Kleiver Nazario Espinosa Hernández y Otros.
Expediente 1170/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1170/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Kleiver Nazario Espinosa Hernández
- Kleiver Nazario Espinosa Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte lo siguiente: a) el oficio 28202/2022 girado al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, que contiene la inserción del acuerdo de catorce de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo de donde deriva este cuaderno de antecedentes, al cual se anexaron los autos originales de ese medio extraordinario de defensa, en los que obran la boleta de turno, la demanda de amparo con firma autógrafa de ************, quien promueve por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H., el instrumento con el que el primero acreditó su personalidad y cinco ejemplares de traslado del escrito inicial, para que a su vez los remitiera al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, a fin de que el Titular de ese órgano jurisdiccional decidiera si aceptaba o no el conocimiento de ese asunto ante la declaratoria de incompetencia legal, por razón de territorio e informara a este Juzgado Federal el sentido de su determinación, conforme a lo establecido por el arábigo 48 de la Ley de Amparo fue entregado a su destinatario el dieciocho de los corrientes; y, b) la información anterior se constató al consultar la liga de la página de Internet de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA" siguiente https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo que arroja la fecha indicada como aquella en la que se realizó la entrega del citado comunicado y sus anexos, relativo a la correspondencia registrada con el código de rastreo 4086480499 y guía 901501554824A507277381, circunstancia que se invoca como un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena glosar al expediente en el que se actúa una impresión del documento electrónico en donde constan los datos indicados que aparecen en la página de Internet señalada. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis I.3o.C.35 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que informa: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Por otro lado, de la certificación de cuenta también se desprende que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se detectó la existencia del juicio de amparo 785/2022 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por Kleiver Nazario Espinosa Hernández, quien promueve por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H., en contra de los actos reclamados del Comandante y/o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, consistentes en: (i) los actos de intimidación y de hostigamiento en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca; y, (ii) las amenazas de privar de la libertad personal al inconforme *********** y quitarle al infante quejoso identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente, en el que el diecinueve de octubre de la presente anualidad, ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia legal, por razón de territorio, que este Juzgado Federal declinó a su favor para conocer de ese escrito inicial, por lo que se avocó al conocimiento de tal asunto registrándolo con el progresivo 785/2022 y admitió ese medio extraordinario de defensa. Ahora, no obstante que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, no informó las situaciones señaladas, este Juzgado Federal toma conocimiento de las determinaciones que adoptó, porque la información anterior constituye un hecho notorio en términos de lo establecido por el ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, porque aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro punto, toda vez que el referido órgano de control constitucional aceptó la competencia legal declinada, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que *********** quien promueve por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H. presentó y se avocó a su conocimiento, de conformidad con lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, que se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En diverso aspecto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno este Juzgado Federal declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo presentada por Kleiver Nazario Espinosa Hernández, quien promueve por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H. y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del escrito inicial y se avocó a su conocimiento, por lo que acorde con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo de observancia general, el presente expediente encuadra en la hipótesis prevista por el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1170/2022. Ahora bien, con fundamento en lo previsto por los ordinales 6 y 10 de la Ley de Amparo se reconoce a Kleiver Nazario Espinosa Hernandez la personalidad con la promovió este juicio constitucional a nombre de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H., porque acredita ese presupuesto procesal con la copia certificada del acta de nacimiento que exhibe; en ese contexto, se tiene como quejosos en este asunto al promovente y a su descendiente, Incompetencia. Primeramente, es necesario señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, por lo que debe considerarse si en el caso la demanda de amparo que Kleiver Nazario Espinosa Hernandez, quien promueve por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H. presentó da pauta para que este órgano jurisdiccional se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, esté en aptitud de analizar la regularidad constitucional de los actos atacados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo en perjuicio de las partes. Al respecto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca considera que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. Al respecto, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le fórmula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino hasta el momento en el que se dicta la sentencia y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal en esa fase y que dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que del análisis del escrito inicial se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que los quejosos Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y el niño identificado con las iniciales K.F.E.H. impugnan los actos siguientes: Del Comandante y/o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, reclaman: Los actos de intimidación y de hostigamiento en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca. Las amenazas de privar de la libertad personal al inconforme Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al infante quejoso identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente. Ahora, es necesario destacar que el lugar en donde deben realizarse los actos ejecutivos de los mandamientos reclamados a la autoridad que señala como responsable constituye un elemento objetivo determinante para establecer la competencia legal, por razón de territorio, del órgano de control constitucional que debe conocer y resolver el presente asunto. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto de la Carta Magna atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del Juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. La característica de esa regla es que con independencia del lugar en el que resida la autoridad emisora del acto reclamado, lo que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito es que ejerza jurisdicción en la circunscripción territorial en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto impugnado, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su naturaleza, requieren de ejecución. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En otro aspecto, debe tenerse en cuenta que las actuaciones que los justiciables combaten y que aducen son objeto que atribuyen al Comandante y/o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, relativos a los actos de intimidación y de hostigamiento en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca, así como las amenazas de privar de la libertad personal al inconforme Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al infante quejoso identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente exigen que se realicen acciones que producen un cambio material, porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido de esos mandamientos, sino que comprende los alcances materiales que tuvieran o llegaran a producir en el mundo fáctico o real. En este punto, se tiene en cuenta que los disidentes señalaron en su escrito inicial bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, el uno de octubre del año en curso, se constituyeron en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca, y en ese sitio realizaron actos de intimidación y de hostigamiento; además, precisan que amenazaron de privar de la libertad personal al quejoso Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al niño inconforme identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente exigen, lo cual revela que en ese lugar -donde está el domicilio de los agraviados- se ejecutaron y se ejecutarán los actos de molestia y en todo caso en dicho sitio se materializarán la restricción de la libertad ambulatoria del promovente y la sustracción del infante que ambos combaten, por lo que la localidad en la que los disidentes se encuentran, porque tienen su domicilio legal y ahí habitan es un factor que se considera para dictar esta resolución judicial, porque los actos impugnados no producen por sí un cambio material en el mundo fáctico, sino que requieren ejecución. En esa línea, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció las actuaciones reclamadas al Comandante y/o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, consistentes en: a) los actos de intimidación y de hostigamiento en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca; y, b) las amenazas de privar de la libertad personal al inconforme Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al infante quejoso identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente tuvieron ejecución material algunos de ellos y otros tendrán su ejecución material en contra de los disconformes en Salina Cruz, Oaxaca, porque en ese lugar tienen su domicilio legal y particular y es en ese sitio donde los disconformes pueden ser localizados, porque ahí viven y habitan y realizan sus actividades, como familia. Por tanto, en el caso se actualiza la primera regla de competencia prevista por el ordinal 37 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados tuvieron ejecución material algunos de ellos y otros tendrán ejecución material en Salina Cruz, Oaxaca, porque en ese lugar los quejosos tienen su domicilio legal y particular y es en ese sitio donde los disconformes pueden ser localizados, porque ahí viven y habitan y realizan sus actividades, como familia; además, la autoridad señalada como responsable puede encontrar a los inconformes en dicho lugar, incluso en ese sitio se constituyó personal a su cargo para ejecutar materialmente algunos de los actos reclamados. Luego, una vez que se ha arribado a la conclusión de que los actos reclamados tuvieron ejecución y tendrán ejecución material en Salina Cruz, Oaxaca, entonces no cabe duda alguna que en la especie se actualiza el contenido del dispositivo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que señala: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado [.]". Por tanto, si en el caso se patentiza la primera regla de competencia contenida en ese tramo normativo es inconcuso que con independencia del sitio en el que resida la autoridad emisora de tales actos, lo que define a favor de qué órgano de control constitucional se surte ese presupuesto procesal es el lugar en donde deben realizarse o se están realizando los actos ejecutivos que materializarán, materializaron o materializan los efectos de los actos de molestia que están siendo objeto los quejosos, porque con la emisión de las órdenes reclamadas se tienen que realizar acciones que producirán un cambio material, porque sus efectos conllevan a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido de tales mandatos, sino que también comprende los alcances materiales que tienen, tuvieron o llegaran a producir en el mundo fáctico o real. Precisado lo anterior, enseguida resta identificar quién es el órgano de control constitucional que debe conocer y resolver este asunto y el descubrimiento de ese aspecto paralelamente revelará que tal presupuesto procesal no se surte a favor de este Juzgado Federal. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]" Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el lugar -en Salina Cruz- en donde tuvieron y tendrán ejecución las actuaciones reclamadas al Comandante y/o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, consistentes en: a) los actos de intimidación y de hostigamiento en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca; y, b) las amenazas de privar de la libertad personal al inconforme Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al infante quejoso identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente, porque en ese lugar los quejosos tienen su domicilio legal y particular y es en ese sitio donde los disconformes pueden ser localizados, porque ahí viven y habitan y realizan sus actividades, como familia; además, la autoridad señalada como responsable puede encontrar a los inconformes en dicho lugar, incluso en ese sitio se constituyó personal a su cargo para ejecutar materialmente algunos de los actos reclamados, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítanse a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA" los autos originales del juicio de amparo 1170/2022, en los que obran la boleta de turno, la demanda de amparo con firma autógrafa de Kleiver Nazario Espinosa Hernandez, quien promueve por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H., el instrumento con el que el primero acreditó su personalidad, con cinco ejemplares de traslado del escrito inicial, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, localizada en aquella ciudad, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa e informe a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Ahora, debe destacarse que los actos reclamados no constituyen alguna de las actuaciones que se enuncian en el ordinal 48 de la ley que rige al juicio de amparo, porque no se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en ese sentido, no es factible emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda de amparo y tampoco respecto de la suspensión de los actos atacados que los inconformes solicitan. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copias certificadas de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional, para que una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito que acepte la competencia declinada realice la vinculación del expediente electrónico correspondiente. Domicilio y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de los inconformes el que indican en su ocurso y como autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Aldo Alcántara Luna y a Uriel Santiago Hernández con cédulas profesionales 8481912 y 3776858 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas restantes que designan con esa calidad, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicitaron expresamente. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Se tiene a los inconformes señalando los correos electrónicos y los números de teléfono que proporcionan, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
"AVISO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1170/2022. Ahora bien, con fundamento en lo previsto por los ordinales 6 y 10 de la Ley de Amparo se reconoce a Kleiver Nazario Espinosa Hernandez la personalidad con la promovió este juicio constitucional a nombre de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H., porque acredita ese presupuesto procesal con la copia certificada del acta de nacimiento que exhibe; en ese contexto, se tiene como quejosos en este asunto al promovente y a su descendiente, Incompetencia. Primeramente, es necesario señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, por lo que debe considerarse si en el caso la demanda de amparo que Kleiver Nazario Espinosa Hernandez, quien promueve por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H. presentó da pauta para que este órgano jurisdiccional se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, esté en aptitud de analizar la regularidad constitucional de los actos atacados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo en perjuicio de las partes. Al respecto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca considera que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. Al respecto, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le fórmula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino hasta el momento en el que se dicta la sentencia y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal en esa fase y que dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que del análisis del escrito inicial se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que los quejosos Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y el niño identificado con las iniciales K.F.E.H. impugnan los actos siguientes: Del Comandante y/o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, reclaman: Los actos de intimidación y de hostigamiento en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca. Las amenazas de privar de la libertad personal al inconforme Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al infante quejoso identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente. Ahora, es necesario destacar que el lugar en donde deben realizarse los actos ejecutivos de los mandamientos reclamados a la autoridad que señala como responsable constituye un elemento objetivo determinante para establecer la competencia legal, por razón de territorio, del órgano de control constitucional que debe conocer y resolver el presente asunto. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto de la Carta Magna atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del Juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. La característica de esa regla es que con independencia del lugar en el que resida la autoridad emisora del acto reclamado, lo que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito es que ejerza jurisdicción en la circunscripción territorial en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto impugnado, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su naturaleza, requieren de ejecución. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En otro aspecto, debe tenerse en cuenta que las actuaciones que los justiciables combaten y que aducen son objeto que atribuyen al Comandante y/o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, relativos a los actos de intimidación y de hostigamiento en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca, así como las amenazas de privar de la libertad personal al inconforme Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al infante quejoso identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente exigen que se realicen acciones que producen un cambio material, porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido de esos mandamientos, sino que comprende los alcances materiales que tuvieran o llegaran a producir en el mundo fáctico o real. En este punto, se tiene en cuenta que los disidentes señalaron en su escrito inicial bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, el uno de octubre del año en curso, se constituyeron en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca, y en ese sitio realizaron actos de intimidación y de hostigamiento; además, precisan que amenazaron de privar de la libertad personal al quejoso Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al niño inconforme identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente exigen, lo cual revela que en ese lugar -donde está el domicilio de los agraviados- se ejecutaron y se ejecutarán los actos de molestia y en todo caso en dicho sitio se materializarán la restricción de la libertad ambulatoria del promovente y la sustracción del infante que ambos combaten, por lo que la localidad en la que los disidentes se encuentran, porque tienen su domicilio legal y ahí habitan es un factor que se considera para dictar esta resolución judicial, porque los actos impugnados no producen por sí un cambio material en el mundo fáctico, sino que requieren ejecución. En esa línea, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció las actuaciones reclamadas al Comandante y/o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, consistentes en: a) los actos de intimidación y de hostigamiento en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca; y, b) las amenazas de privar de la libertad personal al inconforme Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al infante quejoso identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente tuvieron ejecución material algunos de ellos y otros tendrán su ejecución material en contra de los disconformes en Salina Cruz, Oaxaca, porque en ese lugar tienen su domicilio legal y particular y es en ese sitio donde los disconformes pueden ser localizados, porque ahí viven y habitan y realizan sus actividades, como familia. Por tanto, en el caso se actualiza la primera regla de competencia prevista por el ordinal 37 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados tuvieron ejecución material algunos de ellos y otros tendrán ejecución material en Salina Cruz, Oaxaca, porque en ese lugar los quejosos tienen su domicilio legal y particular y es en ese sitio donde los disconformes pueden ser localizados, porque ahí viven y habitan y realizan sus actividades, como familia; además, la autoridad señalada como responsable puede encontrar a los inconformes en dicho lugar, incluso en ese sitio se constituyó personal a su cargo para ejecutar materialmente algunos de los actos reclamados. Luego, una vez que se ha arribado a la conclusión de que los actos reclamados tuvieron ejecución y tendrán ejecución material en Salina Cruz, Oaxaca, entonces no cabe duda alguna que en la especie se actualiza el contenido del dispositivo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que señala: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado [.]". Por tanto, si en el caso se patentiza la primera regla de competencia contenida en ese tramo normativo es inconcuso que con independencia del sitio en el que resida la autoridad emisora de tales actos, lo que define a favor de qué órgano de control constitucional se surte ese presupuesto procesal es el lugar en donde deben realizarse o se están realizando los actos ejecutivos que materializarán, materializaron o materializan los efectos de los actos de molestia que están siendo objeto los quejosos, porque con la emisión de las órdenes reclamadas se tienen que realizar acciones que producirán un cambio material, porque sus efectos conllevan a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido de tales mandatos, sino que también comprende los alcances materiales que tienen, tuvieron o llegaran a producir en el mundo fáctico o real. Precisado lo anterior, enseguida resta identificar quién es el órgano de control constitucional que debe conocer y resolver este asunto y el descubrimiento de ese aspecto paralelamente revelará que tal presupuesto procesal no se surte a favor de este Juzgado Federal. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]" Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el lugar -en Salina Cruz- en donde tuvieron y tendrán ejecución las actuaciones reclamadas al Comandante y/o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, consistentes en: a) los actos de intimidación y de hostigamiento en su domicilio particular ubicado en la calle San Juan doscientos cinco, de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz, Oaxaca; y, b) las amenazas de privar de la libertad personal al inconforme Kleiver Nazario Espinosa Hernandez y quitarle al infante quejoso identificado con las iniciales K.F.E.H. en el caso de que el primero no entregue voluntariamente a su descendiente, porque en ese lugar los quejosos tienen su domicilio legal y particular y es en ese sitio donde los disconformes pueden ser localizados, porque ahí viven y habitan y realizan sus actividades, como familia; además, la autoridad señalada como responsable puede encontrar a los inconformes en dicho lugar, incluso en ese sitio se constituyó personal a su cargo para ejecutar materialmente algunos de los actos reclamados, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítanse a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA" los autos originales del juicio de amparo 1170/2022, en los que obran la boleta de turno, la demanda de amparo con firma autógrafa de Kleiver Nazario Espinosa Hernandez, quien promueve por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales K.F.E.H., el instrumento con el que el primero acreditó su personalidad, con cinco ejemplares de traslado del escrito inicial, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, localizada en aquella ciudad, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa e informe a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Ahora, debe destacarse que los actos reclamados no constituyen alguna de las actuaciones que se enuncian en el ordinal 48 de la ley que rige al juicio de amparo, porque no se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en ese sentido, no es factible emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda de amparo y tampoco respecto de la suspensión de los actos atacados que los inconformes solicitan. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copias certificadas de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional, para que una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito que acepte la competencia declinada realice la vinculación del expediente electrónico correspondiente. Domicilio y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de los inconformes el que indican en su ocurso y como autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Aldo Alcántara Luna y a Uriel Santiago Hernández con cédulas profesionales 8481912 y 3776858 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas restantes que designan con esa calidad, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicitaron expresamente. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Se tiene a los inconformes señalando los correos electrónicos y los números de teléfono que proporcionan, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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