Leonardo Daniel Campos Jiménez
Expediente 579/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leonardo Daniel Campos Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Finalmente, ya que el licenciado Luilio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz, remitió un disco de videograbación, y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Córdoba, Veracruz, a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 579/2020 promovido por ., en favor de ., el Secretario hace constar que la parte quejosa no proporcionó, como le fue requerido, cinco días antes de la audiencia, la cuenta de correo a la cual se le remitiría el enlace correspondiente para llevarla a cabo por videoconferencia. . A continuación, el secretario relaciona las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo presentado por ., en representación de .; y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo probatorio, el Secretario da cuenta con las constancias remitidas por el 2. Director de Gobernación Municipal de Orizaba, Veracruz, y el licenciado ., Juez de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas las pruebas relacionadas, dada su especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas que relacionar se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos: El secretario hace constar que la partes quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, no formularon alegatos en el juicio en que se actúa, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 579/2020, promovido por ., en favor de . contra actos del 1. Delegado de Seguridad Pública del Estado de Veracruz con base en la Ciudad de Nogales, Veracruz, y otra autoridad, los cuales consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado a las seis horas con treinta y tres minutos del veintidós de noviembre de dos mil veinte, ante la Secretaria de guardia del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ., en representación de ., acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados del Delegado de Seguridad Pública del Estado de Veracruz con base en la Ciudad de Nogales, Veracruz, y otra autoridad, que se precisa a continuación: ACTOS RECLAMADOS: "(.) De las autoridades señaladas como responsables, se les reclama: torturar y privar a mi Esposo ., de su libertad deambulatoria, con la finalidad de violentar sus derechos humanos y garantías constitucionales que le consagra la constitución federal, la declaración universal de derecho (sic) humanos y tratados internacionales ratificados por nuestro país; además de privarlo de su libertad con el peligro inminente que se le cometa a tormentos, tortura para que confiesen delitos que no ha cometido o en su caso, para desaparecerlo definitivamente, con grave peligro a su libertad física y moral, o bien de justificar su ilegal detención, siembren evidencia en su persona, posesiones o ropas, con la finalidad de fabricarles un delito que no ha cometido y peor aún, actos que pongan en peligro la vida de mi Esposo, PERO SOBRE TODO SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO: LA DESAPARICIÓN FORZADA QUE HA SUFRIDO MI ESPOSO (.)". SEGUNDO. Radicación de la demanda, otorgamiento de la suspensión de plano y orden de localizar al quejoso. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito radicó la demanda con el número de expediente 579/2020; concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados para los efectos que ahí se indican; dictó las medidas conducentes a la localización del directo quejoso, . y dispuso que, de ser encontrado, se le previniera para que manifestara si era su deseo ratificar la demanda presentada en su representación; finalmente, estableció que, de encontrarse el quejoso a disposición de una autoridad distinta a la que señaló como responsable, se le requiriera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, manifestara si era su deseo señalarla como nueva responsable. TERCERO. Localización y ratificación de la demanda por el directo quejoso . A las diez horas con treinta minutos del veintidós de noviembre del año pasado, el actuario judicial adscrito a este juzgado se constituyó en las instalaciones que ocupa la Policía Municipal de Orizaba, Veracruz; lugar en el que fue localizado el directo quejoso . quien se encontraba a disposición del Fiscal Segundo de la Unidad de Delitos Diversos del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz. En dicho acto, el directo quejoso ratificó la demanda de amparo promovida en su representación. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de noviembre del referido año, y toda vez que el directo quejoso se encontraba a disposición de una autoridad diversa a la que se señaló como responsable en la demanda, el actuario judicial lo requirió para que en dicho acto o en el término de tres días manifestara si era su deseo señalar a aquélla como responsable, a lo que éste respondió que se reservaba de señalar a otra autoridad responsable, hasta que hablara con su abogado. CUARTO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Al haber ratificado la demanda de amparo el directo quejoso, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, este tribunal la admitió, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. El día de hoy se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados, habrían tenido ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquéllos consisten en: a) La detención del quejoso; b) La desaparición forzada del inconforme; c) La privación ilegal de libertad fuera de procedimiento d) La incomunicación; y e) Los golpes, tortura, azotes y malos tratos. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto que se reclama. . TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos precisados en los incisos b), c), d) y e), del considerando anterior, reclamados a las autoridades responsables, 1. Encargado de la Delegación de Policía Estatal Región XVI Mendoza, con sede en Nogales, Veracruz; 2. Director de Gobernación Municipal de Orizaba, Veracruz, pues al rendir sus informes con justificación negaron categóricamente su existencia, sin que el quejoso haya aportado medio de prueba alguno que desvirtúe dicha negativa. Aunado al hecho que, en la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil veinte, el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional dio fe de las condiciones en que se encontraba el peticionario de amparo, .quien manifestó ".soy la persona que busca, mi esposa presentó la demanda no tengo ninguna lesión, ya fui a declarar ante el fiscal investigador ahí me entrevisté con un abogado de oficio." De ahí que los mencionados actos resulten inexistentes y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de un acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en a) la detención del quejoso. Lo anterior, pues las autoridades responsables, 1. Encargado de la Delegación de Policía Estatal Región XVI Mendoza, con sede en Nogales, Veracruz, y 2. Director de Gobernación Municipal de Orizaba, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, fue detenido el quejoso ., por la comisión de hechos constitutivos de delito, y en esa misma fecha lo pusieron a disposición de la Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XV. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias remitida por el 2. Director de Gobernación Municipal de Orizaba, Veracruz; documental pública que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido certificada su autenticidad por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De ahí que deba tenerse por cierto el acto reclamado a que se contrae este considerando. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado consistente en a) la detención del quejoso llevada a cabo el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)". El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restitución de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto combatido. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que, al no formar parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el asunto que nos ocupa, el peticionario de amparo reclama la detención de la que fue objeto el veintiuno de noviembre de dos mil veinte; intervención que, según se advierte de las constancias remitidas por el 2. Director de Gobernación Municipal de Orizaba, Veracruz, fue por haber sido sorprendido en flagrancia, junto con otras personas, al desplegar las conductas que apreciaron posiblemente constitutivas de delitos. Sin embargo, de las constancias remitidas por el licenciado ., Juez de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz, con un anexo, se advierte que el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso ., y lo vinculó a proceso por el delito de robo específico en su modalidad de detentación de vehículo con reporte de robo cometido en agravio de . así como por el hecho previsto por la ley como delito de daños cometido en agravio del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, y por el delito ultrajes a la autoridad en agravio del servicio público, en el proceso penal .; lo que se corrobora con el disco de videograbación remitido por el citado juez. Documentales y disco de videograbación que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificados por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En estas condiciones, resulta inconcuso que en la especie cambió la situación jurídica en que se encontraba el impetrante con motivo del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a su detención efectuada el cuatro de agosto de dos mil veinte. Es así, pues no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica emanada de la audiencia inicial celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que -en lo que trasciendese dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso ., pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del peticionario. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado en análisis, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 61, fracciones XVI y XVII, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por . contra los actos reclamados de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor proveído el oficio de cuenta signado por el Jefe de Departamento para la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual informa que designó a Luis Alberto Zárate Lobato como defensor del peticionario; toda vez que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se le tuvo informando que la licenciada Nohemí Domínguez Aguilar, Defensora Pública adscrita al Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, en Córdoba, Veracruz, fue asignada para asistir al quejoso Leonardo Daniel Campos Jiménez en el juicio en que se actúa; la cual ya se apersonó. No pasa inadvertido que el citado oficio contiene un error meramente formal en la referencia de identificación del expediente al que va dirigido; sin embargo, de los demás datos de dicha promoción es posible identificar que corresponde al presente asunto. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por el licenciado Luilio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz, con un anexo, mediante el cual, cumple con el requerimiento de veintiséis de febrero del año en curso y remite el disco de videograbación relativo al proceso penal 180/2020, de su índice
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