Lexie Rayito Raquel Mejía Luna

Expediente 346/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
346/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Lexie Rayito Raquel Mejía Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia la sentencia terminada de engrosar el tres de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, transcurrió sin que las partes lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse. Por lo que respecta al original y duplicado del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es depurable dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, solicitadas por la parte quejosa; en los términos de lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), del citado acuerdo. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que prevé el diverso precepto 22. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula de este expediente y de los cuadernos incidentales, los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Reserva de comunicaciones Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, no se encuentran laborando con regularidad debido a la la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; por ende, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia la sentencia terminada de engrosar el tres de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, transcurrió sin que las partes lo hubieran hecho En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse. Por lo que respecta al original y duplicado del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es depurable dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, solicitadas por la parte quejosa; en los términos de lo dispuesto en el artículo 18, inciso a, del citado acuerdo. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que prevé el diverso precepto 22. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula de este expediente y de los cuadernos incidentales, los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Reserva de comunicaciones Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; por ende, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.)

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-346/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veinte en este órgano jurisdiccional, Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y de la Directora del Centro de Salud "Juan Manuel González Ureña", con residencia en esta ciudad, respecto de los actos que se especificarán en la parte considerativa correspondiente. Los cuales consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. En proveído de seis de julio de dos mil veinte, previo el cumplimiento de la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se clasificó como "asunto urgente"; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado cuarto de distrito en el Estado de Michoacán resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la nueva Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y en vigor a partir de su aprobación, realizada en sesión ordinaria de veintitrés de enero el propio año; toda vez que el acto que se reclama en esta vía, se atribuye a autoridades residentes en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, debe mencionarse que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: La omisión de dar respuesta a su solicitud formulada en forma verbal y por escrito -esta última fechada el veintinueve de abril de dos mil veinte- y dirigida a la Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, a través de la cual solicitó se le excluya de laborar durante esta pandemia en el módulo COVID-19 instalado en el referido nosocomio donde presta sus servicios profesionales como Médico General "A" desde hace ocho años y se le permita continuar con sus funciones previamente asignadas en el área de consulta externa; y, El requerimiento que se le realizó vía telefónica y a través de la red social "WhatsApp" para que se presentara a laborar los días trece, catorce y quince de julio del presente año, en el área donde se encuentran los pacientes infectados del referido virus; requerimiento que le fue notificado a través de aquella aplicación. Mismos que atribuye a las autoridades que señaló como responsables en sus escritos de demanda y aclaratorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Cabe señalar que el Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y la Directora del Centro de Salud "Juan Manuel González Ureña", con residencia en esta ciudad, omitieron rendir su respectivo informe justificado a pesar de haber sido debidamente notificados para ello, según se advierte de la constancia de notificación realizada el once de julio de dos mil veinte, la cual obra glosada en autos; por tanto, conforme el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume la existencia de los actos reclamados, precisados en el considerando segundo de la presente resolución. Apoyan lo anterior, las tesis siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto". "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal". CUARTO. Causal de improcedencia. Por técnica jurídica primero se abordará el estudio de la omisión reclamada por la peticionaria del amparo y posteriormente se analizará el acto relativo al requerimiento. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. IV.1 En este orden, atento a la naturaleza del acto reclamado consistente en: La omisión de dar respuesta a su solicitud formulada en forma verbal y por escrito -esta última fechada el veintinueve de abril de dos mil veinte- y dirigida a la Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, a través de la cual solicitó se le excluya de laborar durante esta pandemia en el módulo COVID-19 instalado en el referido nosocomio donde presta sus servicios profesionales como Médico General "A" desde hace ocho años y se le permita continuar con sus funciones previamente asignadas en el área de consulta externa Este órgano de control constitucional considera improcedente el juicio de amparo en que se actúa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no acreditó de manera fehaciente el interés jurídico para promover la presente instancia Constitucional, motivo por el cual, se considera que el acto reclamado no le causa perjuicio alguno, por las razones que a continuación se exponen. El precepto legal invocado dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." El numeral transcrito dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En concordancia, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal; 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, establecen: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.). " "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De los preceptos tanto constitucionales como normativos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción de amparo, es menester que exista interés jurídico reconocido en favor del gobernado quien solicitó la protección Constitucional, entendido éste como la titularidad que corresponde a la persona -física o moral-, respecto de una situación determinada, con motivo del derecho tutelado por la ley, porque dicho reconocimiento al estar estatuido en la legislación positiva, le permite exigir que éste sea respetado en relación con la autoridad que llevó a cabo o pretende practicar una conducta específica, misma que puede ser positiva o negativa y como obligación correlativa del ente de gobierno el deber de acatarla. Esta situación supone dos elementos, la facultad de exigencia y la obligación inseparable, consistente en el deber jurídico de cumplir con la misma; con base en esos requisitos, una persona carece de interés jurídico cuando la norma no le confiere o no reconoce en su favor la potestad de exigir al gobernante se abstenga de perturbar el derecho tutelado, por lo que en dicho supuesto no se actualiza la posibilidad real y legal de obligar a éste a respetar el derecho que se afirma lesionado. En efecto, en relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, el Alto Tribunal ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Luego a efecto de determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional se toma en cuenta el criterio contenido en la tesis 2a. LXXX/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Así, el interés jurídico se traduce en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de un derecho subjetivo del que es titular en su perjuicio, pudiendo consistir en una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular, atribuido a una autoridad, siendo también un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional. Para considerar que a cierto gobernado se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que, por ende, tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional, de modo necesario se requiere la existencia, por una parte, de derechos legítimamente tutelados y, por otra, la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionarle; por ende, no se tiene por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resientan afectación alguna por los actos de autoridad que se reclaman. Luego, se estima que se actualiza la causal en estudio, toda vez que la quejosa reclama, en primer término: La omisión de dar respuesta a su solicitud formulada en forma verbal y por escrito -esta última fechada el veintinueve de abril de dos mil veinte- y dirigida a la Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, a través de la cual solicitó se le excluya de laborar durante esta pandemia en el módulo COVID-19 instalado en el referido nosocomio donde presta sus servicios profesionales como Médico General "A" desde hace ocho años y se le permita continuar con sus funciones previamente asignadas en el área de consulta externa. Derecho de petición que se encuentra consagrado en el artículo 8 Constitucional que establece: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Se ha establecido que para proveer sobre el derecho de petición previsto en dicho numeral en necesario satisfacer los siguientes elementos: La petición debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. El peticionario debe de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición, y La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". No obstante, es de advertir que la peticionaria omitió aportar elemento de convicción eficaz para demostrar que efectivamente realizó dicha solicitud mediante escrito fechado el veintinueve de abril de dos ml veinte, pues si bien anexó a su escrito de demanda las constancias que enseguida se precisan: Acta de nacimiento de la quejosa Lexie Rayito Raquel Mejía Luna. Comprobante de percepciones y descuentos a nombre de Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, como Médico General "A" adscrita al Centro Médico "Dr. Juan Manuel González Ureña", en Morelia, Michoacán. Acta de nacimiento a nombre de la menor de iniciales L.D.M.L., en la que aparece como su progenitora la quejosa Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, sin datos que revelen la identidad del padre. Nota de atención médica a nombre del paciente Luis Mejía Ramírez, diagnosticado con hipertensión arterial, enfisema pulmonar, hiperplasia prostática y dislipidemia y firmada por el Doctor Luis Jaime Gómez Alvarado, adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social. Receta médica de diversos medicamentos en favor de Luis Mejía Ramírez, debido a la hipertensión secundaria a otros trastornos renales, expedida por Francisco Quintana Piña, médico adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Nota de atención médica a nombre de la paciente María Guadalupe Luna Flores, diagnosticada con cirrosis hepática crónica, trombosis venosa esofágica, diabetes tipo II e hipertensión arterial, firmada por la Doctora Martha Patricia Chávez Delgado, adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social. Procedimiento de ligadura endoscópica de varices esofágicas, realizado a María Guadalupe Luna Flores. Copia simple del oficio circular dirigido a diversas autoridades de salud del Estado de Michoacán, para hacer de su conocimiento las acciones y medidas de protección que deberán realizar con motivo de la pandemia ocasionada por el virus COVD-19, con el propósito de asegurar la continuidad en los servicios de salubridad y la protección de los trabajadores de salud que se encuentren en situación vulnerable, por su edad o enfermedades inmunológicas, crónicas o descompensadas, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, etcétera. Escrito en original con firma autógrafa fechado el veintinueve de abril de dos mil veinte, dirigido a la Licenciada en Enfermería Rosalva Jiménez Castro, Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, mediante el cual solicita se le excluya de laborar durante esta pandemia en el módulo COVID-19 instalado en el referido nosocomio donde presta sus servicios profesionales como Médico General "A" y se le permita continuar con sus funciones previamente asignadas en el área de consulta externa, por las razones ahí plasmadas -sin sello de recepción o presentación-. Impresión a color del rol de actividades del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", con sede en esta ciudad, del cual se advierte que la quejosa fue designada para rotar en el módulo COVID-19 los días trece, catorce y quince de julio del presente año; y, Copia simple a color del organigrama de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán. Documentales públicas y privadas a las que se les otorga valor probatorio, en términos de los numerales 129, 133 y 202 del Código Federales de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo. Las mismas resultan insuficientes para acreditar la titularidad del derecho que dice le fue vulnerado, pues si bien en el inciso i), se hizo referencia al escrito en original con firma autógrafa de Lexie Rayito Raquel Mejía Luna fechado el veintinueve de abril de dos mil veinte y dirigido a la Licenciada en Enfermería Rosalva Jiménez Castro, Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, éste carece del sello fechador, acuse de recibo o firma original de la oficina receptora, del que se advierta su presentación ante el servidor público respectivo. Por otra parte, las documentales restantes, precisadas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j) y k), únicamente podrían acreditar, en su caso, lo que en ellas se describe, esto es, que la quejosa Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, se encuentra adscrita al Centro Médico "Dr. Juan Manuel González Ureña", en Morelia, Michoacán, como Médico General "A"; que es madre de una menor de edad; los padecimientos de sus progenitores Luis Mejía Ramírez, Ma Guadalupe Luna Flores y María Guadalupe Luna Flores, las acciones y medidas de protección que deberán realizar las autoridades del Sector Salud en el Estado de Michoacán, debido a la pandemia ocasionada por el virus COVD-19; la organización y estructura de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán y el rol de actividades en el Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", con sede en esta ciudad. Por ende, aun cuando se tomara en consideración el contenido de dichos medios de prueba, éstos serían ineficaces para demostrar su interés jurídico, es decir, que efectivamente presentó la referida petición ante las autoridades del sector salud señaladas como responsables. En esa virtud, tampoco se está en el supuesto de que este órgano de control constitucional requiera las constancias necesarias para resolver el asunto que se falla, atendiendo a la postura omisa de las responsables; de ahí que la presunción de certeza obliga a la parte quejosa a demostrar el acto, ya que éste no es inconstitucional en sí mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". En las relatadas condiciones, tomando en consideración que el interés jurídico no es otra cosa que la titularidad que le corresponde a la parte quejosa en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, el cual debe acreditarse plenamente y no a base de presunciones; luego, si en el caso no se demostró de manera plena ese hecho central, ha quedado acreditada de manera indubitable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, en relación con la omisión reclamada. IV.2. Por lo que respecta al acto consistente en: El requerimiento que se le realizó vía telefónica y a través de la red social "WhatsApp" para que se presentara a laborar los días trece, catorce y quince de julio del presente año, en el área donde se encuentran los pacientes infectados del referido virus; requerimiento que le fue notificado a través de aquella aplicación. Este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior, en virtud de que en el caso concreto dicho acto han cesado en sus efectos, como se verá a continuación. El indicado requerimiento -que se presumió cierto- se emitió para que la quejosa prestara sus servicios profesionales en el módulo donde se encuentran los pacientes infectados con el virus COVID19 en el Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", con residencia en esta ciudad, donde trabaja, específicamente los días trece, catorce y quince de julio del presente año, datas que ya transcurrieron, es decir, actualmente dicho requerimiento no podría efectivizarse en detrimento de la peticionaria Lexie Rayito Raquel Mejía Luna por haber transcurrido el plazo de su asignación laboral en dicha área hospitalaria. Lo anterior, ya que dicho requerimiento únicamente fue emitido, en su caso, para que Lexie Rayito Raquel Mejía Luna prestara sus servicios profesionales en el área COVID19 del nosocomio donde labora, exclusivamente los días precisados en el párrafo que antecede, los que temporalmente han transcurrido, es decir, se han agotado las consecuencias que éste produce en la esfera jurídica de la peticionaria. Por ende, las consecuencias jurídicas derivadas del requerimiento que se presume realizado en contra de la quejosa ya no podrían actuar hacia el futuro, en virtud de que los días trece, catorce y quince de julio del presente año, ya transcurrieron. De esta forma, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al fenecer su actuación, ello implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de dichos efectos; lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Decisión: Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la diversa de sobreseimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, del cuerpo normativo invocado, lo procedente es sobreseer en este juicio promovido por Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, con relación al acto reclamado consistente en el requerimiento que se le realizó vía telefónica y a través de la red social "WhatsApp" para que se presentara a laborar los días trece, catorce y quince de julio del presente año, en el área donde se encuentran los pacientes infectados del virus que produce la enfermedad de COVID-19, del nosocomio donde trabaja. Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causal de improcedencia y sobreseimiento estudiadas, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo y tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad, suprímanse los datos sensibles que pueda contener esta sentencia, procurando que la supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que las partes no hayan manifestado su oposición a que se hagan públicos sus datos personales durante esta primera instancia, acorde al numeral 117 de la legislación en comento. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, fracciones XII y XXI; 63, fracción IV; 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, respecto de los actos reclamados al Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y a la Directora del Centro de Salud "Juan Manuel González Ureña", con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente fallo en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-346/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veinte en este órgano jurisdiccional, Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y de la Directora del Centro de Salud "Juan Manuel González Ureña", con residencia en esta ciudad, respecto de los actos que se especificarán en la parte considerativa correspondiente. Los cuales consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. En proveído de seis de julio de dos mil veinte, previo el cumplimiento de la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se clasificó como "asunto urgente"; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado cuarto de distrito en el Estado de Michoacán resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la nueva Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y en vigor a partir de su aprobación, realizada en sesión ordinaria de veintitrés de enero el propio año; toda vez que el acto que se reclama en esta vía, se atribuye a autoridades residentes en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, debe mencionarse que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: La omisión de dar respuesta a su solicitud formulada en forma verbal y por escrito -esta última fechada el veintinueve de abril de dos mil veinte- y dirigida a la Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, a través de la cual solicitó se le excluya de laborar durante esta pandemia en el módulo COVID-19 instalado en el referido nosocomio donde presta sus servicios profesionales como Médico General "A" desde hace ocho años y se le permita continuar con sus funciones previamente asignadas en el área de consulta externa; y, El requerimiento que se le realizó vía telefónica y a través de la red social "WhatsApp" para que se presentara a laborar los días trece, catorce y quince de julio del presente año, en el área donde se encuentran los pacientes infectados del referido virus; requerimiento que le fue notificado a través de aquella aplicación. Mismos que atribuye a las autoridades que señaló como responsables en sus escritos de demanda y aclaratorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Cabe señalar que el Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y la Directora del Centro de Salud "Juan Manuel González Ureña", con residencia en esta ciudad, omitieron rendir su respectivo informe justificado a pesar de haber sido debidamente notificados para ello, según se advierte de la constancia de notificación realizada el once de julio de dos mil veinte, la cual obra glosada en autos; por tanto, conforme el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume la existencia de los actos reclamados, precisados en el considerando segundo de la presente resolución. Apoyan lo anterior, las tesis siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto". "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal". CUARTO. Causal de improcedencia. Por técnica jurídica primero se abordará el estudio de la omisión reclamada por la peticionaria del amparo y posteriormente se analizará el acto relativo al requerimiento. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. IV.1 En este orden, atento a la naturaleza del acto reclamado consistente en: La omisión de dar respuesta a su solicitud formulada en forma verbal y por escrito -esta última fechada el veintinueve de abril de dos mil veinte- y dirigida a la Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, a través de la cual solicitó se le excluya de laborar durante esta pandemia en el módulo COVID-19 instalado en el referido nosocomio donde presta sus servicios profesionales como Médico General "A" desde hace ocho años y se le permita continuar con sus funciones previamente asignadas en el área de consulta externa Este órgano de control constitucional considera improcedente el juicio de amparo en que se actúa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no acreditó de manera fehaciente el interés jurídico para promover la presente instancia Constitucional, motivo por el cual, se considera que el acto reclamado no le causa perjuicio alguno, por las razones que a continuación se exponen. El precepto legal invocado dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." El numeral transcrito dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En concordancia, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal; 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, establecen: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.). " "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De los preceptos tanto constitucionales como normativos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción de amparo, es menester que exista interés jurídico reconocido en favor del gobernado quien solicitó la protección Constitucional, entendido éste como la titularidad que corresponde a la persona -física o moral-, respecto de una situación determinada, con motivo del derecho tutelado por la ley, porque dicho reconocimiento al estar estatuido en la legislación positiva, le permite exigir que éste sea respetado en relación con la autoridad que llevó a cabo o pretende practicar una conducta específica, misma que puede ser positiva o negativa y como obligación correlativa del ente de gobierno el deber de acatarla. Esta situación supone dos elementos, la facultad de exigencia y la obligación inseparable, consistente en el deber jurídico de cumplir con la misma; con base en esos requisitos, una persona carece de interés jurídico cuando la norma no le confiere o no reconoce en su favor la potestad de exigir al gobernante se abstenga de perturbar el derecho tutelado, por lo que en dicho supuesto no se actualiza la posibilidad real y legal de obligar a éste a respetar el derecho que se afirma lesionado. En efecto, en relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, el Alto Tribunal ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Luego a efecto de determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional se toma en cuenta el criterio contenido en la tesis 2a. LXXX/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Así, el interés jurídico se traduce en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de un derecho subjetivo del que es titular en su perjuicio, pudiendo consistir en una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular, atribuido a una autoridad, siendo también un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional. Para considerar que a cierto gobernado se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que, por ende, tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional, de modo necesario se requiere la existencia, por una parte, de derechos legítimamente tutelados y, por otra, la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionarle; por ende, no se tiene por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resientan afectación alguna por los actos de autoridad que se reclaman. Luego, se estima que se actualiza la causal en estudio, toda vez que la quejosa reclama, en primer término: La omisión de dar respuesta a su solicitud formulada en forma verbal y por escrito -esta última fechada el veintinueve de abril de dos mil veinte- y dirigida a la Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, a través de la cual solicitó se le excluya de laborar durante esta pandemia en el módulo COVID-19 instalado en el referido nosocomio donde presta sus servicios profesionales como Médico General "A" desde hace ocho años y se le permita continuar con sus funciones previamente asignadas en el área de consulta externa. Derecho de petición que se encuentra consagrado en el artículo 8 Constitucional que establece: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Se ha establecido que para proveer sobre el derecho de petición previsto en dicho numeral en necesario satisfacer los siguientes elementos: La petición debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. El peticionario debe de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición, y La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". No obstante, es de advertir que la peticionaria omitió aportar elemento de convicción eficaz para demostrar que efectivamente realizó dicha solicitud mediante escrito fechado el veintinueve de abril de dos ml veinte, pues si bien anexó a su escrito de demanda las constancias que enseguida se precisan: Acta de nacimiento de la quejosa Lexie Rayito Raquel Mejía Luna. Comprobante de percepciones y descuentos a nombre de Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, como Médico General "A" adscrita al Centro Médico "Dr. Juan Manuel González Ureña", en Morelia, Michoacán. Acta de nacimiento a nombre de la menor de iniciales L.D.M.L., en la que aparece como su progenitora la quejosa Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, sin datos que revelen la identidad del padre. Nota de atención médica a nombre del paciente Luis Mejía Ramírez, diagnosticado con hipertensión arterial, enfisema pulmonar, hiperplasia prostática y dislipidemia y firmada por el Doctor Luis Jaime Gómez Alvarado, adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social. Receta médica de diversos medicamentos en favor de Luis Mejía Ramírez, debido a la hipertensión secundaria a otros trastornos renales, expedida por Francisco Quintana Piña, médico adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Nota de atención médica a nombre de la paciente María Guadalupe Luna Flores, diagnosticada con cirrosis hepática crónica, trombosis venosa esofágica, diabetes tipo II e hipertensión arterial, firmada por la Doctora Martha Patricia Chávez Delgado, adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social. Procedimiento de ligadura endoscópica de varices esofágicas, realizado a María Guadalupe Luna Flores. Copia simple del oficio circular dirigido a diversas autoridades de salud del Estado de Michoacán, para hacer de su conocimiento las acciones y medidas de protección que deberán realizar con motivo de la pandemia ocasionada por el virus COVD-19, con el propósito de asegurar la continuidad en los servicios de salubridad y la protección de los trabajadores de salud que se encuentren en situación vulnerable, por su edad o enfermedades inmunológicas, crónicas o descompensadas, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, etcétera. Escrito en original con firma autógrafa fechado el veintinueve de abril de dos mil veinte, dirigido a la Licenciada en Enfermería Rosalva Jiménez Castro, Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, mediante el cual solicita se le excluya de laborar durante esta pandemia en el módulo COVID-19 instalado en el referido nosocomio donde presta sus servicios profesionales como Médico General "A" y se le permita continuar con sus funciones previamente asignadas en el área de consulta externa, por las razones ahí plasmadas -sin sello de recepción o presentación-. Impresión a color del rol de actividades del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", con sede en esta ciudad, del cual se advierte que la quejosa fue designada para rotar en el módulo COVID-19 los días trece, catorce y quince de julio del presente año; y, Copia simple a color del organigrama de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán. Documentales públicas y privadas a las que se les otorga valor probatorio, en términos de los numerales 129, 133 y 202 del Código Federales de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo. Las mismas resultan insuficientes para acreditar la titularidad del derecho que dice le fue vulnerado, pues si bien en el inciso i), se hizo referencia al escrito en original con firma autógrafa de Lexie Rayito Raquel Mejía Luna fechado el veintinueve de abril de dos mil veinte y dirigido a la Licenciada en Enfermería Rosalva Jiménez Castro, Directora del Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Salud Morelia, éste carece del sello fechador, acuse de recibo o firma original de la oficina receptora, del que se advierta su presentación ante el servidor público respectivo. Por otra parte, las documentales restantes, precisadas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j) y k), únicamente podrían acreditar, en su caso, lo que en ellas se describe, esto es, que la quejosa Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, se encuentra adscrita al Centro Médico "Dr. Juan Manuel González Ureña", en Morelia, Michoacán, como Médico General "A"; que es madre de una menor de edad; los padecimientos de sus progenitores Luis Mejía Ramírez, Ma Guadalupe Luna Flores y María Guadalupe Luna Flores, las acciones y medidas de protección que deberán realizar las autoridades del Sector Salud en el Estado de Michoacán, debido a la pandemia ocasionada por el virus COVD-19; la organización y estructura de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán y el rol de actividades en el Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", con sede en esta ciudad. Por ende, aun cuando se tomara en consideración el contenido de dichos medios de prueba, éstos serían ineficaces para demostrar su interés jurídico, es decir, que efectivamente presentó la referida petición ante las autoridades del sector salud señaladas como responsables. En esa virtud, tampoco se está en el supuesto de que este órgano de control constitucional requiera las constancias necesarias para resolver el asunto que se falla, atendiendo a la postura omisa de las responsables; de ahí que la presunción de certeza obliga a la parte quejosa a demostrar el acto, ya que éste no es inconstitucional en sí mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". En las relatadas condiciones, tomando en consideración que el interés jurídico no es otra cosa que la titularidad que le corresponde a la parte quejosa en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, el cual debe acreditarse plenamente y no a base de presunciones; luego, si en el caso no se demostró de manera plena ese hecho central, ha quedado acreditada de manera indubitable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, en relación con la omisión reclamada. IV.2. Por lo que respecta al acto consistente en: El requerimiento que se le realizó vía telefónica y a través de la red social "WhatsApp" para que se presentara a laborar los días trece, catorce y quince de julio del presente año, en el área donde se encuentran los pacientes infectados del referido virus; requerimiento que le fue notificado a través de aquella aplicación. Este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior, en virtud de que en el caso concreto dicho acto han cesado en sus efectos, como se verá a continuación. El indicado requerimiento -que se presumió cierto- se emitió para que la quejosa prestara sus servicios profesionales en el módulo donde se encuentran los pacientes infectados con el virus COVID19 en el Centro de Salud "Doctor Juan Manuel González Ureña", con residencia en esta ciudad, donde trabaja, específicamente los días trece, catorce y quince de julio del presente año, datas que ya transcurrieron, es decir, actualmente dicho requerimiento no podría efectivizarse en detrimento de la peticionaria Lexie Rayito Raquel Mejía Luna por haber transcurrido el plazo de su asignación laboral en dicha área hospitalaria. Lo anterior, ya que dicho requerimiento únicamente fue emitido, en su caso, para que Lexie Rayito Raquel Mejía Luna prestara sus servicios profesionales en el área COVID19 del nosocomio donde labora, exclusivamente los días precisados en el párrafo que antecede, los que temporalmente han transcurrido, es decir, se han agotado las consecuencias que éste produce en la esfera jurídica de la peticionaria. Por ende, las consecuencias jurídicas derivadas del requerimiento que se presume realizado en contra de la quejosa ya no podrían actuar hacia el futuro, en virtud de que los días trece, catorce y quince de julio del presente año, ya transcurrieron. De esta forma, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al fenecer su actuación, ello implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de dichos efectos; lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Decisión: Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la diversa de sobreseimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, del cuerpo normativo invocado, lo procedente es sobreseer en este juicio promovido por Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, con relación al acto reclamado consistente en el requerimiento que se le realizó vía telefónica y a través de la red social "WhatsApp" para que se presentara a laborar los días trece, catorce y quince de julio del presente año, en el área donde se encuentran los pacientes infectados del virus que produce la enfermedad de COVID-19, del nosocomio donde trabaja. Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causal de improcedencia y sobreseimiento estudiadas, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo y tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad, suprímanse los datos sensibles que pueda contener esta sentencia, procurando que la supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que las partes no hayan manifestado su oposición a que se hagan públicos sus datos personales durante esta primera instancia, acorde al numeral 117 de la legislación en comento. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, fracciones XII y XXI; 63, fracción IV; 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Lexie Rayito Raquel Mejía Luna, respecto de los actos reclamados al Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y a la Directora del Centro de Salud "Juan Manuel González Ureña", con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente fallo en el expediente electrónico.

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