Leyanys Gonzalez Rodriguez
Expediente 729/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/11/2022
Partes del expediente
- LEYANYS GONZALEZ RODRIGUEZ y Otros.
- Leyanys Gonzalez Rodriguez
- Daris Dayanis Gomez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta provenientes del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 200/2022, con número de orden 208/2022, del índice de este Juzgado; por tanto, dese de baja en el libro de gobierno respectivo sin que sea el caso acusar de recibo al órgano jurisdiccional exhortado, toda vez que la presente comunicación oficial fue enviada y recibida vía electrónica a través Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se tuvo por no presentada la demanda en el presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial suscrita por el actuario de la adscripción de la que se advierte la imposibilidad de localizar a los directos agraviados Leyanys González Rodriguez y Daris Dayanis Gómez González, para lo cual adjunta copia de las resoluciones de retorno asistido de quince de septiembre de dos mil veintidós, a nombre de los antes mencionados. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir de los quejosos, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTOS Y/U OMISIONES RECLAMADOS a) La privación y/o ataques de la libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación, es decir, aseguramiento o presentación o alojamiento o restricción de la libertad personal sin que existiera una orden previa de autoridad dirigida específicamente a las hoy quejosas, con eminente posibilidad de ser deportadas y/o expulsadas y/o retornadas de manera asistida y/o repatriadas y/o trasladas a cualquier otra ubicación o recinto o Estación provisional migratoria o del Instituto Nacional de Migración. b) Negativa de la autoridad a determinar medidas alternativas a la detención, alojamiento y/o privación de la libertad. c) Incomunicación; negativa de la autoridad migratoria a que mis representados se comuniquen o avisen o informen su situación jurídica. d) Omisión y/o negativa ficta sobre la representación legal a que tienen derecho dentro del Procedimiento Administrativo Migratorio. e) Ausencia de la determinación sobre la situación jurídica correspondiente a la detención por más de 36 (treinta y seis) horas." Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido de las constancias adjuntas a la constancia actuarial que se agrega en esta fecha se desprende: -Comparecencias de quince de septiembre de dos mil veintidós, en las que se advierte las manifestaciones de las directamente agraviadas Leyanys González Rodriguez y Daris Dayanis Gómez González, donde solicitaron el beneficio de retorno asistido. -Resolución de retorno asistido de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente EM/BC//TIJ/9580/15-9-2022, resolviendo la situación migratoria a nombre de Daris Dayanis Gómez González. --Resolución de retorno asistido de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente EM/BC//TIJ/9581/15-9-2022, resolviendo la situación migratoria a nombre de Leyanys González Rodríguez. Documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que, las directamente agraviadas Leyanys González Rodriguez y Daris Dayanis Gómez González, mediante comparecencias de quince de septiembre de dos mil veintidós, solicitaron ante el Instituto Nacional de Migración el beneficio de retorno asistido. Asimismo, que mediante resoluciones de retorno asistido de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictadas dentro de los expedientes EM/BC//TIJ/9580/15-9-2022 y EM/BC//TIJ/9581/15-9-2022, el Instituto Nacional de Migración, resolvió la situación migratoria a nombre de Daris Dayanis Gómez González y Leyanys González Rodríguez. Aunado a ello, de la constancia realizada por el Actuario de la adscripción, se advierte que al constituirse en la Estación Migratoria de esta ciudad, fue informado por personal del Instituto Nacional de Migración, que las directamente agraviadas ya no se encontraban en los separos de esa estación, no obstante ello, las voceo en el lugar sin que alguna persona contestara a su llamado. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que se dejaron sin efecto los actos que en esta vía se combaten, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de las directamente agraviadas; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: -Incomunicación. -Privación y/o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; aseguramiento o presentación, alojamiento o restricción de la libertad personal en contra de las aquí quejosas con inminente posibilidad de ser deportadas, expulsadas, retornadas de manera asistirá, repatriadas a su país de origen o trasladadas a cualquier otra estación migratoria. Actos que han cesado sus efectos, toda vez que de las constancias que se agregan en esta fecha se advierte que las directamente agraviadas Leyanys González Rodriguez y Daris Dayanis Gómez González, mediante comparecencias de quince de septiembre de dos mil veintidós, solicitaron ante el Instituto Nacional de Migración el beneficio de retorno asistido, recayendo al efecto resoluciones de retorno asistido de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictadas dentro de los expedientes EM/BC//TIJ/9580/15-9-2022 y EM/BC//TIJ/9581/15-9-2022, el Instituto Nacional de Migración, resolvió la situación migratoria a nombre de las agraviadas Daris Dayanis Gómez González y Leyanys González Rodríguez, del cual deriva el acto que se reclama. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causa de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de las directas quejosas. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para los directamente agraviados que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éstos) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los quejosos; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente, toda vez que las agraviadas no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a las antes mencionadas, el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese; y por lista a Leyanys González Rodriguez y Daris Dayanis Gómez González.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, atento a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimento dado a la suspensión de plano decretada en autos, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como delegados de la autoridad oficiante, los que indica en su informe, de conformidad con los artículos 9 de la Ley de la materia. Finalmente, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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