Leonardo Sanchez Bedolla

Expediente 809/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
809/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Leonardo Sanchez Bedolla
  • Fiscal de Distrito de Orizaba, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el veintinueve de abril de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión.

  2. Principal

    TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable 2. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman. Cabe precisar que tratándose de actos de omisión, la autoridad que niega no sólo debe expresarlo, sino probar que no incurrió en esa omisión. Al respecto, se invoca como apoyo, por similitud jurídica, la tesis 1a. IV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1215, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, que dice: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos." En el caso de la copia autentificada de la carpeta de investigación UIPJ/DXV/963/2021/F1, se observa que los actos reclamados tienen su origen en dicha carpeta; y la autoridad que actuó en ésta fue la Fiscalía Primera Investigadora en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, no así la diversa autoridad 2. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz; además, la parte quejosa no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por esta última autoridad responsable en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en relación con ella. Cobra aplicación la jurisprudencia (...) cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 1. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, pues así se advierte del contenido de su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia autentificada de la carpeta de investigación UIPJ/DXV/963/2021/F1, del índice de la Fiscalía Primera Investigadora en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, misma que fue remitida por la responsable al rendir su informe justificado; documental que adquiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, en relación con el acto reclamado consistente en 1. La omisión de devolver el vehículo marca Volkswagen modelo 2014, color arena, con número de serie 9BWLB45Z6E4021494 y placa YNJ221A; este Juzgado de Distrito, de oficio, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. BETHEL PLANCARTE RENTERIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1a.d3 28/03/23 15:54:31 La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el asunto que nos ocupa, se reitera, Leonardo Sánchez Bedolla acude al presente juicio de amparo y reclama de las responsables, la omisión de devolver el vehículo marca Volkswagen modelo 2014, color arena, con número de serie 9BWLB45Z6E4021494 y placa YNJ221A; sin embargo, de las constancias relativas a la carpeta de investigación UIPJ/DXV/963/2021/F1, del índice de la Fiscalía Primera Investigadora en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, se desprende -en lo que al caso trasciende- lo siguiente: - Que el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió la constancia de entrega de vehículo y aceptación de la depositaria provisional, en la que la Fiscal Primera Investigadora en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, hizo constar que Edgar Ulises Penney Juárez, abogado defensor de Leonardo Sánchez Bedolla, recibió el oficio número 10356/2021 mediante el cual se ordena la devolución en calidad de depósito provisional del vehículo marca Volkswagen, tipo CROSSFOX modelo 2014, con número de serie 9BWLB45Z6E4021494 y placas de circulación YNJ221A; lo que se corrobora con las constancias remitidas por la indicada responsable. Con lo anterior cesaron los efectos del acto reclamado que se le atribuye, pues repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado, ya que la omisión de devolver el citado vehículo quedó subsanada con la referida constancia de entrega que se hizo al quejoso, quien al recibir el oficio de salida de la unidad automotriz, se destruye el acto reclamado, y sólo le corresponde al quejoso acudir a la empresa de grúas a retirar su vehículo. Luego, al haber cesado el acto reclamado en esta instancia constitucional, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia (...) Por otro lado, en relación con el acto consistente en 2. La falta de sustanciación, valoración de pruebas e integración de la carpeta de investigación UIPJ/DXV/ 963/2021/F1, del índice de la Fiscalía Primera Investigadora en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, al no realizar los actos de manera pronta y expedita en términos y tiempos procesales legalmente previstos; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al ser la resolución que se reclama un acto emitido dentro de un juicio oral mercantil que no es de imposible reparación. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; La segunda disposición normativa en cita establece que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación; y define a éstos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Ahora, de la aplicación a contrario sensu de dicho precepto, relacionado con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Como ha quedado expuesto, en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado es la falta de sustanciación, valoración de pruebas e integración de la carpeta de investigación UIPJ/D-XV/963/2021/F1, del índice de la Fiscalía Primera Investigadora en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, al no realizar los actos de manera pronta y expedita en términos y tiempos procesales legalmente previstos. Dicha omisión vinculada con el artículo 17 constitucional, no constituye un acto de imposible reparación respecto del cual, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo, ya que no vulnera derecho sustantivo alguno, sino únicamente es susceptible de producir efectos formales o intraprocesales. Esto es, la omisión de sustanciar la carpeta de investigación, valorar las pruebas e integrar la misma de manera pronta y expedita en términos y tiempos procesales legalmente previstos, no afecta materialmente de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del impetrante, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, sino, dado que dicha omisión solo tiene como efecto la violación de derechos adjetivos. Lo anterior, pese a que reclama violación a la garantía de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional, ya que dicha violación no la reclama de forma independiente, sino dentro del procedimiento penal en que el quejoso es parte imputada, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que contra el acto de esta naturaleza es notoriamente improcedente el juicio biinstancial. Máxime que no se advierte del contenido de la propia demanda que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues el quejoso reclama básicamente la omisión de entregar su vehículo materia del delito de daños y por su parte, la autoridad responsable acordó favorable su petición de entregar el citado vehículo. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia (...) Así, al actualizarse las causales de improcedencia en cita, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Dado el sustento del fallo en torno a los actos reclamados de que trata este considerando, no es jurídicamente posible emprender el examen de los conceptos que se dirigen a combatir el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia ... SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de radicación se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Leonardo Sánchez Bedolla, contra los actos de las autoridades precisadas en el considerando tercero y cuarto, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista de acuerdos a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  4. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por la Fiscal Primero Investigador en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, con un anexo; mediante el cual cumple con los requerimientos formulados en autos, pues al efecto remite copia certificada de la constancia de entrega de vehículo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno y el oficio 10653/2021, de nueve de noviembre de año próximo pasado, que obran en la carpeta de investigación UIPJ/DXV/963/2021/F1, de su índice; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese

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