparo se analizan en la forma en que quedaron demostrados al momento de llevarse a cabo y en su caso, lo relativo la falta de respuesta en el procedimiento administrativo, no cesa la medida de seguridad establecida en protección de la salud de las personas. En esa tesitura, ante lo infundado de los conceptos de violación, debe negarse el amparo solicitado. Sexto. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto del acto reclamado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)consistente en la orden de verificación sanitaria número 20-AF-3320-01221-MD, de cuatro de marzo de dos mil veinte. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (.) , por propio derecho, contra los actos que reclamó de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la dirección de Regulación y Fomento Sanitario, consistentes en el acta de visita de verificación sanitaria número 20-AF-3320-01221-MD, llevada a cabo los días cuatro y cinco de marzo de dos mil veinte y el sello de suspensión de trabajos y servicios. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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