Leticia de Jesús Díaz Dzul
Expediente 250/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leticia de Jesús Díaz Dzul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se realizó a la parte quejosa por la vía electrónica el día diez de agosto siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el fallo de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables; siendo que en relación a las autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo, es DESTRUÍBLE, en virtud de que por resolución interlocutoria de diez de agosto de dos mil veinte, se dejó sin materia el incidente de suspensión. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver el juicio de amparo 250/2020-V-A, promovido por ***, en contra de los actos que reclama del Director de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán y otra autoridad, y; ... CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, dada la falta de impugnación de algún otro acto que sustentara la detención del vehículo reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley de la materia. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó el Director de Seguridad Pública del Municipio de Valladolid, Yucatán, con su oficio número 335/J-DSP/2020, se advierte que con fecha trece de febrero de dos mil veinte, entregó la motocicleta marca Italika, modelo 2018, tipo AT125, color amarillo, con número de serie 3SCPATDS2J1009986 y con número de motor LC1P54FMIRQ234722, a Francisco Javier Pool, autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era la devolución de la motocicleta referida, pues al margen de que estuviera fundada o no la orden, que conllevó a la imposiciòn de la infracción, esta última no fue impugnada, no obstante la vista que se le dio para tal efecto, por lo que al devolverse el vehículo de mérito, se resarció la violación de la afectación a la propiedad del quejoso. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos atribuidos al Director de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán y agente de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad del Municipio de Valladolid, Yucatán, por los motivos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de quince días otorgado en proveído de veintitrés de junio del año en curso, a fin de que la quejosa Leticia de Jesús Díaz Dzul ampliara su escrito de demanda, sin que a la presente fecha lo hiciera. En consecuencia, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, este juicio se resolverá únicamente respecto de los actos inicialmente señalados en la demanda de mérito. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio número 429/2021-P-1, de dieciséis de junio del presente año, por el cual remite copia certificada de la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno dictada en autos del amparo en revisión 8/2021 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa Leticia de Jesús Díaz Dzul, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veinte. Al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. - - - - - - - - SEGUNDO. Se ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto 250/2020-V-A, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por *******, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria." Acúsese recibo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia, debiendo remitir a las autoridades responsables copia del testimonio de mérito; asimismo, se ordena glosar a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, se señalan las ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, como se ordena, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto al acto consistente en la multa impuesta en la boleta de infracción 889, de seis de febrero de dos mil veinte, de la cual derivó la desposesión de la motocicleta marca Italika, modelo AT125, color amarillo, con número de serie 3SCPATDS2J1009986, con número de motor LC1P54FM1RQ234722, y en caso de ser así, lo realice cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 108 y 110 de la Ley de la materia, por lo que respecta a la ampliación; para lo cual, se deberá poner a la vista de la parte quejosa copia del oficio 335/J-DSP/2020, de dos de octubre de dos mil veinte, signado por el Director de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán. Con el apercibimiento de que en caso de no acatar con lo anterior, el presente juicio de amparo se resolverá únicamente por los actos señalados en el escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.90.A.19 K del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1298, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 162386, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE EL QUEJOSO NO CONOCÍA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DARLE VISTA PERSONALMENTE PARA QUE MANIFIESTE SI AMPLÍA AQUÉLLA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2003). De la interpretación armónica de los artículos 116, fracción IV y 146 a 148 de la Ley de Amparo, se advierte el principio general que regula el trámite de la demanda de garantías, conforme al cual el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que la aclare, corrija o subsane las deficiencias que presente, a fin de lograr la eficaz integración del juicio. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", determinó que cuando al rendirse el informe justificado el juzgador advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho documento y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición. En estas condiciones, de la aplicación analógica de dicho criterio se concluye que cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe la existencia de documentos o información que el quejoso no conocía al momento de solicitar la protección constitucional, el Juez de Distrito debe darle vista mediante notificación personal para que manifieste si amplía su demanda pues, de lo contrario, quedaría inaudito y la administración de justicia no sería eficaz ni completa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
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