Leonardo Tiro Moranchel
Expediente 1097/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonardo Tiro Moranchel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. AUTO QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintitrés de diciembre dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercero interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. PEDIMENTO MINISTERIAL. Intégrese a los autos únicamente para que obre como en derecho corresponda el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, atento a que el veintitrés de diciembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No.Autoridades responsables1 Juez Primero de lo Penal del Distrito de Puebla, por conducto de su representante.Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, con base en las constancias que remitió la autoridad responsable y el estado que guarda el expediente en que se actúa, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir de oficio que -en la especie- se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Leonardo Tiro Moranchel, señaló como autoridad responsable al Juez Primero de lo Penal del Distrito de Puebla a quien reclama lo siguiente: La dilación de acordar el escrito que presentó el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; la negativa a tener acceso al expediente; y, en consecuencia, la paralización total del procedimiento dentro de la causa penal 83/2010, de su índice. En ese sentido, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito de Puebla, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que para corroborar su aseveración, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias derivadas de la causa penal 83/2010, de su índice; mismas que tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; de las que se advierte lo siguiente: a) El escrito de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, presentado en los autos de la causa penal 83/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito de Puebla, se acordó el diez de octubre de dos mil veintidós; mientras que su notificación, se llevó a cabo el catorce de octubre de dos mil veintidós. b) Del escrito de mérito, se aprecia que el quejoso Leonardo Tiro Moranchel solicitó que se revocara cualquier nombramiento anterior de abogado, y que se nombrara como defensores particulares a 1.José Ignacio Sarabia Aguilar y 2. Fernando Pérez Díaz. c) Mediante comparecencia de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a ambos profesionistas aceptando y protestando el cargo conferido, con lo cual se permitió el acceso a la causa penal de mérito, al procesado (aquí quejoso) Leonardo Tiro Moranchel, a través de sus defensores particulares. De ahí que, se acredite la existencia de las omisiones que se atribuyen al Juez responsable. Cobra aplicación, por analogía, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO". De igual forma, resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO". Ante la evidencia de que el juez responsable acordó el escrito de mérito, notificó dicho auto (posterior a la presentación de la demanda) e inclusive tomó la protesta de aceptación del cargo de defensores particulares, los cuales se impusieron de las actuaciones dentro del proceso 83/2010 en ese momento; con ello se demuestra que no existe la dilación de acordar el escrito que se presentó el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, ante el juez responsable, y tampoco la negativa a tener acceso al expediente; y, en consecuencia, mucho menos la paralización del procedimiento dentro de la causa penal 83/2010, de su índice. En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la dilación de acordar el escrito que se presentó el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, ante el juez responsable, la negativa a tener acceso al expediente; y, en consecuencia, la paralización del procedimiento dentro de la causa penal 83/2010, de su índice; al haberse acordado la promoción de veintinueve de septiembre del año en curso; y requerir a los defensores particulares de la parte quejosa para que aceptaran y protestaran el cargo conferido en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, acto que inclusive se llevó a cabo. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta y seis minutos del trece de enero de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Eliut Antonio Toribio Cortes, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Karla* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. 2022, Año de Ricardo Flores Magón." PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla Correo eléctrico: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Tel:(222) 303 7276 OF. 350-1 JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE PUEBLA. 350-2 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL DE PUEBLA. -AUTORIDAD TERCERA INTERESADA OF. 350-AMP AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1097/2022, PROMOVIDO POR LEONARDO TIRO MORANCHEL, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No. Autoridades responsables 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito de Puebla, por conducto de su representante. Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, con base en las constancias que remitió la autoridad responsable y el estado que guarda el expediente en que se actúa, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir de oficio que -en la especie- se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Leonardo Tiro Moranchel, señaló como autoridad responsable al Juez Primero de lo Penal del Distrito de Puebla a quien reclama lo siguiente: La dilación de acordar el escrito que presentó el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; la negativa a tener acceso al expediente; y, en consecuencia, la paralización total del procedimiento dentro de la causa penal 83/2010, de su índice. En ese sentido, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito de Puebla, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que para corroborar su aseveración, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias derivadas de la causa penal 83/2010, de su índice; mismas que tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; de las que se advierte lo siguiente: a) El escrito de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, presentado en los autos de la causa penal 83/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito de Puebla, se acordó el diez de octubre de dos mil veintidós; mientras que su notificación, se llevó a cabo el catorce de octubre de dos mil veintidós. b) Del escrito de mérito, se aprecia que el quejoso Leonardo Tiro Moranchel solicitó que se revocara cualquier nombramiento anterior de abogado, y que se nombrara como defensores particulares a 1.José Ignacio Sarabia Aguilar y 2. Fernando Pérez Díaz. c) Mediante comparecencia de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a ambos profesionistas aceptando y protestando el cargo conferido, con lo cual se permitió el acceso a la causa penal de mérito, al procesado (aquí quejoso) Leonardo Tiro Moranchel, a través de sus defensores particulares. De ahí que, se acredite la existencia de las omisiones que se atribuyen al Juez responsable. Cobra aplicación, por analogía, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO". De igual forma, resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO". Ante la evidencia de que el juez responsable acordó el escrito de mérito, notificó dicho auto (posterior a la presentación de la demanda) e inclusive tomó la protesta de aceptación del cargo de defensores particulares, los cuales se impusieron de las actuaciones dentro del proceso 83/2010 en ese momento; con ello se demuestra que no existe la dilación de acordar el escrito que se presentó el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, ante el juez responsable, y tampoco la negativa a tener acceso al expediente; y, en consecuencia, mucho menos la paralización del procedimiento dentro de la causa penal 83/2010, de su índice. En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la dilación de acordar el escrito que se presentó el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, ante el juez responsable, la negativa a tener acceso al expediente; y, en consecuencia, la paralización del procedimiento dentro de la causa penal 83/2010, de su índice; al haberse acordado la promoción de veintinueve de septiembre del año en curso; y requerir a los defensores particulares de la parte quejosa para que aceptaran y protestaran el cargo conferido en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, acto que inclusive se llevó a cabo. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta y seis minutos del trece de enero de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Eliut Antonio Toribio Cortes, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio III-629/2022, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en el recurso de queja Q-172/2022, de su índice, interpuesto por Manuel Teliz Ramos, en representación del promovente Leonardo Tiro Moranchel, en contra del auto dictado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que en sus puntos resolutivos señala: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja a que este toca se refiere." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ADMISIÓN. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Leonado Tiro Moranchel, por propio derecho y representación de la persona moral "Servicios Inmobiliarios", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamado al 1. Juez Primero de lo Penal de Puebla, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; remitiéndole para tal efecto copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". TERCERO INTERESADO. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal de Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la citada Ley, se ordena emplazarlo al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. Finalmente, una vez que se reciba el informe justificado respectivo se estará en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. PRUEBAS. Según lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, las cuales se desahogan dada su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita y no se está en los supuestos en que éste deba abrirse de oficio. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL SEÑALADO EN SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA; POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE; A LA DIVERSA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA; A LA SUPERIORIRDAD EN VÍA DE ACUSE; Y, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
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