Leticia Acosta Ibarra
Expediente 109/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2019
Partes del expediente
- Leticia Acosta Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado actual de los presentes autos, se advierte que aún no obra en el expediente la constancia de notificación ni el informe previo solicitado a la autoridad responsable. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, señalándose como nueva fecha para su celebración, las nueve horas con cuarenta minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Juan Domingo Valadez Rivera, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos, el escrito y anexo presentado por el licenciado Guillermo González Muñoz, autorizado por la quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que pretende ofrecer como pruebas documentales diversas constancias en copia simple, las cuales solicita se requieran a diversas autoridades a efecto de que remitan copias certificadas de las mismas, para una mayor constancia y certeza de las mismas. Atento a lo anterior, no ha lugar acordar de conformidad, en virtud de que no acreditó la solicitud de dicha expedición de copias certificadas ante las diversas autoridades que refiere en su escrito, ni que se le hayan negado por los mismos. Sin embargo de acreditar lo anterior o bien, de insistir con dicha solicitud, se proveerá lo conducente Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.41 K (10ª), consultable en la página 3397, Libro 26, del Tomo IV, Enero de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA QUE UNA COPIA O DOCUMENTO SEA EXPEDIDO AL SOLICITANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA Y EL JUEZ DE DISTRITO DEBA REQUERIRLO, ES PRECISO QUE LA PETICIÓN SE HAYA FORMULADO A LA AUTORIDAD QUE JURÍDICAMENTE PUEDA DISPONER DE ÉL Y QUE ÉSTE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE PERTINENCIA E IDONEIDAD PARA SU ADMISIÓN. Del sentido literal del primer enunciado del citado numeral de la Ley de Amparo, que establece: "A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllos les hubieren solicitado.", podría considerarse que alude a todos los servidores públicos y, genéricamente, a todos los documentos y copias que sean objeto de solicitud; sin embargo, esa interpretación llevaría a posturas inadmisibles, algunas desde el punto de vista lógico, y otras desde el sistema normativo del que el precepto forma parte, lo que da lugar a que el operador jurídico, al establecer los términos en que habrá de entenderse y aplicarse, deba tener presentes otras disposiciones del ordenamiento jurídico, como ocurre con los requisitos que condicionan la admisibilidad de las pruebas y el principio de máxima apertura en su recepción, en términos del artículo 119 de la ley mencionada, o con las limitaciones por razones de reserva o confidencialidad previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así, ante la pretensión de que una autoridad expida copias o documentos que no tiene a su alcance, por no guardar relación con su elaboración ni con su resguardo o custodia, resulte inadmisible imponerle esa obligación. Por tanto, para que una copia o documento sea expedido al solicitante en términos del artículo 121 mencionado y el Juez de Distrito deba requerirlo, es preciso que la petición se haya formulado a la autoridad que jurídicamente pueda disponer de él y que éste cumpla con los principios de pertinencia e idoneidad para su admisión como prueba en el amparo indirecto. Asimismo, la tesis III.2o.P.17 K, consultable en la página 2220, del Tomo IV, Enero de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Decima Época, cuyo rubro señala: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL REQUERIMIENTO DEL JUEZ CONSTITUCIONAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS OMISOS EN EXPEDIR LAS COPIAS O DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LAS PARTES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA, ESTÁ SUPEDITADO A QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE. El artículo 121 de la Ley de Amparo establece como requisitos para que el juzgador constitucional requiera la expedición de copias o documentos a algún servidor público que ha sido omiso en expedir las copias o documentos solicitados por las partes, que la parte interesada demuestre haber hecho la solicitud respectiva, cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para su desahogo. Sin embargo, no dispone que el requerimiento que haga el Juez de amparo a la autoridad omisa en expedir esas constancias, esté supeditado a que el Juez citado califique la pertinencia e idoneidad de las copias o documentos, como medio de prueba, sino sólo a los requisitos mencionados. Ahora bien, por lo que respecta a la documental precisada en el inciso e), de su escrito, consistente en copias simples, las cuales se cotejaron con las copias certificadas que obran en el incidente del presente juicio de garantías, de actas de nacimiento de los que la quejosa refirió como terceros interesados Layla Ivetth, Gabriel Guillermo, Alan Jaed y Edma Denisse de apellidos Villalobos Acosta; con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia, al no requerir forma especial para el desahogo y sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; lo anterior conforme a lo establecido en la jurisprudencia 71/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Juan Domingo Valadez Rivera, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos, el escrito y anexo presentado por el licenciado Guillermo González Muñoz, autorizado por la quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que pretende ofrecer como pruebas documentales diversas constancias en copia simple, las cuales solicita se requieran a diversas autoridades a efecto de que remitan copias certificadas de las mismas, para una mayor constancia y certeza de las mismas. Atento a lo anterior, no ha lugar acordar de conformidad, en virtud de que no acreditó haber hecho la solicitud de dicha expedición de copias certificadas ante las diversas autoridades que refiere en su escrito, ni que se le hayan negado por los mismos, conforme al artículo 121 de la Ley de Amparo. Sin embargo de acreditar lo anterior o bien, de insistir con dicha solicitud, se proveerá lo conducente Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.41 K (10ª), consultable en la página 3397, Libro 26, del Tomo IV, Enero de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA QUE UNA COPIA O DOCUMENTO SEA EXPEDIDO AL SOLICITANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA Y EL JUEZ DE DISTRITO DEBA REQUERIRLO, ES PRECISO QUE LA PETICIÓN SE HAYA FORMULADO A LA AUTORIDAD QUE JURÍDICAMENTE PUEDA DISPONER DE ÉL Y QUE ÉSTE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE PERTINENCIA E IDONEIDAD PARA SU ADMISIÓN. Del sentido literal del primer enunciado del citado numeral de la Ley de Amparo, que establece: "A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllos les hubieren solicitado.", podría considerarse que alude a todos los servidores públicos y, genéricamente, a todos los documentos y copias que sean objeto de solicitud; sin embargo, esa interpretación llevaría a posturas inadmisibles, algunas desde el punto de vista lógico, y otras desde el sistema normativo del que el precepto forma parte, lo que da lugar a que el operador jurídico, al establecer los términos en que habrá de entenderse y aplicarse, deba tener presentes otras disposiciones del ordenamiento jurídico, como ocurre con los requisitos que condicionan la admisibilidad de las pruebas y el principio de máxima apertura en su recepción, en términos del artículo 119 de la ley mencionada, o con las limitaciones por razones de reserva o confidencialidad previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así, ante la pretensión de que una autoridad expida copias o documentos que no tiene a su alcance, por no guardar relación con su elaboración ni con su resguardo o custodia, resulte inadmisible imponerle esa obligación. Por tanto, para que una copia o documento sea expedido al solicitante en términos del artículo 121 mencionado y el Juez de Distrito deba requerirlo, es preciso que la petición se haya formulado a la autoridad que jurídicamente pueda disponer de él y que éste cumpla con los principios de pertinencia e idoneidad para su admisión como prueba en el amparo indirecto. Asimismo, la tesis III.2o.P.17 K, consultable en la página 2220, del Tomo IV, Enero de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Decima Época, cuyo rubro señala: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL REQUERIMIENTO DEL JUEZ CONSTITUCIONAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS OMISOS EN EXPEDIR LAS COPIAS O DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LAS PARTES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA, ESTÁ SUPEDITADO A QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE. El artículo 121 de la Ley de Amparo establece como requisitos para que el juzgador constitucional requiera la expedición de copias o documentos a algún servidor público que ha sido omiso en expedir las copias o documentos solicitados por las partes, que la parte interesada demuestre haber hecho la solicitud respectiva, cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para su desahogo. Sin embargo, no dispone que el requerimiento que haga el Juez de amparo a la autoridad omisa en expedir esas constancias, esté supeditado a que el Juez citado califique la pertinencia e idoneidad de las copias o documentos, como medio de prueba, sino sólo a los requisitos mencionados. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 143 y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas las pruebas documentales consistentes en copia certificada de acta de matrimonio celebrado entre Javier Villalobos Rodríguez y la aquí quejosa, en el régimen de sociedad conyugal, así como las copias certificadas de las actas de nacimiento de los que la quejosa refirió como como terceros interesados Layla Ivetth, Gabriel Guillermo, Alan Jaed y Edma Denisse de apellidos Villalobos Acosta, sin que sea obstáculo hacer relación de ellas en la audiencia incidental, realícese el cotejo respectivo para que se agreguen al principal del juicio de amparo relativo al presente incidente de suspensión; lo anterior conforme a lo establecido en la jurisprudencia 71/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." Notifíquese. Así lo acordó y firma, Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Juan Domingo Valadez Rivera, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Leticia Acosta Ibarra, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, con sede en Rosarito; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda en sus términos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número109/2019. Incidente de suspensión Fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión que se solicita. Audiencia constitucional Se señalan las diez horas con veinte minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Informes justificados Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles, siguientes a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remitir fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlos, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, es decir, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado Ahora bien, este Juzgado Federal se reserva de acordar a quiénes les reviste el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado, una vez que consten en el expediente copias certificadas del juicio de origen, y analizadas, se hará el pronunciamiento de a quiénes les reviste tal carácter en el presente juicio de amparo y se ordenará su emplazamiento. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente corresponde, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta; asimismo, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guillermo González Muñoz, Oscar Alberto Castillo Ramírez, Nuvia Hernández Madera, y Francisco Pedroza Franco, dado que tiene inscrita la cédula profesional en el registro del Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas las pruebas documentales que anexa la parte quejosa al escrito inicial de demanda, al no requerir forma especial para el desahogo y sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, realícese el cotejo respectivo para que se agreguen al incidente de suspensión; lo anterior conforme a lo establecido en la jurisprudencia 71/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." Ahora bien, por lo que respecta a las solicitudes de la quejosa respecto de las documentales públicas, consistentes en las copias certificadas de las constancias que integren respectivamente las causas penales 605/1990, 956/2012 y 950/2012, de los índices del Juzgado Segundo, Tercero de lo Civil, ambos con sede en Ensenada, Baja California, a fin de ofrecerlas como pruebas; no ha lugar acordar de conformidad, en virtud de que no acreditó la solicitud de dicha expedición de copias certificadas ante los citados Juzgados Civiles, ni que se le hayan negado por los mismos. Sin embargo de acreditar lo anterior o bien, de insistir con dicha solicitud, se proveerá lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.41 K (10ª), consultable en la página 3397, Libro 26, del Tomo IV, Enero de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA QUE UNA COPIA O DOCUMENTO SEA EXPEDIDO AL SOLICITANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA Y EL JUEZ DE DISTRITO DEBA REQUERIRLO, ES PRECISO QUE LA PETICIÓN SE HAYA FORMULADO A LA AUTORIDAD QUE JURÍDICAMENTE PUEDA DISPONER DE ÉL Y QUE ÉSTE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE PERTINENCIA E IDONEIDAD PARA SU ADMISIÓN. Del sentido literal del primer enunciado del citado numeral de la Ley de Amparo, que establece: "A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllos les hubieren solicitado.", podría considerarse que alude a todos los servidores públicos y, genéricamente, a todos los documentos y copias que sean objeto de solicitud; sin embargo, esa interpretación llevaría a posturas inadmisibles, algunas desde el punto de vista lógico, y otras desde el sistema normativo del que el precepto forma parte, lo que da lugar a que el operador jurídico, al establecer los términos en que habrá de entenderse y aplicarse, deba tener presentes otras disposiciones del ordenamiento jurídico, como ocurre con los requisitos que condicionan la admisibilidad de las pruebas y el principio de máxima apertura en su recepción, en términos del artículo 119 de la ley mencionada, o con las limitaciones por razones de reserva o confidencialidad previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así, ante la pretensión de que una autoridad expida copias o documentos que no tiene a su alcance, por no guardar relación con su elaboración ni con su resguardo o custodia, resulte inadmisible imponerle esa obligación. Por tanto, para que una copia o documento sea expedido al solicitante en términos del artículo 121 mencionado y el Juez de Distrito deba requerirlo, es preciso que la petición se haya formulado a la autoridad que jurídicamente pueda disponer de él y que éste cumpla con los principios de pertinencia e idoneidad para su admisión como prueba en el amparo indirecto. Asimismo, la tesis III.2o.P.17 K, consultable en la página 2220, del Tomo IV, Enero de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Decima Época, cuyo rubro señala: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL REQUERIMIENTO DEL JUEZ CONSTITUCIONAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS OMISOS EN EXPEDIR LAS COPIAS O DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LAS PARTES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA, ESTÁ SUPEDITADO A QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE. El artículo 121 de la Ley de Amparo establece como requisitos para que el juzgador constitucional requiera la expedición de copias o documentos a algún servidor público que ha sido omiso en expedir las copias o documentos solicitados por las partes, que la parte interesada demuestre haber hecho la solicitud respectiva, cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para su desahogo. Sin embargo, no dispone que el requerimiento que haga el Juez de amparo a la autoridad omisa en expedir esas constancias, esté supeditado a que el Juez citado califique la pertinencia e idoneidad de las copias o documentos, como medio de prueba, sino sólo a los requisitos mencionados. Realícense las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Transparencia y digitalización Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Por último, a fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integren el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Domingo Valadez Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, encargado del despacho, por licencia académica de la Titular, conforme al oficio CCJ/ST/6129/2019, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que actúa con el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario que autoriza y da fe.
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