Leticia Vargas González

Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
374/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Leticia Vargas González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la causa prevista en la el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" La citada causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior transcripción, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que la promovente de amparo llegara a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno de los derechos fundamentales que le hayan sido transgredidos, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Ahora bien, la autoridad responsable exhibió en el presente juicio de amparo, remitió copia certificada de las actuaciones relativas al juicio ordinario civil 27/2019 promovido por Ramón Vargas González contra Banco Nacional de Crédito Agrícola y otro. De las cuales se advierte que si bien, el once de enero de dos mil diecisiete se presentó la demanda civil respectiva, la cual se admitió el quince de enero de dos mil diecinueve, y se ordenó emplazar a los codemandados. Posteriormente, el dieciséis de mayo de este año, se decretó la caducidad de la segunda instancia, y quedó firme el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, que decretó la caducidad del juicio ordinario civil 27/2019. Entonces, si el acto reclamado consiste en la falta de emplazamiento al mencionado juicio civil, el cual, con posterioridad, ante la falta de interés procesal, se decretó la caducidad tanto en primer como en segunda instancia; es inconcuso que prevalece una imposibilidad para analizar el acto reclamado en esta vía constitucional. Es decir, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en el evento de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico protector tendría la respectiva sentencia concesoria, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado. Por lo que al ser claro que, para los efectos del amparo el acto reclamado aun cuando subsista y no puede surtir sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, con registro digital: 173858, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que son de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. En apoyo a la conclusión anterior, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDEDECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito registrado con número de folio 10925, por el cual la parte quejosa se desiste de su demanda de amparo; por lo que, en esa misma data se señalaron las doce horas del cinco de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que dicha parte procesal, ratifique su voluntad, respecto al mismo (lo cual aún no acontece); lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte el oficio 8353 (del índice de este juzgado), por el cual la autoridad responsable Juzgado Segundo de lo Civil, rindió su informe justificado, del cual se desprende la existencia del expediente 0027/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por Ramón Vargas González, en contra de Banco Nacional de Crédito Agrícola y María de Jesús Gómez Villanueva, en el cual se advierte la interposición de un recurso de apelación en contra de la determinación que decretó la caducidad de la instancia en ese asunto. Por tanto, a fin de que este juzgador se allegue de las constancias relativas a fin de resolver el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juzgado Segundo de lo Civil, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciban el oficio que con transcripción del presente acuerdo se gire, informe a este Juzgado el estado procesal en que se encuentra el expediente 0027/2019, de su índice, respecto al citado medio de impugnación, a fin de determinar lo que en derecho corresponda. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con cuarenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda, el escrito presentado al parecer por la quejosa; mediante el cual se desiste de su demanda de amparo. Por tanto, previo a proveer lo que conforme a derecho proceda, requiérase a la quejosa Leticia Vargas González, para que, al momento de la notificación, o bien dentro del plazo de tres días, manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta mediante el cual se desiste del juicio de amparo; pudiéndolo hacer en el acto de la notificación de este acuerdo; o bien, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado en día y hora hábil, debidamente identificado. Se le apercibe que de no comparecer ante este órgano jurisdiccional dentro del término señalado para tal efecto, o manifestar al respecto en el acto de la notificación, se tendrá por no presentado dicho escrito y se continuará con la secuela procesal del presente asunto, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 119/2006, con de registro 174481, ubicada en la página 295, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece: En ese contexto, se señalan las doce horas del cinco de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que ratifique su voluntad; haciéndole saber que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y fecha señalada. Por lo tanto, acorde con lo establecido en el artículo 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que notifiquen personalmente el presente proveído a la parte quejosa, y al momento de realizar la notificación correspondiente, haga entrega del código QR generado para su comparecencia. Para lo cual, de conformidad con el Acuerdo 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, reformado por el similar 18/2020, del propio Consejo, en relación al periodo de vigencia, se deberá llevar a cabo con todas las medidas de salud, seguridad y sana distancia. Notifíquese personalmente a la quejosa

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que el tercero interesado Ramón Vargas González, fue emplazado el cuatro de agosto del año en curso, sin que a la fecha hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, ya que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que el tercero interesado fue debidamente emplazado sin que a la fecha hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veinticuatro de junio del año en curso, y con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele al tercero interesado, el presente proveído, el auto de seis de julio del año en curso y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese y por lista al tercero interesado.

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