Laura Patricia Guzmán Romero

Expediente 768/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Laura Patricia Guzmán Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos ... del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Tomando en consideración que en el juicio de amparo en que se actúa, por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ..., para el efecto de que las autoridades responsables Oficial de farmacia de la unidad médica familiar UMF 075, Morelia, Michoacán, Oficial de Farmacia del Hospital General de Zona 83, camelinas, Morelia Michoacán, Delegada en Michoacán, Subdelegado en Morelia, Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Director de la unidad médica familiar 075 Morelia, Michoacán, Subdirector Médico de la Unidad Médica Familiar 075, Morelia, Michoacán, Jefe de departamento de prestaciones económicas y sociales de la unidad médica familiar 075 Morelia, Michoacán, Oficial de farmacia de la unidad médica familiar UMF 075, Morelia, Michoacán, Director del Hospital General de Zona 83, Camelinas, Morelia Michoacán, Subdirector Médico del Hospital General de Zona 83, Camelinas, Morelia Michoacán, Oficial de Farmacia del Hospital General de Zona 83, camelinas, Morelia Michoacán; Director del Sistema de Pensiones, todas dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, de forma directa o en forma subrogada y bajo su más estricta responsabilidad, realizaran lo siguiente: "Único. Constituyan y reconozcan en favor de la quejosa Raziel Alejandro Guillen Rangel, el derecho a la salud, y, se siga otorgando la atención y tratamiento necesario para su padecimiento de estado vegetativo, fístula traqueoesofágica adquirida postraumática, sepsis origen mixto SOFA 7 pts, neumonía intrahospitalaria por Acintepbacter baumanli, infección asociada al torrente sanguíneo, tratada, neumonía atípica por sars cov2 en remisión, anemia normocítica normocrómatica moderada, Grado II de la OMS, Politraumarizado, Traumatismo craneoencefálico severo, Drenaje de hematoma subdural mas craniectomía secundario a edema cerebral severo, estatus de gatrostomía endoscópica, estatus de traqueostomía, estatus de yeyunostomia; asimismo, se realicen las medidas necesarias para efecto de garantizar la debida recuperación de la parte quejosa y se otorguen los medicamentos necesarios para hacer frente al mismo, de manera gratuita. Asimismo, en caso de considerar necesario para preservar la vida del quejoso o realizarle diversos estudios de acuerdo a su padecimiento, por no contar con el equipo adecuado, trasladarlo a una clínica diversa, para lo cual, deberá proveer los medios necesarias para que esto se lleve a cabo. En el entendido que deberán dar aviso de inmediato a esta Potestad Jurisdiccional, del alta o mejora considerable de la quejosa, que permita proveer respecto del cumplimiento de esta Ejecutoria de Amparo." Lo anterior, siempre de conformidad con el diagnóstico emitido por su médico tratante, bajo su más estricta responsabilidad, a fin de salvaguardar el derecho fundamental al nivel más alto posible de salud de la parte quejosa. Se concede a las autoridades responsables un plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, para que remita copia debidamente certificada de las constancias que acredite el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación con el punto especificado de la sentencia emitida en el presente juicio. En la inteligencia que las autoridades responsables deberán informar inmediatamente a este juzgado Federal, sobre todas y cada una de las actuaciones que emitan dentro del juicio laboral de origen, tendentes al cumplimiento de la ejecutoria; es decir, habrán de acreditar mediante las constancias conducentes, todos y cada uno de los actos realizados dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así, este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los preceptos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Es importante reiterar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México; para que ordene a las referidas autoridades responsables, a cumplir con la ejecutoria de mérito, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables a las que se les requiere el cumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte tercero interesado, el acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintitrés. Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el tercero interesado ***, por medio del cual cumple al requerimiento de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se le requirió una copia de su escrito de agravios relativo a su interposición del recurso de queja en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el veintidós de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se les realice, señalen las constancias que en copia certificada deban remitirse al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad. Por tanto, una vez que transcurra el término otorgado a las partes en el párrafo que antecede, remítase al Tribunal de Alzada, el original del escrito de cuenta y escrito de agravios, así como el informe materia de la queja, acompañando en copia certificada las constancias necesarias para su tramitación, incluyendo del proveído impugnado, así como de las notificaciones respectivas. Finalmente, en los términos que establece el artículo 102 de la Ley de Amparo se suspende el procedimiento del presente juicio de amparo, se deja sin efectos la Audiencia Constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo aparentemente promovida por ..., contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que hacen consistir en: ".IV. ACTO RECLAMADO.- reclamo de la autoridad señalada el no desahogar todas y cada unas de las pruebas que oferté en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, no cerrar la etapa de instrucción y no dictar el laudo dentro del juicio ordinario laboral identificado con el expediente número 105/2022, con motivo de la demanda laboral que interpuse en contra de la "SECRETARÍA DE SALUD EN MICHOACÁN Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD EN MICHOACÁN." En tales condiciones, atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 768/2023. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente en cita, manifestó que promueve la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, lo cierto es que de la lectura del libelo de amparo se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente por la quejosa Laura Patricia Guzmán Romero, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los preceptos 5°, fracción I y 6°, aplicados estos últimos en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo en vigor, que dicen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". En efecto de la demanda de amparo a estudio, específicamente del calce de ésta, se advierte que la quejosa Laura Patricia Guzmán Romero omitió firmarla. Luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente y, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del quejoso de presentar la demanda, por tal motivo al no existir instancia de parte agraviada, se entiende que dicho promovente considero que los actos que en la misma se combaten no afectan su interés jurídico. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 508, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." De igual manera, tiene aplicación en lo que en ella interesa la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Santiago Tapia, número 239 interior 4, Centro Histórico de esta ciudad de Morelia. Asimismo, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Méndez Bravo, Norma Patricia Moncesbaez Dimas, José Francisco García Serrano y Jennifer Gutiérrez Saucedo, toda vez que el presente asunto es de materia laboral y la quejosa es la trabajadora. En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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