Lic. Noemí Yuritzi Lara Murillo
Expediente 965/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lic. Noemí Yuritzi Lara Murillo
- José Jesús Bravo Ramírez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 21 a 26), que desechó la demanda de amparo promovida por Enrique Mateo Hernández apoderado del quejoso José Jesús Bravo Ramírez, sin que se haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron. Por otra parte, envíesele a la Junta Especial Número Seis de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en Zamora, el tomo de pruebas referente al expediente ordinario laboral número J-VI-674/2016, de su índice; en razón a que resulta innecesaria la retención de dichas constancias que adjuntó con el oficio remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, como complemento a su informe justificado; con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidas a su entera satisfacción sin ulterior acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ JESÚS BRAVO RAMÍREZ. Recepción de oficio de incompetencia del asunto. Acúsese de recibo del oficio 3992, signado por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo 431/2019, del índice de dicho tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Jesús Bravo Ramírez por conducto de su apoderado Enrique Mateo Hernández ; en el que comunica que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el citado quejoso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, este juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. ? Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número V-965/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Con las constancias remitidas con el oficio que se provee, se ordena formar un tomo de pruebas, respetando sello, folio y rúbrica de éste. ? Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de la Materia, en relación con el 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que de la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: Resolución interlocutoria de siete de enero de dos mil diecinueve, por el cual se declaró incompetente la responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, para conocer del juicio laboral J-VI-674/2016, de su índice y ordenó remitir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato. ? Desechamiento de demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. En el caso que nos ocupa, del estudio íntegro del escrito inicial de demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, es el consistente en: Resolución interlocutoria de siete de enero de dos mil diecinueve, por el cual se declaró incompetente la responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, para conocer del juicio laboral J-VI-674/2016, de su índice y ordenó remitir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato. Así, encontramos que del análisis de la demanda que se provee, se advierte actualizada de manera manifiesta e indudable, la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción I, y 6, ambos de la ley de la materia y el numeral 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el orden mencionado, establecen: Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley y, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Por otra parte, el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De la lectura sistemática y armónica de los citados preceptos, se puede concluir que la causal de improcedencia que ocupa la atención, tiene su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige la ejercitabilidad del referido juicio. Así, conforme a lo establecido en la citada disposición de la ley suprema y el artículo 61, fracción XII, que la reglamenta, el juicio de amparo sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sobre esta base, se concluye que el gobernado puede instar la protección constitucional, siempre que acredite de manera fehaciente tener un interés jurídico o legítimo, los cuales se hacen consistir en lo siguiente: 1. Para encontrarse bajo el supuesto de interés jurídico, el gobernado deberá demostrar ser titular de un derecho y que éste se vea afectado de forma personal y directa por el acto de autoridad que se reclame. 2. En cambio, en interés legítimo la afectación en la esfera del gobernado puede ser de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia, ha establecido que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Para que exista interés legítimo, es necesario que exista una norma constitucional en la que se tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, que el acto reclamado transgreda ese interés difuso y que el promovente pertenezca a esa colectividad. Bajo este contexto, como ha quedado establecido, tanto el interés jurídico como legítimo, es necesario que se demuestre de forma plena y no a base de presunciones, es decir, los quejosos deben acreditar fehacientemente que los actos reclamados afectan su esfera de derechos, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Este principio es reproducido en el citado artículo 5 de la Ley de Amparo, empero, dicha disposición acota el mismo, en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues señala que cuando se esté ante alguno de esos actos, los quejosos deberán aducir ser titulares de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberán ser titulares de un interés jurídico. Así, esto último quiere decir que quien acude en demanda de amparo, reclamando actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, debe allegar elementos probatorios de los que se desprenda información bastante que conduzca al juzgador a la certidumbre de que el peticionario es titular de un derecho jurídicamente salvaguardable, en contra del cual se tomó cierta determinación que se considera contraventora del orden constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.T. J/38K, consultable en la página 31, del Tomo 52, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, relativa al mes de Abril de 1992, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas". Ahora bien, establecidas las anteriores premisas normativas, procede establecer las circunstancias fácticas que conllevan a determinar que se actualiza la causal de improcedencia citada. Del análisis de la demanda se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento respecto de la potestad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, y acto consistente en: Resolución interlocutoria de siete de enero de dos mil diecinueve, por el cual se declaró incompetente la responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, para conocer del juicio laboral J-VI-674/2016, de su índice y ordenó remitir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado constituye la declinatoria de competencia por parte del Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, para conocer del juicio laboral J-VI-674/2016 de su índice. Sobre la base de tales consideraciones, se evidencia que el acto reclamado no causa ningún agravio personal y directo a la parte quejosa, toda vez que la determinación de declinar una competencia a otra autoridad, no es susceptible de afectar el interés jurídico de la parte quejosa, pues no constituye un acto definitivo, o determinación que sujete a resolver en ese sentido; en consecuencia, los citados actos reclamados, per se, no irrogan perjuicio al accionante del amparo, ya que éste en todo caso se materializaría hasta que la autoridad a quien se declinó la competencia, se pronuncie si acepta la competencia o no, para conocer del asunto en cuestión. Ilustra al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por lo que, si la demanda y los autos en su caso ya fueron remitidos a la autoridad que la responsable consideró competente para su conocimiento, será hasta que la diversa autoridad se pronuncie al respecto, cuando se defina la cuestión competencial, toda vez que, puede acontecer que la autoridad ante quien se declinó no la acepte. Razón por la cual, la determinación de siete de enero de dos mil diecinueve, que contiene la declinatoria de competencia, no le genera afectación alguna al no tener el carácter de definitiva para que sea reclamada en el presente sumario. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, 6 y 113 de la Ley de Amparo, lo que procede a desechar de plano la demanda de amparo. ? Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, autorizando a las personas que indica para tal efecto. ? Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. ? Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Leticia Piceno Cendejas13/2019
- Leticia Vargas Becerra936/2019
- Leticia Zuñiga García1093/2014
- Lexie Rayito Raquel Mejía Luna346/2020
- Libia Eugenia Castellanos Figueroa342/2019
- Librado Trujillo Ortíz716/2018
- Lic. Noemí Yuritzi Lara Murillo619/2019
- Liceth Calderón Abonce93/2022
- Liceth Calderón Abonce555/2018
- Liceth Calderón Abonce920/2019
- Lidia Jannete Ballesteros Villegas1400/2022
- Lidia Pérez Zambarano233/2018