Leslie Anahí Rodriguez Pech

Expediente 1528/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1528/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • Leslie Anahí Rodriguez Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado en este juicio, en fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En cuanto al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia certificada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Por otra parte, toda vez que no existe razón alguna para que siga al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el documento que la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió como anexo al requerimiento efectuado en autos; por tanto, mediante oficio que al efecto se le dirija devuélvasele las copias certificadas del expediente 105/2016, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo del documento devuelto, para lo cual, se ordena al actuario correspondiente adscrito a este Juzgado, que asiente en la constancia de notificación respectiva que hizo entrega del mismo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que remite en relación al acuerdo dictado el dieciséis de marzo del año en curso. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veintidós del presente mes, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADOPOR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPAROI Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, al respecto se acuerda: glósese al presente expediente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Juez Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveídos de ocho y dieciséis de marzo del año en curso, remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio incausado de divorcio 105/2016 de su índice, del cual deriva el acto reclamado, de donde se desprende que el catorce de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por remitida la constancia recepcionada para ser tomada en consideración en su oportunidad como en derecho proceda; asimismo, con su contenido dése vista a las partes para los efectos legales conducentes. Aplica en lo conducente, la tesis Jurisprudencial I.5o.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES". Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora bien, de las constancias remitidas por la Juez responsable, se advierte que el proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete, que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional, ha sido sustituido procesalmente por la sentencia definitiva de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictada en autos del juicio de origen. En efecto, en el caso concreto la parte quejosa reclama de la Juez Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el proveído con el que se modificó el régimen de convivencia de los menores con su progenitor a la modalidad de entrega-recepción, los días domingo de cada semana de las diez a las diecisiete horas. Sin embargo, de las constancias que anexó la Juez responsable al oficio que se provee, se advierte que el catorce de marzo del año en curso, se dictó sentencia definitiva en autos del juicio de origen, en la que se resolvió que los menores quedarán bajo el cuidado y custodia de su madre, conservando ambos progenitores la patria potestad. Asimismo, se decretó como régimen de convivencia de los menores con su progenitor la modalidad de visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, por un periodo de seis meses, los días domingos de las diez a las doce horas; una vez trascurrido dicho periodo, el referido régimen será los días domingos de cada semana de diez a dieciocho horas, siendo la entrega y recepción de los menores de edad a su padre en el domicilio que habiten con su progenitora. De ahí que, como se dijo, el régimen de convivencia provisional establecido en el acuerdo reclamado en el presente juicio constitucional, quedó sustituido por lo resuelto en la sentencia pronunciada el catorce de marzo del presente año. Lo anterior es así, toda vez que la sentencia definitiva dictada por la Juez responsable en el expediente de origen, genera el efecto de que el proveído que por esta vía se reclama, quede firme, tal como si se hubiera confirmado el mismo. En ese sentido, al quedar sustituido procesalmente el proveído de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud de la sentencia definitiva pronunciada el catorce de marzo del año en curso, dictada en autos del expediente de origen, debe considerarse que dejó de tener efectos legales propios, por lo que si se reclama en un juicio de amparo, deberá estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada, según criterio sostenido por el Alto Tribunal de la Nación, como se observa de la siguiente jurisprudencia: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado." (Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198, Segunda Parte, Página: 61, Materia: común) En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea el caso dar vista a la parte quejosa con lo informado por la referida autoridad responsable en el informe de ley, a fin de que estuviese en aptitud de ampliar su demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional seguido en forma de juicio, por lo que se ubica en el supuesto de una violación al artículo 17 Constitucional, esto es al derecho humano de seguridad jurídica, y no propiamente de una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 8/15 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, página: 478 y registro 2008883, que es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.". Por tal motivo, a criterio del suscrito Juez de Distrito, en el caso no resulta aplicable la jurisprudencia 136/2011, aprobada en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 160116, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del once de abril de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Finalmente, por lo que hace al anexo remitido por la responsable, consistente en copias certificadas del procedimiento especial de divorcio incausado 105/2016; déjese al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de así lo deseen; debiendo extraerse fotocopia de las constancias relativas al acto reclamado, a fin de que éstas sean certificadas y agregadas a este expediente, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, informa a ese Juzgado Federal que el juicio incausado de divorcio 105/2016 de su índice, se encuentra en estudio para la realización del proyecto de la sentencia correspondiente, por lo que se encuentra imposibilitada para remitir la totalidad de las constancias relativas a dicho expediente. Al respecto, con apoyo en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, comuníquese a la autoridad oficiante, que se le concede una prórroga de tres días legalmente computado, a fin de que remita las constancias solicitadas, las que deberán incluir la sentencia definitiva que en su caso se hubiere dictado, subsistiendo el apercibimiento realizado en el auto admisorio de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese y cúmplase.

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