krestopher Jhonathan Silva Téllez

Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
576/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • krestopher Jhonathan Silva Téllez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguese la comunicación señalada en la cuenta al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, como del contenido del referido oficio se advierte que el citado Juzgado Federal se avocó al conocimiento del asunto y determinó no insistir en declinar competencia; en consecuencia, este órgano jurisdiccional toma nota de lo anterior. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que se trata de un expediente en el que no se aceptó la competencia declinada. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que no se aceptó la competencia declinada, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuadernillo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veinte. Vistas las constancias descritas en la cuenta, fórmese el expediente 576/2020 para actuar en éste.Del oficio descrito en la cuenta que antecede, se advierte que el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, transcribe el contenido del acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, por el que declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Krestopher Jhonathán Silva Téllez o Silva Téllez Crhistopher Jonathán, contra la orden de traslado ejecutada en su contra, por las razones ahí descritas.Sin embargo, este juzgador no comparte el criterio sustentado por la autoridad remitente, por las siguientes consideraciones:De las constancias anexas al oficio de cuenta, se advierte que Krestopher Jhonathán Silva Téllez o Silva Téllez Crhistopher Jonathán, reclama el traslado ejecutado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, del Centro Estatal de Prevención Social de la Ciudad de Acambaro al diverso CEFERESO CPS- NO. 13 OAXACA ubicado en la el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Así también, como antecedentes del referido acto, refiere los siguientes: Que actualmente se encuentra privado de su libertad personal en el interior del Centro Federal de Readaptación Social CPS No. 13 Oaxaca, sometido a proceso penal en la causa IP0618-375, radicada en el Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en Celaya, Guanajuato, por su posible comisión en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, el cual se encuentra en trámite pues está en espera de fecha para iniciar juicio oral, ante tribunal de enjuiciamiento. Que el 18 de agosto del año dos mil veinte, en las primeras horas del día, se realizó el traslado de diversos internos, entre ellos el ahora quejoso, del Centro Estatal de Prevención Social de la Ciudad de Acambaro al diverso CEFERESO CPS- NO. 13 OAXACA, con lo que estima se afecta su adecuada reinserción, ya que uno de los ejes rectores para una adecuada reinserción social de acuerdo a la Carta Magna, lo es la familia y con dicho acto se afectaría notablemente, aunado a lo anterior de la misma forma se afectaría la comunicación con su abogado, ya que no se podría establecer, afectando con ello su adecuada defensa.El juez declinante refiere que carece de competencia legal por lo siguiente: Que dicho traslado se materializó el pasado dieciocho de agosto del año en curso, fecha en que el directo quejoso fue llevado del Centro Estatal de Prevención Social de Acámbaro, Guanajuato, en donde se encontraba interno, al Centro Federal de Readaptación Social CPS-NO. 13 Oaxaca, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Diaz, en donde actualmente está recluido. Que al constar esto último (lugares en que se ejecutó el traslado), es incuestionable a su consideración, que se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, donde se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Que no hay duda que dicho traslado se materializó en diversas jurisdicciones territoriales (Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca) donde ese órgano jurisdiccional no ejerce competencia. Que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario. Por ello, concluyó que de la citada demanda, corresponde conocer al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad del mismo nombre, al ejercer jurisdicción territorial en el lugar donde se materializó la ejecución del traslado (Centro Federal de Readaptación Social CPS-NO. 13 Oaxaca, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz), en términos del artículo 4, fracción XIII, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización. por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.Así planteada la incompetencia legal, este juzgador no comparte el criterio del titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, por lo siguiente:Al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, por su naturaleza jurídica, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, constituye un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que la persona de que se trata es ingresada en el otro centro penitenciario.En ese precedente se estableció que dicho traslado se lleva a cabo en tres momentos distintos: a) El primero comprende la emisión de la citada orden y su ejecución inicial, consistente en extraer al reo del lugar donde se encuentra originalmente recluido; b) El segundo, se identifica propiamente con el traslado físico del reo a un lugar distinto; y,c) El tercero, corresponde a su ingreso al nuevo centro de reclusión, con lo cual culmina la ejecución.Con base en ello se concluyó, con apoyo en lo previsto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, actualmente abrogada, que si esa orden comienza a ejecutarse en un Distrito Judicial y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, sería el legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido en su contra. También dijo, que en el precepto legal anteriormente invocado se contemplaban tres reglas normativas para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, al especificarse que sería Juez competente:- El del lugar en que debería tener ejecución, tratara de ejecutarse, se ejecutara o se hubiera ejecutado el acto reclamado (párrafo primero);- Cuando el acto reclamado hubiera comenzado a ejecutarse en un Distrito Judicial y siguiera ejecutándose en otro, correspondería conocer del caso a cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención (párrafo segundo); y,- Si el acto reclamado no requería ejecución material, sería competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción residiera la autoridad que hubiera dictado la determinación reclamada (párrafo tercero).En esa ocasión se señaló que las dos primeras reglas resultaban aplicables a los juicios de amparo promovidos contra actos que requirieran ejecución material, mientras la tercera sólo para los actos que no la exigiesen.De ese asunto derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, del tenor siguiente:"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno."Así también, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que enseguida se inserta:"Época: Décima Época Registro: 2020829 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2019 (10a.)Página: 933 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al responder la pregunta sobre ¿qué sucede cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, o bien, está totalmente ejecutada?, determinó que esa circunstancia de ningún modo quita a ese acto de autoridad el ser de tracto sucesivo, pues en atención a su naturaleza jurídica es de los que requieren ejecución material, la cual, se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin.Que esta última condición, relacionada con la esencia misma del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia.Por ello, concluyó que, si de los antecedentes narrados por el quejoso en su escrito inicial se desprende que la ejecución de la orden de traslado ya se ejecutó, esa sola circunstancia no lleva a concluir que la competencia territorial para conocer del juicio de amparo promovido en su contra deba decidirse en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues por la naturaleza jurídica del acto, la mencionada competencia debe fijarse conforme a las reglas aplicables a los actos de autoridad que sí requieren ejecución material, sin importar el estadío en que la misma se encuentre.Así, atento a lo dispuesto por el primer párrafo del numeral invocado, si la orden de traslado debe tener ejecución, trata de ejecutarse, se está ejecutando o se ejecutó en un solo Distrito Judicial, del asunto conocerá el juzgado que ejerza jurisdicción en dicho lugar, pero si la citada ejecución debe comenzar en un Distrito Judicial y continuar ejecutándose en otro, la competencia territorial para conocer del caso corresponderá a los Juzgados de Distrito con jurisdicción en cualquiera de esos lugares, a prevención, en términos de lo previsto en su párrafo segundo, inclusive, si el traslado está totalmente ejecutado, pues su consumación no modifica su naturaleza jurídica.Bajo esas directrices, si la demanda de amparo se presentó ante los Juzgados de Distrito con residencia en Celaya, Guanajuato, es evidente que, a prevención, corresponde conocer de la misma al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, por tanto, no se acepta la competencia planteada por dicho órgano jurisdiccional; circunstancia que se hace del conocimiento del juez federal para que determine lo procedente. Devuélvase la demanda de amparo y anexos y fórmese el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia de la demanda y de este proveído. NOTIFÍQUESE."

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