Lilia Isabel Solis Estrella

Expediente 2379/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2379/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Lilia Isabel Solis Estrella

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitirse los incidentes de suspensión relativos por cuerda separada. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en una de las hipótesis del indicado numeral, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional solicitada y se declaró sin materia la definitiva; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de enero de dos mil veintidós. Visto: agréguese a los autos el alegato ministerial 07/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veintinueve de diciembre del año actual, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, de donde se advierte que por auto de diecisiete de diciembre de esta anualidad, se agregó el informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Siendo que en dicho informe manifestó que el trece de diciembre del año en curso, se citó a José Armando, Diana Isabel y Lilia Isabel, todos de apellidos Solís Estrella, a la audiencia preliminar en el juicio de sucesión intestada 101/2021 de quien en vida respondió al nombre de José Armando Chávez Rosado, misma que se fijó para tener verificativo el veintisiete de enero de dos mil veintidós a las diez horas, lo que se hizo del conocimiento de las partes mediante publicación en el diario oficial del Gobierno del Estado, de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su oficio de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de realizar las gestiones y/o actuaciones pertinentes dentro del juicio de sucesión intestada 101/2021 y de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar. Sin embargo, de las constancias remitidas con su informe justificado, se advierte que el trece de diciembre del año en curso, se citó a José Armando, Diana Isabel y Lilia Isabel, todos de apellidos Solís Estrella, a la audiencia preliminar en dicho juicio natural, misma que se fijó para tener verificativo el veintisiete de enero de dos mil veintidós a las diez horas, lo que se hizo del conocimiento de las partes mediante publicación en el diario oficial del Gobierno del Estado, de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y siete minutos del siete de enero de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    POR LISTA QUEJOSO Mérida, Yucatán; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de diciembre de este año se dio vista a la parte quejosa de lo informado con relación al cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por el Comandante de la Novena Zona Naval de la Secretaria de Marina Armada de México en el Estado de Yucatán, con sede en Yucalpetén, sin que haya formulado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia terminada de engrosar el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el presente sumario constitucional, y por la otra, se negó al quejoso ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de las autoridades responsables. Inconforme con dicho fallo, el indicado quejoso interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito bajo el número de amparo en revisión 75/2019, quien mediante resolución de veinticuatro de octubre de este año revocó el fallo impugnado y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ".para los siguientes efectos: a) Que el Consejo de Honor Superior de la Quinta Zona Naval de la Secretaría de Marina con sede en Isla Mujeres, Quintana Roo, deje insubsistente la resolución reclamada que pronunció el dieciséis de abril de dos mil dieciocho en recurso de inconformidad número ********************; b) Ordene reponer el procedimiento sancionador de origen al momento de la etapa en la cual se otorga al afectado (aquí quejoso) su derecho a designar defensor, quien deberá ser profesional en derecho, observando las limitantes que sobre su designación establecen los artículos 16 y 17 del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor, Superior y Ordinario; y, c) Subsanada esa deficiencia, el Consejo de Honor Ordinario responsable continúe el trámite del procedimiento sancionador por todas sus etapas, dictando la resolución que en derecho corresponda." Resolución que se tuvo recibida en este juzgado federal en auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y en el cual se requirió a las responsables Consejo de Honor Superior de la Quinta Zona Naval de la Secretaría de Marina, con sede en Isla Mujeres, Quintana Roo, Consejo de Honor Ordinario y Comandante, ambos de la Novena Zona Naval, con sede en Yucalpetén, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, mediante oficios ******************** (promoción 6893) del Presidente del Consejo de Honor Superior de la Quinta Región Naval, ******************** (promoción 6945) del Presidente del Consejo de Honor Ordinario de la Novena Zona Naval y ******************** (promoción 21752) del Comandante de dicha zona naval, se advierte lo siguiente: 1. Que mediante oficios ******************** y ******************** de treinta y uno de enero de dos mil veinte el Presidente del Consejo de Honor Superior de la Quinta Región Naval, con sede en Isla Mujeres, Quintana Roo conminó al Presidente del Consejo de Honor Ordinario de la Novena Zona Naval, con residencia en Yucalpetén, a informar al quejoso ******************** lo siguiente: a) Que se dejó sin efectos la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (acto reclamado) y b) Que le ordenó reponer el procedimiento de origen a partir de la etapa en la que se le otorga su derecho de designar defensor, quien deberá ser profesional en derecho, observando los límites que sobre su designación establecen los artículos 16 y 17 del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor, Superior y Ordinario (fojas 3 a 6 del archivo electrónico de la promoción 6893). 2. Que en cumplimiento a los oficios indicados en el párrafo precedente, mediante diversos ******************** y ******************** de diecinueve de febrero de dos mil veinte, notificados el veintiuno de febrero siguiente al referido quejoso, el Presidente del Consejo de Honor Ordinario de la Novena Zona Naval, con residencia en Yucalpetén atendió lo solicitado por la autoridad de la Quinta Región Naval (fojas 3 a 6 del archivo electrónico de la promoción 6945). 3. Que mediante diverso oficio ******************** de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el indicado Presidente del Consejo de honor Ordinario hizo de su conocimiento que señaló las diez horas del quince de abril de dos mil veinte para que compareciera para seguir el procedimiento sancionador de origen (fojas 7 a 10 del archivo electrónico de la promoción en comento). 4. Con motivo de lo anterior, mediante escrito de veintiocho de marzo de dos mil veinte, el quejoso ******************** señaló como defensor de su parte al licenciado ******************** y solicitó se fijara nueva hora y fecha para su citación, virtud a la contingencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país (fojas 11 a 18 del archivo digital de la indicada promoción). 5. Que en atención a la solicitud antes referida, el Presidente del Consejo de Honor Ordinario de la Novena Zona Naval, con residencia en Yucalpetén determinó, a través de oficio ******************** de seis de abril de dos mil veinte, posponer la cita del quejoso hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran y no tener como su defensor a la persona que señaló por no satisfacer los extremos del artículo 16 del del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor, Superior y Ordinario, por lo que designó para tal efecto al Teniente de Navío del Servicio de Justicia Naval, Licenciado en Derecho ******************** (fojas 23 a 32 del archivo digital de la promoción citada en el párrafo precedente). 6. Que una vez reunido el Segundo Consejo de Honor Ordinario el diez de diciembre de este año, se determinó imponer al quejoso ******************** la sanción prevista en la fracción III del artículo 50 de la Ley de Disciplina para el personal de la Armada de México consistente en el cambio de adscripción en observación de su conducta a una comisión subalterna por el término de seis meses, lo que se hizo de su conocimiento en la propia fecha con motivo de su comparecencia (fojas 3 y 5 del archivo electrónico de la promoción 21752). Del análisis de los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, y las actuaciones correspondientes que acreditan su cumplimiento, se advierte que las autoridades responsables requeridas para ello, se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado revisor, pues así se desprende de dichas constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices, bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que se estimó vulnerado, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo; debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es depurable, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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