Liliana Cauich Catzim

Expediente 1739/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1739/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Liliana Cauich Catzim

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues no se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1739/2021-I-A, promovido por Liliana Cauich Catzím. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el día siguiente a este Juzgado, compareció Liliana Cauich Catzím a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Cuarto de lo Civil, Jueces Primero, Segundo y Tercero Mercantiles, todos del Primer Departamento Judicial del Estado y de los actuarios adscritos a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad (en su correcta denominación). SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables. Así mismo, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Cuarto de lo Civil, Jueces Primero, Segundo y Tercero Mercantiles, todos del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: Todo lo actuado en el Juicio Extraordinario Hipotecario 1233/2002, promovido en su contra por Manuel Leonardo Dorantes Cámara. De los actuarios adscritos a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital (en su correcta denominación): El ilegal emplazamiento realizado en el referido expediente, y los demás efectos y consecuencias que deriven de aquellos. TERCERO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos que se reclamaron de las autoridades responsables Juez Cuarto de lo Civil (promoción 16076), Jueces Primero (promoción 16070) y Segundo Mercantiles (promoción 16074), todos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestaron en sus informes justificados. Máxime que la responsable Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, indicó que no existe en el juzgado a su cargo, procedimiento alguno promovido por el aquí tercero interesado contra la quejosa; razón por la cual, no ha ordenado emplazar, ni notificar a la impetrante. Lo anterior, aunado al hecho que como refiere la responsable, dicho órgano jurisdiccional se creó con motivo de un Acuerdo General EX23-181121-44, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, iniciando sus labores el uno de febrero de dos mil diecinueve, y el expediente al que alude la quejosa es de dos mil dos. De todo lo cual, se dio vista oportuna a la quejosa sin que a la fecha hubiera desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por inexistencia de actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables Juez Tercero Mercantil (promoción 17342) y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares (promoción 16372), ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues aunque la Juez responsable lo negó al rendir informe justificado, en él hizo manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en que surte efectos la notificación del acto reclamado a la parte quejosa, o bien, de aquel en que hubiera tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los siguientes casos: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, en cuanto al estudio preferente de esta causa de improcedencia, a cualquier otra que pudiera actualizarse, se cita la tesis III.2o.P.255 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la foja 3028, del Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 163630, que establece: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Ahora bien, se afirma que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que de la íntegra revisión de las constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil 1233/2002, que la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, remitió con su informe justificado. Las que hacen prueba plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2° de la propia ley. Se advierte el escrito presentado por la demandada LILIANA CAUICH CATZIN DE KEB ahora quejosa el siete de marzo de dos mil seis, mediante el cual, se opuso al escrito de la parte actora en el juicio mediante el cual exhibió la cédula de valor catastral del predio cuatrocientos noventa y cuatro, de la calle Cuarenta y seis por Nueve y Once, de la colonia Los Reyes, en esta ciudad. Por auto de trece de marzo de dos mil seis, se tuvo a la demandada oponiéndose al avalúo catastral exhibido por la parte actora y se declaró que no ha lugar a decretar la caducidad de la instancia, en virtud de que el juicio de referencia ya se encontraba en etapa de ejecución. Inconforme con lo anterior, la demandada LILIANA CAUICH CATZIN DE KEB y MARCOS ARIEL KEB DZUL, interpusieron el recurso de apelación. Mediante auto de veinte de marzo de dos mil seis, no fue admitida el citado medio de impugnación, así mismo, entre otras cosas, se decretó el remate en pública subasta y primera almoneda del predio marcado con el número cuatrocientos noventa y cuatro, de la calle Cuarenta y seis, de la colonia Los Reyes, en esta ciudad, y fijaron fecha y hora para que tuviera lugar la licitación en el lugar del juzgado. En contra de dicha decisión, los demandados LILIANA CAUICH CATZIN DE KEB y MARCOS ARIEL KEB DZUL, interpusieron el recurso de denegada apelación, el cual por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil seis, no fue admitido. Por auto de ocho de mayo de dos mil seis, se tuvo por presentado a los demandados LILIANA CAUICH CATZIN DE KEB y MARCOS ARIEL KEB DZUL, consignando la cantidad de veintidós mil pesos por concepto de capital prestado a favor del actor Manuel Leonardo Dorantes Cámara. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil seis, se tuvo por presentados a los demandados LILIANA CAUICH CATZIN DE KEB y MARCOS ARIEL KEB DZUL, oponiéndose a la planilla de liquidación exhibida por la parte actora. En ese sentido, se concluye que, por lo menos, desde el siete de marzo de dos mil seis, la aquí quejosa se enteró íntegramente de la existencia del juicio extraordinario hipotecario 1233/2002, promovido en su contra por Manuel Leonardo Dorantes Cámara, ventilado ante el entonces Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Juzgado que después cambió su denominación a Juzgado Cuarto Mercantil del mismo Departamento Judicial, y actualmente se continúa ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con el número de expediente 5920/2002. Por ende, desde ese momento pudo combatir los actos que ahora pretende hacer creer que desconocía. Pues la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno (foja 1), cuando ya había transcurrido en demasía el término genérico de quince días a que refiere el citado artículo 17 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional. Por ilustrativa, se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco, Tomo VII, enero de dos mil novecientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 196930, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, Tomo IX, junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." No es obstáculo a lo anterior, que del capítulo segundo de sus conceptos de violación, la quejosa hace la precisión que su nombre correcto es LILIANA CAUICH CATZIM y no LILIANA CAUICH CATZIN DE KEB, como se siguió en el juicio de origen, por lo que se trata de otra persona. Lo anterior, porque de las constancias del aludido juicio mercantil se advierte el testimonio de escritura pública con número de acta quinientos setenta y cuatro de veintinueve de diciembre del año dos mil (fojas 6 y 7 del anexo) donde se advierte que Liliana Cauich Catzín de Keb, celebró el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria junto con el también demandado Manuel Leonardo Dorantes Cámara como su esposa, estado civil que ostenta en este juicio, aunado a que en el citado escrito de siete de marzo de dos mil seis, la ahora quejosa compareció con el nombre de LILIANA CAUICH CATZIN DE KEB, agregando a su propio nombre el apellido de su esposo (Marcos Ariel Keb Dzul) precedido de la preposición "de"; lo que permite sostener sin duda alguna que efectivamente se trata de la misma persona, y por ende, se tiene la plena certeza de que fue efectivamente ella quien presentó el escrito a que se ha hecho referencia, en párrafos procedentes. De tal manera, que la circunstancia de que en algunas ocasiones la quejosa ostente el apellido de casada, compuesto con el de su cónyuge y en otras utilice el de soltera, de ninguna forma significa que se trate de dos personas distintas como ha quedado expuesto. Aún más, tampoco acreditó en este juicio que efectivamente su nombre correcto sea LILIANA CAUICH CATZIM como refiere y en todo caso, dicha situación debió hacerla valer en el juicio extraordinario hipotecario de origen, al comparecer al mismo. Apoya la anterior consideración, por el criterio que contiene, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página setecientos setenta y cinco, Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 198572, de rubro y texto: "NOMBRE DE LA MUJER CASADA. NO INDUCE A PRESUMIR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE DOS PERSONAS DISTINTAS, EL HECHO DE QUE SE AGREGUE EL PRIMER APELLIDO DEL MARIDO A SU NOMBRE Y APELLIDOS DE SOLTERA. La circunstancia de que una persona agregue a su nombre y apellidos de origen filial un apellido diferente precedido de la preposición "de", no constituye un motivo para dudar de su identidad, pues ello de ninguna manera puede inducir a sospechar que se está en presencia de dos personas distintas y que se esté tratando de efectuar una suplantación, puesto que es un uso frecuente en nuestro país que la esposa añada a su nombre y apellidos de soltera, el primer apellido del marido, antecedido de la preposición "de", así como también es frecuente que las personas que tratan al matrimonio, se refieren a la esposa con el primer apellido de su marido, o sea, que supriman el nombre completo de la señora, para llamarla simplemente con el primer apellido del esposo, sin que tal proceder pueda estimarse constitutivo de un motivo para dudar de a quién se refieren. A mayor abundamiento cabe señalar que de una simple comparación de los rasgos caligráficos de la firma estampada en el escrito de siete de marzo de dos mil seis, mediante el cual se apersonó al juicio de donde deriva el acto reclamado a oponerse del escrito de la parte actora mediante el cual exhibió la cédula de valor catastral del inmueble afecto al procedimiento y solicitó la caducidad de la instancia del procedimiento, con la impuesta en el ocurso constitucional, se advierte que se trata de la misma signatura, por lo que no da lugar a duda alguna de que se trate de la misma persona. En tal virtud, al haberse evidenciado el consentimiento tácito de los actos reclamados, lo que se estima así, por no haber promovido la demanda de amparo dentro del plazo que la ley señala para ese efecto, y no encontrarse aquéllos dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo; es inconcuso que resulta extemporánea su presentación y por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, acorde con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, de la misma ley. Lo anterior impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Ello, tiene apoyo en las Jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las página 49 y 414, de los tomos 24 tercera parte y VIII, Agosto de 1998, ambas del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo haya sido admitida a trámite por este órgano jurisdiccional, pues en ese momento sólo se contaba con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa; de ahí que, no se consideró notoria y manifiesta para estimar que se actualizaba la causa de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada con registro 202792, visible a página cuatrocientos setenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, Materia: Común, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta.". Sin que obste a lo anterior, el que no se hubiera emplazado a juicio al representante de la sucesión del tercero interesado Manuel Leonardo Dorantes Cámara, toda vez que, al haberse decretado el sobreseimiento, la presente determinación no le depara agravio alguno. Por el contrario, resulta desfavorable sólo a los intereses del promovente de la acción constitucional. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LILIANA CAUICH CATZÍM y/o LILIANA CAUICH CATZÍN DE KEB, contra los actos que reclamó de la Juez Cuarto de lo Civil, Jueces Primero y Segundo Mercantiles, todos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LILIANA CAUICH CATZÍM y/o LILIANA CAUICH CATZÍN DE KEB, contra los actos que reclamó de la Juez Tercero Mercantil y el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta capital; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INETERSADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LILIANA CAUICH CATZÍM y/o LILIANA CAUICH CATZÍN DE KEB, contra los actos que reclamó de la Juez Cuarto de lo Civil, Jueces Primero y Segundo Mercantiles, todos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LILIANA CAUICH CATZÍM y/o LILIANA CAUICH CATZÍN DE KEB, contra los actos que reclamó de la Juez Tercero Mercantil y el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta capital; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, se reservó emplazar al representante de la sucesión del tercero interesado Manuel Leonardo Dorantes Cámara, hasta que obraran en autos todos los informes justificados de las autoridades responsables, lo que ya aconteció. Ahora bien, del informe que rindió la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se aprecia que ***, tiene el carácter de cesionaria de los derechos del citado occiso y que su domicilio para oír y recibir notificaciones es el predio ***, de esta ciudad. En consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción para que se constituya al mencionado predio, a efecto de emplazarla a este juicio como tercera interesada, debiendo entregarle copia autorizada del auto de admisión y copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la referida tercera con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, que se relacionaron en proveídos de seis, once y veintidós de octubre de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Por otra parte, agréguese a estos autos el alegato ministerial 798/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la reimpresión de la constancia que se solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la tercera interesada y cúmplase.

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