Laura Ortíz Esteban

Expediente 1143/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1143/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Laura Ortíz Esteban

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, mismo que transcurrió del cuatro al ocho, ambos de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General que regula este proceder administrativo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, mismo que transcurrió del cuatro al ocho, ambos de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General que regula este proceder administrativo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo signada por ***********, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad, por los actos que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO Y PROTESTA LEGAL.- El acto de autoridad que se reclama consiste en EL CESE LABORAL EN CONTRA DE LA QUEJOSA EN LA FUNCIÓN DE DOCENTE DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA, CON LA CLAVE PRESUPUESTAL 076929E1489000160444, RFC OIEL790530AG8, DESDE EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2023 Y NOTIFICADO MEDIANTE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2023; SIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APEGADO A DERECHO". En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 1143/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de amparo, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Novena época, del Apéndice del 2000, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establecen en la tesis jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuaciones del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí, que aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Asimismo, a efecto de considerar que el acto ha sido emitido dentro de una relación de supra a subordinación y que entonces se estimara acto de autoridad para efectos del amparo, es necesario, además de que la autoridad obrara en un plano superior al del gobernado, que esa relación tuviera su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que dicho acto lo haya emitido en forma unilateral y que con ello cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; que para emitir ese acto no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; y que para hacer cumplir sus determinaciones pueda hacer uso directo o indirecto de la fuerza pública; es decir, resulta indispensable que ésta haya actuado al emitir el acto impugnado con unilateralidad, coercitividad e imperatividad. En ese sentido apoya al anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES". En la especie, el quejoso, reclama de la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO Y PROTESTA LEGAL.- El acto de autoridad que se reclama consiste en EL CESE LABORAL EN CONTRA DE LA QUEJOSA EN LA FUNCIÓN DE DOCENTE DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA, CON LA CLAVE PRESUPUESTAL 076929E1489000160444, RFC OIEL790530AG8, DESDE EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2023 Y NOTIFICADO MEDIANTE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2023; SIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APEGADO A DERECHO". En esta tesitura, el contexto expuesto pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie la autoridad señalada como responsable por la quejosa, actúa con el carácter de patrón en el ámbito material del derecho laboral, pues de su demanda de amparo se advierte que en dos mil dieciocho promovió juicio laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a fin de que la reinstalaran en sus funciones como Jefa de Sector 04 de Educación Preescolar Indígena de la Secretaría de Educación en el Estado, correspondiéndole el número de juicio laboral 469/2018, el cual aduce la quejosa se encuentra en trámite, en etapa de pruebas y alegatos; luego, señala la quejosa que promovió amparo indirecto respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la citada Secretaría de darle respuesta a su escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual impugnó que se le hubiese dejado a disposición de diversa autoridad educativa, amparo que conoció el juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con el número 231/2023, en el que señala que se le concedió el amparo para que le dieran respuesta al citado escrito; Así, por oficio de SE/DGEI/DEPI/139/2023 de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, signado por el Jefe de Departamento de Educación Preescolar Indígena, le informaron que el trece marzo de la presente anualidad, se le levantó una acta administrativa por faltas injustificadas, de la que derivó el dictamen con número de oficio SEE/OS/SP/2612/2023, de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, se determinó procedente la baja por cese por la causal de inasistencia a sus labores de la aquí quejosa, oficio este último que es la génesis del acto que por esta vía se reclama, el cual aduce la promovente tuvo conocimiento del mismo el siete de agosto de dos mil veintitrés De ahí que se coliga, la relación que existe entre la promovente y las autoridad señalada con dicho carácter es de coordinación, de ahí que el acto relacionado con el dictamen de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, se determinó procedente la baja por cese por la causal de inasistencia a sus labores, pueden ser impugnados en el juicio respectivo, ante el Tribunal ordinario competente en ejercicio de funciones materialmente laborales; de ahí que a dicha responsable no le reviste la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque sus actos no son de autoridad. Ello es así, toda vez que carece de potestad e imperio que es lo que distingue a los actos provenientes de autoridades, sino que sólo se trata de actos de particulares, pues si bien es cierto que la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la autoridad ilegalmente le dejó de pagar su salario; lo cierto es, que todas esas cuestiones están relacionadas con la relación de trabajo que tiene la autoridad señalada como responsable con la aquí impetrante. De ahí que, que resulta evidente que el dictamen con número de oficio SEE/OS/SP/2612/2023, de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, se determinó procedente la baja por cese por la causal de inasistencia a sus labores de la aquí quejosa; no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la responsable no lo realizó con el imperio de su soberanía, característica propia del acto de autoridad, sino como patrón, virtud a ello, es claro que se trata de un problema entre trabajadora y el "patrón", el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad que ejerza funciones de esa misma naturaleza. Es decir, los actos reclamados, en su caso, sólo conllevan una actuación propia de la relación privada que une a la parte quejosa y la autoridad responsable, que no es reclamable en la vía Constitucional. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Asimismo, la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." De igual forma, por identidad jurídica y por las razones que informa la Tesis: X.A.T.19 L (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2355, que establece: "RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DAN POR TERMINADOS LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN DOCENTE. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PORQUE DERIVA DEL VÍNCULO LABORAL ESTADO-PATRÓN Y SUS TRABAJADORES." Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1o, fracción I, y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados a la autoridad responsable, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en *********, en esta ciudad. Del mismo modo, se tiene como autorizado de la parte promovente para tal efecto a **********, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó el dato inherente a la cédula profesional número 10307856, que acredita al citado autorizado como licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Asimismo, se tiene como autorizado de la promovente, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, en términos restringidos, a *********, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no se advierte dato inherente a cédula profesional que acredite al referido autorizado como licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. De igual manera, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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