Leticia Espino Cerna
Expediente 423/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/12/2021
Partes del expediente
- Leticia Espino Cerna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, se procede a emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se determinó, conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Leticia Espino Cerna, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ""[.] Efectos de la concesión de amparo. En mérito de lo expuesto, a fin de restituir al quejoso en los derechos fundamentales vulnerados, con sustento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, es para que la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil de Tijuana, con sede en esta ciudad, deberá: Dejar sin efectos la sentencia de once de enero de dos mil veintiuno, emitida dentro del Juicio Ordinario Civil 1626/2019, de su índice, así como los efectos y consecuencias de la misma; y en su lugar, deberá acordar lo que en derecho corresponda para que la quejosa sea llamada a juicio como tercera con interés respecto del inmueble materia de esa controversia, sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado. "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, al no haber sido recurrida la sentencia dictada en el presente asunto, causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables Juez Noveno de lo Civil, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, para que dieran cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez Noveno de lo Civil, con sede en esta ciudad remitió el oficio 5662/2021, informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector, del que se advierte lo siguiente: En el oficio de que se trata, la Juez responsable hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veintisiete de octubre del año en curso dentro del expediente 1626/2019 dictó un proveído en el que procedió a dejar sin efectos la sentencia de once de enero de dos mil veintiuno y ordenó que se repusiera el procedimiento con las formalidades de ley y se llamara a juicio como tercero con interés a la aquí quejosa Leticia Espino Cerda, respecto del inmueble materia de la controversia, sin que ello implicara que en el juicio natural se debiera declarar la nulidad de todo lo actuado, ordenando el emplazamiento de la antes mencionada en los términos ahí planteados (lo que se corrobora con la transcripción realizada por la Juez responsable en el oficio dirigido a este órgano jurisdiccional en cumplimiento al fallo protector). Constancia a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Con lo anterior, es claro que la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento al fallo protector, ya que mediante proveído dictado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, procedió a dejar sin efectos la sentencia de once de enero del presente año ordenando la reposición del procedimiento con las formalidades de ley en el expediente 1626/2019, ordenando el llamamiento a juicio como tercero interesado a Leticia Espino Cerda, respecto del inmueble materia de la controversia, sin que ello implicara que en el juicio natural se debiera declarar la nulidad de todo lo actuado. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Notifíquese personalmente. Se notifica el presente auto por lista a la parte tercero interesada el presente auto.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios que remiten el Juez Noveno de lo Civil, con sede en esta ciudad y el actuario de su adscripción, mediante los cuales informan los actos tendentes para dar cumplimiento al fallo protector en el presente asunto. Atento a lo anterior, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los oficios remitidos por el Juez Noveno delo Civil, en esta ciudad, y el actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido que de no hacer manifestación alguna se proveerá respecto al cumplimiento del presente fallo protector. Notifíquese personalmente a las partes y córraseles traslado con los oficios de cuenta.
- Principal
Se notifica por lista a la tercero interesada Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, del tenor siguiente: Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios que remiten el Juez Noveno de lo Civil, con sede en esta ciudad y el actuario de su adscripción, mediante los cuales informan los actos tendentes para dar cumplimiento al fallo protector en el presente asunto. Atento a lo anterior, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los oficios remitidos por el Juez Noveno delo Civil, en esta ciudad, y el actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido que de no hacer manifestación alguna se proveerá respecto al cumplimiento del presente fallo protector. Notifíquese personalmente a las partes y córraseles traslado con los oficios de cuenta.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada resolución, en el plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; es decir, deberá: "[.] Efectos de la concesión de amparo. En mérito de lo expuesto, a fin de restituir al quejoso en los derechos fundamentales vulnerados, con sustento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, es para que la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil de Tijuana, con sede en esta ciudad, deberá: Dejar sin efectos la sentencia de once de enero de dos mil veintiuno, emitida dentro del Juicio Ordinario Civil 1626/2019, de su índice, así como los efectos y consecuencias de la misma; y en su lugar, deberá acordar lo que en derecho corresponda para que la quejosa sea llamada a juicio como tercera con interés respecto del inmueble materia de esa controversia, sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado. "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Debiendo remitir las constancias en copia certificada con las que así lo acredite. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así y sin causa justificada que lo acredite, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como por lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ocupa y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables requeridas que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Notifíquese.
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