Leonel Santiago Martínez Pérez

Expediente 445/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
445/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Leonel Santiago Martínez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones de rigor. Atento a lo anterior, y toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General citado, se indica que el presente expediente principal por haberse sobreseído en el juicio, es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este cuaderno principal, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por último, se advierte que por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se agregó a los autos el informe rendido por la autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó un disco versátil digital (DVD); asimismo, en proveído de diecisiete de mayo del año en curso, la referida autoridad anexó a su oficio un disco versátil digital (DVD). En consecuencia, al haberse ordenado el archivo definitivo del presente asunto, por encontrarse totalmente concluido, se estima innecesario conservar los referidos discos, por tanto, se ordena su devolución a la citada autoridad, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 445/2023-A promovido por Leonel Santiago Martínez Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veintiuno de abril de dos mil veintitrés en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, Leonel Santiago Martínez Pérez, por propio derecho, promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridad que, previa aclaración de su denominación, es la siguiente: Autoridad responsable - Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Acto reclamado "De las autoridades responsables señaladas previamente, reclamo no haber dado hora y fecha para la celebración de una audiencia para exponer y en su caso autorice acuerdo reparatorio o afectos de establecer que no se ha cumplido con el acuerdo económico sancionado por el presente tribunal." Segundo. La parte quejosa señaló infringido los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente, el cual no se transcribe, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés radicó la demanda de amparo con el número 445/2023-A y admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, emplazó a juicio a los terceros interesados María Susana Carrillo Hueyotlipa (Agente del Ministerio de la Unidad con Detenido, de esta ciudad), y a Everardo Ponce Costilla, y llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que se reclaman omisiones y la demanda se presentó en esta ciudad. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, y el informe justificado, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: -La omisión del Juez de Control en el Estado de Baja California, de esta ciudad, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de acuerdo reparatarorio dentro de la causa penal 463/2020 de su índice. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; ya que así se advierte del contenido de su informe justificado. Lo que quedó corroborado con los discos digitales que contienen los audios y videos de las audiencias desahogadas dentro de la causa penal de origen que remitió mediante los diversos oficios registrados con folios 5638 y 6067 el ocho y dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, a los que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ello de conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Cuarto. Estudio de las causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión del Juez de Control en el Estado de Baja California, de esta ciudad, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de acuerdo reparatarorio dentro de la causa penal 463/2020 de su índice, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, del informe justificado rendido por la Juez de Control en el Estado de Baja California, se obtiene que dentro de la causa penal 463/2020 instruida contra Everardo Ponce Costilla, por su probable autoría en la comisión del hecho señalado por la ley como los ilícitos de homicidio por culpa y omisión de auxilio a personas atropelladas, y del oficio y anexo que remitió el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que el ocho de mayo de dos mil veintitrés, celebró audiencia de revisión de acuerdo reparatorio, a petición de la defensa del ofendido, aquí quejoso, en el que resolvió lo siguiente: "[.] Juez: Everardo y Leonel voy a proceder a resolver esta incidencia planteada dentro de este proceso que se encuentra suspendido, como bien lo señalaron los abogados Everardo, Leonel y según los registros de la carpeta administrativa de esta causa penal, que es un hecho notorio porque esta Juzgadora tiene acceso a esos registros, Everardo, Leonel se desprende que hay un registro objetivo que indica que este proceso se encuentra suspendido hasta el año dos mil veinticuatro, hasta el año siguiente en el que se establecieron en una audiencia pública donde se concedió a las partes esa autorización de un acuerdo reparatorio entre ustedes para poder reparar este daño que se dice se ocasionó, con motivo de los hechos por los cuales fue acusado el señor Everardo Ponce, donde usted señor Leonel aparece como parte ofendida para que puedan repararse estas consecuencias, entonces, coincido con la defensa en el sentido de que no vamos a levantar este procedimiento, es decir, no vamos a reanudar el procedimiento decretar el levantamiento de la suspensión a virtud que todavía se encuentran pendientes esos pagos que quedaron fijados entre ustedes en un acuerdo voluntario expreso y manifiesto en audiencia pública en presencia de esta Juzgadora y como bien también lo dicen todos los abogados Everardo, Leonel, la intensión es que se realicen esas gestiones correspondientes para constatar el pago a que se comprometió Everardo, recuerdo que en la sesión pasada nos convocamos hoy precisamente para esos efectos, verificar porque había una controversia como señaló la licenciada Huerta respecto de que si se habían hecho unos pagos o no respecto de que si Everardo tenía las constancias o no y para eso nos citamos hoy, y resulta que comparecen en el mismo sentido, no se realizaron las gestiones correspondientes eficaces materiales para dilucidar esas cuestiones que surgieron en la sesión del doce de enero pasado, la carpeta administrativa indica que ese día doce de enero pasado se celebró esa audiencia pública donde se originó ese debate, la imprecisión de pagos o de constancias, entonces desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, casi cuatro meses no les bastó para ponerse de acuerdo en despejar esas dudas que no es para esta juzgadora más que en mi opinión dicho respetuosamente una falta de organización, de comunicación, de orden por parte del señor Everardo, que complejidad puede haber Everardo en que si usted realiza un pago como dice que lo hizo guarde la constancia o la envíe por la vía electrónica, afortunadamente en esta nueva modalidad tenemos medios electrónicos que al instante comunican algo por la vía WhatsApp, messenger o cualquier otra red social con la que usted pueda tener contacto incluso con el propio asesor jurídico, la parte ofendida tiene tres abogados, usted debe realizar las gestiones correspondientes, bueno no le tengo que decir lo que tiene que hacer, para que usted tenga acceso a comunicación con los abogados, con el fiscal, con su defensor y le manden las constancias correspondientes, usted guarde en un sobre, en un folder, en una bolsa del Oxxo, en el cajón de un mueble de su casa, todas las constancias, no es más que sencillamente eso señor para cuando se ocupe como hoy usted las tenga a la mano y se las mande por fotografía por la vía electrónica correspondiente y aquí ya se hubiera dilucidado hoy esa duda pero no le bastó a usted señor Everardo esos cuatro meses que han pasado para que hoy se decida si usted ha cumplido a cabalidad como dice que lo ha hecho porque usted se comprometió señor Everardo a cumplir con un acuerdo voluntario que usted aceptó y dijo que estaba en condiciones y capacidad económica para cumplir para evitar un proceso, desgastante no solo para usted para la parte ofendida y la familia para su familia incluso Everardo, qué necesidad tiene usted de venir hoy a la audiencia teniendo varias diligencias que atender en su vida personal supongo, su trabajo, su familia, que se yo. . entonces como no hay oposición por las partes. . se va a mantener suspendido el proceso como se había acordado en la sesión de noviembre de dos mil veinte, porque todavía en septiembre de dos mil veintiuno, se acordó que se iba a mantener suspendido el proceso porque también había duda, el doce de enero nos volvimos a juntar y todavía había duda de su cumplimiento, hoy otra vez nos volvimos a juntar y todavía hay duda de su cumplimiento, no es posible, es inadmisible señor Everardo que tengamos que volver a venir sin poder solucionar esto, respecto a las dudas por que insisto este proceso está suspendido se autorizó hasta enero de dos mil veinticuatro. . por lo tanto se va a mantener suspendido este proceso, no se va a dejar sin efectos esta audiencia porque ya la estamos atendiendo licenciada Huerta, pero tampoco coincido en que volvamos a señalar nueva fecha para revisión de acuerdo reparatorio si es que el señor Everardo sigue sin cumplir con su obligación de exhibir sus constancias de que está al corriente de sus pagos." Resolución que fue llevada a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de abril de dos mil veintitrés). Por lo que es evidente que si bien, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es decir el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, la Juez responsable no había llevado a cabo la audiencia de revisión de acuerdo reparatorio, cierto es también que con posterioridad (veintiocho de abril de dos mil veintitrés) acordó que la audiencia de revisión del acuerdo reparatorio dentro de la causa penal 463/2020, debía celebrarse el ocho de mayo siguiente, lo cual aconteció en dicha oportunidad; de ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama y que es materia de este apartado de consideraciones, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193758 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto al concepto de violación formulado por la parte quejosa. Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 445/2023-A, promovido por Leonel Santiago Martínez Pérez, por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y por las razones expuestas en el considerando cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA EVERARDO PONCE COSTILLA, LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DICTADA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que feneció el plazo de tres días hábiles concedido a la parte tercero interesada ********************, mediante proveído de treinta de mayo de la presente anualidad, el cual fue notificado el ocho de junio del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordenan las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de emplazamiento a juicio del tercero interesado ********************, practicada por el Acuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se advierte que el referido tercero al momento de la diligencia señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. Atento a su manifestación y toda vez que el domicilio señalado se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, provéase lo conducente una vez que transcurra el término otorgado en proveído de treinta de mayo del año en curso. Notifíquese.

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