León Felipe Sánchez Baldo

Expediente 189/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
189/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • León Felipe Sánchez Baldo
  • Fiscal Primero Investigador en Delitos Diversos adscrito a la Unidad de Procuración de Justicia número uno de Córdoba, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, se establece que el cuaderno único del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias y el disco de videograbación que remitió Juan Luis Mendoza Rosas, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, se establece que el cuaderno único del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias y el disco de videograbación que remitió Juan Luis Mendoza Rosas, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por la 12. Fiscal Octava en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, mediante el cual manifiesta rendir su informe justificado, toda vez que el veintitrés de mayo del año en curso se dictó sentencia. Cúmplase.

  4. Principal

    Vistos para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 189/2023 promovido por *************, contra actos del 1. Juez de la Sala Uno de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, León Felipe Sánchez Baldo acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de la Sala Uno de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, señalando como acto reclamado: - La orden de presentación y/o detención y/o aprehensión verbal o escrita, y su ejecución. - La integración de una carpeta de investigación o proceso penal en su contra SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. En proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de Autoridad. En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés se tuvo por inexistentes a las autoridades 18. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz y 19. Policía Ministerial Federal, con residencia en esta ciudad. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que el acto reclamado, de ser cierto, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable 1., 2., 3. y 4. Juan Luis Mendoza Rosas, por sí y en representación de los Jueces de las Salas Dos, Tres y Cuatro del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la orden de presentación y/o detención y/o aprehensión verbal o escrita, y su ejecución, en contra del quejoso; sin embargo, de sus argumentos y de las constancias relativas al proceso penal 146/2019, se advierte que citó a León Felipe Sánchez Baldo, a efecto de que compareciera a la audiencia inicial, la cual se llevó a cabo el dos de julio de dos mil diecinueve, y el ocho de julio siguiente, al vencimiento del término constitucional, dictó auto de no vinculación a proceso, el cual a la fecha quedó firme. Lo que se corrobora con la copia certificada y el disco de videograbación, relativos al proceso penal 146/2019, remitidos por 1. Juan Luis Mendoza Rosas, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; documentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido certificada su autenticidad por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por tanto, a la presentación de la demanda de amparo (trece de marzo de dos mil veintitrés), no existían los actos reclamados de los Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz consistentes en la orden de presentación y/o detención y/o aprehensión verbal o escrita, y su ejecución; así como, la integración de una carpeta de investigación o proceso penal en su contra. De ahí que no se tengan por ciertos los actos reclamados. Asimismo, no son ciertos los actos reclamados de los Fiscales 8. Cuarto, 9. Quinto, 10. Sexto en Delitos Diversos y 12. Octava en Delitos Diversos, todos en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz; y 13., 14., 15. y 16. Titular de la Célula I del Equipo de Investigación y Litigación III, con sede en Córdoba, Veracruz, consistentes en la orden de presentación y/o detención y/o aprehensión verbal o escrita, y su ejecución; así como la integración de una carpeta de investigación o proceso penal en su contra; así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Por su parte, los Fiscales 5. Primero, 6. Segunda, encargada de la Fiscalía Investigadora de Paso del Macho, Veracruz, 7. Tercero y 11. Séptima, en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz; y 17. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba, Veracruz, negaron los actos consistentes en la orden de presentación y/o detención y/o aprehensión verbal o escrita, y su ejecución. El peticionario de amparo no aportó medio de convicción que desvirtuara las negativas pronunciadas por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis (...) También es aplicable la jurisprudencia (...) TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Fiscales 5. Primero, 6. Segunda, encargada de la Fiscalía Investigadora de Paso del Macho, Veracruz, 7. Tercero y 11. Séptima, en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz; al rendir sus informes justificados, omitieron pronunciarse en cuanto al acto consistente en la integración de una carpeta de investigación; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto. Por su parte, el 17. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz, negó la existencia del acto consistente en la integración de una carpeta de investigación; sin embargo, dado que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Policía actúa bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de su función investigadora, y debido a que en el párrafo que antecede se tuvo como cierto el acto reclamado atribuido a dichos fiscales relativos a la integración de la indagatoria; por tanto, se tiene por cierto dicho acto reclamado a aquella autoridad policial. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, este órgano de control constitucional estima que respecto de los actos consistentes en la integración de una carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción I, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que reclama el peticionario de amparo es la integración de una carpeta de investigación. Ahora, es menester precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la participación del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo que se promueve en contra de la integración de una carpeta de investigación, dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, no se advierte algún acto de molestia concreto que lo legitime a instar este juicio constitucional, pues incluso en el considerando segundo de este fallo se declaró la inexistencia de los actos reclamados tendentes a privar de la libertad al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, (...) QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el segundo y cuarto de este fallo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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