Liceth Calderón Abonce
Expediente 555/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Liceth Calderón Abonce
Actuaciones
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo V-555/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Liceth Calderón Abonce solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia esta ciudad, que consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. En proveído de dos de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado correspondiente; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional la cual no formuló pedimento; se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado cuarto de distrito en el Estado de Michoacán resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la nueva Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y en vigor a partir de su aprobación, realizada en sesión ordinaria de veintitrés de enero el propio año; toda vez que el acto que se reclama en esta vía, lo constituye la denegatoria de justicia por parte de una autoridad que reside en esta ciudad, aunado a que dicho acto carece de ejecución material alguno. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, debe mencionarse que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo en el jucio 104/2016, el cual fue atribuido a la autoridad que señaló como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". TERCERO. Ley Federal del Trabajo aplicable. Previo al estudio de la cuestión debatida en el presente juicio de amparo, resulta indispensable precisar que la referencia que se haga en este asunto de la Ley Federal del Trabajo, será la publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, toda vez que en la especie, el acto reclamado en el presente asunto deriva de un expediente laboral promovido con posterioridad de la reforma de treinta de noviembre de dos mil doce, lo que se revela con el número bajo el cual fue radicado dicho asunto [104/2016]; por ende, es claro que le resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigente. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Cabe señalar que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, omitió rendir el informe justificado a pesar de haber sido notificada (foja 12 del sumario); por tanto, conforme el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo en el proceso laboral 104/2016 de su índice. Apoyan lo anterior, la tesis siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto". "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal". QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su trascripción; además, el hecho que no se trascriban no la deja en estado de indefensión, pues no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma y, por otra parte, si no se trascriben, de ninguna forma implica que se dejen de observar los principios de congruencia y exhaustividad con que deben cumplir las sentencias de amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en los dispositivos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En síntesis, la quejosa afirma que en su perjuicio se violan derechos humanos porque al omitir dictar el laudo, el tribunal infringe en su prejuicio sus garantías de petición, legalidad, seguridad jurídica, administrar la justicia dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de manera pronta, completa e imparcial, establecidas en el artículo 17 constitucional y 17, 18, 685, 771, 871, 872, y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Como ya se dejó asentado en el considerando cuarto de esta sentencia, el Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir el informe justificado; por cuyo motivo se tuvo por presuntivamente cierto el acto que a él se atribuyó. No obstante, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la quejosa Liceth Calderón Abonce, dado que de una correcta interpretación, de la segunda parte del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe estimarse que la presunción de certeza del acto reclamado, no implica la inconstitucionalidad del mismo y, por tanto, corresponde a la parte quejosa la demostración de este último aspecto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación que impone el artículo 75 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el referido numeral 117, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando las autoridades en su informe justificado reconocen la existencia del acto sosteniendo su legalidad, que es una hipótesis diversa a la presunción de certeza que cobra vigencia ante la falta de informe, en cuyo caso corresponde a la agraviada la carga de la prueba cuando el acto reclamado no es violatorio de los derechos humanos en sí mismo, como acontece en el caso. Por lo que en la especie no se aportaron por parte de la quejosa prueba alguna tendiente a demostrar la inconstitucionalidad de la omisión que se reclama a la autoridad de mérito, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado, por las razones apuntadas, a recabar oficiosamente constancias para analizar la constitucionalidad del mismo, sino que es a la quejosa a quien corresponde la carga probatoria de ese hecho, pues, como se ha dicho, el artículo 75 de la ley de la materia, establece esa exigencia siempre y cuando se encuentre en el supuesto de que la autoridad responsable hubiera manifestado expresamente la certeza del acto reclamado, pero que hubiese omitido adjuntar las constancias que deben ser materia de análisis de la resolución que se pronuncie en el juicio de amparo; de ahí que ante la falta de pruebas procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Liceth Calderón Abonce, al no estar este órgano jurisdiccional en condiciones de establecer que la omisión que se reclama a la autoridad señala como responsable, sea inconstitucional en sí misma. Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 304, Tom VI, octubre de 1997, Novena época, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo". Por lo que, tampoco se está en el supuesto de que este órgano de control constitucional requiera las constancias necesarias para resolver el asunto que se falla, dado que la autoridad omisa no reconoció la existencia del acto, de ahí que la presunción de certeza obliga a la quejosa a demostrar el acto, ya que éste no es inconstitucional en sí mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad, suprímanse los datos sensibles que pueda contener esta sentencia, procurando que la supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que las partes no hayan manifestado su oposición a que se hagan públicos sus datos personales durante esta primera instancia, acorde al numeral 117 de la legislación en comento. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 63, fracción IV, 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Liceth Calderón Abonce, contra el acto que reclaman al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con su supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente fallo en el expediente electrónico.
- Principal
Admisión. Vista la demanda de amparo promovida por Liceth Calderón Abonce, por propio derecho; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE, contra actos de: AUTORIDAD RESPONSABLETRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. Por los actos que hace consistir en: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 104/2016. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número V-555/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Intervención de la agente del Ministerio Público de la Federación. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda en el local de este juzgado, y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos en términos del normativo 26, fracción III, de la ley reglamentaria aplicable. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la ley en la materia, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir por escrito, dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto que se le atribuye, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibida que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario y con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la ley instrumental se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Señalamiento de audiencia constitucional. Con fundamento en el precepto 115, párrafo primero, de la ley en aplicación, se señalan las nueve horas con diez minutos del uno de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requerimiento de información sobre la actualización de causales de sobreseimiento. Asimismo, con apoyo en lo establecido por los normativos 64 y 251 de la ley en la materia, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Terceros interesados. Se reconoce el carácter de tercero interesado en términos del ordenamiento 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo a la Secretaría de Educación en el Estado, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena emplazarlo por medio de oficio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda. Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, autorizando para tal efecto a Sara Martínez Gutiérrez y Víctor Manuel Ortega Altamirano, con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así indicarlo el promovente. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Lexie Rayito Raquel Mejía Luna346/2020
- Libia Eugenia Castellanos Figueroa342/2019
- Librado Trujillo Ortíz716/2018
- Lic. Noemí Yuritzi Lara Murillo965/2019
- Lic. Noemí Yuritzi Lara Murillo619/2019
- Liceth Calderón Abonce93/2022
- Liceth Calderón Abonce920/2019
- Lidia Jannete Ballesteros Villegas1400/2022
- Lidia Pérez Zambarano233/2018
- Lidia Ponce de León Núñez883/2021
- Lidia Suárez García465/2019
- Ligia Judith Blanco León724/2020