Leonardo de Jesús Blanco Huerta
Expediente 211/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leonardo de Jesús Blanco Huerta
- Juez de Control Y Juicio Oral de la Cuarta Sala del Decimo Cuarto Distrito Judicial, Con Sede En la Congregación la Toma Municipio de Amatlan de los Reyes, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho????????????Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitieran las autoridades responsables, 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas y un disco de videograbación, y el 3. Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho????????????Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitieran las autoridades responsables, 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas y un disco de videograbación, y el 3. Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio signado por la Secretaria de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, toda vez que mediante acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, se le tuvo informando el trámite dado al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de vinculación a proceso; y el veintidós de julio del actual, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto. Cúmplase.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 211/2020, promovido por. contra actos de la 1. Licenciada Verónica Portilla Suazo, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otros, los cuales consideró violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil veinte, ante la Secretaria de guardia del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades responsables que a continuación se precisan. AUTORIDADES RESPONSABLES. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de siete de abril de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de los terceros interesados. El ocho de julio de dos mil veinte, se tuvo por apersonado a este juicio al tercero interesado de identidad reservada como. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El veinte de julio de dos mil veintiuno, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. toda vez que de ser ciertos los actos reclamados, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, y en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo se precisa que aquéllos consisten en. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia de los actos que se reclaman. TERCERO. Inexistencia de autoridad responsable. Por proveído de doce de agosto de dos mil veinte, se dejó de tener como autoridad responsable a la denominada 4. Policía Ministerial perito. al Departamento de Asesores y Asesorías en Manejo de Crisis y Negociación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz. Sin que en la presente resolución proceda decretar el sobreseimiento del acto que se le atribuye, pues con tal declaratoria la aludida autoridad no tuvo relación con el presente juicio, ya que no se le requirió su informe justificado y se suspendió toda comunicación con ella. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos a), b), c) y d), del considerando segundo de esta sentencia, atribuidos a las autoridades responsables denominadas 3. Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Jefe de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. ambos con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que el quejoso aportara medio de convicción alguno que desvirtúe sus negativas. En ese orden, tampoco es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable en su correcta denominación 2. Directora del Centro de Reinserción Social "Amatlán", con residencia en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, consistente en e) la falta de atención médica para revisar las lesiones ocasionadas por los golpes que le fueron proporcionados al quejoso por los policías ministeriales al momento de su detención. En efecto, si bien al rendir su informe justificado dicha autoridad no se pronunció respecto de la existencia o inexistencia de la falta de atención médica reclamada, de la lectura del oficio por el rindió el informe relativo al cumplimiento de la suspensión de plano otorgada en relación con el mencionado acto, se advierte que lo negó (foja 35 del juicio). Así es, en dicho oficio la autoridad responsable precisó que el quejoso. ingresó al centro de reinserción social a su cargo a las veintitrés horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veinte, por orden de la licenciada Verónica Portilla Suazo, juez de control que en audiencia inicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Que al ingresar el personal médico adscrito al centro de reinserción social dio fe de las lesiones que presentaba el imputado, las cuales, acorde al certificado médico de ingreso, no necesitó tratamiento alguno y tampoco fue necesaria la atención médica especializada, por lo que únicamente se le administraron analgésicos y antiinflamatorios en dosis únicas. Para demostrar lo anterior, la autoridad responsable de mérito adjuntó copia certificada del certificado médico respectivo practicado al peticionario el treinta de marzo de dos mil veinte, firmado por el doctor Jesús Aquileo Cortés, encargado del área médica de dicho centro penitenciario. Documental que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedido por una servidora pública en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere. Lo que se corrobora con la parte conducente del contenido del acta de siete de abril de dos mil veinte, relativa al desarrollo de la diligencia de cercioramiento de la integridad física del quejoso, practicada por el actuario judicial de la adscripción, quien, una vez que inspeccionó al impetrante, hizo constar que a simple vista no se observaba ningún tipo de lesión física en su integridad corporal. Asimismo, el peticionario manifestó: De ello deriva que el impetrante reconoce que el día treinta de marzo de dos mil veinte, cuando ingresó al centro de reinserción social en el que se encuentra privado de su libertad, sí le fue practicada una revisión médica; que si bien le dan mareos cuando se levanta de la cama o de estar sentado, señaló que no ha solicitado la atención médica respectiva porque no quiere dar molestias. Asimismo, el quejoso refirió que le truenan las "cervicales del cuello" y que no puede mover el cuello hacía abajo, sin embargo, es pertinente destacar que no existe constancia de que se trate de una lesión visible a simple vista; por el contrario, el actuario judicial hizo constar que el impetrante no presentaba ningún tipo de lesión física en su integridad corporal. Lo anterior adquiere relevancia, en la medida de que tampoco existe manifestación alguna por parte del peticionario en el sentido de que hubiera solicitado al área médica del centro de reinserción social la atención correspondiente en relación con dicha molestia; en contrapartida, se advierte que el peticionario indicó al actuario, aunque en relación con los mareos que dice presentar, que no ha solicitado la atención médica al área respectiva porque no quiere dar molestias, lo que impide tener la certeza de si solicitó o no dicha atención por lo que respecta a la lesión cervical que refirió presentar. En ese sentido, es importante destacar que el actuario judicial hizo constar que en la diligencia de mérito se encontraba presente el médico del centro de reinserción social, a quien, una vez escuchado lo expuesto por el quejoso, le fue ordenado por parte de la encargada del área jurídica que canalizara inmediatamente al impetrante. Con base en lo anterior, es válido concluir que la e) la falta de atención médica reclamada por el peticionario es inexistente. Por tanto, los actos reclamados a que se contrae este considerando resultan inexistentes y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos a), b), c) y d), atribuidos a la autoridad responsable denominada. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por así advertirse de la lectura integral de su informe justificado. La certeza de los referidos actos reclamados se corrobora con las copias autentificadas remitidas por el juez de control responsable. por la Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en esta ciudad. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere. Asimismo, con el contenido del disco versátil digital que la primera de dichas autoridades adjuntó a su informe justificado, cuyo valor probatorio fue precisado en el considerando anterior. Asimismo, es cierta la ejecución del acto reclamado consistente en b) la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada en el proceso penal de origen, atribuida a la 2. Directora del Centro de Reinserción Social "Amatlán", con residencia en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 65 del juicio). SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Ahora bien, por razón de técnica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, toda vez que ante la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, se está tramitando el recurso de apelación interpuesto por el quejoso. en contra del auto de vinculación a proceso dictado el cuatro de abril de dos mil veinte, en el proceso penal. por su probable intervención en la comisión del delito de secuestro agravado; medio de impugnación que, de resultar favorable a los intereses del peticionario, podría concluir con la revocación de la resolución apelada y la consecuente insubsistencia de los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y d), del considerando segundo de esta sentencia. En efecto, el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, dispone. El invocado precepto consagra el principio de definitividad según el cual, el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. De ahí que no pueda coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el referido principio, existiría la posibilidad de que se dicten sentencias que podrían resultar contradictorias. De contenido de la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y el criterio obligatorio previamente transcrito, se obtiene que la causa de improcedencia de mérito se actualiza cuando: Como se indicó, el quejoso interpuso recurso de apelación contra el acto precisado en el inciso c), esto es, el auto de vinculación a proceso. Hecha esta precisión, es válido concluir que, en el caso, concurren los supuestos necesarios para la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues de las copias certificadas deducidas del proceso penal de origen, se advierte que. Esto es, de resolverse el recurso de apelación de forma favorable a los intereses del inconforme, podría revocarse la resolución apelada y dictarse en su lugar un auto de no vinculación a proceso. Ahora, no obstante que el recurso de apelación no se interpuso directamente en contra de los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y d), sino contra el auto de vinculación a proceso, y aquéllos se consideran autónomos respectos de este último, de cualquier forma se actualiza la causa de improcedencia de trato. Así es, pues de la literalidad de la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no se advierte que sea un requisito para que se actualice dicha causa de improcedencia que el recurso o medio de defensa legal respectivo se haya interpuesto directamente contra el acto reclamado, sino que basta que exista la posibilidad de que lo resuelto en él pueda tener por efecto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que puede darse incluso de forma indirecta, ya que el legislador no hizo distinción al respecto. En esa guisa, de concluir el recurso de apelación con el dictado de una resolución que revoque la de primera instancia y, en su lugar, se emita un auto de no vinculación a proceso, se generaría la insubsistencia de todos los demás actos reclamados, aunque dicho medio de impugnación no se haya interpuesto directamente en su contra. Lo anterior se obtiene de lo dispuesto en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el auto de no vinculación a proceso tiene como efectos que se ordene la inmediata libertad del imputado y se revoquen las medidas cautelares que se hubieren dictado. Asimismo, es lógico y evidente que el dictado de un auto de no vinculación a proceso implicaría que no subsistiera la fase de investigación complementaria cuya continuación reclama el quejoso. Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución de la medida cautelar atribuida a la. Directora del Centro de Reinserción Social "Amatlán", con residencia en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, pues aquélla no fue combatida por vicios propios, sino como mera consecuencia de la resolución dictada por la juez de control que ordenó dicha medida. En mérito de lo anterior, no se abordará el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues el sobreseimiento decretado constituye un impedimento jurídico para analizar el fondo del negocio. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de siete de abril de dos mil veinte. se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos. de la Ley de Amparo se resuelve. ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leonardo de Jesús Blanco Huerta, por lo que respecta a los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de la misma.
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