Liliana Cauich Catzim
Expediente 915/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Liliana Cauich Catzim
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para lo anterior, el hecho de que la quejosa Liliana Cauich Catzin, hubiere manifestado su deseo de desistirse del presente juicio de amparo, toda vez que mediante proveído de dieciocho de agosto último, se le requirió para que manifestara si ratificaba o no el contenido del mencionado escrito, sin que lo hiciera. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues no se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se ordena agregar el escrito signado por la directa quejosa ********************, mediante el cual, manifiesta su deseo de desistirse del presente juicio de amparo. Al respecto, se hace de su conocimiento que el diecisiete de agosto del año en curso se dictó sentencia, en la cual, en su resolutivo primero sobreseyó el presente juicio; por lo que es evidente que no se entró al estudio de fondo de la cuestión planteada. Sin embargo, a pesar del sentido de la resolución y aunque ratificar el desistimiento traiga consigo el mismo sentido, sobreseer el presente asunto, se deja expedito su derecho y se comisiona al actuario de la adscripción para que en la diligencia de notificación de este proveído, requiera a la quejosa que manifieste si ratifica o no el contenido del escrito mediante el cual se desiste de la tramitación de su demanda de amparo; para lo cual, el funcionario deberá poner el escrito a la vista de la quejosa. Así mismo, cabe señalar que para el supuesto de que al momento de la notificación no se hallare a la citada promovente, atento a su solicitud, proceda la Secretaría de este Juzgado a generar la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 6, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, reformado por el similar 25/2020 y 37/2020, en relación al periodo de vigencia; para lo cual deberá acatar en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 del citado Acuerdo General. Apercibida que de no hacerlo así, se continuará con la prosecución del presente juicio; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, apesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa con vista del escrito que se ordena, y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 915/2021-I-B, promovido por ***. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el día siguiente a este Juzgado, compareció Liliana Cauich Catzín a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Juez Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y su actuario adscrito, ambos con sede en esta capital. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables. Así mismo, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: De la Juez Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Todo lo actuado en el Juicio Extraordinario Hipotecario 1233/2002, promovido en su contra por Manuel Leonardo Dorantes Cámara. Del actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital. El ilegal emplazamiento realizado en el referido expediente. Y los demás efectos y consecuencias que deriven de aquellos. TERCERO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos que se reclamaron de las autoridades responsables, ya que así lo manifestaron en sus informes justificados. Máxime que la Juez responsable indicó que no existe en el Juzgado a su cargo, procedimiento alguno promovido por el aquí tercero interesado contra la quejosa; razón por la cual, no ha ordenado emplazar, ni notificar a la parte impetrante del amparo. Lo anterior, aunado al hecho que como refiere la responsable, dicho órgano jurisdiccional se creó con motivo de un Acuerdo General publicado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, y el expediente al que alude la quejosa es de dos mil dos. De todo lo cual, se dio vista oportuna a la quejosa sin que a la fecha hubiera desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario, o bien hubiere ampliado su demanda respecto de diversa autoridad responsable. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por inexistencia de actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el que no se hubiera emplazado a juicio al tercero interesado Manuel Leonardo Dorantes Cámara o al representante de su sucesión, señalado por el quejoso en su escrito inicial de demanda, toda vez que aunado a que se terminó la inexistencia del acto reclamado, al haberse decretado el sobreseimiento, la presente determinación no le depara agravio alguno. Por el contrario, resulta desfavorable a los intereses del promovente de la acción constitucional, quien, en cuyo caso, tiene la posibilidad de promover recurso de revisión. Ello es así, en tanto que el principio de agravio personal y directo permea en todo el juicio de amparo desde el acto reclamado en la demanda, así como en todas sus instancias, lo que es posible corroborar con una simple lectura de los requisitos de procedencia del recurso de revisión en los que se observa dicho principio. Sin que ello pudiera afectar su derecho de acceso a la justicia, en tanto tendría a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte -quejoso- interponga la revisión principal. Lo anterior, encuentra sustento, en la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 556 y registro: 2013630, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." CUARTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos que reclamó de la Juez Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y su actuario adscrito, ambos con sede en esta capital; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual, se tuvo por no ampliada la demanda que dio origen a este asunto; en tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales. Notifíquese y cúmplase.
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