Leovigildo José Gamboa Lizama
Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leovigildo José Gamboa Lizama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día treinta y uno de mayo siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, el cuaderno incidental respectivo, adjuntándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en dicho numeral, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último toda vez que no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo de copias certificadas relativas al expediente 352/2019, remitido por la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado; en tal virtud, devuélvasele el citado anexo, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ANTECEDENTES PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, como autoridad ordenadora, y como ejecutoras, al actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con residencia en esta ciudad, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecisiete de abril del año en curso, se admitió la demanda, misma que quedó registrada con el número 580/2023-VIII-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de acuerdo a lo señalado por la parte quejosa en la demanda y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de desalojo del predio marcado con el número ciento tres, letra H, de la calle diecinueve de la colonia Chuburná de Hidalgo de esta ciudad, y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y al actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir sus correspondientes informes justificados; lo que se corrobora con las constancias del juicio natural que remitió la primera autoridad nombrada con su informe de ley. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual modo, también son ciertos los referidos actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, pues aunque lo negaron al rendir sus correspondientes informes justificados, deben tenerse por ciertos por ser de inminente realización, toda vez que la autoridad ordenadora reconoció en su informe justificado la certeza de los actos reclamados, por tanto, al haber sido señaladas como ejecutoras, sus negativas quedan desvirtuadas. Aplica al tema, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable con el Registro IUS 227890, visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, procede examinar si, en el caso, se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio constitucional, la hagan valer o no las partes, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." [.]. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107, fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico. Este tipo de interés no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica. Es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos, en respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional, consistente en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, con número de registro 200234, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. En el presente asunto, el quejoso alega que en su calidad de persona ajena al juicio ordinario civil, de ejercicio de la acción de prescripción positiva marcada con el número 352/2019, se vulnera su derecho fundamental de audiencia, pues afirma que sin ser oído y vencido en el procedimiento, se le pretende privar de la posesión que tiene del predio número ciento tres, letra "H" de la calle diecinueve, de la colonia Chuburna de Hidalgo, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. De las documentales exhibidas por la Juez responsable, a las cuales se les otorga plena eficacia probatoria conforme con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, se desprende que Asunción Manrique Adrián, promovió juicio ordinario civil en ejercicio de la acción de prescripción positiva en contra de María Juana Bautista Canul Kuk, alias, María Juanita Bautista Canul Kuk, de quien reclamó el cumplimiento de diversas prestaciones. Asimismo, en resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en la que se resolvió improcedente dicho juicio, y se declaró procedente la reconvención promovida por María Juana Bautista Canul Kuk, alias, María Juanita Bautista Canul Kuk, por lo que se condenó a la referida Manrique Adrián, a la entrega totalmente desocupada del predio antes mencionado, al pago de los frutos civiles y de los gastos y costas del procedimiento. De lo anterior se advierte, que el aquí quejoso realmente es ajeno al juicio ordinario civil de origen y, por tanto, para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que, a fin de acreditar su interés jurídico, demuestre el derecho del cual afirma ser titular, o el hecho o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica, por lo cual, tratándose de la posesión, ésta debe acreditarse mediante un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal contemplados en la legislación secundaria relativa, que genere a su favor el derecho a la posesión. Dicha posesión puede ser en forma originaria o derivada, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer ese bien, toda vez que la simple manifestación que señala tener respecto de la cosa no puede ser tutelada por el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. Lo cual no significa que se decida y se haga un pronunciamiento sobre ese tipo de prerrogativas, sino que dicho análisis deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar la contravención al interés jurídico del quejoso. Lo anterior es así, en virtud de que la legislación civil establece que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza jurídica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, si se trata de una posesión originaria o en concepto de dueño. O en su caso, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, comodatario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la causa generadora de la posesión que dice ostentar el quejoso en relación con el bien inmueble materia de la litis, se sustenta únicamente en la manifestación de que hace más de treinta años, habita el predio en cuestión, junto con su esposa Asunción Manrique Adrián, la cual adquirió la posesión y posteriormente la propiedad mediante la celebración de un contrato privado de compraventa otorgado a favor de la mencionada Manrique Adrián, por el señor Francisco Canche, sin que exhibiera documento alguno con su escrito de demanda. En efecto, en virtud de la naturaleza del acto reprochado en esta sede constitucional, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, es necesario que demuestre el título jurídico que le otorga derechos sobre la finca indicada, y que le confiere la posesión derivada sobre la misma, así como el poder de hecho que dice ejercer sobre el mismo. Esto es así, en razón de los dos elementos fundamentales que en la doctrina y la legislación se han señalado para exponer el concepto de posesión: el corpus y el animus, entendido el primero como el poder físico sobre la tenencia de la cosa, o sea, el elemento material, que consiste en una relación material, entre el poseedor y la cosa. Y el segundo, el ánimo, el querer tener la cosa o voluntad de conservarla, es decir, el elemento intencional que consiste en el hecho de querer obrar como dueño o propietario, en provecho del que se da esa relación material. Al respecto, los artículos 625 y 632 del Código Civil del Estado de Yucatán, disponen lo siguiente: "Artículo 625.- Posesión es el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, o el goce de un derecho, ya sea por uno mismo o por otro en su nombre. Esta es de buena o de mala fe." "Artículo 632.- Entiéndese por título la causa generadora de la posesión." De lo anterior, se desprende que la posesión constituye un poder de hecho que se encuentra conformado por dos elementos esenciales, uno material y otro psicológico; el primero de éstos, se concreta a través de un conjunto de actos que revelen el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, lo que entraña actos materiales de uso, goce y transformación que recaen sobre las cosas y constituyen el poder sobre ella. El segundo, como animus, es la intención en el autor de los actos materiales relativo a la cosa de manejarse como titular de esa posesión, sea en forma original o por causa derivada, pero siempre debe existir el título o acto jurídico generador de ese derecho a poseer. De ahí que no basta la tenencia física de la cosa, sino que debe existir la causa generadora que configure el elemento subjetivo o intencional, que permita al poseedor actuar con el derecho sobre la misma; por eso, la persona que tiene la cosa pero carece de la intención del elemento volitivo de someterla a su poder, es simple detentador, pero no poseedor; lo que el juicio de amparo no tutela. Así pues, en virtud de la naturaleza del acto reprochado, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, es necesario que la parte quejosa demuestre: 1. El título o acto jurídico que genera un derecho original o derivado para poseer el inmueble; y, 2. Que se tiene la posesión en virtud de ese derecho. Así las cosas, como se ha precisado, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, es necesario que justifique el título que surge de alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, para luego acreditar la tenencia material del bien concerniente, de cuya privación se reclama. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido son: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En el caso concreto, el quejoso no acreditó ninguno de los dos elementos antes mencionados, pues no exhibió prueba alguna. Sobre el tema, se invoca el criterio jurisprudencial sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la foja 1676, del Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 185115, que dice: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, visible en la página 300, del Volumen 109-114, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 252619, que menciona: "POSESION TUTELADA POR EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. SUS ELEMENTOS. SU CONNOTACION. Entre los bienes jurídicos tutelados por la garantía de audiencia a la que se contrae el artículo 14 constitucional, se cuenta la posesión, motivo por el que requiérese delimitar con exactitud cuáles son los elementos que integran ese bien a fin de poderlo distinguir de la simple tenencia material, que ni jurídica ni constitucionalmente está resguardada, para lo cual menester es recurrir a la especialidad del derecho que trata esa cuestión, como lo es el derecho civil. Para la llamada teoría de Ihering o teoría objetiva, que arranca de la noción misma del derecho subjetivo, que no es más que un interés jurídicamente protegido y que es la que acoge el código de la materia de Jalisco en sus artículos 833 y 834, la posesión se traduce en un poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa, y además, en que esa persona pueda ejercer legalmente, ya en forma total, ya parcial, los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, como son el jus fruendi, el jus utendi y el jus abutendi. De ello se sigue que para que el poder de hecho de mérito constituya lo que jurídicamente se conoce como posesión, debe por necesidad tener una causa, un origen, o sea que lo que se conoce con el nombre de "causa posessionis", la cual, por su naturaleza jurídica, debe ser capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho la facultad de ejercer cualesquiera de los aludidos derechos, dando así nacimiento a la posesión originaria, o cualesquiera de ellos, excepto el de disponer de la cosa, surgiendo así la posesión derivada, como ocurre, por ejemplo, en el arrendamiento, en el comodato, en la prenda, en el caso del acreedor pignoraticio, del usufructuario, del depositario, etcétera, posesiones ambas que se encuentran tuteladas por el precepto de la Carta Magna arriba aludido, en contrario a lo que sucede con la simple tenencia material u ocupación no legitimada por alguna causa jurídicamente apta para otorgar al tenedor u ocupante alguno o todos los derechos que se precisan líneas arriba, la cual no está salvaguardada por el propio dispositivo de ley." En ese contexto, no se demostró que la posesión que el quejoso alega tener respecto del inmueble ya descrito tiene un sustento legal objetivo y razonable; debido a que la posesión que aduce tener el impetrante del amparo respecto del referido inmueble, es una detentación simple y no la posesión protegida por el derecho, Así como tampoco acreditó el parentesco que dijo tener con Asunción Manrique Adrián (actora en el juicio ordinario civil 352/2019 de origen) por cuanto se ostentó como cónyuge de aquella y alegó que mediante dicho parentesco obtuvo la posesión del bien inmueble antes mencionado, sin exhibir el documento idóneo para ello. Por tanto, no cumplió con la carga que le imponen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4° de la Ley de Amparo, consistente en allegar al juicio de amparo, las pruebas idóneas y suficientes para acreditar la detentación de un derecho legítimamente tutelado, susceptible de ser protegido a través del presente medio de control constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 909, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 625, que es del texto siguiente: "POSESIÓN. PRUEBA DOCUMENTAL. NO ES IDÓNEA PARA ACREDITARLA. La prueba documental (aún inobjetada), carece de idoneidad para demostrar la posesión material, dado que la posesión no es susceptible de acreditarse mediante esa probanza, excepto cuando se trata de la posesión jurídica, que deriva del derecho de propiedad, en cuyo caso es útil para tenerla por demostrada, el título de propiedad respectivo". Así como la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se identifica con el número 600, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 559, del tenor siguiente: "POSESIÓN. LA PRUEBA TESTIMONIAL ES IDÓNEA PARA ACREDITARLA. La testimonial adminiculada con otros medios de prueba, es la idónea para demostrar la posesión material de un inmueble, porque son los testigos, quienes mediante sus sentidos han percibido la realidad del caso concreto de que se trate y pueden informar acerca de los hechos que les consten y de ahí inferir bajo qué condición se detenta un inmueble". En este orden de ideas, al no acreditarse fehacientemente la posesión que aduce tener el quejoso respecto del bien inmueble referido, es inconcuso que carece de interés jurídico para promover la instancia constitucional, tomando en cuenta para ello, que el interés jurídico debe constar debidamente probado y no inferirse con base en presunciones. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio constitucional invocada en el presente considerando, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento anterior, imposibilita el estudio de los conceptos de violación, según lo señaló el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis publicada en la página 302, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 223064, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Si el sobreseimiento es la resolución judicial por la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión del fondo de la controversia, resulta indudable que la procedencia de aquél impide la decisión que conceda o niegue el amparo, esto es, sin estudiar los conceptos de violación. Luego, si la materia de tales conceptos alude al reclamo de ser lanzado el quejoso de una finca violándose con ello la garantía de audiencia, en tanto que el juzgador argumenta que aquél fue oído y vencido por conducto de su causante por tratarse de un subarrendatario, es indudable que tal conclusión necesariamente se refiere a la materia de fondo y posiblemente a la negativa del amparo, pero no a fundar la sentencia de sobreseimiento". QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra de los actos que reclama de la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, como autoridad ordenadora, y como ejecutoras, al actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con residencia en esta ciudad, Yucatán; por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Incidental
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto: agréguense a estos autos los oficios de cuenta con registros de promoción 6006 y 6007, signados por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, por sí y en representación de dicho Tribunal, y anexo que acompaña al segundo; que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el oficio DGAJ/4843/2022 remitido vía telegráfica por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación del Director en Jefe y Dirección General de Registro y Control Documental, todos con sede en la Ciudad de México, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. Al efecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida dicha sentencia, y se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto, así como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en su informe de cuenta. Notifíquese y cúmplase.
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