Lidia Díaz Avendaño
Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lidia Díaz Avendaño
- Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que se sobreseyó en el presente juicio, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 482/2021, promovido por **, contra los actos y las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES La quejosa promovió la demanda de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio número SP/DPSHT/1123/2015, de siete de agosto de dos mil quince, en la que se le hizo la notificación de compatibilidad de pensión, quedando registrado con el número de juicio 4036/18-15-01-3. Por auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, admitió la demanda de nulidad y el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, la Sala Regional del Sureste, emitió la sentencia respectiva condenando a las autoridades demandadas. Dicha sentencia quedó firme el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. El once de marzo de dos mil veinte, la parte aquí quejosa promovió el recurso de queja en contra del incumpliendo de la sentencia por parte de la autoridad demandada, misma que fue desechada mediante auto de fecha el uno de enero de dos mil veinte, porque ya había sido requerida la autoridad demanda para el cumplimiento de la misma. Por auto de uno de octubre de dos mil veinte, se inició el procedimiento de cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 4036/18-15-01-3. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El treinta de abril de dos mil veintiuno, Lidia Díaz Avendaño, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la omisión de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades, de hacer efectivas las multas a los Titulares de la Delegación Estatal Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como acuerdos eficaces para que cumplan con la sentencia definitiva de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, e interlocutoria de queja de uno de octubre de dos mil veinte, dictadas en el juicio de nulidad 4036/18-15-01-3; por estimar que se vulneraron en su perjuicio los derechos humanos garantizados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 482/2021 y fue admitida el cuatro de mayo de dos mil veintiuno. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos omisivos. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y las constancias que integran el expediente, permiten sostener que la quejosa reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades, la omisión de hacer efectivas las multas a los Titulares de la Delegación Estatal Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como acuerdos eficaces para que cumplan con la sentencia definitiva de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, e interlocutoria de queja de uno de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4036/18-15-01-3. V. INFORMES JUSTIFICADOS Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, en los términos que enseguida se describen: Autoridades responsables Sentido Jefe de la Unidad Jurídica en representación del Delegado y del Jefe del Departamento de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Niega Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Niega Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez. Niega Titular de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez Niega VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece la actualización de una causa de improcedencia XXIII. "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, uno de los principios capitales que rige el juicio de amparo es que se sigue a petición de parte agraviada, de tal modo que es indispensable la expresión de un acto volitivo del particular al que perjudique el acto reclamado, a fin de dar inicio al juicio de amparo, así como, para que esta instancia continúe hasta su conclusión. En el caso concreto, no se cumple dicho requisito, precisamente porque la directa quejosa expresó su voluntad de dar por terminado el asunto, sin entrar al estudio del fondo. Por otro lado,, el artículo 63 de la Ley de Amparo, en su fracción I, establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (.) El contenido de la disposición legal transcrita, reitera lo expresado en el sentido de que, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que el procedimiento de derechos fundamentales siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; de ahí que la quejosa, puede válidamente desistirse en cualquier momento antes del dictado de la sentencia, con la sola declaración de su voluntad; y que ese derecho que se encuentra reconocido en el artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo, al consignar que una de las causas de sobreseimiento en el juicio lo es el desistimiento de la demanda. Lo antes indicado es coincidente, con lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, publicada en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192108, que dice: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. De ahí que, es regla generalmente aceptada que en el juicio de amparo la peticionaria de protección de derechos fundamentales está en aptitud de poder desistirse del juicio de amparo, en el momento procesal en que lo desee, salvo que ya exista en el procedimiento respectivo sentencia ejecutoriada En ese contexto, cabe destacar que de la diligencia que antecede, llevada a cabo el día veinticinco de este mes y año, se aprecia que la quejosa ratificó su escrito a través del cual manifestó que era su deseo de desistirse de la demanda que dio origen al presente asunto. VII. DECISIÓN Por ende, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, 6, y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por Lidia Díaz Avendaño. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por **, contra el acto que reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades, de conformidad con lo expuesto en el apartado VI del presente fallo. Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención al requerimiento de dieciséis de junio de este año, la quejosa Lidia Díaz Avendaño, manifiesta que se desiste de la demanda de amparo, por así convenir a sus intereses. Al respecto, para tener una mayor certeza y seguridad de la voluntad de la justiciable que no desea continuar con la tramitación de este medio extraordinario de defensa, así como de la abdicación de la acción constitucional externada en su ocurso, con fundamento en lo previsto por el numeral 63, fracción I, de la Ley de Amparo, y conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, a fin de preservar la sana distancia y evitar la aglomeración del personal y los justiciables hasta en tanto concluya la referida contingencia sanitaria; se comisiona a un actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal para que notifique personalmente este proveído a la quejosa y en el acto de la notificación ponga a su vista el escrito de cuenta y la requiera para que manifieste si lo ratifica o no, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido de la demanda de amparo y se continuará el juicio de protección de los derechos fundamentales. En el entendido que el citado fedatario deberá llevar a cabo la diligencia encomendada observando los protocolos de seguridad para evitar o minimizar la exposición a los factores de riesgo que propician el contagio por el Covid-19, e incluso, podrá llevarlo a cabo a través de algún medio de comunicación digital como videollamada, en caso de ser necesario, asentando lo relativo en la razón que al efecto se levante. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 119/2006 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado por la quejosa Lidia Díaz Avendaño, por el que manifiesta que desde el mes de abril de este año, las autoridades señaladas como responsables le dejaron de descontarle de su pensión de viudez, el concepto de compatibilidad de pensión y que actualmente le vienen cubriendo el cien por ciento de su pensión, por lo cual la sentencia de origen ha quedado cumplida y solicita el sobreseimiento de esta instancia constitucional. En su atención, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2°, requiérase a la parte agraviada para que dentro del plazo de tres días, manifieste si lo que pretende es desistirse de su demanda o únicamente hacer esas manifestaciones en vía de alegatos, apercibida que de no hacerlo se entenderá que su deseo es que se continúe con la substanciación de este juicio. En el entendido, que si su deseo es desistirse de la demanda, para tener una mayor certeza y seguridad de la voluntad del mandatario del justiciable que no desea continuar con la tramitación de este medio extraordinario de defensa, así como de la abdicación de la acción constitucional externada en su ocurso, con fundamento en lo previsto por el numeral 63, fracción I, de la Ley de Amparo, considerando lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 37/2020 del Pleno del citado Consejo, que reforma el similar 21/2020, como aún subsiste la situación de emergencia sanitaria, se comisiona a un Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal para que notifique personalmente este proveído a la parte quejosa y en el acto de la notificación ponga a su vista el escrito de cuenta y le requiera para que, en ese propio acto o dentro del término de tres días, manifieste si es su intención desistirse de la instancia constitucional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que únicamente es su intención formular alegatos y se continuará el juicio de protección de los derechos fundamentales. En el entendido que el citado fedatario deberá llevar a cabo la diligencia encomendada observando los protocolos de seguridad para evitar o minimizar la exposición a los factores de riesgo que propician el contagio por el Covid-19. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 119/2006 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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