Laura Natalia Aguilar Zacarias

Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
425/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • Laura Natalia Aguilar Zacarias

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 6540, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, promovida por LAURA NATALIA AGUILAR ZACARÍAS, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, la cual registró bajo el número 249/2018-I, de su índice. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que del párrafo que antecede se advierte que el cuaderno de antecedentes en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    .... Vista la demanda de garantías promovida por LAURA NATALIA AGUILAR ZACARÍAS, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de la que se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Los actos que se reclaman de las autoridades señaladas como responsables, lo es en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras en el respectivo ámbito de sus atribuciones. A).- De las autoridades señaladas como responsables, lo es el acto que se reclama, la resolución de data 30 treinta de abril de la presente anualidad, dictada por el Ciudadano Doctor en Derecho Jorge Reséndiz García, Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro de los autos del toca número I-101/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por Laura Natalia Aguilar Zacarías y Andrea Yuritzi Miranda Aguilar, por derecho propio y en cuanto presuntas herederas de la sucesión a bienes de Teresa Zacarías Tovar, en contra del auto de fecha 7 siete de febrero del año en curso dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia, en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en los autos de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario número 8/2018, a bienes de Teresa Zacarías Tovar, denunciado por Elvia, Jorge Luis, José Juan y Teresa, de apellidos Aguilar Zacarías y Julián Aguilar Sacarías y/o Julián Aguilar Zacarías, y con domicilio en el Edificio Principal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en la Calzada la Huerta número 400 cuatrocientos de la colonia Nueva Valladolid de esta Ciudad de Morelia, Michoacán. B).- Así mismo, como autoridad responsable, también lo es Licenciado Miguel Ángel Moreles Vázquez, Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y con domicilio en la Avenida Juárez número 1078, mil setenta y ocho 2° piso de la colonia La Magdalena de la Ciudad de Uruapan, Michoacán, respecto al auto de data 07 siete de febrero de la presente anualidad, auto, impugnado que me causa agravio porque tuvo de manera equivoca a José Juan Aguilar Zacarías, aceptando y protestando el cargo de albacea provisional que le fue conferido en auto de fecha 10 diez de enero del año en curso, dado que el termino de tres días que le fue conferido para tal efecto a la fecha de presentación de su escrito había fenecido, toda vez que dicha resolución le fue notificada el 11 once del mes y año en cita, cuestión que violenta la dispuesto en el precepto legal 1004 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede Uruapan, pues si bien en principio el ámbito competencial de la autoridad señalada como responsable ordenadora corresponde a la jurisdicción de este juzgado, no sería suficiente para considerar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, dado que los actos reclamados llevan inmersa una ejecución material que tendrán materialización en Uruapan, Michoacán, por ser el lugar donde radica el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, que conoce del juicio sucesorio intestamentario 8/2018, a bienes de Teresa Zacarías Tovar, de donde emanan los actos reclamados, lugar en que el referido Juez Federal ejerce su jurisdicción territorial. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 192/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 606, tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Así como la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Por tanto, como esa localidad, no se encuentra comprendida entre aquellas en las que este juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en uno de los que lo hacen los juzgados con residencia en Uruapan, Michoacán, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con sus anexos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que el acto que reclama no se ubica en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Mariano Azuela, número 136, fraccionamiento Peña Blanca, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Rogelio Sánchez Arellano, toda vez que en esos términos fue designado. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. ...

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