Lilly María Hercila Ojeda

Expediente 2251/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2251/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Lilly María Hercila Ojeda

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO...Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de treinta de noviembre del presente año, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; y de acuerdo a la certificación de cuenta la temporalidad concedida para tal efecto ya transcurrió sin que hiciera manifestación alguna. Por lo tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por las autoridades responsables, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil veinte, por una parte se negó y por otra se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: a) El Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, de la Secretaría de Administración y Finanzas, devuelva debidamente actualizada la cantidad que pagó la aquí quejosa, en concepto de la emisión de la constancia de transporte de pasajeros para empresas de redes de transporte, mediante la factura expedida el tres de marzo de dos mil veinte. b) No les sean aplicados en el presente y el futuro lo previsto en los numerales 42, 43, 44, 45, 46 y 47, de la Ley General de Hacienda del Estado, y su aplicación, hasta en tanto sufran alguna reforma. c) Le sea devuelta la cantidad debidamente actualizada que enteró con motivo del impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social, contenido en los numerales 42, 43, 44, 45, 46 y 47, de la Ley General de Hacienda del Estado, y su aplicación, amparados en el recibo de pago de fecha tres de marzo de dos mil veinte, expedido por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en favor de la quejosa, mismo que exhibió en el presente juicio de amparo. Luego, por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, RODRIGO ORTEGA OLIVARES, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa "UBER MÉXICO TECHNOLOGY & SOFTWARE", Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de revisión en contra de la aludida sentencia, y por diverso proveído de veintiséis de enero siguiente, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, interpuso un nuevo recurso de revisión. Posteriormente, por acuerdo de fecha diecinueve de febrero del presente año, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, informó que el segundo de los recursos interpuestos fue desechado por extemporáneo. Luego, por resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida y en auto de diecisiete de noviembre pasado, se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio AAFY/DJ/CAE/1214/2021, de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, informó que en la diversa misiva AAFY/DR/R/RS/0403/2021, de fecha veintitrés de noviembre pasado, la Directora de Recaudación Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, ordenó la devolución actualizada de la cantidad que pago la aquí quejosa mediante el cheque 0424, mismo que se encuentra a disposición de UBER MÉXICO TECHNOLOGY & SOFTWARE", Sociedad Anónima de Capital Variable, en el Departamento de Orientación, Trámites y Servicios de la Dirección de Servicios al Contribuyente de esa Agencia Administrativa; determinación que se advierte le fue notificada a la parte quejosa mediante lista de estrados de veinticinco de noviembre en cita. Así, de la parte medular de la misiva señalada se observa que la autoridad responsable, en el punto cuarto considerativo señala: De lo que se advierte que está considerando los dos rubros materia de concesión: La cantidad actualizada que pagó la aquí quejosa, en concepto de la emisión de la constancia de transporte de pasajeros para empresas de redes de transporte; y La cantidad pagada por el impuesto adicional relativo. Concluyendo devolver a la parte amparista la cantidad de $539,660.00 (quinientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), la cual incluye los dos rubros antes mencionados y su correspondiente actualización; tal como se refleja en el primer resolutivo de la resolución contenida en el oficio de mérito: Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, de la Ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables, se encontraban obligadas a devolver la cantidad debidamente actualizada la cantidad que pagó la aquí quejosa, por los conceptos ya apuntados, lo que así se hizo, como se advierte de los precedentes reseñados, y así lo acreditó fehacientemente la autoridad responsable con las constancias respectivas. De ahí que se considere destruido el acto atribuido a las autoridades responsables, y por ende, se ha realizado la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional para la parte quejosa. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental establecido en el artículo 16 Constitucional, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO.Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto.Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos el sobre devuelto que contiene el oficio 26919/2021-VI-A, dirigido a la autoridad responsable TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO DE MENORES, PERSONAS Y ÓRGANOS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se libró el exhorto con número de orden 333/2021 y número de origen 149/2021 a fin de notificar a la aludida responsable el oficio 30321/2021-VI-A de veintiocho de octubre último, mediante el cual se reexpidió el diverso 23091/2021-VI-A de nueve de septiembre actual, por el que se le solicitó su respectivo informe previo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se advierte que hasta la presente fecha no han rendido su informe justificado las autoridades siguientes: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Con sede en la Ciudad de México Coordinador de Brigadas Especial del Estado de Yucatán. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación vs Covid-19 "Operativo Correcaminos". Con sede en Progreso, Yucatán Ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios en los que se les solicitó. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dichas autoridades responsables tienen sus domicilios fuera del lugar de residencia de este Juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECTRONICO Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese a los autos el escrito signado por María Alejandra Castillo Gómez, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que le fueron aplicadas al menor de edad quejoso Miguel Ángel Dzib Castillo, las dos dosis de la vacuna de Pfizer BIOnTech; circunstancia que actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público y de carácter oficioso. Por tanto, este órgano federal se encuentra obligado a tomar tal manifestación en consideración y al efecto se provee: De las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, así como la probanza que exhibió con el escrito que se acuerda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las responsables, en esencia, la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor de edad MIGUEL ÁNGEL DZIB CASTILLO, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de este año, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022, lo que pone en riesgo su salud. Sin embargo, de lo manifestado por la promovente bajo protesta de decir verdad, se aprecia que al menor quejoso ya le fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna Pfizer. Circunstancia que aconteció con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran en el estado que se encontraban anteriormente, como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. No obsta a lo anterior que el derecho que en el presente sumario se aduce violado es el relativo a la salud de un menor, circunstancia relevante a la luz del principio de interés superior de éste; empero, tomando en consideración que el acto reclamado se delimitó al servicio prestacional relativo a la vacuna de la menor quejosa, es evidente que con la conducta desplegada por las responsables correspondientes se destruye la conducta contumaz que originó el presente sumario y, por ende, se torna improcedente la acción intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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