Laura Georgina Calderón Ortíz

Expediente 1333/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1333/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Laura Georgina Calderón Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/240/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado. Así mismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tiene como pruebas de la citada responsable, las documentales que adjunta a su comunicado de cuenta, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, apoderado jurídico de los quejosos ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, que hizo consistir en: ".IV ACTO RECLAMADO: - Se hace consistir en la DILACIÓN PROCESAL en la que hasta la fecha ha incurrido la Autoridad aquí señalada como Responsable, por no realizar las gestiones necesarias e inmediatas, tendientes y relativas para señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación dentro del expediente laboral número ********************, ya que como se desprende de autos se habían señalado las 10:00 diez horas del día 21 veintiuno de enero del año 2021 dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de conciliación, misma que no se celebró por causa por todos conocida (COVID 19) y en diversas fechas mediante escrito se ha venido solicitando a la Autoridad Responsable señale fecha para la celebración de la audiencia del procedimiento, siendo omisa en ello.". En esa tesitura, de las constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte que por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en lo que interesa, determinó lo siguiente: "... En vista de lo anterior y vista la certificación levantada en la presente audiencia y lo señalado en los apartados que anteceden, se señalan nuevamente 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 09 NUEVE DE MARZO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, la cual tendrá verificativo en el recinto de este Tribunal..." Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón de que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, de dichas constancias remitidas, se advierte que la autoridad responsable por auto de cinco de diciembre pasado, señaló las trece horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés para el desahogo de la audiencia de conciliación dentro del expediente laboral número ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo tanto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan el acto reclamado en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación dentro del expediente laboral número ********************; también lo es que mediante proveído de cinco de diciembre pasado, la autoridad responsable fijó las trece horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés para el desahogo de dicha audiencia dentro del expediente de referencia, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/240/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado. Así mismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tiene como pruebas de la citada responsable, las documentales que adjunta a su comunicado de cuenta, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, apoderado jurídico de los quejosos ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, que hizo consistir en: ".IV ACTO RECLAMADO: - Se hace consistir en la DILACIÓN PROCESAL en la que hasta la fecha ha incurrido la Autoridad aquí señalada como Responsable, por no realizar las gestiones necesarias e inmediatas, tendientes y relativas para señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación dentro del expediente laboral número ********************, ya que como se desprende de autos se habían señalado las 10:00 diez horas del día 21 veintiuno de enero del año 2021 dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de conciliación, misma que no se celebró por causa por todos conocida (COVID 19) y en diversas fechas mediante escrito se ha venido solicitando a la Autoridad Responsable señale fecha para la celebración de la audiencia del procedimiento, siendo omisa en ello.". En esa tesitura, de las constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte que por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en lo que interesa, determinó lo siguiente: "... En vista de lo anterior y vista la certificación levantada en la presente audiencia y lo señalado en los apartados que anteceden, se señalan nuevamente 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 09 NUEVE DE MARZO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, la cual tendrá verificativo en el recinto de este Tribunal..." Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón de que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, de dichas constancias remitidas, se advierte que la autoridad responsable por auto de cinco de diciembre pasado, señaló las trece horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés para el desahogo de la audiencia de conciliación dentro del expediente laboral número ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo tanto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan el acto reclamado en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación dentro del expediente laboral número ********************; también lo es que mediante proveído de cinco de diciembre pasado, la autoridad responsable fijó las trece horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés para el desahogo de dicha audiencia dentro del expediente de referencia, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, rinda su informe justificado que le fue solicitado; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere y se señala como nueva fecha para su desahogo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el alegato constitucional número 14/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; atento a su contenido con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de la audiencia Constitucional. Notifíquese.

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