Leticia Vargas Becerra

Expediente 936/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
936/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Leticia Vargas Becerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello, deberá depurarse. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la depuración del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura a incidente de suspensión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente.

  2. Principal

    Vista con cumplimiento al fallo protector Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte de delegado de las autoridades señaladas como responsables de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, por lo que procede proveer oficiosamente al respecto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El quince de noviembre de dos mil diecinueve terminó de engrosarse la sentencia dictada en este asunto, en la que este juzgado federal determinó: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos consistentes en los artículos 77, 81 y 82 del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis por las razones expuestas en el considerando cuarto, apartados 4.6 y 4.7 de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leticia Vargas Becerra en relación con los actos que atribuye al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial y Director de Pensiones Civiles, todos del Estado de Michoacán, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. II. Por auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia, el cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo, el que en sesión de tres de septiembre de dos mil veinte, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado por la parte quejosa. III. El dieciséis de octubre de dos mil veinte se tuvo por recibida la ejecutoria del colegiado y se requirió a la autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumpliera con el fallo protector aludido. IV. El trece de noviembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, se recibió el oficio sin número, signado por el Delegado de las Autoridades señaladas como responsables, mediante el cual dicha autoridad informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. IV. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado para que, en el plazo de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual informó la autoridad responsable, sin que se realizara manifestación alguna. Conviene precisar que las documentales relacionadas en el punto IV cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Valoración Con los antecedentes detallados procede valorarse el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo, bajo los términos siguientes: El análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, por el cual Por lo anterior derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que los efectos de la concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable hiciera lo siguiente: La desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa de la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, del Decreto 638 impugnado. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de once de julio de dos mil diecinueve, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. En su lugar, la referida Junta Directiva emita una nueva resolución en la que no se aplique a la quejosa el Decreto 638, y, por ende, resuelva nuevamente la solicitud de jubilación en los términos que dispone la Ley anterior, entendiendo que la impetrante tiene un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. Por su parte, la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 176/2019, de siete de agosto de dos mil diecinueve, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, lo comunique como corresponda. Así, de las constancias exhibidas por el delegado de las autoridades responsables se advierte que: 1. Mediante oficio 582/2020 de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, firmado por la C.P. Lourdes Sandoval Villegas, recibido por la quejosa con fecha diez de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se le comunicó a la aquí quejosa que la Junta Directiva de esta Institución dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria fecha once de julio de dos mil diecinueve, así como el beneficio que recibiría a partir de la primer quincena del mes de octubre del presente año, será el pago del 100% del sueldo base que percibía a la fecha en que causó baja como servidor público, misma que se ajustó a la cantidad actualizada de $30,506.84 (Treinta mil quinientos seis pesos 84/100 M.N.), de manera mensual de conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 21 de Noviembre del año 2007 dos mil siete, haciéndole de su conocimiento que el pago por concepto de retroactivo que comprende del quince de agosto de dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, le será cubierta en la quincena señalada; 2. Así como que la Subdirectora de Jubilados y Pensionados dejó insubsistente el oficio 176/2019, de siete de agosto del año dos mil diecinueve elaborando el oficio precisado en el punto anterior. 3. Mediante oficio número 97/2020, de fecha tres de noviembre del año dos mil veinte, firmado por el M.A.P. Esteban Reberiano Morales Guerrero, Director General de Pensiones Civiles del Estado, dirigido al Lic. Sergio Pérez Calderón, Subdirector Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, mediante el cual le comunica que mediante sesión ordinaria celebrada durante el veintinueve de octubre del dos mil veinte, se dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en la que se aprobó la solicitud de la jubilación de la quejosa, así como; sus consecuencias legales, emitiéndose nueva resolución determinando que la cantidad actualizada que deberá percibir la quejosa por concepto de jubilación, lo es la cantidad de, $30,506.84 (Treinta mil quinientos seis pesos 84/100 M.N.) mensuales; debiéndose cuantificar las diferencias por dicho concepto en cuanto pago retroactivo, en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, vigente hasta el veinticinco de agosto del año dos mil quince. Decisión En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos los efectos del mismo. En ese contexto, al haberse desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, del Decreto 638 impugnado, dejado insubsistente la sesión de once de julio de dos mil diecinueve y, por ende, insubsistente el oficio 176/2019 para, en su lugar, emitir una otra determinación en la que se resolvió nuevamente la solicitud de jubilación en los términos que dispone la Ley anterior, a lo cual se centraba el otorgamiento de la protección constitucional, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento, ya que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo cual, se insiste, el fallo protector fue cumplido sin excesos ni defectos. En el entendido de que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Apoya lo afirmado en este apartado, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Vista a las partes Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifieste si es su deseo interponer recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el cuarto párrafo del precepto legal 196 de la ley de la materia, esto es, una vez que transcurra el término aludido, sin que se haya interpuesto el medio de defensa indicado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se proveerá respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Reserva de comunicaciones. Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus SARS-CoV-2, por ello, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Vista con cumplimiento al fallo protector Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte de delegado de las autoridades señaladas como responsables de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, por lo que procede proveer oficiosamente al respecto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El quince de noviembre de dos mil diecinueve terminó de engrosarse la sentencia dictada en este asunto, en la que este juzgado federal determinó: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos consistentes en los artículos 77, 81 y 82 del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis por las razones expuestas en el considerando cuarto, apartados 4.6 y 4.7 de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leticia Vargas Becerra en relación con los actos que atribuye al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial y Director de Pensiones Civiles, todos del Estado de Michoacán, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. II. Por auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia, el cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo, el que en sesión de tres de septiembre de dos mil veinte, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado por la parte quejosa. III. El dieciséis de octubre de dos mil veinte se tuvo por recibida la ejecutoria del colegiado y se requirió a la autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumpliera con el fallo protector aludido. IV. El trece de noviembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, se recibió el oficio sin número, signado por el Delegado de las Autoridades señaladas como responsables, mediante el cual dicha autoridad informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. IV. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado para que, en el plazo de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual informó la autoridad responsable, sin que se realizara manifestación alguna. Conviene precisar que las documentales relacionadas en el punto IV cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Valoración Con los antecedentes detallados procede valorarse el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo, bajo los términos siguientes: El análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, por el cual Por lo anterior derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que los efectos de la concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable hiciera lo siguiente: La desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa de la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, del Decreto 638 impugnado. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de once de julio de dos mil diecinueve, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. En su lugar, la referida Junta Directiva emita una nueva resolución en la que no se aplique a la quejosa el Decreto 638, y, por ende, resuelva nuevamente la solicitud de jubilación en los términos que dispone la Ley anterior, entendiendo que la impetrante tiene un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. Por su parte, la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 176/2019, de siete de agosto de dos mil diecinueve, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, lo comunique como corresponda. Así, de las constancias exhibidas por el delegado de las autoridades responsables se advierte que: 1. Mediante oficio 582/2020 de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, firmado por la C.P. Lourdes Sandoval Villegas, recibido por la quejosa con fecha diez de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se le comunicó a la aquí quejosa que la Junta Directiva de esta Institución dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria fecha once de julio de dos mil diecinueve, así como el beneficio que recibiría a partir de la primer quincena del mes de octubre del presente año, será el pago del 100% del sueldo base que percibía a la fecha en que causó baja como servidor público, misma que se ajustó a la cantidad actualizada de $30,506.84 (Treinta mil quinientos seis pesos 84/100 M.N.), de manera mensual de conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 21 de Noviembre del año 2007 dos mil siete, haciéndole de su conocimiento que el pago por concepto de retroactivo que comprende del quince de agosto de dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, le será cubierta en la quincena señalada; 2. Así como que la Subdirectora de Jubilados y Pensionados dejó insubsistente el oficio 176/2019, de siete de agosto del año dos mil diecinueve elaborando el oficio precisado en el punto anterior. 3. Mediante oficio número 97/2020, de fecha tres de noviembre del año dos mil veinte, firmado por el M.A.P. Esteban Reberiano Morales Guerrero, Director General de Pensiones Civiles del Estado, dirigido al Lic. Sergio Pérez Calderón, Subdirector Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, mediante el cual le comunica que mediante sesión ordinaria celebrada durante el veintinueve de octubre del dos mil veinte, se dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en la que se aprobó la solicitud de la jubilación de la quejosa, así como; sus consecuencias legales, emitiéndose nueva resolución determinando que la cantidad actualizada que deberá percibir la quejosa por concepto de jubilación, lo es la cantidad de, $30,506.84 (Treinta mil quinientos seis pesos 84/100 M.N.) mensuales; debiéndose cuantificar las diferencias por dicho concepto en cuanto pago retroactivo, en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, vigente hasta el veinticinco de agosto del año dos mil quince. Decisión En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos los efectos del mismo. En ese contexto, al haberse desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, del Decreto 638 impugnado, dejado insubsistente la sesión de once de julio de dos mil diecinueve y, por ende, insubsistente el oficio 176/2019 para, en su lugar, emitir una otra determinación en la que se resolvió nuevamente la solicitud de jubilación en los términos que dispone la Ley anterior, a lo cual se centraba el otorgamiento de la protección constitucional, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento, ya que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo cual, se insiste, el fallo protector fue cumplido sin excesos ni defectos. En el entendido de que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Apoya lo afirmado en este apartado, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Vista a las partes Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifieste si es su deseo interponer recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el cuarto párrafo del precepto legal 196 de la ley de la materia, esto es, una vez que transcurra el término aludido, sin que se haya interpuesto el medio de defensa indicado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se proveerá respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Reserva de comunicaciones. Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus SARS-CoV-2, por ello, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    Reanudación de los plazos y términos procesales Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Continuación del procedimiento. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la sentencia pronunciada el quince de noviembre de dos mil diecinueve se encuentra para calificar el cumplimiento de la autoridad responsable a la ejecutoria, por lo que, en su momento se emitirá el pronunciamiento respectivo. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de la quejosa Leticia Vargas Becerra, mediante el cual proporciona el correo electrónico lic_lety_vb@hotmail.com, para que se le hagan llegar las constancias que indica; se instruye a la secretaria a cargo de este expediente que realice lo siguiente: 1. Seleccione las constancias peticionadas que obren en el expediente en que se actúa. 2. Obtenga la versión digitalizada de las documentales seleccionadas; y, 3. Envíe las mismas a través de un mensaje electrónico que contenga la versión digital de las constancias aludidas a la dirección de correo electrónico proporcionada por la parte tercera interesada, solicitando el acuse de recibo de aquéllas por la misma vía de correo electrónico. Apercibimiento Se apercibe al promovente que, de no acusar recibo de las constancias remitidas por correo electrónico, dentro del plazo de tres días siguientes a que aquéllas sean enviadas por la secretaria encargada del presente asunto, se entenderán como recibidas a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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