Leticia Avilés Arroyo
Expediente 953/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leticia Avilés Arroyo
- Leticia Avilés Arroyo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho y por resolución de veinte de septiembre de ese mismo año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Finalmente, se agrega sin mayores efectos, las piezas postales 17271 y 17893 dirigidas al Cabildo Ayuntamiento del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán, devueltas por los motivos señalados al reverso de las mismas, sin embargo no es el caso ordenar el reenvió por cuanto que con esta propia fecha, se dictó el auto en el que se concluyó el presente juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por este Juzgado Federal, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por este Juzgado Federal, se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Por otro lado, se agrega sin mayores efectos, la pieza postal 18904 dirigida al Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán (integrado por el Presidente Municipal y los Secretarios de Comuna), mediante la cual se notificaría el auto en el que se difiere la audiencia constitucional, devuelta por el motivo señalado al reverso de la misma, sin embargo no es el caso ordenar el reenvió por cuanto que con fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del doce de noviembre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 953/2018-VI, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaria hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se admitió a trámite la demanda; constancia de notificación a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. El Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Seguidamente, se abre el período de pruebas en el que la secretaria da cuenta con las copias simples que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como con las constancias que acompaño el Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán. A lo que el Juez acuerda que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tengan por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, cerrándose dicho periodo. A continuación, se abre el período de alegatos en el que la secretaria da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en el alegato ministerial número 621/2018. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para ser tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 953/2018-VI promovido por Leticia Avilés Arroyo, contra actos del Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán (integrado por el Presidente Municipal y los Secretarios de Comuna), que consideró violatorio de los artículos 1, 8, 14 y 16 Constitucionales; y, Resultando: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado y escrito aclaratorio respectivo, Leticia Avilés Arroyo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán (integrado por el Presidente Municipal y los Secretarios de Comuna), que hizo consistir en: La negativa de restitución sobre la posesión del local municipal uno ubicado en la calle veinte, Bazar Municipal de Telchac Puerto, Yucatán. La negativa de recibirle la solicitud dirigida al Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, de siete de agosto de dos mil dieciocho. Segundo. Admisión demanda. En auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que legalmente le compete a la Representante Social de la Federación adscrita, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 107 de la Ley de Amparo aplicable; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos de las autoridades que reside dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación, así como del escrito aclaratorio de demanda, se advierte que el quejoso reclama la negativa de restituirle la posesión del local municipal uno ubicado en la calle veinte, Bazar Municipal de Telchac Puerto, Yucatán. Así como la negativa de recibirle la solicitud dirigida al Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, de siete de agosto de dos mil dieciocho. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán (integrado por el Presidente Municipal y los Secretarios de Comuna), al rendir su informe, fue omiso en expresar lo relativo a la existencia o no del acto reclamado, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. Cuarto. Sobreseimiento por falta de interés jurídico. Este juzgador considera que en el presente asunto, respecto al acto reclamado consistente en la negativa de restituirle la posesión del local uno, ubicado en la calle veinte, Bazar Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Precepto legal que guarda relación con los diversos artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior, se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario de amparo demuestre su interés jurídico o derecho subjetivo que estime transgredido por la actuación de una autoridad. El interés jurídico consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia particularmente ilustrativa, con número 1a./J. 168/2007, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, por derecho subjetivo se entiende la facultad o potestad de exigencia que tiene una persona, facultad que deriva de una norma y que pueda ser oponible a terceros. En consecuencia, el interés con afectación que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, es aquel que ha sido reconocido por el derecho. De manera que para la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que el agravio o menoscabo realizado con la conducta de la autoridad recaiga sobre derechos subjetivos públicos, es decir aquellos que pueden hacerse valer de forma coercitiva para su respeto. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo y a fin de acreditar el interés jurídico, debe demostrarse plenamente que se es titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley y que ese derecho se ve lesionado o afectado en virtud del acto de autoridad que se reclama. De lo contrario, ello traerá como consecuencia el sobreseimiento en el juicio. Además, la afectación causada por el acto de autoridad al interés jurídico de la quejosa, debe ser plena, indubitable, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que ésta encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Así, la afectación debe ser real, susceptible de demostrarse objetivamente, es decir, debe comprobarse plenamente que la actuación de la autoridad produce realmente un menoscabo en el derecho legítimamente tutelado de la quejosa. Por ello, cuando la parte quejosa, quien aduce tener el derecho de posesión del local uno, ubicado en la calle veinte, Bazar Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, acude a solicitar la protección constitucional respecto a la desposesión o restricción de dicho bien que aduce es de su posesión, para lo cual, debe acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para impugnar dichos actos; lo cual sólo se demuestra con la documentación que acredite la titularidad del derecho de uso del local uno, ubicado en la calle veinte, Bazar Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, del cual aduce ha sido removida y se le ha restringido en el proceso de asignación de los locales del Mercado Público Municipal. Como se ve, sólo con la acreditación de tales extremos, puede la ahora parte quejosa crear convicción de que existía un derecho jurídicamente tutelado y que además él es el titular de ese derecho; lo cual no acontece en la especie. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto que la parte quejosa aduce tener la posesión del mismo, también lo es que se abstuvo de exhibir durante la tramitación del juicio, documento fehaciente del cual se advirtiera que cuenta con tales derechos. En efecto, el derecho de posesión que aduce tener la parte quejosa sobre el citado local del Bazar Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, está condicionado a que la interesada cuente con la documentación correspondiente que así lo acredite; en consecuencia, si la peticionaria del amparo solamente cuenta con copia simple de un escrito de siete de agosto de dos mil dieciocho, dirigido al Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán; Acta de Acuerdo para realizar trabajos de construcción del Mercado Municipal de Telchac Puerto, Yucatán; aviso recibo de la Comisión Federal de Electricidad expedido por a nombre de Avilés Arroyo Leticia; escrito de cuatro de agosto de dos mil dieciocho, signado por el Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán; cuatro recibos de mayo de dos mil trece a Agosto del año de dos mil catorce, septiembre de dos mil catorce a Agosto de dos mil quince, septiembre de dos mil quince a junio de dos mil dieciséis, julio de dos mil dieciséis a abril de dos mil diecisiete, expedidos a nombre de Leticia Avilés, respecto a la renta de un local municipal ubicado en la calle veinte por la calle veintiuno letra-A, del Centro, Bazar Municipal, resultan insuficientes para acreditar la titularidad del local de restituir la posesión del local uno, ubicado en la calle veinte, Bazar Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, ya que las mismas carecen de valor probatorio por tratarse de copias simples y por tanto resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico correspondiente; de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, y con fundamento en artículo 129 y 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, toda vez que las mismas por sí mismas carecen de valor documental público y privado, por tanto para los efectos del presente juicio de amparo, la parte quejosa no demostró la afectación a su derecho subjetivo. Esto es así, pues aun cuando la quejosa se haya ostentado como quien tiene la posesión del local municipal uno, ubicado en la calle veinte por la calle veintiuno letra-A, del Centro, Bazar Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, no demostró que cuenta con tal derecho, lo que denotaría el derecho subjetivo propio de ser protegido. Luego, al no haberlo hecho así, no demuestra la titularidad de un derecho jurídicamente tutelado por la ley, y por tanto, no demuestra el interés jurídico que le permita obtener la protección constitucional. En estas condiciones, si con las pruebas aportadas en este juicio, no se logró demostrar el carácter de posesionario sobre el bien que reclama, respecto a la restricción del local municipal uno, ubicado en la calle veinte por la calle veintiuno letra-A, del Centro, Bazar Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, que refiere tener la parte quejosa, entonces no se acreditó el derecho subjetivo o el interés jurídico para acudir al amparo, actualizándose por ende la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, resultando procedente sobreseer el presente juicio de amparo respecto a dicho acto reclamado. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse alguna de oficio, se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la negativa de recibirle la solicitud dirigida al Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, de siete de agosto de dos mil dieciocho, a través de los conceptos que el quejoso expresó y están contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La parte solicitante del amparo, en esencia, aduce como concepto de violación que se vulneraron sus derechos humanos consagrados en los artículos 8 y 17 constitucionales, debido a la omisión del Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán (integrado por el Presidente Municipal y los Secretarios de Comuna), de recibirle la solicitud dirigida al Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, de siete de agosto de dos mil dieciocho. Este motivo de inconformidad deviene fundado pero insuficiente. Se dice lo anterior, toda vez que aún y cuando se presumió cierto el acto reclamado por la omisión de la responsable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán (integrado por el Presidente Municipal y los Secretarios de Comuna), en rendir su informe justificado, lo cierto que la parte quejosa, únicamente presentó un escrito de siete de agosto de dos mil dieciocho, dirigido al Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, sin que se advierta de modo alguno que haya sido rechazada su recepción, por lo que este Juzgado se encuentra imposibilitado por analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se le reclama a la responsable, lo anterior es así, en razón de que la carga de probar la inconstitucionalidad del acto que se reclama corre a cargo de la parte quejosa, en razón de que este Juzgado no podría solicitar las constancias de manera oficiosa, toda vez que si bien es cierto que la autoridad responsable no rindió su informe justificado y por ende se presumió de cierto el mismo, también cierto es, que no existe por parte de la autoridad responsable un reconocimiento del acto reclamado, en cuyo caso corresponde a la quejosa probar con las constancias relativas para ser analizadas, lo cual omitió la quejosa en el presente juicio de amparo, ya que únicamente adjuntó un escrito dirigido al Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, sin que se advierta de modo alguno la violación a que hace referencia en su demanda de amparo, es decir la negativa expresa de la responsable a recibirle su escrito. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no acreditó el supuesto antes mencionado, este resolutor no cuenta con los elementos suficientes para concluir que fue violado los derechos fundamentales reclamados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, tomo V, Novena Época, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Así como, la diversa jurisprudencia aplicada por analogía sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 304, tomo VI, Novena Época, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. De lo antes expuesto, lo que procede es negar el amparo solicitado por Leticia Avilés Arroyo por lo que hace al acto reclamado consistente en la negativa de recibirle la solicitud dirigida al Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, de siete de agosto de dos mil dieciocho, atribuido al Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán (integrado por el Presidente Municipal y los Secretarios de Comuna). Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 192 y 193, de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado señalado en el considerando cuarto por los motivos expuestos en el propio considerando de esta resolución Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leticia Avilés Arroyo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerado quinto de este fallo. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, autoridad responsable, mediante el cual rinde su informe justificado solicitado por oficio 16836/2018 y adjunta diversas constancias, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el referido informe y constancias, a la vista de las partes, para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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