Kevin Moreno García

Expediente 397/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
397/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
22/07/2015

Partes del expediente

  • Kevin Moreno García y Otros.
  • Kevin Moreno García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de treinta de junio de este año (fojas 75 a 78), mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, transcurrió del ocho al veintiuno de julio del año en curso, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de junio de dos mil quince. Vista la certificación con que da cuenta el secretario y apareciendo que el plazo de tres días que se le concedió para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto del proveído de veintisiete de marzo de dos mil quince, transcurrió del diecinueve al veintitrés de junio del año en curso, sin que hiciera manifestación; por lo que, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2º, se tiene por perdido su derecho para pronunciarse al respecto. El acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La falta de respuesta al ocurso presentado ante la responsable el siete de enero de dos mil quince, mediante el cual le solicitó se le tuviera por conforme con el allanamiento realizado por el demandado incidentista y, por ende, dictara la resolución interlocutoria en la que modificara la pensión alimenticia en los términos solicitados, omisión con la cual considera no se le administra justicia pronta y expedita a su menor hijo, al no recibir la pensión alimenticia que su padre aceptó otorgarle. De las constancias procesales que obran en autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa solicitó la protección constitucional contra la omisión de dar respuesta al escrito presentado ante el juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el siete de enero de este año, en el expediente 139/2010 de su índice, mediante el cual solicitó que se le tuviera por conforme con el allanamiento realizado por el demandado incidentista y que en los términos de ley se dictara la resolución interlocutoria relativa, acto respecto del cual sobreviene el citado motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, al haber cesado los efectos de la citada omisión. En efecto, de las constancias que remitió la titular del Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, como justificación de su respectivo informe (fojas 28 a 40) a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2º, se aprecia que en proveído de veintisiete de marzo de este año, acordó el ocurso de siete de enero de este año, en el sentido de darle vista por el plazo de tres días para que compareciera ante la autoridad responsable a manifestarse respecto al allanamiento pretendido por el incidentista, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por conforme y se seguiría con el procedimiento; mismo que hizo del conocimiento de la parte quejosa por cédula de notificación el diez de abril de dos mil quince. En ese orden de ideas, si a la fecha en que se resuelve este asunto, la citada responsable el veintisiete de marzo del año en curso, emitió una determinación en la que proveyó el escrito de la parte quejosa presentado el siete de enero de este año (fecha posterior a la presentación de la demanda, pues ello sucedió el veintitrés de marzo de esta anualidad), es inconcuso que han cesado los efectos de la omisión reclamada. De ahí que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías cuando cesa la omisión reclamada; de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna en su esfera particular de derechos. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia número 2ª/J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En virtud de actualizarse la causal de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el quejoso, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que el hecho de que en este caso se sobresea fuera de audiencia constitucional, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aún celebrándose ésta, la impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al caso, dado, no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable la tesis XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Además cabe precisar que la parte quejosa no manifestó dentro de la dilación concedida al efecto, su deseo de ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta recaída a su ocurso de mérito, a pesar que se le dio vista expresamente para ese efecto en proveído de once de junio de este año. Tampoco es óbice al sobreseimiento decretado, el hecho que a la fecha no transcurrieran los quince días con que contaba para impugnar en esta instancia constitucional el proveído de veintisiete de marzo de dos mil quince, ya que ello sería inocuo, ante la extemporaneidad manifiesta para hacerlo. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad judicial responsable se aprecia que el proveído a que se refiere el párrafo anterior, se notificó a la parte aquí quejosa el diez de abril de dos mil quince, por lo que tuvo a más tardar hasta el cuatro de mayo del año en curso, para impetrar la acción de amparo contra dicha determinación, descontando de dicho plazo los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril así como los días uno, dos y tres de mayo del año curso, por ser inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo, por lo que, al día de hoy en que se resuelve este asunto, ese plazo se ha extinguido por su no ejercicio. En mérito a lo anterior, desde este momento se deja sin efecto la fecha y hora que se señaló para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio de esta anualidad), en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido del licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe. MESA AMPARO III-B JLEV*JMT*aspg

  3. Principal

    MESA IIIB] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de junio de dos mil quince. Vista la certificación con que da cuenta el secretario y apareciendo que el plazo de tres días que se le concedió para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto del proveído de veintisiete de marzo de dos mil quince, transcurrió del diecinueve al veintitrés de junio del año en curso, sin que hiciera manifestación; por lo que, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2º, se tiene por perdido su derecho para pronunciarse al respecto. El acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La falta de respuesta al ocurso presentado ante la responsable el siete de enero de dos mil quince, mediante el cual le solicitó se le tuviera por conforme con el allanamiento realizado por el demandado incidentista y, por ende, dictara la resolución interlocutoria en la que modificara la pensión alimenticia en los términos solicitados, omisión con la cual considera no se le administra justicia pronta y expedita a su menor hijo, al no recibir la pensión alimenticia que su padre aceptó otorgarle. De las constancias procesales que obran en autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa solicitó la protección constitucional contra la omisión de dar respuesta al escrito presentado ante el juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el siete de enero de este año, en el expediente 139/2010 de su índice, mediante el cual solicitó que se le tuviera por conforme con el allanamiento realizado por el demandado incidentista y que en los términos de ley se dictara la resolución interlocutoria relativa, acto respecto del cual sobreviene el citado motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, al haber cesado los efectos de la citada omisión. En efecto, de las constancias que remitió la titular del Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, como justificación de su respectivo informe (fojas 28 a 40) a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2º, se aprecia que en proveído de veintisiete de marzo de este año, acordó el ocurso de siete de enero de este año, en el sentido de darle vista por el plazo de tres días para que compareciera ante la autoridad responsable a manifestarse respecto al allanamiento pretendido por el incidentista, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por conforme y se seguiría con el procedimiento; mismo que hizo del conocimiento de la parte quejosa por cédula de notificación el diez de abril de dos mil quince. En ese orden de ideas, si a la fecha en que se resuelve este asunto, la citada responsable el veintisiete de marzo del año en curso, emitió una determinación en la que proveyó el escrito de la parte quejosa presentado el siete de enero de este año (fecha posterior a la presentación de la demanda, pues ello sucedió el veintitrés de marzo de esta anualidad), es inconcuso que han cesado los efectos de la omisión reclamada. De ahí que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías cuando cesa la omisión reclamada; de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna en su esfera particular de derechos. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia número 2ª/J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En virtud de actualizarse la causal de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el quejoso, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que el hecho de que en este caso se sobresea fuera de audiencia constitucional, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aún celebrándose ésta, la impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al caso, dado, no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable la tesis XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Además cabe precisar que la parte quejosa no manifestó dentro de la dilación concedida al efecto, su deseo de ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta recaída a su ocurso de mérito, a pesar que se le dio vista expresamente para ese efecto en proveído de once de junio de este año. Tampoco es óbice al sobreseimiento decretado, el hecho que a la fecha no transcurrieran los quince días con que contaba para impugnar en esta instancia constitucional el proveído de veintisiete de marzo de dos mil quince, ya que ello sería inocuo, ante la extemporaneidad manifiesta para hacerlo. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad judicial responsable se aprecia que el proveído a que se refiere el párrafo anterior, se notificó a la parte aquí quejosa el diez de abril de dos mil quince, por lo que tuvo a más tardar hasta el cuatro de mayo del año en curso, para impetrar la acción de amparo contra dicha determinación, descontando de dicho plazo los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril así como los días uno, dos y tres de mayo del año curso, por ser inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo, por lo que, al día de hoy en que se resuelve este asunto, ese plazo se ha extinguido por su no ejercicio. En mérito a lo anterior, desde este momento se deja sin efecto la fecha y hora que se señaló para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio de esta anualidad), en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE (se notifico por lista con fund en el art 27 frac I inciso c de la ley de amparo)

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de junio de dos mil quince. Visto el estado de los autos de los que se advierte que la autoridad responsable secretaria encargada del Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca autorizada para dictar sentencias por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que le reclama el quejosa, en virtud que dio respuesta a la petición de la parte quejosa el veintisiete de marzo de este año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º, requiérase a la peticionaria de garantías para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo en relación a la referida contestación. En caso que pretendan ampliar la demanda, dígase a la parte quejosa, deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al efecto, en el referido plazo, se entenderá que no es su deseo ampliar tal demanda. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 2ª/J 149/2006, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, consultable en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla". Asimismo, si la parte quejosa opta por ampliar su demanda, porque considera que es la vía adecuada, este órgano de control constitucional, previamente analizará la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto a su admisión. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido del licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe. mesa amparo III-B

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