Kevin Omar Lucas Torres

Expediente 808/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
808/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Kevin Omar Lucas Torres

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del once de agosto de dos mil veintiuno, el secretario encargado del despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por vacaciones del Titular, Feliciano Humberto Santos Rojas, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional vía remota, sin la comparecencia de las partes y éstas tampoco manifestaron su intención de asistir a esta diligencia. Relación de constancias. El secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 808/2021, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo; (ii) el auto de veintisiete de julio del año en curso, en donde se admitió a trámite el escrito inicial; y, (iii) el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A continuación, el secretario encargado del despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por vacaciones del Titular, tiene por hecha la relación de las constancias que antecede y dispone la apertura del período probatorio. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, anunció un instrumento, el cual se admite, se recibe y se desahoga en razón de su propia naturaleza, conforme a lo dispuesto por los numerales 123 y 124 de la Ley de Amparo, por lo que al no existir otros medios de convicción que relacionar se cierra este período y se apertura el diverso de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que las partes no ejercieron su derecho de alegar, por lo que se cierra dicho período y se da por concluida la presente audiencia procediéndose a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 808/2021 promovido por ********************* en contra de los actos de la autoridad que se precisarán más adelante. I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que el inconforme expresó en su demanda bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que señaló que el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, presentó un escrito ante la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, en donde solicitó la expedición de una línea de captura para la concesión de su moto taxi, sin que la citada autoridad haya dado respuesta a esa petición ni ha comunicado su determinación. El inconforme estima que los actos del ente responsable vulneran en su perjuicio el derecho fundamental reconocido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE Kevin Omar Lucas Torres promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El justiciable señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, a quien reclamó las omisiones de dar respuesta a la petición contenida en su escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y de notificar esa contestación. Por acuerdo de veintisiete de julio pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 8082021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: De la Secretaría de Movilidad de Oaxaca reclama: Las omisiones de dar respuesta a su petición contenida en el escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y de notificar esa contestación. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que se atribuye a la responsable. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual, incumbe a quien afirma probar su dicho, debe recordarse que la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. Al respecto, los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. (.)". "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. (.)". De los citados dispositivos legales se advierten tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables y la última, se actualiza a través del reconocimiento que hacen estas últimas al justificar su proceder. Es aplicable a lo anterior, respecto del segundo supuesto, prueba directa de la existencia del acto reclamado, la jurisprudencia número VI.2o. J/308, registro 210769, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 77, con número de registro 210769, cuyo rubro y texto, a la letra dicen: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Precisado lo anterior, tenemos que la autoridad responsable Secretaría de Movilidad de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos consistentes en la falta de contestación al escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que el quejoso aduce haber presentado ante dicha secretaria en esa misma fecha, a través del cual solicitó le sea expedida la línea de captura para su concesión de mototaxi así como la falta de notificación de dicha solitud, aunado a lo anterior el promovente del amparo, omitió aportar elementos de convicción idóneos para demostrar la existencia del escrito que dice presentó ante la autoridad responsable. Ahora, en principio debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando este se haya formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impone la obligación a las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento a la promovente el resultado de su petición. En ese tenor, cuando se reclama la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable el acuerdo que al respecto emitió y, además, que lo notificó al peticionario. En otras palabras, para que se considere violado el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, es necesario que el gobernado demuestre la existencia del libelo y que la autoridad responsable lo haya recibido, pues de otra manera no sería dable responsabilizarla de la falta de dictar el acuerdo relativo y de su oportuna notificación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, Página 351, que dice: "PETICION, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACION A ESA GARANTIA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." En la especie como se apuntó debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó la negativa de la responsable, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó la negativa que la referida autoridad sostuvo ni demostró con alguna prueba la intervención de ese ente públicos en los actos que le reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Con la finalidad de robustecer la determinación adoptada, conviene hacer hincapié en que cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de naturaleza omisiva como en el caso, para estar en aptitud de precisar su existencia se requiere comprobar un elemento previo que haga exigible el actuar que no se llevó a cabo. Esto es, cuando en el juicio de amparo se reclama una omisión de la autoridad que está condicionada al actuar del particular, corresponde al interesado demostrar que llevó a cabo los actos tendientes a originar la conducta esperada por el ente de gobierno y que precisamente omitió. Así por ejemplo, cuando en la vía constitucional se impugna la falta de respuesta a la petición formulada por el gobernado -como en el caso-, corresponde al promovente acreditar que formuló dicha petición, pues en caso de no hacerlo, sería ilegítimo reprochar la abstención de la autoridad al no tener plena certeza respecto de la existencia del acto previo (petición), que condujo a esos supuestos. Corrobora lo anterior, el criterio que informa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte, CXXII, página 39, que informa: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." De ahí que al quedar precisado lo anterior, como se apuntó al no ofrecer el impetrante algún medio de prueba para acreditar que efectivamente realizó la solicitud que reclama se estima que es inexistente la abstención atribuida a la responsable, y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión al promovente, ya que al ser un acto omisivo el que reclama, de subsistir éste, con las pruebas que acrediten fehacientemente la obligación de la autoridad responsable de dar respuesta a su petición, puede promover, nuevamente juico de amparo. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados al ente público responsable. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta, dése vista a las partes. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene al Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, designando como sus delegados a las personas que refiere. Asimismo, se tiene a la responsable señalando el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. NOTIFÍQUESE.

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