Lermi Magaly Canche May

Expediente 829/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
829/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • Lermi Magaly Canche May

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos incidentales el oficio 182/2021 de nueve de febrero actual, signado por la Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Izamal, Yucatán, con el que devuelve diligenciado el despacho 135/2020, con número de orden 122/2020, relativo a la notificación del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, a la autoridad responsable Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Izamal, residente en dicha localidad. Dése de baja el citado despacho en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y hágase la anotación correspondiente. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, se ordenó dejar sin efecto todas las providencias dictadas en el presente cuaderno de suspensión, ordenando su remisión al archivo. Ello, en virtud de que en auto de la propia fecha dictado en el cuaderno principal de que deriva este incidente, causó ejecutoria la sentencia con la que se decretó el sobreseimiento en el referido juicio constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio con el que se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa. Toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a ésta, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que sólo podrán interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un asunto en el que se sobreseyó en el presente juicio, por lo que no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la responsable en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que hace a los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo provéase lo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General sin número de que se trata. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Mérida, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto el proveído de esta propia fecha, dictado en el cuaderno principal del que derivan los presentes autos incidentales, del que se advierte que causó ejecutoria la sentencia con la que se decretó el sobreseimiento en el referido juicio constitucional. En consecuencia, se ordena dejar sin efecto todas las providencias dictadas en este cuaderno de suspensión, así como la audiencia incidental señalada para las diez horas con seis minutos del veinticinco de enero del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno original del presente incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 829/2020-VI-A es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 829/2020-VI-A, promovido por LERMI MAGALY CANCHÉ MAY, respecto de los actos que reclama del Delegado en Izamal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, residente en dicha localidad, y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el veintidós de septiembre siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció LERMI MAGALY CANCHÉ MAY, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Delegado en Izamal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, residente en dicha localidad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda de que se trata con el número 829/2020-VI-A y se admitió a trámite la misma, haciéndose la aclaración de se tramitaría únicamente respecto a los actos consistentes en la orden de detención y/o captura y/o pérdida de derechos de familia que pudiera haber sido librada en contra de la quejosa, pues la orden de aprehensión que también reclamó, sólo puede ser librada por una autoridad judicial. Asimismo, se desechó parcialmente dicha demanda respecto a los actos que la parte quejosa hizo consistir en: ".la subsecuente reclusión y práctica de todo tipo de estudios periciales y valoraciones psicológicas que tienen por costumbre realizar en la dependencia ahora señalada como autoridad responsable y sin tener motivo para ejecutar dichos actos de lesión y de molestia", por las razones ahí establecidas. Finalmente, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en La orden de detención y/o captura y su ejecución, así como la pérdida de derechos de familia. TERCERA. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo; se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LERMI MAGALY CANCHÉ MAY, contra los actos que atribuyó al Delegado en Izamal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, residente en dicha localidad, por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la cuarta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

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