Leticia del Jesús Rosado Sierra
Expediente 970/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leticia del Jesús Rosado Sierra
- Leticia del Jesús Rosado Sierra y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de no interpuesta la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 114 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, sin que hubiere subsanado ninguna de las prevenciones formuladas; en consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesta la demanda de amparo a que este asunto se refiere. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO....Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 114 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, sin que hubiere subsanado ninguna de las prevenciones formuladas; en consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesta la demanda de amparo a que este asunto se refiere. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
aviso...Mérida, Yucatán, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Leticia del Jesús Rosado Sierra contra de los actos que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, presentada con seis copias. Ahora bien, toda vez que la quejosa señala que promueve la presente demanda de amparo por su propio derecho reclamando la omisión de acordar el aumento de la pensión alimenticia a favor de su hija menor; por tanto, con fundamento en los artículos 5, fracción III, 114 fracciones I y III de la Ley de Amparo, se requiere a la ocursante, para que dentro del término de CINCO DÍAS hábiles computados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con cuatro copias del mismo: si la promueve por sí misma y en representación de la menor y en caso de ser así, acredite con documento idóneo el carácter de representante de la menor V.L.C.R. con el que se ostenta, pues no adjuntó documento alguno con que acredite el carácter de progenitora de la menor. Asimismo, se le previene para que proporcione la fecha correcta en el que solicitó el aumento de la pensión alimenticia que reclama a favor de la menor, lo anterior, por cuanto que del apartado del acto reclamado, señaló que la solicitó en el mes de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente 674/2014, del índice de la autoridad responsable, y por otro lado, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, se advierte que manifestó bajo protesta de decir verdad que solicitó el incremento de la pensión a la autoridad ordenadora en el mes de junio del año dos mil dieciocho. En virtud de lo anterior se apercibe a la promovente que de no cumplir dentro del plazo que le fue señalado, respecto del requerimiento realizado en el inciso a) se entenderá que únicamente promueve el presente juicio de amparo por su propio y personal derecho. Sirve de sustento al primero de los requerimientos anteriores por similitud de razón, la tesis 2a./J.1/96, visible en la página 47, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al Tomo III, Enero de 1996, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este Alto Tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1998, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que da, lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundada en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, da lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". También tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIX, abril de 2009, Novena Época que es del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Para el caso de no cumplir con lo requerido en el inciso b), se tendrá por no interpuesta la misma, lo anterior con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto; asimismo, se les tiene como personas autorizadas en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a que las autorizadas hagan uso de los medios electrónicos dentro del local de este Juzgado, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
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