Leticia Arregui Garcia
Expediente 1074/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leticia Arregui Garcia
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vistos, los autos del presente juicio de amparo 1450/2021-VI, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria de amparo dictada en autos; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada dictada en el presente expediente, se concedió el amparo instado al quejoso Martín Gerardo Álvarez Ibarrondo, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Segundo. Por oficio 905/2022 del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria de amparo. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el referido oficio para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus intereses conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. La parte quejosa por conducto de su autorizada en términos amplios Grisel Iveth Juárez Moguel, realizó diversas manifestaciones con respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de Martín Gerardo Álvarez Ibarrondo, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En el caso, considerando que en el juicio laboral de origen ya se declaró cerrada instrucción y se ordenó se turnaran los autos al Auxiliar a efecto de que formulara el proyecto de resolución, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, deberán realizar lo siguiente: 1. Deberá continuar con la secuela procesal debiendo respetar estrictamente los términos y plazos determinados por las normas citadas, siguiendo los términos que establecen los numerales del 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Procederá en términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. 3. Declarará cerrada la instrucción del expediente laboral juicio laboral 1012/2018, y turnará los autos al auxiliar de dicha Junta a fin de que formule el proyecto de resolución correspondiente. 4. Posterior a ello, emitir en un lapso máximo de treinta y tres días hábiles, como en derecho proceda y con plenitud de jurisdicción, en su caso, el laudo que deba recaer a los autos del juicio laboral 1012/2018 de su índice, con lo cual darán cabal cumplimiento al derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Ley Suprema." Del examen del oficio 905/2022 del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el cual merece pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte lo siguiente: El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable en este asunto, dictó el proyecto de resolución, la cual fue elevada a categoría de laudo en fecha catorce de abril del mismo año. Por lo tanto, se advierte que contrario a los argumentos de la parte quejosa, en el caso sí se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al ajustarse a los términos de la misma, por lo que se declara cumplida. Sin que pasen desapercibidas para el Juzgador las manifestaciones vertidas por la autorizada de la parte quejosa, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable en el presente asunto, toda vez que dichas manifestaciones carecen de sustento, dado que señala que no se le ha notificado a las partes el laudo dictado por la autoridad responsable, sin embargo, en el caso dichas circunstancias se apartan de los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente asunto, dado que en dicha ejecutoria, en concreto se ordenó que la Junta responsable dictara el laudo correspondiente, lo que así realizó, pues la autoridad expresamente emitió la resolución de laudo para después elevarla a laudo; por tanto, contrario a lo señalado en las manifestaciones de desacuerdo emitidas por la ocursante, la autoridad responsable se apegó a los efectos del amparo concedido en el presente asunto. Por lo tanto, se advierte que contrario a los argumentos de la parte quejosa, en el caso sí se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al ajustarse a los términos de la misma, por lo que se declara cumplida. Hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado Federal su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Finalmente, se tiene por recibido el escrito de Grisel Iveth Juárez Moguel, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, con el que solicita que esta autoridad se hagan efectivos los apercibimientos impuestos a la autoridad responsable en el presente asunto, dado que no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto. Al respecto indíquese al ocursante que deberá estarse a lo acordado con antelación, donde se declaró cumplida la ejecutoria de amparo al considerarse que la autoridad responsable acató en sus términos la ejecutoria en comento. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Nancy Carolina Rosado Fernández representante del menor de edad con iniciales D.H.G.R., parte quejosa en el presente asunto, con el que formula diversas manifestaciones en relación a la aplicación de la dos dosis de la vacuna al menor quejoso, y exhibe el certificado de vacunación del menor quejoso. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de Covid-19. Sin embargo como se anticipó, de la lectura de las constancias que anexó Nancy Carolina Rosado Fernández representante del menor de edad con iniciales D.H.G.R., parte quejosa en el presente asunto, a su escrito de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, en virtud que dicho documento cuenta con el código QR, se advierte que al menor quejoso D.H.G.R., ya le fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna BioNTech Pfizer, siendo que la última la recibió el dieciséis de marzo de dos mil veintidós; lo cual fue realizado con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el dieciocho de enero de dos mil veintidós, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VII. (...) Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se niega a la parte quejosa Daniel Sosa Cruz, en representación de sus hijos menores de edad M. S. G. y D. S. G. (de ocho y diez años de edad respectivamente), la suspensión definitiva del acto que reclama a la autoridad señalada como responsable precisada en el considerando primero de esta interlocutoria y por las razones expuestas en dicho considerando. Segundo. Se concede a la parte quejosa Daniel Sosa Cruz, en representación de sus hijos menores de edad M. S. G. y D. S. G. (de ocho y diez años de edad respectivamente), la suspensión definitiva del acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando segundo de esta interlocutoria, en los términos y condiciones que se señalan en el considerando tercero. Notifíquese. (...)
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