Lilia Rosa Soberanis Ontiveros

Expediente 1286/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1286/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Lilia Rosa Soberanis Ontiveros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de mérito, remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, residente en Chetumal; y en atención a lo solicitado, se acuerda: Comuníquese a la autoridad oficiante, por la misma vía, que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, causó estado el diverso de veintiuno de noviembre del mismo año, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, por lo que se trata de un asunto totalmente concluido. Asimismo, remítase a la citada autoridad, copia autorizada de las constancias referidas, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintiuno de noviembre de la presente anualidad, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos, los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución a las autoridades responsables foráneas, ya que sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy, no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables; y en relación a las responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estrado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias enviadas por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, SE ACUERDA: Cabe precisar que el presente juicio se inició con motivo de los siguientes actos reclamados por la peticionaria del amparo: a) La orden de aprehensión emitida en su contra por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, el ocho de octubre de dos mil quince, en autos de la causa penal 38/2015, como probable responsable de la comisión del delito electoral, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal Federal, (en la hipótesis de quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores), en términos del diverso numeral 13, fracción II del Código Penal Federal. b) La ejecución de dicho mandamiento por parte del Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. Sin embargo, a consideración del suscrito juzgador, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la invocada causa de improcedencia, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". El precepto antes transcrito contempla la improcedencia del juicio de amparo, en contra de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: a) Que se trate del mismo quejoso; b) Se dirija en contra de las mismas autoridades; y c) Sea el mismo acto reclamado. Sentado lo anterior, es preciso determinar que los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por el Órgano Constitucional, aun sin la invocación de las partes. Por lo cual, se estima necesario tener a la vista la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, del juicio de amparo 822/2016-II, del índice de Juzgado Cuarto de Distrito en esta entidad, con sede en esta ciudad, que se agrega a los presentes autos, en copia certificada, y la información obtenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuanto a que dicha resolución causó ejecutoria el veinticuatro de febrero del presente año.. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Página 1946, con número de registro 2006082, que señala: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Pues bien, en el presente asunto la aquí quejosa LILIA ROSA SOBERANIS ONTIVEROS, promovió con antelación un juicio de amparo indirecto en contra de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, los cuales fueron del conocimiento del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, registrado con el número 822/2016-II, en el que se dictó sentencia el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Resolución en la que en su primer punto resolutivo se negó a la aquí quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada respecto a los actos reclamados que hizo consistir en la orden de aprehensión de ocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada en autos de la causa penal 38/2015, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, y su ejecución. Sentencia que causó ejecutoria el veinticuatro de febrero del año en curso, de acuerdo con la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En efecto, de las citadas constancias se advierte que en el juicio de amparo 822/2016-II, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, se emitió la sentencia en fecha treinta y uno de enero del año en curso, en la que por se negó a la aquí quejosa el amparo solicitado respecto a los actos reclamados consistentes en la referida orden de aprehensión de ocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en autos de la causa penal 38/2015, que se le instruye por un delito electoral, así como su ejecución atribuida al Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Establecido lo anterior, resulta evidente que los actos que reclama la peticionaria de amparo en autos del presente juicio de amparo, resultan ser los mismos que reclamó en el juicio de amparo número 822/2016-II, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, esto es, la referida orden de aprehensión librada en la causa penal 38/2015 y su ejecución. En ese orden de ideas, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues como ha quedado reseñado en las líneas que anteceden, la protección constitucional es solicitada por LILIA ROSA SOBERANIS ONTIVEROS, misma quejosa en ambos juicios relacionados, en contra de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 38/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo y su ejecución. Actos que ya fueron materia de una ejecutoria en el diverso juicio de amparo 822/2016-II, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, y con identidad de autoridades responsables. Encuentra apoyo a lo anterior, en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito visible en la página 256, del Tomo XIV, septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa algún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual manera, tampoco obsta para arribar a la conclusión anterior, que no se hubiere emplazado a juicio a la parte tercero interesada, toda vez que dado el sentido de la presente determinación no se le ocasiona perjuicio alguno, por lo que a nada práctico conduciría el continuar con el trámite de la demanda, para que sean emplazados y emitir la resolución que sería en el mismo sentido en que ahora se resuelve. En mérito de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para su celebración el día DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS. Notifíquese, haciéndolo personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial número 734/2017, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia que solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

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