Leslie Irais Cardenas Vidal
Expediente 554/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leslie Irais Cardenas Vidal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
(.) SE DECLARA ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO; (.) SE ORDENA EL ARCHIVO DE LOS PRESENTES AUTOS (.).
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, al que anexa copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral 73/2018 de su índice en apoyo al mismo. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes. Esto, al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. " La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aún cuando subsiste, ya no ésta surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la fecha lejana señalada para llevar a cabo la audiencia de pruebas programada en el juicio laboral 73/2018 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como la omisión de notificar a la parte demandada en el citado juicio, el acuerdo de dos de julio de dos mil veinte. Sin embargo, de las copias certificadas que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en audiencia de once de mayo de dos mil veintiuno, se celebró un convenio entre las partes en el juicio reclamatorio laboral de origen, mismo que fue aprobado y se le dio toda la fuerza legal y validez de un laudo consentido, obligándose a la partes interesadas a estar y pasar por su tenor en todo tiempo y lugar; asimismo, se tuvo a la parte actora por desistida de la demanda, instancia, derechos y prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, ordenándose el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. En esa tesitura, es inconcuso que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia de los actos reclamados han dejado de surtir sus efectos. Se afirma lo anterior en la medida de que la autoridad responsable, aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado entre las partes y que además ordenó el archivo del asunto, como total y definitivamente concluido, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo aplicable, pues es inconcuso que aún cuando subsisten los actos reclamados, no pueden surtir efecto legal alguno, por no poderse concretar ni en perjuicio de la quejosa, ni de los terceros interesados. Al caso, por similitud de razón, resulta conveniente citar la tesis 2ª XLVIII/98, sustentada por el Segunda Sala de nuestro Más alto Tribunal, publicada en la página 241, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Asimismo, por encontrar una aplicación en lo conducente, se cita la tesis VI.2ºT.38 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la página 829, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida. En efecto, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones al derecho humano que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo del goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por lo tanto, se reitera, si la materia de este juicio de amparo consiste en la paralización del procedimiento relativo al juicio reclamatorio laboral, radicado bajo el número de expediente 73/2018, derivado del señalamiento de una fecha lejana para la audiencia de desahogo de pruebas y la omisión de notificar un acuerdo a la parte demandada, es incuestionable que al celebrar y aprobarse un convenio entre las partes en dicho juicio laboral y al darse por concluido y archivado dicho expediente, el objeto material de los actos reclamados y sus consecuencias han dejado de existir. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia señalada para las once horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintiuno. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el alegato ministerial 256/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal, o en su caso, se sobresea en el presente juicio de amparo y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente asunto. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el oficio de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese.
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, siete de mayo de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de los que se advierte que las autoridades señaladas como responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario adscrito a dicha junta, no han remitido constancia alguna relativa al acto reclamado en este juicio de amparo; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dichas responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquél en que reciban el oficio con transcripción del presente proveído, remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias relacionadas con el acto que se les reclama en este asunto. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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